Resumen Latinoamericano, 06 de mayo de 2020 .- Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremial, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Corriente Sindical Federal, Canal Abierto, ANRed, Estado de Alerta y Agencias
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“El trabajo es nuestro, las ganancias son ajenas”
Son cooperativas textiles y fabrican barbijos, pero denuncian que el Estado otorga licitaciones a intermediarios que obtienen ganancias millonarias sin poner financiamiento ni mano de obra. “Queremos hacer nuestro aporte, pero necesitamos del apoyo gubernamental”, reclama uno de sus referentes.
Ante el fuerte incremento en la demanda de insumos sanitarios a raíz de la pandemia, las cooperativas textiles nucleadas en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE- UTEP) se vieron obligadas a reorientar sus esfuerzos a la fabricación de barbijos y camisolines, entre otros productos.
Pero no son justamente los costureros quienes se estarían beneficiando con la lamentable ‑aunque lucrativa- oportunidad abierta con la llegada del Covid-19. El precio de confección de un barbijo como los que fabrican las cooperativas varía de $0,90 a $8, y la unidad se vende a $100 al por menor.
Según detalló el MTE, mientras que los cooperativistas ‑además de la mano de obra, aportan la maquinaria- obtienen en promedio $6 por barbijo, unos pocos intermediarios se llevan entre $18 y $24 por cada producto.
“El trabajo es nuestro, pero las ganancias son ajenas”, aseguró a Canal Abierto el trabajador textil y referente de la cooperativa “Sol Para Todos”, Primo Choque. “Sin mencionar el riesgo al que nos exponemos los costureros y costureras ante la circulación de materiales y personas”.
Esta situación de desigualdad dentro del sector textil, donde unos pocos ganan mucho, a costa del trabajo en malas condiciones de miles de costureros y costureras, no es una novedad. “Tenemos todos los papeles en orden, la capacidad para producir y mano de obra calificada. De hecho, desde hace tiempo invitamos a Rodríguez Larreta para que visite y conozca los polos textiles y nuestro trabajo, pero no tuvimos respuesta”, contó Choque.
El reclamo de las cooperativas para que se eliminen los intermediarios en las adjudicaciones para la fabricación de barbijos surge a pocas semanas del escándalo por la compra de 15.000 barbijos «de alta eficiencia» de la marca 3M por un total de $45 millones ($3.000 cada uno, cuando el precio de mercado era menor a los $1.000). Por entonces, la adquisición salió por contratación directa a Green Salud, que preside el abogado Ignacio Sáenz Valiente. La empresa ‑señala la oposición- posee menos de un año de trayectoria en el mercado en lo que respecta a la provisión de insumos para la salud.
En línea con lo anterios, el director del Banco Nación Claudio Lozano, y los sindicalistas Pablo Spataro y Rodolfo Arrechea, de CTA Autónoma y ATE, con los referentes del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo y Alejandro Volkind, y la economista María Eva Koutsovitis, analizaron también las compras de urgencia realizadas por la Ciudad en medio de la pandemia y calcularon que se realizaron compras con $ 200 millones en sobreprecios.
Los reclamos
Si algo quedó claro en los últimos años es que fueron las organizaciones sociales y de la economía popular quienes lograron contener la crítica situación de grandes sectores de la población. Lo hicieron a partir del impulso de cooperativas u otras actividades para emparchar necesidades más urgentes, como los comedores comunitarios.
Ahora, en medio de una profundización de la crisis producto de la pandemia, estos espacios vuelven a ejercer un rol de apoyo, contención y promoción de derechos laborales. Es por eso que desde el sector textil del MTE plantean una serie de exigencias, como son las compras directas del Estado del 100% de la producción de las cooperativas, sin empresas intermediarias; acciones de control y asistencia del Estado para garantizar insumos; control público del abastecimiento de insumos estratégicos para la elaboración de indumentaria para el Servicio de Salud; o programas de crédito para la compra de insumos y capital de trabajo.
A su vez, los cooperativistas reclaman la certificación de los productos elaborados en cooperativas que reconozcan el pago de un precio justo para costureros y costureras, e incluso el asesoramiento técnico y mejoras en los Polos Textiles para mejorar la producción de insumos sanitarios. Y por último, el apoyo estatal para inversión en maquinaria automática que mejor el trabajo y la producción.
“Queremos hacer nuestro aporte, pero necesitamos del apoyo estatal”, reclamó Choque.
“Fondo de Estímulo Productivo”
Hace tan sólo unas semanas, la legisladora del Frente de Todos Victoria Montenegro presentó un proyecto para crear el “Fondo de Estímulo Productivo”. La iniciativa apunta a estimular la reactivación productiva de las cooperativas, y al mismo tiempo evitar el desabastecimiento de barbijos y mascarillas de tela.
Según el proyecto, el subsidio servirá para solventar costos de materia prima, materiales, gastos corrientes, logísticos y la distribución de ganancia de los socios, en cooperativas con capacidad técnica para hacer barbijos y tapabocas de tela.
“Es indispensable estimular e inyectar trabajo en las cooperativas. Se trata de poner en valor esa fuerza de trabajo y que tanto las cooperativas como el Estado se vean beneficiados por eso”, señaló la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura.
Economía popular y solidaria
La Federación de Cooperativas de Costureros y Costureras está integrada por más de mil trabajadores y trabajadoras organizados en polos textiles en todo el país.
“Antes trabajábamos con nuestras máquinas en nuestros domicilios, sin la posibilidad de acceder a habilitaciones por el costo que implicaba cumplir con los requisitos. Era muy común que ocurran accidentes. En 2015 hubo un incendio en un taller domiciliario en el barrio Flores en el que fallecieron 3 niños. En ese momento la respuesta del gobierno de la Ciudad fue la de perseguirnos y sacarnos coimas para no quitarnos la mercadería”, relató el referente de la cooperativa “Sol Para Todos”, donde trabajan cerca de medio centenar personas.
“En ese momento, y con la ayuda de los compañeros de CTEP (hoy UTEP), nos empezamos a organizar para conseguir condiciones de trabajo dignas. Por ejemplo, las instalaciones eléctricas adecuadas para así evitar tragedias como la de Flores. Ahora también tenemos obra social, límites en la jornadas laboral, algunas guarderías para los hijos de los compañeros y compañeras”.
Hoy en la Ciudad son 12 los polos textiles en funcionamiento, mientras que en la provincia de Buenos Aires suman 14 y en el resto del país otro tanto.
El 17 de marzo, pocas horas antes de oficializada la cuarentena y mientras el gran empresariado retaceaba productos con fines especulativos, Canal Abierto rescató la historia de la cooperativa “Ibira Pita” de Corrientes, también nucleada en el MTE. Allí, cerca de 300 trabajadores ‑en su gran mayoría mujeres- se pusieron manos a la obra para fabricar y donar barbijos al hospital de niños de la provinci
Los profesionales de la salud hicieron sentir su huelga y ahora esperan un llamado del Gobierno
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Hoy se cumplió la jornada de protesta de las 40 organizaciones encabezadas por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA).
La presidenta de la Federación, María Fernanda Boriotti, encabezó una movilización a la gobernación de Santa Fe, en la ciudad de Rosario.
Por su parte, el secretario general, Jorge Yabkowski, estuvo con los residentes de la CIudad Autónoma de Buenos Aires en la Legislatura Porteña. «En todas las provincias hubo movilizaciones y en todos los hospitales de CABA hubo acciones de sensibilización a cargo de la Asociación de Profesionales del Servicio Social.», declaró en diálogo con InfoGremiales. La obra social docente (OSPLAD) está en paro total por falta de pago de salarios.
«El balance es muy positivo, la conducción de FESPROSA ahora espera ser citada urgentemente por el Ministerio de la Salud de la Nación para concretar los modos de pago a los trabajadores de atención primaria del bono estímulo y la concreción del Plan Nacional de Protección a los Trabajadores de la Salud.», afirmó.
Al consultarlo por la ausencia de último momento de ATE y CTA Autónoma a nivel nacional en la protesta, Yabkowski respondió «Nosotros somos CTA Autónoma y las regionales que habían decidido acompañar, acompañaron. ATE a nivel nacional no acompañó pero habría que preguntarle a ellos. Lo que interesa es que sí todas las regionales de ATE y de la CTA que se habían comprometido estuvieron al lado nuestro, sin duda.»
