Resumen Latinoamericano, 20 de mayo de 2020 .- Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremial, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Corriente Sindical Federal, Canal Abierto, ANRed, Estado de Alerta y Agencias
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La Asociación de Abogados Laboralistas denunció a Moroni por vulnerar el derecho laboral y la Constitución
El ministro de Trabajo es acusado de homologar acuerdos por reducciones salariales que violan los convenios laborales y los principios de irrenunciabilidad de derechos. También cuestionan el otorgamiento de las ATP sin apertura de libros contables.
La Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) asegura que la cartera liderada por Claudio Moroni «avaló una reducción generalizada de los salarios». En el texto de una declaración formal que su Comisión Directiva aprobó y publicó con fecha del 18 de mayo, destaca que el DNU 260 disponía que los «trabajadoras del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales» pero que sería en base a «los términos que establecerá la reglamentación del Ministerio de Trabajo».
La AAL asegura que «lamentablemente, aquello que exigimos en nuestra declaración ha sido desconocido por el Ministerio de Trabajo mediante el dictado de sendas normativas, no sólo favorables a la posibilidad de homologar acuerdos individuales o colectivos de suspensión con reducción de salarios, sino además creando procedimientos especiales para facilitar su tramitación y que violentan las más mínimas garantías procesales destinadas a tutelar los derechos laborales del trabajador y la trabajadora».
Para la entidad, además, las «normativas dictadas por el Ministerio de Trabajo tienden a posibilitar que individual o colectivamente se puedan acordar condiciones laborales más perjudiciales para el trabajador y la trabajadora que las previstas en la ley o en su caso en el convenio colectivo de trabajo».
Por eso, insisten en que la actitud de la cartera laboral, y del propio gobierno «importa una grave vulneración al orden público laboral y a principios fundamentales del Derecho del Trabajo, como ser los principios de irrenunciabilidad y de la condición más beneficiosa» y aseguran que ambos principios, «emanan del principio protectorio del artículo 14 bis de la Constitución Nacional».
En concreto señalan la responsabilidad de la cartera laboral y del propio ministerio de Desarrollo Productivo por su aval al acta acuerdo suscripta entre la conducción de la CGT y la UIA que habilita la reducción de los haberes de los trabajadores suspendidos.
Otro punto grave que señalan surge de que se entregan subsidios «sin la debida comprobación previa de que la empresa en cuestión esté realmente atravesando una crisis económica que le impida afrontar el pago íntegro de los salarios» y así «se incumple con la obligación de tramitar previamente el correspondiente procedimiento preventivo de crisis exigido por el art. 98».
Además, critican la creación «mediante Disposición Nº 290⁄2020 de un procedimiento virtual para homologar tales acuerdos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, el SECLO carece de competencia para homologar este tipo de acuerdos por no tratarse de acuerdos conciliatorios según el art. 15 LCT, sino acuerdos en donde se modifican condiciones de trabajo sin un conflicto previo de derecho».
Y se lamentan porque «a esta enumeración de violaciones del orden público laboral se suma la injustificable inactividad judicial que importan la dificultad de acceso a la justicia para el trabajador o trabajadora que pretenda cuestionar la rebaja salarial que se le impuso».
Exigen la derogación de «las normativas antes mencionadas y todas las demás que permitan, faciliten o promuevan la tramitación y homologación de acuerdos individuales y colectivos de suspensión y/o de reducción salarial, por lesionar gravemente el orden público laboral, el art. 14 bis de nuestra Constitución Nacional y normas internacionales con jerarquía constitucional que protegen a la persona que trabaja».
Según informó Tiempo Argentino, la Asociación, integrada por destacados referentes del derecho laboral, hasta ahora no se había pronunciado de manera tan tajante contra las decisiones en materia laboral del gobierno aunque, en el último período, fue tomando una distancia cada vez más marcada. Ya de entrada había cuestionado algunos de los nombramientos de funcionarios en la cartera laboral así como en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
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Paro en la Línea 144 de asistencia por violencia de género de la Ciudad
En el marco de la cuarentena el gobierno porteño dispuso la rotación de profesionales para ampliar las dotaciones de la línea de contención para mujeres sometidas a situaciones de abuso. Ahora pararon porque todavía no les pagaron el sueldo.
Las medidas de aislamiento social obligatorio generaron un recrudecimiento de la violencia contra las mujeres. El encierro y la crisis económica agudizan dramáticamente las contradicciones sociales que, en definitiva, son la raíz del cuadro de violencia a la que son sometidas las mujeres y las disidencias en la Argentina y en el mundo.
El incremento del flagelo era previsible a la luz de lo ocurrido en otros países así como por la evidente mayor exposición horaria del género femenino a la violencia doméstica. Por ese motivo, desde el ejecutivo porteño, se dispuso la rotación de profesionales de la Dirección General de la Mujer afectadas tradicionalmente a otras tareas y ahora laborando bajo la modalidad de teletrabajo, hacia la atención de esa línea de emergencia.
Sin embargo, la precarización laboral que abunda en el Estado en todos sus niveles se puso de manifiesto a poco de andar y, ahora, compromete la atención de las personas expuestas a la problemática. Es que las trabajadoras afectadas, mayormente psicólogas y trabajadoras sociales recibidas o cursando los últimos años de sus carreras, se encuentran contratadas bajo la modalidad de asistencia técnica que rige los convenios entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las universidades.
Se trata de una forma de contratación laboral precaria que soslaya el vínculo entre el empleado y el empleador real, en este caso la Dirección General de la Mujer, para transferirlo a las instituciones educativas. De este modo, si bien se trata de monotributistas, cuentan incluso con menos derechos y cobertura que esas otras modalidades laborales también precarias de la ciudad como el contrato de locación de servicios donde, al menos, la contraparte formal es el GCBA.
Las trabajadoras que asisten casos de violencia de género denuncian que, paradójicamente, ellas mismas están siendo sometidas a una situación de violencia laboral por parte del Estado. Es que, más allá de la vulnerabilidad contractual, la ausencia de obra social y la inestabilidad laboral que padecen, por segundo mes consecutivo sufren un atraso en el pago de sus haberes.
Ya durante el mes de abril habían percibido sus salarios de marzo de apenas $25.100 pasados los 15 días de abril y, ahora, todavía no percibieron sus haberes. Por eso decidieron parar la atención para visibilizar la situación a sabiendas del riesgo que implica abandonar su tarea que, adecuadamente, es considerada esencial en el contexto de la cuarentena. En un comunicado público aseguran que sus haberes atrasados, además, resultan una discriminación laboral por la brecha que existe entre lo que perciben ellas mismas y otras trabajadores de la DGMuj que realizan las mismas tareas.
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Río Negro: crece la pobreza en una de las provincias más afectadas por el coronavirus
Según la encuesta permanente de hogares a fines de 2019, antes de que el Covid-19 se propagara, la provincia de Río Negro ya contaba con un tercio de la población en situación de pobreza y con un 5% bajo la línea de indigencia. Desde el inicio de la pandemia la situación solo ha empeorado: desocupación en aumento, comedores que no dan abasto y familias enteras tratando de garantizar las medidas sanitarias sin agua en sus casas. Mientras el Gobierno rionegrino apela al “esfuerzo individual” para atravesar la pandemia las organizaciones populares siguen apostando a la lucha colectiva y reclaman al Estado mayor asistencia en los barrios. Por Paulo Duquelsky para ANRed.
