Por Arístides Ortiz Duarte /Resumen Latinoamericano, 18 de mayo de 2020
La pandemia provocada por el coronavirus sacudió y movilizó a los estados de las naciones del mundo hacia una intervención y control de las economías y los mercados, para proteger a sus poblaciones de la amenaza del virus. El hecho recuerda que los estados se originaron para proteger el bienestar público, por encima de los intereses del mercado, generando un debate político y económico sobre el rol del Estado dentro del Capitalismo.
Para el politólogo José Tomás Sánchez, miembro del Instituto de Desarrollo, “los estados han mostrado, en el contexto de la pandemia, que su papel central está en brindar, en última instancia, protección a la población de un país”.
Este papel se sustenta ‑explica Sánchez- no en una cuestión moral, sino en una teoría que habla del origen mismo del Estado Nación Moderno: la del sociólogo e historiador norteamericano Charles Tilly, quien asocia la construcción de los estados con la guerra; una construcción ‑agrega nuestro entrevistado- que utilizó la coerción (la fuerza armada) y el capital para, a un mismo tiempo, sacar todo tipo de recursos de las poblaciones asentadas en una determinada geografía, y darle todo tipo de protección y seguridad, en tiempos de guerra. La guerra, explica el politólogo, está, contradictoriamente, en la base misma de la construcción del poder del Estado actual.
La propagación del coronavirus y sus efectos letales en las vidas de las poblaciones de los estados del mundo, fue entendido ‑según la interpretación de José Tomás Sánchez- como el enemigo en la guerra que asecha, amenaza y mata a una población, del que había que proteger y asegurar a la población.
“Si esta teoría de Tilly se aplica para las guerras, lleva a pensar que se aplica en la actual pandemia por las similitudes de esta con la guerra, porque te demuestra que el Estado, sea pequeño o grande, puso en control a la economía, supeditó la economía al Estado ante una crisis que amenaza a su población”, explicó el politólogo.
El análisis de este politólogo, autor de libro “La Nueva política paraguaya” (un análisis del proceso político paraguayo entre el 2003 y 2018), explica las expresiones de algunos presidentes de gobierno, vertidas en los momentos más angustiantes de la pandemia.
“Estamos inmersos en una guerra global que nos incumbe a todos, y la respuesta debe ser común”, expresaba Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, el 12 de abril pasado, dirigiéndose a una población española que veía con pánico cómo subían en miles los números de muertos a causa del coronavirus.
Emmanuel Macron, presidente de Francia, no se quedó atrás, y también advirtió a los franceses de una “guerra”. Dijo: “Estamos en una guerra. Una guerra sanitaria, pero el enemigo está ahí, invisible, escurridizo”, el 16 de marzo pasado.
Por su parte, Donald Trump, presidente de los EE.UU., invocó el pasado 28 de marzo la Ley de Producción de Defensa ‑aplicado durante la guerra en Corea (1950−1953) en la que intervino su país- para obligar a la empresa General Motors a fabricar, sin dilación, respiradores, ante la falta de estos en los hospitales, en el marco del colapso del sistema sanitario de Nueva York por la propagación del coronavirus.
Consecuentes con este “estado de guerra”, los gobiernos de los estados del mundo cerraron bancos, fábricas, industrias; suspendieron vuelos comerciales y turísticos, cerraron fronteras, bares, hoteles, prohibieron la libre circulación en la vía pública, y hasta confinaron a la población en sus casas sopena de castigo, todo para proteger a la población del virus.
Para José Tomás Sánchez, candidato a doctor por la Universidad de Cornell, EE.UU., la pandemia provocada por el coronavirus nos recuerda que “…el Estado es para proteger el bien público, y no el bien privado…”, una protección que se ejerce en el marco de una crisis, como una guerra, o una pandemia.