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Docentes, profesionales de la salud y organizaciones sociales en la calle contra la ley de Emergencia Económica de Larreta
La movilización rechazó la aprobación de una norma presentada por el ejecutivo que en su versión original permitía escalonar el pago de los salarios y otorgaba facultades especiales al Jefe de Gobierno. Se aprobó con modificaciones que mantienen el congelamiento de haberes y reducciones de presupuestos para obras en barrios carenciados.
Por Alfonso de Villalobos –
Con barbijos y respetando a rajatablas la distancia social recomendada por los autoridades sanitarias un nutrido grupo de representantes de la Asamblea de residentes y concurrentes (jóvenes profesionales de la salud) de la Ciudad de Buenos Aires junto con docentes del sindicato Ademys protestaron en Diagonal Sur y Alsina a metros de la legislatura porteña que amaneció con un fuerte vallado pero escasa presencia policial.
La movilización fue acompañada por partidos de izquierda y organizaciones sociales como el Polo Obrero y el Movimiento Teresa Vive y participaron alrededor de 500 personas que se distribuyeron en la cuadra de Diagonal Sur que va desde la calle Alsina hasta Chacabuco.
Se trató del segundo día consecutivo en el que, con el marco de la cuarentena oficial, se produjeron movilizaciones callejeras por reclamos populares.
El miércoles había sido el turno de organizaciones piqueteras que con la consigna de “Con hambre no hay cuarentena” decidieron movilizar a la avenida 9 de julio con el propósito de conseguir una entrevista con el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo porque aseguran que hace semanas que no reciben alimentos suficiente para los comedores populares cuya demanda se incrementó exponencialmente como resultado del contexto de crisis. También reclamaron la ampliación del IFE y soluciones para la crisis sanitaria que se vive en villas y barrios populares.
El jueves fue el turno de los gremios porteños que rechazan la ley de Emergencia económica que el oficialismo de la ciudad presentó en la legislatura porteña y que, en su versión original, facultaba al ejecutivo a congelar y hasta reducir unilateralmente los salarios de sus empleados así como realizar los pagos en cuotas de los mismos.
La asamblea de residentes y concurrentes, además, puso el foco en el reclamo que vienen sosteniendo desde noviembre del año pasado con relación al pedido de un reconocimiento salarial para los concurrentes que trabajan en los hospitales públicos sin percibir haberes y, en el actual contexto, se encuentran expuestos al contagio comprometiendo la posibilidad de percibir haberes en las otras actividades laborales que están obligados a sostener.
La movilización se formó parte de una jornada nacional de protesta a la que adhirieron unos 40 de gremios de la salud en todo el país.
Otros gremios municipales, como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) estaban evaluando su participación en la movilización pero, ante las versiones acerca de la posible eliminación de uno de los artículos, el 19, referido a la cuotificación de los haberes finalmente decidieron no hacerlo.
Amanda Martín, secretaria gremial del sindicato Ademys explicó que “estuvimos presentes en la legislatura luego de desenvolver una campaña en las escuelas con asambleas virtuales y una asamblea general del gremio con tres centenares de participantes y un petitorio con el propósito de reclamar el retiro de la ley que, entre otras implicancias le da la facultad al ejecutivo de congelar el salario y pagarlo en cuotas así reorientar recursos de la ciudad contra los intereses de los trabajadores. Es algo que están tratando de hacer otros gobernadores de distintos signos políticos.”
Sobre la modificación del articulado y el retiro del polémico artículo 19, que se oficializó en el propio recinto, Martin explicó que, “queda en pie el artículo 17 que congela el salario cuando además tenemos una cuota pendiente en paritarias planteada para el mes de junio. Además el artículo 12 permite el despido de trabajadores contratados en la ciudad que son más de 18 mil”.
Sobre un total de 59 legisladores presentes con el voto positivo de 38 la ley se aprobó con las modificaciones.Sobre la modificación del articulado y el retiro del polémico artículo 19, que se oficializó en el propio recinto, Martin explicó que, “queda en pie el artículo 17 que congela el salario cuando además tenemos una cuota pendiente en paritarias planteada para el mes de junio. Además el artículo 12 permite el despido de trabajadores contratados en la ciudad que son más de 18 mil”.
Sobre un total de 59 legisladores presentes con el voto positivo de 38 la ley se aprobó con las modificaciones.
El Gobierno pagará sueldos a dos millones de trabajadores
A raíz de la parálisis de la economía y los efectos recesivos de la cuarentena, el Gabinete económico definió la continuidad del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para el pago de salarios complementarios correspondientes a mayo. Además, se flexibilizaron requisitos para poder llegar a la cobertura de dos millones de trabajadores.
Según pudo saber El Destape, la reunión contó con la presencia de los ministros de Trabajo y Desarrollo Productivo – Claudio Moroni y Matías Kulfas, respectivamente -, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó de Pont; el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, la vicejefa del Gabinete, Cecilia TodescaBocco, el viceministro de Economía, Haroldo Montagúy el jefe de gabinete de esa cartera, Gonzalo Guiraldes.
Allí analizaron las nuevas empresas que podrán adherirse al plan, ampliándose a la industria y el comercio, como son las fábricas de diferentes productos alimenticios y elementos medicinales. De esta forma, incluirían a las empresas registradas en el programa que cumplían con todos los criterios, pero que no habían accedido al Salario Complementario porque sus actividades no estaban contempladas hasta ahora.
Amplían cobertura para empresas
Además de extender la medida a mayo, se definió elevar la variación del nivel de facturación que determina el acceso a los beneficios del ATP hasta un 5% nominal positivo en el período comprendido entre el 12 de marzo y 12 de abril respecto al mismo período del año 2019, equivalente a una contracción real del 30% aproximadamente. Teniendo en cuenta a las empresas de hasta 25 trabajadores, el programa contempla casi el 70% del salario neto.
Dentro de este nuevo universo de empresas que pueden acceder al salario complementario se incluyen aquellas que cuentan con más de 800 empleados, siempre que los empleadores se ajusten a las condiciones del programa ATP.
Así, se reemplaza el criterio anterior que requería a las firmas mostrar una caída nominal en su facturación para habilitar el acceso de todas las empresas que hubieran facturado hasta un 5% más.
Asimismo, todas las empresas que iniciaron actividades durante el año 2020, quedarán incluidas dentro del programa ATP por considerar que presentan mayor vulnerabilidad.
Actualmente, están incluidas unas 180 mil firmas con 1,7 millón de empleados, de los cuales 1,3 millón se encuentran recibiendo en sus cuentas sueldo, la liquidación de la mitad de sus ingresos netos a través de la ANSES.
Una vez saldados los pagos de los otros 400.000 y en tanto las empresas terminen de cargar los CBU de los trabajadores, comenzará una nueva tanda de beneficiarios por la extensión del ATP, que llevará a más de dos millones los trabajadores alcanzados.
Por otra parte, según pudo averiguar este medio, también se estaría por hacer oficial una restricción en caso de que trabajadores hayan cobrado el sueldo completo y además se les hubiera depositado el complemento por parte del Estado.
Los empleadores que hubiesen efectuado el pago total o parcial de haberes correspondiente al mes de abril en forma previa a la percepción por parte de sus trabajadores dependientes del beneficio del Salario Complementario, podrían imputar el monto excedente a cuenta del pago del salario correspondiente al mes de mayo.
Esto habría sucedido porque ante la demora de una respuesta para acceder al ATP, los empleadores podrían haber pagado el sueldo de igual manera en una actitud previsora. Como la transferencia es automática, de haber sido aprobado, los trabajadores podrían haber encontrado depositado el 50% de su sueldo y ya haber cobrado.
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Los trabajadores de la industria alimentaria anunciaron un paro en las fábricas de Arcor
El gremio a cargo de Héctor Morcillo reclama el cumplimiento de una serie de medidas tomadas a raíz de la cuarentena por el coronavirus.
Araíz de la falta de respuesta por parte de la compañía, la Federación de Trabajadores de la Industria Alimentaria (FTIA) llevará adelante un paro el próximo lunes 11 de mayo en las fábricas del Grupo Arcor.
Las mismas tendrán lugar en las plantas de Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, San Luis y Mendoza.
Entre los reclamos se incluyen el cumplimiento del pago del presentismo y hora diferencial nocturna a los empleados que tienen licencia forzada por ser grupos de riesgo y que se abonen las licencias a los trabajadores que tienen niños a su cargo.
Desde el punto de vista de la seguridad, exigen «el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en las fábricas».