Vecinos y vecinas que participan del “Frente de Organizaciones en Lucha” (FOL) de Río Negro, integrada en su mayoría por sectores precarizados y desocupados, lanzaron la campaña política provincial Su Riqueza Es Nuestra Pandemia. En ella dan cuenta de la situación económica, social y sanitaria alarmante de la provincia, así como también de la falta de un plan de acción por parte del gobierno de Juntos Somos Río Negro para los sectores más vulnerados.
Con un índice de pobreza que ya superaba el 32% a fines del año pasado y con una canasta básica de $40.000 son miles las familias con serias dificultades para afrontar no sólo la pandemia por el coronavirus sino también la crisis económica. Según el relevamiento realizado por la organización son las mujeres rionegrinas las más afectadas por la crisis, ya que no sólo son el principal sustento económico familiar sino que también le dedican el triple de horas a trabajos no reconocidos, como las tareas domésticas. A su vez son quienes asisten en los merenderos y llevan mayoritariamente adelante los cuidados preventivos ante el Covid-19.
Otro punto del documento destaca la falta de inversión en salud pública. De los 580 millones de dólares que recibió la provincia por el “Plan Castello” el gobierno de Juntos Somos Río Negro no destinó un solo peso a salud. Solo 4 millones se utilizaron para financiar una empresa farmacéutica estatal, es decir solo el 0.64% de los dólares recibidos.
Al igual que otras organizaciones del campo popular también muestran preocupación ante el aumento de la demanda de alimentos en los comedores y merenderos. Según referentes del FOL desde principio de año hasta hoy han triplicado la cantidad de platos que se brindan en todos los puntos de la provincia. Similar es el caso de organización “La Garganta Poderosa” de Fiske Menuco (General Roca, Río Negro) quienes también notaron un aumento de casi el doble en la cantidad de familias que utilizan el comedor desde el comienzo de la cuarentena.
Esta situación se torna aún más preocupante si pensamos el estado de las viviendas en la provincia. Según el Registro Nacional de Barrios populares Río Negro es la provincia con la mayor cantidad de asentamientos precarios de la Patagonia (114 según el último censo de 2017). Como está sucediendo en los barrios del Alto de Bariloche y como vimos con el lamentable caso de la referente de “La Garganta Poderosa” Ramona García (una de las tantas vecinas de la Villa 31 de Buenos Aires que murieron al contraer Covid-19) el hacinamiento y la falta de acceso a servicios básicos como el agua son propicios para la propagación del virus y hacen casi imposible sostener las medidas básicas de prevención ante la pandemia.
Es por esto que exigen al Gobierno provincial que dé una respuesta integral tanto a la crisis sanitaria como a la crisis social y humanitaria que viven gran parte de lxs rionegrinxs. Reclaman que se provea de elementos de cuidado y condiciones de higiene y seguridad para los espacios comunitarios y que se garantice el acceso a viviendas dignas y servicios básicos en los barrios rionegrinos. Porque para hacer el “esfuerzo individual” de cumplir con la cuarentena y las medidas preventivas, primero se deben garantizar los derechos colectivos.
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Situación de los trabajadores golondrina: el retorno lo hacemos entre todos y todas
Foto: Martín Álvarez Mullally | Reportaje sobre el trabajo rural (en proceso).
En medio de la pandemia las personas varadas deben gestionar sus propios retornos: no hay Estados gestionando estos viajes. Son los mismos trabajadores, empresas de transporte, algunos gremios y redes de ayuda los que ejecutan el movimiento para lograr las repatriaciones nacionales. A los problemas de precarización de los trabajadores rurales, se suma un contexto de pandemia global en el que deben seguir trabajando en condiciones (históricamente) no seguras, mientras hacen malabares para conseguir un micro, llenar formularios online, coordinar fechas de viaje y de cobro de salarios adeudados. Por Eugenia De Rossi, para ANRed.
Situación de los trabajadores golondrina
* SALTA: se concretaron los traslados de trabajadores golondrina varados en Villa Regina y Lamarque (Río Negro), y de los trabajadores y personas varadas en la Ciudad de La Rioja, grupo donde había un bebé y una madre con hijo con síndrome de down. Los disturbios en Salta por los repatriados (vecinos ensañados con los infectados) provocaron que la provincia vuelva a cambiar su protocolo: ahora todos los repatriados deberán ingresar a la provincia vía Ciudad de Salta y hacer el aislamiento preventivo en Hoteles. Hay denuncias por el estado sanitario de los aislados en los hoteles de Salta Capital.
* FORMOSA: se concretó el traslado del grupo de 37 trabajadores varados en Río Negro que aguardaban el ingreso a la provincia. Dado que allí no hay casos de coronavirus los turnos para el aislamiento preventivo se dieron por tandas de disponibilidad de plazas en la Escuela de Cadetes en Formosa Capital.
* TUCUMÁN: un grupo de seis personas se encuentran varados en Río Colorado (Río Negro), lugar al que asistieron por trabajo en la producción frutícola y por tener familiares con vivienda en esa localidad.
Foto: Martín Álvarez Mullally | Reportaje sobre el trabajo rural (en proceso)
* EL PROBLEMA DEL PAGO: para muchos trabajadores el problema de resolver su propio traslado de regreso, se suma al problema de la pandemia y a sus condiciones de trabajo absolutamente informales. Esta informalidad los perjudica el doble porque quedan rehenes de las fechas de cobro de la patronal, lo que provoca que pierdan micros esperando al patrón o que incluso regresen a sus provincias sin haber cobrado. Esto deja planteado un nuevo problema: cómo poder hacer un reclamo laboral en contexto COVID y a la distancia. Este tema lo estamos siguiendo con un grupo de trabajadores norteños que trabajaban en Lamarque (Río Negro) y con un grupo de trabajadores santafesinos contratados por la empresa TECNO PISOS “SALTOS DEL MOCONA”.
* SALTA: liberaron a los dos trabajadores golondrina que viajaron desde Río Negro, uno de ellos con COVID-19. Habían sido arrestados, junto a los choferes y el dueño de la empresa de transporte Azabache, por los delitos de propagación del virus y por violar las medidas sanitarias. Todos quedaron en libertad ya sin imputaciones por el delito de propagación pero sí por violación de las medidas sanitarias.
Trabajadores golondrina y personas varadas, caso por caso
* Jonathan Cruz /Origen: Tucumán /Trabajaba en la cosecha de frutas en la localidad de Río Colorado /Ubicación actual: Río Colorado, Río Negro. Está con su mujer y sus dos hijos pequeños y otros dos familiares de Tucumán. Todos en cuarentena, en la casa de su suegra que vive en Colonia Julia y Etcharren. Fueron a trabajar a Río Negro para terminar de hacerse su casa en Tucumán. Trabajaba para un chacarero propietario, sin ningún tipo de contrato formal. Se comunicaron con UATRE pero les informaron que los micros solo salían desde Gral. Roca o Neuquén. Ellos debían movilizarse hasta allí su deseaban viajar. El municipio de Río Colorado les colaboró con un bolsón de alimentos. En este momento ya se encuentran en diálogo con una empresa de transporte para poder emprender el regreso a Tucumán.