Según la Comisión Económica para América latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Paraguay tiene apenas una presión tributaria (recaudaciones de impuestos) del 14%, más del 9% por debajo de la media tributaria de la región. Un estudio elaborado por el sociólogo Luis Ortiz Sandoval revela que el 78% de las recaudaciones del Estado paraguayo proviene de los impuestos indirectos que paga la mayoría de la población, y apenas un 22% proviene de los impuestos directos que pagan los sectores de altos ingresos del país. Según el Banco Mundial, Paraguay invierte en salud pública la malograda suma de 173 dólares por persona, en comparación con los 326 dólares en promedio que se invierte en la región.
Nadando a contracorriente del resto del mundo, en Paraguay va ganando la intención de adelgazar aún más el ya debilitado Estado con del plan de reforma citada, a través de las voces de los políticos de los dos grandes partidos (ANR y PLRA), los formadores de opinión y los periodistas de los grandes medios de comunicación.
Luis Rojas opinó que la decisiones dentro del Estado, «dominada por los sectores empresariales y los políticos del partido de Gobierno (ANR) y del PLRA (el primer partido de oposición)», para generar recursos y afrontar las necesidades de la población en medio de una economía paralizada por la pandemia, se inclinó hacia una solución que no conviene a la mayoría de su población.
“En este contexto de dominio de sectores empresariales y políticos, se resolvió el endeudamiento del Estado con un préstamo inicial de 1.600 millones de dólares, en el marco de una reforma de achicamiento del Estado y de reducción de gastos públicos, dejando de lado un eventual aumento de impuestos a los de más ingresos”, comentó el economista.
El plan de reforma estatal impulsado por “los sectores conservadores”-opinó Rojas- pretende agotarse en disminuir cargos y salarios públicos, lo que implica menos Estado de lo mínimo que ya es, y recordó que el gasto público del Estado paraguayo (19% de su Producto Interno Bruto) es uno de los más bajos de los países de la región.
La Cámara de Senadores rechazó, el pasado 5 de mayo, cuatro proyectos de leyes que apuntaban a dotar al Estado de recursos para afrontar las consecuencias económicas de la pandemia: el que pretendía un impuesto a las grandes fortunas (grandes empresarios, terratenientes y capitalistas) iguales o mayores a 657.851.700 de guaraníes (30 mil salarios mínimos) durante los periodos fiscales 2020, 2021 y 2022; un aumento del impuesto a la producción y comercialización del tabaco del 18% actual al 50%; aplicar un 5% de impuesto a la exportación de la soja en grano, y elevar los escasos impuestos a las bebidas alcohólicas y azucaradas. Una mayoría de senadores de los partidos ANR, PLRA y Patria Querida tiró al archivo los cuatro proyectos.
El economista opinó que la pandemia deja una clara lección al país: “…el mercado, el sector privado es incapaz de garantizar los derechos sociales de la población como salud, educación, alimentos y tecnologías imprescindibles, dado que el mercado está orientado solo al cobro, a la venta de bienes y servicio y, consecuentemente, a la ganancia”.
El politólogo José Tomás Sánchez observó, sin embargo, que esta pandemia también contribuyó a dar señales de fortalecimiento del Estado paraguayo. “La pandemia permite ver aquí cómo el Estado, esa fuerza y autonomía del Estado, prevalece sobre el mercado…”, dijo, aludiendo a las muchas medidas económicas y de seguridad tomadas por el gobierno de Mario Abdo Benítez.
Sánchez puso como ejemplo el cierre de la frontera. “Me sorprendió cómo el gobierno paraguayo cerró la frontera con los países limítrofes y lo mantiene cerrado hasta hoy, aún con las muchas presiones de comerciantes y empresarios ‑afectados por esta medida- para abrirla”, expresó. Otro ejemplo que mencionó es la entrega de subsidios económicos directos para la población que quedó sin trabajo, una suerte de seguro de empleo, algo que el Estado paraguayo nunca había hecho y que significa una nueva protección del Estado.
Para el economista Luis Rojas, la tendencia de “achicamiento del Estado” impulsada hoy por los “sectores dominantes de la economía del país”, solo puede revertirse con “un cambio en el seno de la sociedad, a partir de la concientización, organización y articulación de los sectores sociales”, para generar una reforma del Estado que apunte a uno de bienestar y de garantías de los derechos sociales y económicos para la población.
FUENTE: E’a‑AtyCom