Además, piden «un plus salarial adicional para los empleados exceptuados del aislamiento obligatorio» que están prestando servicio durante la cuarentena obligatoria, con lo que garantizan «la producción de alimentos en medio de la pandemia».
Antes de llegar a la medida del paro, el gremio a cargo de Héctor Morcillo viene realizando asambleas de cuatro horas por turno en áreas de carga y descarga.
«Arcor pone en riesgo a sus trabajadores, desconociendo su esfuerzo. Estamos asumiendo cada día mayores riesgos para poder prestar servicio. Reiteramos nuestro repudio y preocupación por la utilización de fuerzas de seguridad públicas por parte del Grupo Arcor para impedir el reclamo de los trabajadores», dijo el gremio en un comunicado.
Por su parte, desde la compañía informaron que están cumpliendo «con todas las obligaciones que tiene a su cargo».
Y agregan que «como empresa de alimentos de consumo masivo y de insumos para la industria tiene un rol esencial para la sociedad, por ello es parte de las excepciones al régimen de aislamiento y continúa su operación en las plantas industriales en coordinación con la cadena de valor».
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#LarretaEsResponsable
Las CTAs de la Ciudad de Buenos Aires realizaron una campaña contra el ajuste de Larreta
Las dos CTA (Autónoma y del Trabajadores) de la ciudad de Buenos Aires acompañaron el reclamo de los trabajadores y trabajadoras estatales y docentes contra Ley de Emergencia Económica que pretende habilitar el pago en cuotas de sus salarios, entre otra cosas.
Además, de pagar el salario en cuotas, la ley pretende también darle la potestad a Horacio Rodríguez Larreta de congelar de los aumentos pautados y llevar adelante posibles despidos de quienes se encuentran en situación de precariedad laboral. La campaña se realizó a través de las redes sociales con los tópicos #LarretaEsResponsable #NoAlSalarioEnCuotas y #NoALosDespidos
Aparte de otorgarse mayores atribuciones para escalonar y diferir los salarios estatales, el proyecto que Larreta envió a la Legislatura como Ley de Emergencia Económica, busca evitar los controles de las partidas presupuestarias.
Desde las dos CTA de la Ciudad de Buenos Aires señalan que “En lugar de eso, si pretende combatir la pandemia en el distrito más rico del país, el Jefe de Gobierno debería garantizar el agua, la limpieza y las condiciones sanitarias en los barrios populares como viene demandando desde hace semanas el Comité de Crisis del Barrio Padre Mugica (ex Villa31)”.
El comunicado de las corrientes, finaliza rechazando el proyecto, y llamado a los y las legisladoras porteñas a defender el salario y las fuentes de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la Ciudad y a cobrarles impuestos a de los bancos radicados en la ciudad, a las corporaciones que se enriquecen con la especulación inmobiliaria, con el juego on line y a las compañías de seguros.
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Los sueldos vienen con cortes de hasta 50%: empresas desafían el plan de urgencia del Gobierno, que se queja de «avivadas»
En la Casa Rosada hay malestar por el riesgo de su plan de contención. Pero en muchos sectores empresarios alegan que no reciben ayuda y no pueden pagar
El Gobierno trabaja a toda máquina por estas horas en su misión de mantener a flote a las empresas y preservar el empleo. En las últimas horas, la ANSES transfirió $27.000 millones a los CBU para asistir a los empleadores con el pago de la mitad de los salarios. Las autoridades tuvieron que correr a contra reloj, ya que el miércoles fue el último día hábil para efectuar la liquidación.
Pero después de varias complicaciones para poner la plata en el bolsillo de las empresas, la aparición de nuevas dificultades junto a ciertas «avivadas» generaron malestar en lo más alto de la Casa Rosada.
Por empezar, algunos sectores ya anunciaron que pagarán menos del 75% del salario neto por no poder acceder al salario complementario, uno de los beneficios previstos en el programa de asistencia al trabajo y la producción (ATP).
Así, algunas empresas de construcción, comercio y el rubro automotor, además del aeronáutico, aplicarán rebajas del 50% o superiores, muy por debajo del tope del 25% sugerido en el acuerdo entre la UIA y la CGT. Haciéndose eco del entendimiento, la resolución 397 estableció que dichos recortes serán autorizadas en forma automática, mientras que los que sean superiores serán revisados.
Los que quieren pero no llegan
La situación más grave asomó en relación a la obra pública, donde el parate de la economía provocado por la cuarentena complica el abono íntegro de la última quincena de abril. Hasta el domingo pasado, un 62% de los empleadores había obtenido el salario complementario, un 3% no sabía, un 1% fue rechazado y un 34% aguardaba respuesta, según un relevamiento de la Cámara de la Construcción (Camarco).
«Algunas están pagando el 100%, otras un porcentaje y otras a cuenta, hay muchas modalidades», dijo a iProfesional el titular de la Cámara, Iván Zczech.
La actividad registró en febrero 334.000 empleados y 20.000 empleadores, una cifra que se habría reducido en marzo y abril por el impacto del aislamiento. Pero todavía no firmó un acuerdo de suspensiones con el gremio de la Uocra, liderado por Gerardo Martínez. Los empresarios aguardan el resultado de la primera tanda de subsidios. Sin esa asistencia, ven difícil alcanzar el piso fijado por la UIA y la CGT, un pacto del que Camarco se abstuvo de participar por diferencias.
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«Si una empresa no pudo acceder al beneficio, no se puede comprometer a pagar el 75% del salario», advirtió Zczech.
En Mar del Plata, la mayoría de las constructoras está pagando el 50% del salario y, en otros casos, directamente no lo hicieron. Allí, el sector estima que siete de cada diez empresas no recibieron el ATP por registrar una facturación nominal superior a la del año pasado debido a la inflación. Sumado a eso, los certificados de obra se cobran a mes vencido y en muchos casos hubo cheques rechazados.
«Muchas empresas no pudieron hacer frente al 75% de los sueldos y la cadena de pagos ya está rota», señaló a este medio el presidente del centro de constructores, Leandro Tamburini.
El Gobierno dispuso en el DNU 297 que los trabajadores del sector privado tienen derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales durante el aislamiento obligatorio. Pero, a la vez que prohibió las suspensiones y despidos por fuerza mayor, el decreto 329 habilitó los licenciamientos con rebaja salarial acordados con los gremios mediante el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. El interrogante surge a partir de las reducciones salariales que no fueron fruto de un acuerdo o bien si el porcentaje pactado con el sindicato se aleja de la pauta oficial.
«Si no tenés un acuerdo firmado y no llegas al 75%, te exponés a reclamos», señaló a este medio la especialista en liquidación de sueldos de la consultora BDO, María Huergo. La empresa audita y asesora a grandes empresas que por su situación financiera recurrieron al 223 bis en acuerdo con los gremios o los empleados, y a la vez obtuvieron el salario complementario. Esto les permitió pagar el salario neto al 100% mediante una suma no remunerativa y ahorrarse las cargas sociales, con excepción de los aportes a las obras sociales. Y en otros casos, aplicaron rebajas a algunos sectores.
El gremio de comercio liderado por Armando Cavalieri firmó el martes por la noche suspensiones con una rebaja del 25% por abril y mayo, en línea con el convenio sellado por los industriales y la central obrera. El acuerdo se demoró por la resistencia de las empresas más chicas, que reclamaban el pago del 100% de los salarios por parte del Estado.
En la CAC advirtieron, sin embargo, que las empresas imposibilitadas de pagar el 75%, aun gozando de la asistencia de ANSES, cubrirán un cuarto del sueldo. Mientras que aquellas sin beneficios pedirán al ministerio de Trabajo «pagar lo que puedan» y le darán traslado al sindicato. La última palabra la tendrá la cartera laboral encabezada por Claudio Moroni.
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El Gobierno respaldó el acercamiento entre empresarios y sindicatos con el fin de aplacar las tensiones laborales. La idea era poner un «piso» ante los reclamos crecientes por rebajas salariales de hasta el 50%, pero no fue suficiente para evitar la aparición de nuevos conflictos.
El gremio de aeronavegantes denunció este miércoles a la aerolínea chilena LAN por cerrar las negociaciones y aplicar rebajas de hasta la mitad del sueldo por hasta tres meses, junto a un plan de retiros voluntarios. Esta última medida fue adoptada también por las empresas de servicios especiales y constructoras de la industria petrolera para reducir personal, con beneficios inferiores a la doble indemnización vigente.