* Lisimaco Flores y Margarita Vera /Origen Salta /Trabajaban en Finca Promas S.A. La Rioja /Ubicación actual: Salta. Lisimaco Flores formaba parte del grupo de 10 personas de Salta que se encontraban varadxs en la Ciudad de La Rioja, costeando alquileres para vivir. Logró trasladarse por su cuenta en un viaje de “varadxs” que le llegó por un grupo de Facebook. El resto de los varadxs (contacto con Margarita Vera) en el que se encontraba una bebé de dos meses y una persona con síndrome de down, logró viajar a través de la empresa salteña Los Salares Viajes y Turismo, con una impresionante gestión de Delia, a cargo de coordinar los viajes de la empresa. Delia debió sortear un montón de obstáculos que imponía la provincia, en un claro descalabro organizacional a partir de los cambios de protocolos de transporte y de la falta de coordinación del gobierno provincial con los municipios. Lo mencionamos al detalle porque el gobierno de Salta no organizó, programó ni colaboró en el regreso de sus repatriados; fueron las gestiones de los mismos trabajadores y personas varadas, de la empresa de transporte y de las redes de apoyo que fuimos generando lo que produjo que estas personas puedan retornar a sus lugares de origen. Todas las personas se encuentran en sus domicilios haciendo el aislamiento preventivo.
Formoseños en Río Negro, Buenos Aires y Neuquén
* Trabajadores en Cipoletti /Chañar /Ing. Huergo. Ya pudo viajar el grupo de 37 trabajadores oriundos de Riacho He He y Formosa Capital, que lograron organizar una viaje con la empresa de transporte TEC de Neuquén. Se encuentran en la Escuela de Cadetes en Formosa Capital, cumpliendo con el aislamiento preventivo. Destaco tambien aquí el rol fundamental de Pablo Pisciselli de la empresa TEC, cuyas gestiones, contacto y coordinaciones fue y es de gran apoyo para lograr que las personas varadas puedan viajar de regreso a sus provincias.
* Buenos Aires
Lxs varadxs en Bs.As también deben gestionar por su cuenta el viaje de regreso, contratando a una empresa y juntando la cantidad de pasajeros requerida. La provincia no puso a disposición ningún tipo de transporte ni ayuda. Pudo salir un colectivo desde la terminal Dellepiane (la terminal de Retiro está cerrada por estar ubicada junto a la Villa 31, foco de COVID-19 fuera de control y atención) en el que logró viajar una de las mujeres que se contactaron con nuestra red. Los otros tres jóvenes varados contaban con la autorización provincial para ingresar a Formosa pero no pudieron abordar el micro por falta de recursos económicos. Se comunicaron con nosotros más formoseños varados en las localidades de Moreno, Avellaneda, Longchamps, CABA, La Matanza y General La Madrid.
*Neuquén
Rafael Duarte pudo reintegrarse a su trabajo, una vez que se ajustaron los protocolos de trabajo seguro en el rubro de la construcción, cuando en la provincia dejaron de contarse nuevos casos de COVID19. Se encontraba trabajando en la ciudad de Neuquén al momento del inicio de la cuarentena cuando las obras se paralizaron. Rafael se contactó con nuestra red para poder encontrar traslado de regreso a su provincia, pero finalmente desistió de viajar cuando constató que podría continuar trabajando en Neuquén.
Foto: Martín Álvarez Mullally | Reportaje sobre el trabajo rural (en proceso)
Salteños en Río Negro y Neuquén
* Francisco Soria /Origen: Salta /Trabajaban en EL ROSARIO SRL / Ubicación actual: Salta. Ya pudo regresar el grupo de 10 trabajadores golondrina que pertenece a Colonia Santa Rosa a través de la empresa Transporte Matus, sumando más trabajadores de Alto Valle y Valle Medio de Río Negro. La modalidad es que entre todos los pasajeros costean el alquiler del micro, asegurando entre varios un número de pasajeros minimo para poder pagar el total del alquiler del micro. Dos pasajeros se bajaron de este viaje “pactado”, sin avisarle al grupo; decidieron tomar otro micro y perjudicaron de este modo el pacto de alquiler que tenían. Ese faltante de dinero debieron afrontarlo entre todo el resto de pasajeros. Las personas se encuentran realizando el aislamiento preventivo en sus domicilios, si declararon contar con un domicilio seguro, o en establecimientos designados (hoteles o instalaciones deportivas).
* Aldo Cuellar /Origen: Tartagal Salta /Trabajaba en el rubro de la construcción en Neuquén /Ubicación actual: Salta. Estaba trabajando en una constructora cuando debió apurar su traslado de regreso porque su mujer había sufrido un accidente. No pudo regresar con un grupo de salteños que viajaron porque no había cobrado la quincena. La posibilidad de su viaje estuvo sujeta a que la empresa le pague. Logró viajar con el grupo de salteños que estaban en Río Negro y está en aislamiento preventivo en Tartagal.
* Enzo y Edgar /Origen: Orán, Salta /Trabajaban en el rubro de la construcción en Río Negro /Ubicación actual Orán, Salta. Ya están en Orán estos chicos que habían viajado como trabajadores de la construcción y quedaron varados por la cuarentena, se les fueron acabando los recursos y como Salta tuvo muchas idas y venidas en los viajes de repatriación, al no encontrar soluciones, decidieron emprender el regreso caminando. La noticia se viralizó. UATRE los interceptó y les dio alojamiento y comida en la ciudad de General Roca. La Municipalidad de Allen les negó el alojamiento y comida, argumentando que eso era responsabilidad de la empresa contratista o del gobierno salteño que había dispuesto cerrar el ingreso de colectivos de larga distancia luego de que un trabajador rural proveniente del sur diera positivo para COVID-19. Estos chicos habían acordado el alquiler de un micro, junto con los trabajadores varados en Villa Regina, pero a último momento se abrieron del grupo.
* Trabajadores del barrio Las Delicias /Ciudad de Santa Fe /Trabajaban para TECNO PISOS SALTOS DEL MOCONA en distintas provincias. Un grupo de ocho trabajadores fueron contratados de manera informal para trabajar para la empresa TECNO PISOS SALTOS DEL MOCONA. Los trabajadores estuvieron en diferentes provincias (Corrientes, Córdoba, La Rioja) trabajando en clubes. Algunos pudieron regresar antes del aislamiento social, preventivo y obligatorio; otros después y hay dos que aún no pudieron regresar. Los que volvieron lo hicieron por sus propios medios o por lo que pudieron conseguir apelando a la solidaridad de otros (presidentes de los clubes donde estaban trabajando o en otro caso el servicio social de la Municipalidad de Ituzaingó (Corrientes). En todos los casos les adeudan los días trabajados.
* Juan Eduardo Fernández /Origen: Tucumán /Trabajaban en Olivos Argentinos / Ubicación actual: Tucumán. Ya pudo viajar un grupo de cuatro trabajadores que estaban a La Rioja para trabajar en la temporada. Fueron trasladados en combi por gestiones con la Secretaria de Transporte de La Rioja y ya están en cuarentena en sus casas. El viaje lo afrontaron ellos mismos haciendo una “vaquita”, no obtuvieron ningún tipo de asistencia por parte de ningún gobierno.
Foto: Martín Álvarez Mullally | Reportaje sobre el trabajo rural (en proceso)
Repercusiones en los medios
Clipping #TrabajoRural #Repatriados #Varados
Coronavirus en Salta: Repatriado cuenta la estadía en el Hotel Buenos Aires: Afuera de nuestra habitación la basura de varios días comenzaba a acumularse y ya era necesario que los residuos sean desechados en otro lado. Hicimos el pedido pero nos dijeron que Agrotécnica Fueguina exigía que los mismos sean entregados en “bolsas rojas” para residuos patógenos. Bárbaro, lógico. ¿Y las bolsas? Estamos en una pandemia hace casi 60 días. Supongo que el Estado dispone de las mismas.
El Gobierno debe repatriar a todos los trabajadores golondrina): “No debe olvidarse que son obreros y que están fuera de Salta porque están trabajando; no están buscando bolsones, estaban levantando frutas”
>“No estamos de vacaciones y no tenemos un sueldo asegurado como los funcionarios que nos tratan de delincuentes” >“Las autoridades provinciales están aplicando una doble vara: los viajeros de clase media o alta son más fácilmente habilitados que los trabajadores temporarios, ante los que surgen innumerables trabas”. Coronavirus: más de 300 trabajadores golondrina están varados en seis provincias
>Argentinian Workers Fighting COVID-19 — And Their Employers Trabajadores de Argentina pelean contra el COVID y contra sus patrones. Un artículo escrito en inglés en el portal Labor Notes (asociación de estudios laborales en EE.UU) rescata las luchas y resistencias de los trabajadores argentinos en contexto COVID, tanto por las medidas de seguridad y la falta de elementos de higiene en los lugares de trabajo como por la problemática de los trabajadores golondrina varados en medio de la pandemia. En ese artículo citan nuestro último informe, dedicado al gobernador de Salta, que fue publicado por ANRED.
Informe realizado desde el equipo de colaboradorxs del Caso Solano.
Daniel Solano, trabajador golondrina guaraní de Misión Cherenta, Tartagal (Salta), asesinado y desaparecido por policías de Choele Choel (Río Negro), en noviembre de 2011.
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Comarca Andina: sin transporte y sin pago de salarios
Más de 80 trabajadores de la firma La Golondrina se encuentran suspendidos y sin percibir salarios. Los directivos alegan que la provincia no abona los subsidios. Es el único medio de transporte en 70 kilómetros a la redonda. Por ANRed.
Foto: Diario Jornada
Los servicios de la compañía de transporte La Golondrina, empresa que cubre los servicios entre Río Negro y Chubut, se encuentran paralizados desde el 17 de abril. Desde la directiva, afirman que el cese de actividades se debe a una mora en el pago de los subsidios por parte de la provincia de Chubut.
La empresa en cuestión tiene dos razones sociales: La Golondrina SA, en territorio rionegrino, y La Comarcal, en territorio chubutense. La división de razones sociales responde a “beneficios tributarios”. El servicio es gestionado por Jorge Pascual, hijo del fundador, y quién hoy mantiene una deuda con los trabajadores.
Foto: Noticias del Bolsón
En total son unos ochenta trabajadores, entre choferes, mecánicos, pañoleros y administrativos quienes se encuentran suspendidos. Luego de una movilización a los municipios de Lago Puelo y El Bolsón, y a través de una intimación, lograron que la firma presidida por Pascual les abonará 10 mil pesos, a cuenta de salarios del mes de abril.
“Hay cosas que no sabemos, lo que se trata de convenios, acuerdos, subsidios no estamos al tanto, no nos muestran a nosotros”. El testimonio pertenece a uno de los trabajadores y fue levantado por La Izquierda Diario. En la misma línea, otro trabajador expreso: “yo gano 35 mil, pero el recibo de sueldo dice 9 mil o 10 mil”.
Foto: Noticias del Bolsón
Además de abonar los salarios en negro, y de acuerdo a la versión de los trabajadores, la empresa no cuenta con cobertura de ART y evade los aportes previsionales. Por otro lado, los choferes no tienen representación sindical, solo voceros informales, dado que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no se hizo presente.
La empresa La Golondrina es el único medio de transporte interurbano en más de 70 kilómetros a la redonda. Por el momento, los y las vecinas de Lago Puelo, Epuyen y el Bolsón, entre otros, continúan sin movilidad. Los 80 trabajadores de la compañía, por su parte, se mantienen en lucha, a la espera de cobrar sus salarios y de volver a transportar.
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Kicillof pidió que bonaerenses no vayan a trabajar a Capital y Fernández interviene para pacificar
El presidente Alberto Fernández convocó para la tarde de este miércoles a la Quinta de Olivos al gobernador bonaerense Axel Kicillof y al Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, para analizar los pasos a seguir en cuanto a la cuarentena por coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las tensiones entre provincia y Capital se multiplican, más allá de la intención mediadora de Nación.
Después de algunas semanas de armonía al inicio de la cuarentena obligatoria de fines de marzo, en los últimos días la relación entre dos de los principales distritos del país no para de tensarse, con funcionarios bonaerenses, intendentes y hasta el mismo gobernador cuestionando la decisión de la Ciudad de flexibilizar la cuarentena, en un contexto en el que los contagios se están multiplicando. Según Kicillof, no es momento para aperturas comerciales sino precisamente para reforzar el aislamiento.
A inicios de la semana se multiplicaron las polémicas contra la apertura comercial avalada por el Gobierno porteño, con jefes comunales como Mayra Mendoza (Quilmes), Fernando Gray (Esteban Echeverría) y Juan José Mussi (Berazategui) que lo definieron como una «irresponsabilidad», y el propio ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán que hace unos días afirmó que CABA era un peligroso «foco irradiador» de contagios. En el mismo sentido, este miércoles Kicillof manifestó su molestia por las crítica que le adjudican al Gobierno nacional y al provincial la intención de “politizar la cuarentena”. También, más allá de los cuestionamientos al Gobierno porteño, aseguró que habla seguido con Larreta: “Esta mañana nos cruzamos unos whatsapp porque tratamos de coordinar las actividades”.
Más allá de la intención de bajar la intensidad de las críticas, el ex ministro de Economía dejó en claro sus diferencias: “Tomaron medidas distintas y lo que veíamos como riesgo… son cosas de sentido común: cuando crecen los casos se tiende a ser más rígido, no más flexible”. Ante la pregunta de si el Jefe de Gobierno porteño debería retroceder con la flexibilización de la cuarentena, Kicillof aclaró que “lo tienen que decidir él”. Pero sugirió: “Si en la Ciudad van a abrir los comercios, que no vaya a trabajar la gente de la provincia de Buenos Aires”.
“Cuando hay dos zonas contiguas donde en una hay más circulación que en la otra, la idea es que no haya intercambio viral. No es un invento mío ni algo difícil de explicar… si en el departamento de al lado de tu casa hay gente contagiada, no vas a ir a tomar el té”, concluyó.