Todas las miradas están puestas ahora en el Ministerio de Trabajo. El hiperactivo equipo de Moroni tendrá que definir, por caso, si homologa el convenio firmado este martes entre el sindicato metalmecánico Smata y los concesionarios.
Sucede que las dos partes acordaron el pago de un 25% del salario neto por parte de las empresas a todo el personal, incluidos grupos de riesgo y embarazadas, y dejaron sujeto el 50% restante a la eventual percepción de los beneficios estatales, por lo que las empresas que no lo recibieron abonarán solo un cuarto de la remuneración habitual. Un planteo que hasta los abogados corporativos ven difícil que la cartera laboral homologue.
La firma de este tipo de acuerdos en sectores que recibieron ayuda oficial generó malestar dentro del Gobierno. El Presidente reveló su descontento este miércoles durante una entrevista en Radio Con Vos en la que justificó el pago de un salario reducido para los trabajadores suspendidos, a la vez que se quejó de los «abusos» por parte del sector privado.
«Si pagamos el 50% de los sueldos, ellos (los empresarios) ya están pagando el 50% de los sueldos. Pero si además dicen ‘hay que hacer una rebaja del 25% de los sueldos’ y el Estado pone el 50%, ellos están pagando el 25%. Ahí hay una posición que no parece muy justa», sostuvo el mandatario.
La reacción de Alberto Fernández contrasta con la decisión adoptada por los hombres de Moroni en las últimas horas. Mediante la resolución 490 a la que tuvo acceso iProfesional, el secretario de Trabajo, Mario Claudio Belloti, homologó este martes los acuerdos de suspensiones firmados por las cámaras de la actividad con los gremios de petroleros de base y jerárquicos de todo el país. El dato es que los convenios contemplan recortes salariales de hasta el 40%.
Si bien las negociaciones fueron previas al pacto UIA-CGT, el guiño oficial fue leído en los estudios de abogados como uno de los primeros avales explícitos a quitas salariales bastante inferiores a la pauta oficial.
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Las cadenas de comida rápida representan otro desafío para las autoridades. El grupo propietario de Starbucks y Burger King anunció esta semana el cierre de 13 locales que emplean a casi 200 personas en todo el país. El sector ya presentó ante la cartera laboral el acuerdo alcanzado con el gremio de pasteleros sobre licenciamientos. Se redujeron hasta la mitad los salarios por tres meses, en una actividad con más de 20.000 empleados y salarios que en algunos casos descendieron a la cifra de $5.000.
Y la industria textil acordó suspensiones con rebajas del 30% del neto que, al no incluir adicionales, llegan hasta el 50%.
Luces de alarma
En vistas de las luces encendidas en el tablero de control, el Gobierno aceleró los pasos para evitar la quiebra de 160.000 empleadores, a los que les pagó el 50% del salario de bolsillo de 1,6 millones de trabajadores. La cifra representa un 30% del universo de los 541.000 empleadores registrados en todo el país, según los datos de febrero de la AFIP.
En esta primera tanda se asistió a las empresas con menos de 800 empleados. El próximo paso serán las firmas con plantillas superiores. La idea es alcanzar con el salario complementario a tres millones de trabajadores, la mitad del empleo registrado en el sector privado.
Con el mismo objetivo, las autoridades habilitaron en las últimas horas el acceso para los créditos con tasa del 24% para pagar los sueldos de abril y mayo. Y a fines de abril recomendaron ampliar el listado de actividades potencialmente beneficiarias del ATP.
La decisión fue tomada luego de un informe técnico del Ministerio de Desarrollo Productivo, que alertó sobre la fuerte caída en la facturación de las empresas entre el 12 de marzo y el 12 de abril. Así, por ejemplo, la mediana de ventas en hoteles y servicios registró un desplome del 70%, según los datos de la AFIP.
De los datos se desprende que hay muchas ramas ‑hasta entonces excluidas de acceder al ATP, debido a que o estaban exceptuadas de la cuarentena o tienen alto porcentaje de teletrabajo- en donde un porcentaje notorio de las empresas está sufriendo bajas nominales en la facturación, con fuertes retracciones en los sectores de peor desempeño o el cuartil más bajo.
Entre ellas, el informe menciona como ejemplo a las ligadas a la construcción (-100%), servicios jurídicos (-87,5%), procesamiento de datos (-43,2%), producción y operación de TV (-65,3%), y kioscos (-74,1%). El tablero que reúne 30 actividades muestra a más de la mitad con un promedio de ventas negativo y todas en su cuartil más bajo en rojo.
«Lo que los primeros datos de facturación muestran es que el estar exceptuado de la cuarentena o el tener un elevado potencial de teletrabajo no garantizan que las firmas puedan operar con relativa normalidad», sostiene el estudio oficial. Y a continuación explica que «muchas empresas de este tipo de ramas han experimentado caídas notorias en su facturación».
«Todo ello incrementa las probabilidades de que las firmas cierren y, con ello, que los trabajadores formales pierdan sus puestos de trabajo», advierte el trabajo del Ministerio de Desarrollo Productivo.
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Tras el pedido de ATE renunció el titular de Casa de la Moneda
Se confirmó a través del Boletín Oficial. El funcionario macrista se oponía a la reincorporación de las y los trabajadores.
Esta tarde, se conoció a través del Decreto 436 publicado en el Boletín Oficial (BO) la renuncia del Presidente del Directorio de Sociedad de Estado Casa de Moneda, Ernesto Peryero y la designación de Rodolfo Federico Gabrielli como nuevo titular del organismo.
La semana pasada, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) , se exigió la renuncia del funcionario ya que se negaba a reincorporar a las y los trabajadores despedidos y en su lugar quería contratar de manera temporal a nuevos trabajadores.
En este sentido, César Baliña integrante del CDN indicó que : «La renuncia tiene que ver con uno de los reclamos puntuales de nuestra organización que es que todo aquel funcionario que quedara de la era macrista durante este gobierno se tenía que ir. En este sector en particular este funcionario desbastó la Casa de la Moneda y fue el responsable de firmar los telegramas de despido de las y los compañeros que hoy estamos pidiendo las reincorporaciones».
Baliña agregó además que se reanudan las esperanzas de pedido de reincorporación: » Vamos a tener un diálogo más fluido con el nuevo funcionario. Esto ha caído muy bien entre los compañeros despedidos del organismo y ahora estamos tratando de poder concretar una audiencia con el nuevo responsable, el tema principal para nuestra organización es la reincorporación. Lo tomamos como un gran triunfo de resistencia y de no bajar los brazos, el primer escollo que teníamos ya está, fue hacerlo renunciar. Se abre una nueva etapa que es la de poder estar exigiendo la reincorporación de las y los despedidos».
La Casa de la Moneda es la encargada de la impresión de billetes y de acuñar monedas de curso legal; además, realiza la impresión de estampillas, pasaportes, formularios oficiales y medallas.
Prensa ATE Nacional
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FATPREN repudia el accionar del dueño de Multimedios La Voz de Tandil
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) repudia la decisión del empresario Florencio Aldrey Iglesias, dueño de Multimedios La Voz de Tandil, de reducción salarial y las amenazas de suspensiones hacia las y los trabajadores. Asimismo, apoya a los y las compañeras en esta situación.
Compartimos el comunicado del Sindicato de Prensa de Tandil y Azul:
El Sindicato de Prensa de Tandil y Azul repudia la decisión empresarial de Florencio Aldrey Iglesias, dueño de Multimedios La Voz de Tandil, de avasallar los derechos de las y los trabajadores en este contexto de pandemia mundial, incumpliendo la legislación establecida por el gobierno nacional.
El mes pasado, la empresa liquidó haberes en dos cuotas, sin que medie previo aviso. Pocos días después, envió, de manera individual, modelos de “acta acuerdo” para que firme cada empleado y empleada la reducción la jornada laboral y de los haberes. Sin ningún tipo de discusión previa.
Algunos compañeros y compañeras de La Voz de Tandil NO FIRMARON ningún tipo de acuerdo por ilegal y fundado en amenazas de suspensiones, estos ahora se encontraron con la reducción de sus haberes, a pesar de no haber consentido las objetables condiciones que establecía la empresa.
El Sindicato de Prensa de Tandil y Azul insta a la conducción empresarial a regularizar los términos y condiciones de trabajo, retornando al escenario del 6 de marzo (tal como exigen los decretos presidenciales vigentes) y solicita el pago inmediato de la totalidad de sus salarios, a todos los compañeros y compañeras hayan o no firmado algún “acuerdo” con la empresa, caso contrario se iniciarán las acciones ministeriales y judiciales correspondientes.