Según el planteo provincial, más de un millón de trabajadores cruzan la General Paz cada a día para trabajar en Capital, lo que implica multiplicar los riesgos de contagio para todo el conurbano. Este jueves el gobierno porteño definirá si sostiene la apertura comercial lanzada hace algo más de una semana, así como las “salidas recreativas” durante el fin de semana, o retrocede en alguna de esas iniciativas. En el encuentro con el Presidente Alberto Fernández se terminarán de definir estas líneas de acción.
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Trabajadores de la salud lanzan una semana de lucha por seguridad, bono y paritarias
Desde este miércoles y hasta el próximo 27 de mayo, sindicatos y organizaciones de trabajadores de la salud, incluyendo a la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), impulsarán una serie de movilizaciones y protestas a nivel nacional para denunciar atrasos en los pagos de profesionales del sector, reclamar el pago general del bono por el trabajo en cuarentena y exigir la apertura de paritarias.
La iniciativa es convocada por el conjunto de los gremios del sector salud, que el pasado 7 de mayo llevaron adelante otra jornada nacional de protesta por la situación laboral en medio de la epidemia de coronavirus, con marchas y reclamos en distintas ciudades del país. Este proceso de lucha se completó con una caravana llevada adelante el domingo pasado en la ciudad de Trelew, acompañada por movilizaciones en el resto de la provincia de Chubut, denunciando falta de pago de los sueldos y exigiendo además el lanzamiento inmediato del plan de protección, la desprecarización laboral y un aumento salarial de emergencia.
Este miércoles a partir de las 17 se convoca a una marcha en la Ciudad de Catamarca, rechazando las medidas del gobierno de recorte salarial a los trabajadores y reclamando el pase a planta de los trabajadores precarizados. Mañana los profesionales de la salud de Santa Fe, nucleados en SIPRUS-FESPROSA, llevarán adelante un paro en toda la provincia (con guardias en los sectores de atención para coronavirus) por aumentos salariales, desprecarización y apertura de paritarias, ya que los salarios están congelados desde 2019 en la provincia.
El viernes la Coordinadora Nacional de Residentes y Concurrentes presentará un petitorio en una conferencia de prensa a las 11horas en el Ministerio de Salud de la Nación, exigiendo recomposición salarial, condiciones de trabajo, cobertura de ART y otras reivindicaciones. El próximo martes 26, la jornada de lucha tendrá epicentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se exigirá la provisión de equipos de protección personal para todos los trabajadores, el cuidado de los afectados a la atención de la pandemia, apertura de paritarias y cobro del bono estimulo. En ese marco, se prevé una concentración frente al Ministerio de Salud porteño a partir de las 10. En la provincia de La Rioja, la jornada de lucha se realizará el miércoles 27.
Desde el Consejo Ejecutivo Nacional de FESPROSA, confirmaron que “junto a las organizaciones que convocaron a la Jornada Nacional de Lucha del 7 de mayo” han decidido “apoyar todas y cada una de las movilizaciones de los y las trabajadoras de la salud en el país”. También ratificaron el pedido una nueva entrevista con autoridades del Ministerio de Salud nacional “para concretar la puesta en marcha del plan de protección de los trabajadores de la salud y acelerar el cobro del bono estimulo extendiéndolo al conjunto de los trabajadores sanitarios”.
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Mineros de Andacollo sostienen el corte de la ruta 22 por salarios y continuidad laboral
Mineros de Andacollo sostienen el corte de la ruta 22 lanzado hace ya casi dos semanas en reclamo por el pago de haberes adeudados y la continuidad del proyecto aurífero del norte de la provincia de Neuquén. Desde el viernes un grupo de representantes mineros acampa frente a la Ciudad Judicial de la capital provincial exigiendo respuestas.
El corte se mantiene sobre la ruta 22, a la altura de Arroyito, permitiendo el paso de ambulancias, pacientes con turnos y otro tipo de urgencias, con un levantamiento del piquete cada cuatro horas para permitir la circulación. Las dudas sobre la continuidad del proyecto minero tienen en vilo a 238 trabajadores.
Enzo Cárdenas, uno de los mineros, explicó en declaraciones radiales que la empresa Trident Southern Explorations ya les adeuda dos meses de salarios, que no está haciendo efectivos porque perdió la concesión del yacimiento por sucesivos incumplimientos contractuales. Hace diez días la empresa se presentó a la justicia comercial para abrir un concurso de acreedores, por la acumulación de más de 97 millones en pesos en deudas, más otros 41 millones de dólares y 22 millones de pesos chilenos. También sostiene una deuda con Cormine, la estatal dueña del yacimiento de oro y plata, por 1,9 millones de dólares.
La empresa había ganado la licitación por 25 años en 2016, prometiendo la creación de 500 puestos de trabajo. A tres años de ganar la licitación, no concretó esta promesa, como tampoco con la creación del dique de cola que habían anticipado, incumpliendo también otros puntos del contrato. La semana pasada la empresa había propuesto una reunión de conciliación para el día viernes, pero finalmente sólo asistieron representantes del Gobierno provincial y de los trabajadores.
Durante la tarde de este miércoles, una representación de los trabajadores volverá a reunirse con autoridades provinciales, que deberán dar respuesta no sólo a la falta de pago de los salarios sino a la continuidad de la fuente de trabajo, que impacta fuertemente en el norte de la provincia. En ese contexto, se pidió la renuncia de Martín Irigoyen, titular de la Corporación Minera del Neuquén (Cormine).
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La asistencia estatal durante la epidemia alcanza casi al 90% de la población
Un reciente informe del Centro de Estudios de la Producción (CEP), dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, confirmó que unos 40 millones de argentinos vive en hogares donde se recibió algún tipo de asistencia económica estatal en el contexto de crisis por la epidemia de coronavirus, lo que equivale al 89% de la población.
Daniel Schteingart, director del CEP, destacó el rol de un Estado “presente” en el contexto de lucha contra el coronavirus: “Hoy el 89% de las personas vive en un hogar en donde al menos un miembro percibe algún ingreso del Estado”. Este aporte estatal puede ser por la vía de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), Tarjeta Alimentar, jubilación, pensión, salario por empleo público, salario por empleo privado por medio del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP) o créditos a tasa 0 para monotributistas y autónomos.
Según el informe del CEP, 21 millones de personas reciben algún tipo de ingreso estatal directo, de los cuales unos 16 millones tienen entre 18 – 65 años y otros 5 más de 65. En un desglose, se puede apreciar que el IFE lo cobran cerca de 8 millones de personas, que hay 3,2 millones que son empleados públicos y que el programa ATP llegó a otros 2,2 millones de trabajadores privados. Los beneficiarios de la AUH percibieron automáticamente el IFE (2,4 millones de los 8 millones de IFEs otorgados) y dentro de ese universo además 1,5 millones tienen la Tarjeta Alimentar.
Según explicó Schteingart, “esas 21 millones de personas viven con personas que no perciben ese ingreso (por ejemplo, niños). Si contamos el hogar con al menos una de esas transferencias, llegamos a aproximadamente 40 millones de personas sobre 45 millones”. Y concluyó: “La Argentina tendrá un Estado con mil deficiencias. Venimos con una trayectoria económica muy fea desde los ’70. Pero, dentro de todo, si somos uno de los países menos desiguales de la región, es por este ‘proto’ Estado de bienestar que asiste en situaciones como esta”.
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Desde APJ Gas monitorean de cerca a las empresas distribuidoras en el uso de protocolos de seguridad
Aunque es un sector que en la actualidad no sufre despidos ni suspensiones, desde la Asociación del Personal Jerárquico del Gas Natural Derivados y Afines, aseguraron que “tienen puesta la lupa en el cumplimiento de los nuevos protocolos necesarios en tiempos de Covid19”.
El titular de la entidad gremial, Rubén José Ruiz, confirmó a Estado de Alerta que, justamente “las tensiones con las distribuidoras las tenemos permanentemente por lo que está permitido y lo que no, y cuáles son los protocolos”.
En ese sentido, se refirió a que “los compañeros con la emergencia diaria están teniendo problemas”. Por ejemplo, manifestó “hay una pérdida de gas en un edificio que tiene 100 o 150 departamentos y bajan desde las viviendas a increpar a los compañeros para que no les corten el gas” y agregó “todo esto, que no estaba previsto en los protocolos, el ingreso a edificios, a domicilios, hay que revisarlo punto por punto con el tema de los contagios”.
La preocupación hace que “estemos alertas y en permanente discusión con las empresas e inclusive con el ENARGAS porque todo esto es algo nuevo” enfatizó Ruiz y diferenció que “en el caso de las transportadoras es más fácil: se han armado guardias, no todos los compañeros van a las plantas y entonces podemos tener un seguimiento más preciso y con menos conflictos, el caso de las distribuidoras es más complicado”.
En cuanto a la participación en la mesa de discusión del sector, formada por integrantes del Gobierno y las distribuidoras de gas afirmó que “desde la APJ Gas se ha pedido la incorporación a esa mesa”, porque nos parece que “si seguimos sólo escuchando la opinión de las empresas sin participar, nada del negocio del gas va a cambiar en la Argentina”.
En ese sentido reconoció de todos modos tener algún tipo de información, a través de la que “creemos que se está intentando armar un esquema parecido al de CAMESA, es decir una empresa mixta mayormente estatal, pública, que compre o que venda el gas a las productoras o que se los venda a las distribuidoras”.
Y al respecto amplió: “actualmente hay un problema a solucionar y es que las distribuidoras no le están pagando a las productoras, con lo cual, si algo no cambia, vamos a entrar en un cuello de botella muy peligroso, además de que las productoras están bajando el dividendo en pozo, con lo cual está cayendo la producción de gas en la Argentina” argumentó Ruiz.
Pero de este panorama el dirigente gremial no sólo responsabilizó a la pandemia: “la mitad de los problemas eran preexistentes”, afirmó, “lo del Covid lo ha desnudado como en otras actividades” pero los problemas en gran parte, ya los teníamos.
Por ese motivo hizo hincapié en que después de ésta pandemia «vamos a tener que revisar todo lo que estamos haciendo”, refiriéndose a la necesidad “de discutir cómo se manejan las empresas, cuál es el grado de productividad de los trabajadores, cuáles son las utilidades razonables que tendría que tener una empresa de servicios públicos y a qué se debe una empresa de servicios públicos”.
Dentro de esas discusiones hizo mención a que “tenemos que revisar primero en manos de quiénes tienen que estar los recursos naturales, que no es lo mismo que las empresas de servicios públicos” y dijo expresamente: “yo lo aclaro siempre porque se pueden nacionalizar las empresas de servicios públicos pero si no se tienen los recursos en manos del Estado es un negocio a medias”.
Y en ese sentido, puso como ejemplo la baja del petróleo, factor que consideró “hasta puede ser una oportunidad para el país porque “el Estado necesita estos servicios públicos y el combustible con una proyección nacional de desarrollo y no de mera rentabilidad”, concluyó.
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«La investigación nacional se traduce en baja de costos y trabajo argentino»
Así lo definió Ana Franchi, la presidenta del CONICET, el organismo investigación de ciencia y tecnología más grande del país, una de las personas más buscadas para contar en primera persona, los avances argentinos que tienen orgullosos a los 44 millones de habitantes en tiempos de panemia.
En el CONICET hoy todos los equipos de investigadores están a disposición de la pandemia. En estos momentos “hay 64 proyectos que están siendo financiados por la agencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación” explicó refiriéndose a la parte biomédica pero sin dejar de lado a otros grupos dedicados a la parte tecnológica, al desarrollo de respiradores, de válvulas para respiradores, de máscaras, de telas preparadas con sustancias bactericidas y que también podrían anular el virus para fabricar barbijos, la ropa del personal médico e incluso sábanas”.
Los equipos del CONICET incluyen en este momento además “gente dedicada al modelado, matemáticos, estadísticos, que están viendo cómo evoluciona ésta pandemia” y en otros aspectos también. “Tenemos cientistas sociales en todo el país que están viendo las consecuencias de esta pandemia, del aislamiento, las consecuencias socio económicas… así que tenemos a muchísima gente de la comunidad trabajando para ayudar a pasar ésta pandemia”.
El sentido los resultados positivos de la investigación científica “No son solo la baja de los costos, es trabajo argentino, son las dos cosas, y es soberanía sanitaria y soberanía tecnológica”, expresó en Estado de Alerta la investigadora.
En ese punto adelantó que “Tenemos los tratamientos que pueden llegar a servir para avanzar con la enfermedad” aunque reconoció que de la vacuna estamos más lejos, pero destacó que, con los avances nacionales “se va a ayudar a los enfermos o a que no se enferme la gente”, llevando esperanza a todos los argentinos.
Si bien lamentó la pandemia, Franchi lo analizó como una oportunidad para un “desarrollo autónomo de nuestra comunidad científica”, para lo que se denomina la “soberanía científica” lo que significa que no dependamos del mundo, sino que tengamos nuestras propias herramientas, las que la ciencia y la tecnología nos dan para enfrentar una pandemia o cualquier otra situación sanitaria.
Así es que, en este contexto, totalmente inédito, toda la comunidad científica se puso a disposición para responder a esta situación y “comenzamos a colaborar con los testeos que estaba haciendo el Malbrán” junto a “otros grupos que se pusieron a trabajar para ver si podían desarrollar test para determinación de anticuerpos como del propio virus”.
“Así tuvimos hace más o menos 2 semanas la noticia de que el grupo de la Dra. Andrea Gamarnik había desarrollado un kit para determinar anticuerpos en suero de personas que tuvieron o estaban teniendo en esos momentos la enfermedad asociada al Covid 19” recordó Franchi en primera persona.
Por otro lado, “un grupo liderado por el Dr. Vojnov y la Dra. Carrillo del Instituto Milstein que también es del CONICET con la Fundación Cassará es el desarrollo de un kit más rápido que el que se está utilizando actualmente para determinar el virus, que, además de ser más rápido utiliza una tecnología más sencilla y más barata”.
“También hay varios grupos que están estudiando terapéuticas posibles contra este virus. Tenemos gente de Tandil, del Instituto del CONICET y de la Universidad de Tandil que están reposicionando una droga que se usaba para otra cosa y que puede servir para Covid”.
Pero eso no es todo, también destacó que “tenemos grupos que están haciendo estudios clínicos, utilizando los anticuerpos de una persona que tuvo la enfermedad y que puede ayudar en la terapia de los enfermos”.