Solo pagará parte de los sueldo si el Estado acude en su ayuda
Miserable y especuladora actitud de la empresa Real Time Solutions del Grupo Indalo
El Consejo Directivo Nacional del SATSAID expresó su repudio a la medida decidida por los directivos de la empresa Real Time Solutions, perteneciente al grupo Indalo de no pagar lo pactado en abril.
Desde el sindicato advierten que la empresa Real Time Solutions, que desarrolla el contenido de Diario registrado, adeuda en total cuatro meses y medio de sueldo, el aguinaldo completo de 2019, así como todas las recomposiciones paritarias desde 2017.
El SATSAID no dudo en calificar de miserable y especuladora la actitud de la empresa ante la comunicación de la dirección de que solo pagará parte de los sueldo si el Estado acude en su ayuda con el programa de emergencia.
El gremio les recordó que si el grupo sigue de pie, es gracias al sacrificio y el esfuerzo de todos sus trabajadores y trabajadoras quienes a pesar de todas las dificultades la supieron sacar adelante, y advirtieron que tomarán medidas al respecto.
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Clínica Colón: «El Estado tiene que ayudarnos: de dónde quieren que saquemos la plata»
Directivos de la institución cuestionaron la falta de respuesta del Gobierno ante los pedidos de auxilio para pagar los sueldos. También lanzaron críticas a Ioma por los retrasos en los pagos.
Desde la Clínica Colón cuestionaron la «ineficiencia» y la falta de respuestas del Estado para ayudar al sector a paliar la compleja crisis que se atraviesa como consecuencia de la pandemia del coronavirus y remarcaron que depende del auxilio económico del Gobierno la posibilidad de cancelar la totalidad de los salarios de sus trabajadores en los próximos días.
«¿Cuándo el Estado te atiende bien?¿Cuándo el Estado te da respuestas? El Estado es ineficiente. No nos respondieron a nuestros pedidos y hoy no sabemos nada sobre si vamos a recibir o no la asistencia. La gente tiene que cobrar. Si somos tan esenciales para la atención durante el Covid-19, entonces ayúdennos: de dónde quieren que saquemos la plata«, planteó Juan Carlos Staltari, quien preside el directorio de la entidad.
La Colón fue una de las tantas instituciones sanatoriales de capital privado que pidió asistencia a la administración de Alberto Fernández en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP) que se lanzó el 20 de abril para auxiliar al sector de las pymes y de los trabajadores autónomos, fundamentalmente.
Sin embargo, según el directivo, la clínica de Fracturas y Ortopedia fue el único centro de Mar del Plata que recibió una respuesta favorable en la requisitoria. «Nosotros lo pedimos en tiempo y forma», aseguró Staltari, quien recordó que su clínica cuenta con una planta de 1067 empleados.
Del total del personal, hay unos 650 médicos a los que se les debe pagar por servicio contratado u otra retribución. «El sueldo de esos trabajadores para nosotros representa unos 40 millones de pesos«, graficó el directivo, ante la consulta que le hizo 0223, después de que este miércoles solamente se confirmara el pago de un 50 por ciento de los haberes de abril.
En este marco, Staltari apuntó fuertes cuestionamientos al Instituto de Obra Médico Asistencial (Ioma) por sus importantes retrasos en los pagos en concepto de las prestaciones brindadas: todavía debe cumplir con los montos que corresponden a febrero. «Esto ya viene de antes y con la situación de la pandemia no cambió nada. La verdad que nunca sabés cuándo te va a pagar Ioma«, reconoció.
«Ioma tarda, tarda y tarda con los pagos y tampoco hemos recibido alguna comunicación adecuada de la obra social para ver si nos iba a ayudar en este contexto. Lo único que pretendemos es que nos paguen lo que hacemos; no es nada extraño», insistió el médico cirujano, quien también planteó: «Es ilógico: el Estado provincial no me paga pero después me exige el pago de ingresos brutos».
Además, el directivo de la clínica marplatense ubicada sobre Colón al 3200 remarcó el impacto negativo que tiene la fuerte caída en el número de prestaciones a raíz de la suspensión que había ordenado el Gobierno para guardar recursos por la pandemia de todas las cirugías programadas. «Hoy sólo tenemos un 40 por ciento de ocupación. Ya perdimos un 59 por ciento de la recaudación y en mayo vamos a seguir mal también», sostuvo.
«Nosotros vivimos de las prestaciones. Es simple: si nosotros no damos servicio, no tenemos dinero. Y como la rentabilidad es casi cero en este contexto, lo cierto es que la medicina privada no tiene espalda por soportar una situación así porque ya teníamos problemas antes para cumplir con las contribuciones y la alta carga impositiva. Nosotros tenemos la misma carga impositiva que todo el mundo. Por eso es cara la medicina: porque está cargada de impuestos», sentenció.
En última instancia, Staltari aseguró que el Estado tampoco colaboró con el sector para proveerlos de recursos e insumos por la pandemia del coronavirus. «Nadie nos dio un barbijo ni siquiera. Todo lo tuvimos que pagar nosotros. Y hemos tenido más gastos para poder adecuar nuestras estructuras», enfatizó.
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Trabajo ordenó la reincorporación de los empleados despedidos de las Torres 1 y 2
La empresa de limpieza que tiene a su cargo la limpieza de las Torres gubernamentales 1 y 2 fue intimada a reincorporar a los 11 trabajadores despedidos. Sus compañeros permanecen en estado de asamblea permanente.
El Ministerio de Trabajo bonaerense intimó a la empresa Distribon a reincorporar a los once trabajadores despedidos. La firma alegó que los cesanteaba en el período de prueba pero los empleados tienen muchos años de antigüedad.
Con el apoyo de la CTA Autónoma bonaerense sus compañeros se mantienen en estado de asamblea permanente para exigir la reincorporación de los despedidos y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en el marco de la pandemia por el COVID-19, además de la actualización de sus salarios.
Este martes se realizó una audiencia mediante plataforma digital con la Subsecretaria de Negociaciones Colectivas del Ministerio de Trabajo bonaerense.
Participaron el secretario Organización de la CTA Autónoma, Pablo Centurión, la trabajadora Lorena Romero, el asesor legal de la Central Marcelo Ponce Núñez, el director de la Negociación Colectiva del Sector Privado, Andrés Flores, y el apoderado de la empresa Distribon.
El Ministerio de Trabajo resolvió intimar a la contratista “a dar efectivo cumplimiento a los Dtos. 290⁄2020 y 329⁄2020 que establecen la obligatoriedad del pago del 100% de los salarios correspondientes a las liquidaciones de los meses en curso, a los trabajadores y trabajadoras, en virtud del carácter alimenticio de los mismos y ratificó la ineficacia de los despidos, atento el DNU 329÷2020”.
En una Asamblea realizada en la Torre 2, los trabajadores y trabajadoras resolvieron mantenerse en estado de asamblea permanente hasta el próximo martes 12 de mayo, día en que fue fijada una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo. Además realizarán acciones para visibilizar el reclamo.
Como había informado Info BLANCO SOBRE NEGRO los despidos son aún más graves porque afectan a once trabajadores que no pueden asistir a sus puestos laborales por integrar el grupo de riesgo para el Covid-19.
Distribon comenzó a prestar el servicio de limpieza en las torres en febrero a partir de una licitación que ganó en octubre del año pasado. Para justificar los despidos argumentó que los trabajadores estaban en período de prueba a pesar de que los empleados tienen más de 10 años de antigüedad.
De todos modos, un reciente fallo de la justicia platense por despidos ocurridos en otra empresa de limpieza estableció que el DNU presidencial tiene vigencia aún para los trabajadores que todavía se encuentran en los tres meses de prueba por lo que tampoco pueden ser despedidos.
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STIA PBA llegó a un acuerdo con Ice Dreams para frenar los despidos
El Sindicato de Trabajadores de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires anunció que llegó a un principio de acuerdo con la empresa alimenticia Ice Dreams para frenar despidos y que se abonen los salarios de manera completa.
El Sindicato de Trabajadores de la Alimentación filial Provincia de Buenos Aires (STIA PBA) llegó a un acuerdo con la empresa Ice Dreams.
Luego de días de conflicto, se llegó a un acuerdo con la patronal que abonó salarios y retrotrajo los despidos que había anunciado con anterioridad.
La alimenticia había incurrido en despidos e incumplimiento con los trabajadores y la situación parecía no tener vuelta atrás.