A través de su relato Franchi destacó “todo lo que se debe y se puede hacer desde el rol del Estado alimentando a nuestra ciencia, alimentando a todo lo que tiene que ver con el rol de la salud, la importancia obviamente del Estado en este sentido y el abaratamiento de costos.
Pero todo el esfuerzo y el trabajo denodado lo entendió como una devolución: “Si nosotros estamos acá es porque hubo una sociedad que financió nuestros estudios, porque nosotros la mayoría hemos “caído” en la educación pública, hicimos los doctorados con becas del CONICET o de las universidades, nuestros salarios son financiados por el Estado y la mayoría de nuestras investigaciones. Entonces es el Estado, son los impuestos, y los impuestos son la gente que invierte, y nosotros estamos devolviendo esa inversión, esa fe que tienen con nosotros devolviéndola, ayudando a resolver los problemas de la sociedad, o sea ésta pandemia” concluyó con el deseo de que las inversiones sean mayores para la investigación científica.
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Kicillof le dio 24 horas a Cheeky, la empresa de Juliana Awada, para pagar el 100% de los salarios
La empresa, que recibió ayuda estatal, sólo quería pagar el 75%. El Gobierno bonaerense señaló que los haberes tienen caracter alimentario y que tiene que abonarlos completos.
El Ministerio de Trabajo bonaerense intimó ayer a la firma textil Cheeky, la empresa familiar de Juliana Awada, ex primera dama, a pagar en el lapso de 24 horas los salarios completos de sus empleados. La cartera fijó además una nueva audiencia para el viernes para continuar discutiendo otras cuestiones.
La audiencia se dio luego de que los gremios con presencia en la compañía denunciaran la demora en el cobro de haberes de abril. Se trata del Sindicato de Empleados Textiles (Setia), del Sindicato de Cortadores (UCI) y del Sindicato del Vestido (Soiva), quienes estuvieron presentes ayer y denunciaron que todavía no se terminó de percibir ese ingreso.
La empresa, que además recibió ayuda estatal por intermedio del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que dispuso el Gobierno para contener la crisis del sector privado, argumentó que pagó el 75% como acordaron la UIA y la CGT en su acta acuerdo.
Desde la cartera que comanda Mara Ruiz Malec desecharon el planteo y aseguraron que no puede determinar unilaterlamente ingresar al acuerdo marco firmada por la central obrera y la unión empresaria.
Además, destacaron el carácter alimentario de los sueldos e intimaron a pagarlos en su totalidad en el lapso de 24 horas bajo apercibimiento de aplicarle las multas que estipulan para las faltas graves del del Pacto Federal del Trabajo.
Vale recordar que Cheeky Sociedad Anónima es una de las empresas de mayor facturación a nivel nacional en su rubro, con cientos de locales y franquicias no sólo a lo largo y ancho de la Argentina, sino también en varios países limítrofes.
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El gremio advierte que el teletrabajo afectó la salud de los docentes privados
A 60 días de iniciado el aislamiento social, preventivo y obligatorio, los educadores siguen dando clases. Desde el gremio señalan que mantienen sobrecarga laboral superpuesta con cuidados de niños y niñas.
Los docentes privados de todo el país llevan adelante su obligación diaria de dar clases desde sus casas. El aislamiento social, preventivo y obligatorio los empujó, como a millones, a teletrabajar sin una reglamentación ni un protocolo específico. Desde el gremio relevaron que eso trajo problemas en su salud.
«Hace 60 días que el 47 por ciento de los/as educadores conviven con jornadas laborales extenuantes, sobrecargadas/os laboralmente y con problemas de salud no comprendidos, como por ejemplo el 90 por ciento sufrió contracturas», señaló Sadop.
Además manifiestan un cuadro preocupante de fatiga laboral, según los datos relevados por SADOP en la encuesta «Contanos para cuidarte», que fue respondida por ocho mil educadores de todo el país.
El sondeo, realizado entre el 2 y 12 de abril, buscó mostrar cómo está atravesando la cuarentena este sector.
El relevamiento arrojó que «el 88 por ciento de las y los docentes sintió angustia y ansiedad durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. En tanto, el 85% tuvo dolores de cabeza y migrañas», y que «el 89 por ciento de las y los docentes padeció molestia, irritabilidad y sufrió complicaciones para dormir».
Además especificó que «un 74 por ciento de las y los educadores encuestadas/os sostuvo que combina el trabajo con el cuidado de niños, niñas, adultos mayores y enfermos. A raíz de esta situación de excepcionalidad, que provocó la pandemia, y la suma de obligaciones laborales y del hogar, ha generado que el 45 por ciento de las/os sondeadas/os les resulte agobiante realizar las actividades de enseñanza y cuidado al mismo tiempo y en sus casas».
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Casi la mitad de las trabajadoras porteñas no tiene con quien dejar a sus hijos si se levanta la cuarentena
El 46% de las mujeres porteñas no tendría con quien dejar a sus hijos en caso de ser exigida por su empleador para que regrese a la sede laboral si no hay clases en la Ciudad en medio de la pandemia. Entre los varones la cifra baja al 24%.
En tanto, entre los hombres consultados, el 24 por ciento dice que tampoco tiene con quien dejar a sus hijos si debe volver a su lugar de trabajo por una eventual la extinción de la cuarentena sin que se reactiven las clases en las escuelas.
A su vez, el 88% de las personas que tienen algún familiar en geriátricos de la Ciudad de Buenos Aires temen que se contagien de Covid-19 y el 56% ciento de los inquilinos de la Ciudad no están en condiciones de pagar el próximo alquiler.
Estas son algunas de la problemáticas que se desprenden de la cuarentena obligatoria aplicada en el país para contener la propagación del coronavirus, según un relevamiento del Observatorio Gente en Movimiento.
El observatorio generó el índice de «Calidad de vida durante la crisis del Covid-19», que es elaborado mensualmente por un equipo multidisciplinario de profesionales del observatorio que coordina la diputada nacional Gisela Marziotta.
«Si bien es necesario sostener el aislamiento social obligatorio, también lo es atender con urgencia ciertas demandas de los vecinos y vecinas que, de no atenderse, profundizarán aún más las desigualdades en la Ciudad», dijo la coordinadora.
Entre las principales preocupaciones de los porteños y las porteñas se encuentra la imposibilidad de pagar el alquiler: unos 202.000 hogares no podrá pagar el alquiler de junio, dice el informe.
Esa situación se agrava en la zona centro donde sólo el 21 por ciento podrá cumplir con el pago de su alquiler, dice el estudio.
Los contagios masivos en los geriátricos fue otro de los temas centrales del nuevo informe, dado que, según las últimas cifras otorgadas por el gobierno porteño, en la Ciudad hay 558 geriátricos privados en los que viven 15.961 adultos mayores.
Según este reevamiento, casi nueve de cada diez porteños temen que sus familiares se enfermen de COVID-19 en el geriátrico.
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Textiles fueguinas recibieron el ATP, pagaron lo que quisieron y ahora abren retiros voluntarios
Las textiles de Tierra del Fuego recibieron la ayuda estatal para pagar los salarios, pero terminaron abonando montos muy por debajo del 75%. Para peor Textil Río Grande abrió un plan de retiros «voluntarios». El gremio de Empleados en estado de Alerta y Movilización.