Sin embargo, desde el sindicato lograron revertir la situación.
Desde el STIA PBA iniciaron los reclamos pertinentes y respaldaron desde un primer momento a los damnificados para que estén amparados gremialmente.
Conflicto gremial en Ice Dreams
El conflicto gremial con Ice Dreams comenzó cuando la patronal decidió despedir trabajadores.
Pero no solo ello sino que incurrió en adeudamiento de salarios para los empleados de la planta, situada en Quilmes.
STIA PBA llegó a un acuerdo con Ice Dreams.
En tal sentido, el gremio salió a defender con dureza los derechos laborales de los empleados.
Es así que se acercó a las puertas de la planta y pidió que se revierta la decisión patronal.
Principio de acuerdo
Desde el STIA anunciaron que el gremio llegó finalmente a un principio de acuerdo.
«En el día de la fecha se llegó a un principio de acuerdo con la empresa», aseguraron desde el STIA PBA.
Es que la misma abonó los salarios adeudados a la totalidad de los trabajadores e incorporó también a los trabajadores a sus tareas normales y habituales.
Esta situación trajo tranquilidad al conjunto de los trabajadores que veían peligrar esta importante fuente de trabajo.
Pago de los días a empleados damnificados
Desde el gremio aclararon que «resta acordar con esta firma el pago de los días que los trabajadores no prestaron servicios»
Es por los días en que no se les permitió el ingreso a planta, medida adoptada en forma unilateral por la empleadora.
«Una vez logrado este punto se dará por finalizado el presente conflicto entre las partes», sintetizaron.
Los firmantes fueron Domingo Marcelo Wagner, Secretario General, Juan Carlos Obregón , Secretario de Prensa y Cultura, Gustavo Fernández, Vocal Titular
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MORENO. Asamblea de Trabajadorxs de Niñez y Juventud en Lucha.
COMUNICADO DE PRENSA
RECORTE DE SUELDOS E INCUMPLIMIENTOS DE PAGOS EN LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑECES, ADOLESCENCIAS Y JUVENTUDES DE MORENO
Desde la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Niñez y Juventud en Lucha del Municipio de Moreno, queremos expresar nuestro repudio ante las medidas de avasallamiento de nuestros derechos adoptadas por el estado municipal, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Las autoridades de la subsecretaría tomaron la decisión unilateral de recortar los sueldos, todo ello, sin notificar a las y los trabajadorxs. La misma consiste en el descuento de compensaciones salariales enmarcadas en acuerdos previos. Argumentan esta decisión planteando que el recorte se genera por la NO ASISTENCIA AL ESPACIO LABORAL por parte de las y los trabajadorxs municipales afectadxs por tales medidas. Como es de público conocimiento, desde el día 20 de marzo del corriente año, en todo el país se promulgo el decreto N° 297⁄2020 que prevé aislamiento social, obligatorio y preventivo a razón de la pandemia del COVID- 19, por lo cual, los servicios esenciales solo continúan con funciones presenciales.
De acuerdo a ello, las autoridades nacionales indicaron que la administración pública debía cumplir funciones remotas y presenciales solo en condiciones de guardias mínimas, para evitar la circulación de la mayor cantidad de personas posibles, como también, quedaban exceptuados los grupos de riesgo y quienes tengan niñeces en edad escolar a cargo.
En dicho contexto, cabe destacar que varixs trabajadorxs de la subsecretaría, prestaron y aun continúan prestando servicios presenciales sin haberse dictado el correspondiente decreto municipal que lo declare servicio esencial. Además, se les ha solicitado la presencia a las y los trabajadorxs para presentar documentación, por ejemplo, para la firma de los contratos de locación, sin aceptar mecanismos de entrega virtuales avaladas por la disposición nacional. Tal situación no corresponde dado que la circulación debía habilitarse con el correspondiente decreto municipal que avale a las y los trabajadorxs como esenciales, el cual se desconoce su existencia o debería contener nuestros nombres y legajos.
Remarcamos que en medio de una crisis sanitaria y económica, donde desde el estado nacional y provincial se comprometieron a sostener los puestos de trabajo y el salario de las y los trabajadorxs, esta decisión municipal pone en grave riesgo la vida de todas y todos, y hace caso omiso a las disposiciones nacionales. Asimismo, sostenemos firmemente que estas acciones también perjudican a la población de Moreno que es acompañada con compromiso por parte nuestra. Vulnerar los derechos de las y los trabajadorxs, implica vulnerar los derechos de niñas, niños, jóvenes y familias de Moreno!!!
Ante este contexto de cuarentena, cabe mencionar que la totalidad de las y los trabajadorxs continuo desarrollando funciones remotas con recursos propios (computadoras, internet, teléfonos) sin la provisión de elementos necesarios para cumplirlas y sin lineamientos específicos de cómo hacerlas, realizando tareas de contención, asesoramiento, gestiones, etc. Asimismo, las y los trabajadorxs han tenido que brindar sus medios de contacto personales a la totalidad de les jóvenes, familias e instituciones con las que se trabaja, y ello conlleva en la demanda de atención de horarios extendidos que afectan también a la cotidianidad familiar, asumiendo el compromiso en soledad con todxs aquellxs jóvenes, familias y referentes para que no dejen de ser asistidxs y escuchadxs. Por otro lado, cabe mencionar que se cumplió con la elaboración de informes sobre las actuaciones realizadas de cada equipo y se han elaborado los registros informáticos correspondientes que dan cuenta del trabajo realizado durante el periodo de aislamiento.
Por otro lado, queremos manifestar que dicho reclamo se suma a otras situaciones que vulneran nuestros derechos y que al momento no se han obtenido respuestas “adecuadas”, como la situación de precarización de trabajadorxs con contrato de locación y becas.
En este sentido, seguimos exigiendo la firma de los contratos de locación de las y los trabajadorxs y que en este momento se encuentran sin percibir sus sueldos desde el mes de febrero y con los contratos vencidos. Asimismo, se continúa adeudando el pago de becas a trabajadorxs, siendo su último cobro el mes de diciembre del año 2019. Tanto las y los trabajadorxs monotributistas y trabajadorxs con becas desarrollan sus tareas acompañando situaciones complejas de familias, niñxs, adolescentes y jóvenes de todo el territorio de Moreno.
Por último, en el día de la fecha tomamos conocimiento de que a la quita de la productividad, se suma la reducción de la actividad crítica a quienes no son profesionales. Sin dudas, es un atropello a nuestros derechos como trabajadorxs. Asimismo, hay trabajadorxs con contrato de locación que continúan desempeñado sus tareas en la vía pública sin ningún respaldo.
REPUDIAMOS:
- LAS ACCIONES ARBITRARIAS DE LAS JERARQUÍAS DEL ESTADO MUNICIPAL HASTA LA MISMA INTENDENTA EN DETRIMENTO DE LA SALUD DE LAS Y LOS TRABAJADORXS.
- LOS RECORTES DE SALARIOS.
- LA COMUNICACIÓN POR MEDIOS INFORMALES.
- FALTA DE LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS DE INTERVENCION EN CONTEXTO DE CUARENTENA.
- FALTA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN EN LOS PUESTOS DE TRABAJO.
EXIGIMOS:
- EL PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS SALARIOS.
- LA FIRMA DE LOS CONTRATOS DE LOCACIÓN Y EL PAGO ADEUDADO.
- EL PAGO DE LAS BECAS ADEUDADAS.
- RECURSOS PARA TRABAJAR DESDE NUESTRAS CASAS
- REGLAMENTACIÓN DEL TELETRABAJO
- SI SOMOS TRABAJADORXS Y NUESTRA TAREA ES ESENCIAL, EXIGIMOS EL DECRETO MUNICIPAL DONDE NOS NOMBRAN Y EL BONO CORRESPONDIENTE.
- QUE SE GARANTICEN LOS ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD E HIGIENE PARA QUIENES DESEMPEÑAMOS NUESTRAS TAREAS EN LA VIA PUBLICA.
Adhesiones al Facebook:
Asamblea de Trabajadorxs de Niñez y Juventud en Lucha. Moreno-
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE NIÑEZ Y JUVENTUD EN LUCHA.
La Conurba – UNM
Campaña Nacional contra las violencias hacia las mujeres- Regional Oeste.
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Lanzan un paro en las plantas de Arcor para protestar contra los recortes salarios en plena pandemia
Será el próximo lunes y tendrá impacto en las plantas de Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, San Luis y Mendoza. Los empleados reclaman que la firma retrotraiga los recortes salariales y que pague un bono en reconocimiento al trabajo en el contexto de cuarentena.07/05/2020 16:04:00
A raíz de la falta de respuestas por parte de la compañía, la Federación de Trabajadores de la Industria Alimentaria (FTIA) llevará adelante un paro el próximo lunes 11 de mayo en las fábricas del Grupo Arcor. Las mismas se harán sentir en las plantas que la firma tiene en Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, San Luis y Mendoza.
Entre los reclamos se incluyen el cumplimiento del pago del presentismo y hora diferencial nocturna a los empleados que tienen licencia forzada por ser grupos de riesgo y que se abonen las licencias a los trabajadores que tienen niños a su cargo.
Desde el punto de vista de la seguridad, los operarios exigen «el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en las fábricas» para evitar los contadios de Covid-19.
Además, piden «un plus salarial adicional para los empleados exceptuados del aislamiento obligatorio» que están prestando servicio durante la cuarentena obligatoria, con lo que garantizan «la producción de alimentos en medio de la pandemia».
Antes de llegar a la medida del paro, el gremio a cargo de Héctor Morcillo viene realizando asambleas de cuatro horas por turno en áreas de carga y descarga.
Arcor pone en riesgo a sus trabajadores, desconociendo su esfuerzo. Estamos asumiendo cada día mayores riesgos para poder prestar servicio. Reiteramos nuestro repudio y preocupación por la utilización de fuerzas de seguridad públicas por parte del Grupo Arcor para impedir el reclamo de los trabajadores», dijo el gremio en un comunicado.
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Córdoba quiere reducir salarios de los municipales para ahorrar y el gremio le recuerda a Llayrola que gasta 125 millones en consultoras
El intendente de Córdoba, Martín Llaryora, anticipó que buscará recortar la jornada laboral y, consecuentemente, los salarios de los municipales. El gremio rechazó la iniciativa y le recordó que gasta 125 millones en consultoras.07/05/2020 12:45:00
El intendente de Córdoba, Martín Llaryora, enviará al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para reducir la jornada laboral de todas las áreas de la Municipalidad, con excepción de las de Salud y Educación. Según trascendió, la idea de Llaryora es que el tema sea tratado lo antes que se pueda, a más tardar la próxima semana.
El proyecto prevé llevar las jornadas laborales de siete a seis horas, lo cual implicaría una reducción de la séptima parte del sueldo básico, con el consecuente impacto en todos los adicionales.
Automáticamente el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem) anticipó su rechazo a la iniciativa. En diálogo con Cadena 3, el vocero del gremio, Danián Bizzi, expresó: «Rechazamos en forma terminante lo expuesto en versiones periodísticas por las autoridades municipales, en las que expresan la intención de recortarnos el salario, porque ése es el objetivo final».
En ese marco, Bizzi el sindicalista señaló: «La fata de diálogo, que hubo con las autoridades municipales, permitió esta oscura intención, amparándose en una cuestión sanitaria que la están usando claramente para perjudicar la remuneración de los trabajadores».
En esa línea de argumentación, disparó: «En el tema presupuestario, es insólito que, tras conocerse el fin de semana, el Municipio ha realizado un contrato con consultoras pagando 125 millones de pesos, en una actitud claramente inmoral, ahora justificando y perjudican la remuneración de los trabajadores con quita de sus salarios».
Finalmente, indicó: «Este jueves a la mañana, la comisión directiva informará de todas las acciones gremiales y legales que tomaremos en tal sentido».
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Pablo Moyano a empresarios: «Es imposible acordar la rebaja de salarios»
El secretario general adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca) y de la Federación del sector, Pablo Moyano, ratificó el rechazo «total» del gremio a la posibilidad de acordar reducciones salariales, luego de mantener un encuentro virtual con representantes de las cámaras y de la cartera laboral.07/05/2020 00:04:00
Como lo había adelantado su padre, Hugo Moyano en las jornadas previas, Pablo Moyano ratificó la negativa del sindicato a acordar esa instancia y rechazó «cualquier intento de reducir salarios a los trabajadores que hoy cumplen una labor fundamental en el movimiento del país, en plena pandemia de coronavirus».
El dirigente sindical mantuvo ayer una reunión virtual con Julián De Diego, de la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas (Fadeeac), Lucio Zemborain, de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl), y Gabriela Marcelo y Marcelo Belloti, del Ministerio de Trabajo, informó el gremio en un comunicado de prensa.
«Los trabajadores son el pilar fundamental en esta grave coyuntura en que la pandemia de coronavirus azota el mundo. Camioneros puso desde el comienzo el hombro y continúa haciéndolo para abastecer a cada rincón de la Patria y limpiar cada ciudad. Ello arriesga la salud del trabajador y su familia, por lo que es imposible acordar la rebaja de salarios», concluyó Moyano en el documento.
En el encuentro virtual también participaron el secretario Gremial e Interior del sindicato, Marcelo Aparicio; el de Política de Transporte, Omar Pérez; el Gremial de la Federación, Pedro Mariani, el de Asuntos Seccionales, Walter Anchava, y Hugo Moyano (h), representante legal de la organización sindical.
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ATE confirmó que el bono será para todo el personal de salud y se bajó de la protesta de hoy en hospitales
El gremio estatal se reunió con autoridades que se comprometieron a que el bono para el personal de la salud comprenda a «la totalidad de los trabajadores del sistema». Le quitó el respaldo a la protesta de la Federación de Profesionales de la Salud de hoy y la calificó de «irresponsable».07/05/2020 09:44:00
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) aseguró que las autoridades del Ministerio de Salud se comprometieron a que el bono de 5.000 pesos para el personal de la salud comprenda a «la totalidad de los trabajadores del sistema».
Así lo consignó en un comunicado de prensa en el que dio cuenta de un encuentro mantenido anoche con el viceministro de Salud de la Nación, Arnaldo Medina, y el subsecretario de Salud, Alejandro Collia, del que participaron los dirigentes de ATE y de la CTA Autónoma Hugo Godoy, Flavio Vergara y Rodolfo Arrechea, y al titular del Gremio Odontológico Argentino (GOA), Marcelo Quiroz.
De acuerdo con lo consignado por los gremios, en el encuentro, las autoridades confirmaron el pago del bono de 5.000 pesos «durante cuatro meses» ‑de abril a julio- y su alcance a «la totalidad de los trabajadores de la salud, independientemente del nivel de atención en el que presten servicios».
También, señalaron que fueron reconocidas «demoras en la recepción de la información», pero indicaron que ya fue sistematizada.
Se trata de reclamos que distintas organizaciones del sector de la salud venían sosteniendo y que hoy volverán a plantear en el marco de una jornada nacional de protesta que congregará a más de 40 entidades, de la que decidieron apartarse ATE y CTA Autónoma por considerarla una «irresponsabilidad total en el contexto de una pandemia como la que azota al mundo y a la Argentina».
En el marco del encuentro con las autoridades de la cartera de Salud, los gremios participantes realzaron «la puesta en marcha de los hospitales bonaerenses de Cañuelas, Ituzaingó y Esteban Echeverría», a cargo de la cartera de Salud de la Nación, y destacaron que «se trata de un gran avance».
La representación sindical reclamó soluciones a los reclamos de provisión de elementos de protección personal para los trabajadores de la salud, capacitación y la aplicación de protocolos y recomendaciones para cumplir las tareas.
Vergara también aseveró que los gremios recibieron una copia del Plan Nacional de Cuidado de Trabajadores de la Salud en el contexto de la pandemia de coronavirus para su revisión, y dijo que comenzaría a aplicarse en breve.
ATE y otros gremios de la central obrera, que lidera el visitador médico Ricardo Peidro, decidieron anoche no participar de la jornada de paros y movilizaciones nacionales convocada para hoy por los sindicatos de la salud en demanda de varias reivindicaciones, luego de un profundo debate interno.
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Sasia pidió que Ferrosur Roca pague los salarios completos o que «devuelva la concesión»
El líder de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, cuestionó la decisión de Camargo Correa, concesionaria de la empresa Ferrosur Roca, de pagar salarios recortados. «No lo vamos a permitir y vamos a llegar a las últimas consecuencias», disparó.07/05/2020 00:03:00
El Secretario General de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, se pronunció a favor del acuerdo firmado entre la CGT y UIA para el pago del 75% del salario en caso de suspensiones, y sugirió que el Estado podría gestionar mejor a Ferrosur Roca.
El sindicalista se pronunció sobre el acuerdo firmado por la CGT con la UIA, puntualizando que «en primer lugar no fui convocado por CGT a participar ni opinar sobre ese acuerdo, no obstante considero que está apuntado a los sectores más vulnerables, como por ejemplo a las PyMES, para garantizar un piso de 75% del salario, dado a que la CGT no está para negociar salarios».
Sin embargo, señaló que «hay actividades que están en otras condiciones y en las cuales seguramente no van a permitir rebajas salariales y van a pelear por el 100%. Nosotros peleamos para que todos nuestros representados cobren todo su salario como corresponde».
En este sentido, Sasia se refirió a la disputa que mantiene con Camargo Correa, concesionaria de la empresa Ferrosur Roca. El ferroviario rechazó el intento de la empresa, al inicio de la cuarentena, de reducir salarios: «Durante los años de bonanza de esta empresa, que es la dueña de Loma Negra, y que ha ganado muchísimo dinero, no hizo parte de las ganancias a los trabajadores, y ahora nos quieren hacer partícipes de las pérdidas. No lo vamos a permitir y vamos a llegar a las últimas consecuencias en defensa de los intereses de los trabajadores», afirmó.
El ferroviario calificó de «vergonzoso» el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) presentado por la empresa ante el Ministerio de Trabajo: «han pedido hace dos años la renovación de la concesión y hoy nos están diciendo que no pueden llevar adelante la empresa».
«Que devuelvan la concesión, que seguramente el Estado hará mejor gestión en este sentido», sostuvo, y puntualizó que «Ferrosur siempre se preocupo solamente en transportar materiales de construcción, piedra, etc. Nunca abrió el mercado en el transporte donde hay sobradas muestras y solicitudes palpables de productores que quieren transportar cereal, fruta, etc. Son más de 1 millón de toneladas que demandan estos sectores y que no tienen respuesta. Nunca les interesó», reclamó Sasia.
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Quiñones: «Tabacaleras en quiebra significan diez mil trabajadores menos, importación y contrabando»
Es el lado humano de la cuestión, para una actividad que puede ser cuestionada y de difícil resolución a la hora de ser denominada «esencial» para que comience a funcionar, aun cuando el stock de cigarrillos ha llegado a su fin, y la demanda es muy grande entre los ocho millones de fumadores que hay en el país.
Pero debido a la crisis del sector, devenida de la falta de producción a causa del Aislamiento Social Obligatorio “más de diez mil trabajadores están en una situación muy complicada”, situación que se agravó aún más en una industria, que ya venía atravesando un momento muy difícil y frente a la necesidad de reconvertirse y de trabajar también con el tabaco en su función medicinal.
Al respecto, Raúl Quiñones, secretario general del Sindicato único de Empleados del Tabaco (SUETRA) visibilizó el problema en Estado de Alerta, siempre consciente de que «somos una industria que fabrica un producto de consumo masivo para el adulto mayor, que es tóxico para la salud» reconoció el dirigente quien manifestó que «así reza en la leyenda de la marquilla del producto desde hace aproximadamente 30 años a esta parte”, recordó.
Hecha la aclaración, el parate total de la actividad trae consecuencias de todo tipo ya que “el producto que consumió el fumador fue de 15 días de stock que tenían las empresas y los depósitos mayoristas, lo cual se torna un serio problema en medio de una cuarentena: habrá ocho millones de fumadores en el país que no van a encontrar el producto y van a salir a buscarlo a la calle”, disparó.
El otro problema que planteó Quiñones frente a ésta realidad “es que las dos multinacionales del sector tienen un plan B para evitar el desabastecimiento del producto: Nobleza está importando ya y ha llegado al mercado argentino producto de Chile, y Massalin Particulares va a empezar a importar, lo que va a tardar entre 10 y 15 días en llegar a la Argentina, desde su planta en Brasil con lo cual «estamos trayendo el producto igual, en desmedro de la mano de obra argentina”.
También denunció otra consecuencia directa y de mayor gravedad aún: “sabemos que cuando el producto no está, tenemos que salir a pelear con un viejo enemigo que es el contrabando” que no se vende en los puntos de venta oficiales, pero ingresa el contrabando directamente y eso le permite el consumo directo al menor de edad”.
Y el perjuicio no sólo recaería en el sector, también afectaría a las arcas del Estado ya que se dejaría de recaudar ese 80% de impuestos que implica el cigarrillo en una facturación total de unos 700 millones de pesos diarios.
Así el reclamo puntual tiene que ver con poder proteger la mano de obra, los puestos de trabajo, el poder adquisitivo y también que no “estalle” esta situación que Quiñones describía, y sobre lo que hacía foco “no nos podemos llamar un servicio esencial porque no es así y estamos lejos de serlo, pero acá hay una realidad, «hay 8 millones de fumadores que van a tratar de acceder al producto de la forma que sea, el cigarrillo llegará al país y nosotros perderemos”, concluyó el sindicalista, aunque dejó en claro que primero «acompañamos la decisión política de este Gobierno porque entendemos que lo primero es la vida» y remarcó que «los sindicatos del sector están de acuerdo y «ya cuentan con los protocolos de higiene y seguridad que garantizan el distanciamiento social tanto en el transporte como en el lugar de trabajo, lo que permitiría el inicio de la actividad”.
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Los artistas desesperados por trabajar aún sin el aval del Gobierno ni de“Actores”
Aquellos que ocupaban sets de televisión o escenarios teatrales buscan que se reglamente un protocolo sanitario para regresar a la actividad cuanto antes, porque según señalan “no tienen más margen”. Pero desde la Asociación de actores, aún conscientes de que serían los últimos en abrir, optarían por esperar.
En medio de este conflicto, y sin salida aparente, este jueves fueron recibidos en una audiencia en el Ministerio de Trabajo ya que también tienen conflicto de pagos de salarios. En este caso puntualmente con la productora Pol Ka.
Esto en medio de un contexto en el que la probabilidad será que el decreto de aislamiento social obligatorio que el 20 de marzo estableció la cuarentena en la Argentina se extienda hasta el 24 de mayo, cuanto menos.
Y como sucede con una infinidad de rubros, la prohibición del desarrollo de aquellas actividades que no son fundamentales colocó al medio artístico en una delicada situación económica: para la mayoría de los actores y las actrices, su labor es esencial para la propia subsistencia.
La presidenta de la Asociación Argentina de Actores resaltó que no es su agrupación “la que determina que los actores y actrices trabajen”, sino el gobierno de Alberto Fernández, con quien se reunió personalmente en Olivos para plantearle la dramática situación por la que atraviesan.
Más allá de eso, en la reunión no se acercaron propuestas que sirvan como alternativas que permitan volver a poner en funcionamiento la industria pues “en la mayoría de los ámbitos donde se desarrolla nuestra actividad no están garantizadas o son de difícil aplicación las medidas de seguridad necesarias para evitar la propagación del virus”, indica el comunicado con el que Actores exigió –el lunes 16– la suspensión de las grabaciones de todas las ficciones, lo que dio lugar a un conflicto entre Polka y el elenco de Separadas, la ficción del prime time de El Trece.
Por estas horas Actores optaría por esperar el día en que llegue la habilitación del Gobierno para el trabajo del gremio, en vez de evaluar un plan de contingencia, lo que tiene muy nerviosos a muchos artistas que ya “no tienen resto”.
Sobre por qué un artista puede presentarse en un programa de televisión como invitado, pero no puede actuar, explicó que tiene que ver con que “el oficio de la representación es diferente ya que requiere vínculo de contacto, desarrollo de tareas propias, sustento y desplazamiento de técnicos y tecnología, cuidado de contacto en lugares comunes, traslado en transporte público a lugares de trabajo”.
El teatro sí cumplió con la premisa de elaborar un plan. “La temporada 2020 está perdida», había lamentado Carlos Rottemberg pero el productor no se quedó de brazos cruzados, y al igual que sucede en otros sectores de la economía que sugieren alternativas para evitar el quiebre, elaboró un plan de contingencia para presentarle al Gobierno.
El mismo prevé la reapertura de los teatros con la habilitación de salas para reducida cantidad de espectadores que se ubicarían, respetando la distancia social, “de abajo hacia arriba” y cuya cantidad se incrementaría gradualmente por períodos quincenales a partir de agosto o septiembre, siempre bajo protocolo sanitario”, hasta alcanzar su número habitual en la temporada veraniega.