El Sindicato de Empleados Textiles (Setia) se declaró en estado de alerta y movilización en su seccional de Tierra del Fuego. Es que, según se conoció en las últimas horas, las firmas de la actividad de la provincia más austral del país todavía tienen deudas salariales, a pesar de haber accedido al apoyo estatal.
Las empresas del sector fueron beneficiadas con la ayuda estatal por intermedio del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que dispuso el Gobierno para contener la crisis del sector privado, sin embargo se negaron a pagar el resto de los haberes.
«La mayoría de los trabajadores ha percibido el ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) propuesto por el Gobierno Nacional y solo un 15%, 20% del pago que correspondiere hacer a los empleadores», explicaron desde el Setia a InfoGremiales.
Desde el sindicato advirtieron que las remuneraciones percibidas por los empelados ronda entre un 55%, 58%, y que las empresas tienen la obligación de pagar el 100% de los salarios. «El único esfuerzo y sacrificio es de nuestro Gobierno Nacional y el de los trabajadores», señalaron.
Por último hicieron énfasis en el caso de la Textil Río Grande que abrió un «lamentable plan de retiro voluntario para sus empleados cuya oferta no alcanza los valores reales de indemnización de cada uno de ellos. Dejando así muchas familias más en estado de vulnerabilidad».
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Desocupados de la construcción cortaron las rutas de Cutral Có y Plaza Huincul
(Por Ana Flores Sorroche @anisjoplin) A la crisis de los petroleros neuquinos se suman los trabajadores dependientes de la UOCRA que denuncian que Techint y las petroleras están trayendo trabajadores de otros lugares mientras el desempleo crece en la región.
Como en la década del noventa, los trabajadores desocupados cortan las rutas, aún en plena pandemia, reclamando al gobierno provincial propuestas para afrontar la crisis de desempleo que se viene desarrollando en Neuquén, y a la UOCRA que regularice la situación de la regional. El pico de medidas de fuerza se produjo el miércoles pasado 13 de mayo, cuando la provincia se despertó con cinco cortes de ruta en simultánteo, cuatro de los cuales eran del gremio de la construcción.
Braian Sánchez, delegado de los 70 trabajadores que protestaron en Cutral Có y Plaza Huincul, en diálogo con InfoGremiales sostuvo que «la situación es desesperante. No tenemos comida para nuestras familias», sin embargo aclara que no buscan una escalada del problema. «Apenas llegó la orden de desalojo nosotros dejamos en claro que no buscamos conflicto, sólo queremos una respuesta, queremos trabajo porque no se puede sobrellevar esto ya.»
La situación de desempleo no es nueva, pero reapareció con la pandemia: «Nosotros veníamos desempleados desde muchísimo antes. Habíamos empezando a trabajar, trabajamos un mes, nos agarró la cuarentena y nos mandaron la baja a todos.«
Sánchez forma parte de la Agrupación Gremial OCN (Obreros Constructores Neuquinos), que está conformada por trabajadores afiliados a la Uocra. Presidida por Carlos Santana, buscan participar de elecciones por la regional pero el sindicato en Neuquén está intervenido desde 2017, con varios escándalos, enfrentamientos armados y hasta un muerto, sin novedades de regularizar la situación por el momento.
Mientras tanto, la OCN busca armar una mutual nueva: «La mutual de Uocra no nos sirve de nada acá, no hay clínicas afiliadas. Nos descuentan la plata de la mutual nacional, la plata va a Buenos Aires pero nosotros no tenemos ningún beneficio de eso». Pero la agrupación no tiene personería gremial «No la quieren reconocer, ni nos dan elecciones para participar. No sé si Gerardo Martínez está enterado de lo que está pasando acá realmente.», se pregunta.
El mayor problema es que entre las internas los trabajadores quedan a la deriva: «Al no estar el gremio normalizado las empresas hacen lo que quieren, a nosotros nos echaron a todos de Techint, de Sacde, de Víctor Contreras, de Contrera Hermanos, de Tescom. No hay nadie que te defienda, te echan, no importó el decreto del presidente.», disparó.
Por ser trabajadores de la construcción, el convenio del sindicato les debería garantizar dinero del fondo de desempleo pero afirma Sánchez que no les dan nada y como, por el mismo convenio, por tres meses el sindicato les cubre esa mutual que no les cubre nada, entonces no cobran nada ni acceden a las ayudas que da el Estado nacional.
La tasa de desempleo en la provincia en el último trimestre de 2019 le había dado al INDEC 5.7%, 3.2 puntos por debajo de la tasa a nivel nacional pero tras la coronacrisis, Braian Sanchez asegura que el aumento se está haciendo sentir. «Yo calculo que desocupados por la pandemia habrán quedado 6000 por Uocra de Neuquén. Nosotros peleamos por que se tenga más en cuenta a la mano de obra local».
Según relatan los trabajadores, llevan camionetas con trabajadores de otras provincias, entrados ilegalmente a Neuquén y trasladados por las empresas que siguieron trabajando, con el fin de abaratar costos. El trabajador de la construcción local es más caro que llevar obreros de Buenos Aires o San Juan. «Todos tenemos derecho a trabajar pero acá estamos desocupados, pedimos que se tenga en cuenta al trabajador local», explica.
Tras preguntarle cómo se las arreglan los trabajadores despedidos para sobrevivir sin dinero cerró: «Sinceramente, no sé».
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Moroni ratificó las suspensiones en Mondelez que criticó Máximo y dijo que tiene «muy pocas» denuncias de despidos
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, confirmó el acuerdo de suspensiones en la alimenticia Mondelez que había criticado Máximo Kirchner. Además aseguró que los despidos son un «acto ilícito» y que en el ministerio tiene «muy pocas» denuncias.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, gambeteó la «sugerencia» que le hizo Máximo Kirchner desde el Congreso y ratificó el acuerdo de suspensiones con rebajas salariales en la alimenticia multinacional Mondelez. Además dijo que el ministerio tiene «muy pocas» denuncias por despidos y que sin denuncias no puede actuar.
En declaraciones a Radio Con Vos, el funcionario sostuvo que el acuerdo fue ratificado ayer mismo en una audiencia en la que participó la comisión interna y el Sindicato de Trabajadores de Industrias Alimenticias (STIAS), que lidera Rodolfo Daer.
«Ayer hubo una audiencia con el sindicato y la comisión interna de Mondelez. El planteo de la comisión fue que la empresa ratificara que vencido este plazo de suspensiones, reanuda (la actividad)», explicó Moroni.
«La realidad es que estando validado por el sindicato, por la comisión interna que representa a los trabajadores y siendo un acuerdo que cumple con las normas legales, es muy difícil» atender el pedido de Kirchner, detalló el ministro.
El miércoles pasado, durante la sesión en Diputados, Máximo le había pedido que revea el aval a ese acuerdo. «Mondelez, fábrica de alimentos, puso a los trabajadores a producir golosinas bajo el paraguas de ‘industria alimenticia y servicio esencial’, se stockeó todo lo que pudo bajo el valor actual para venderlo vaya a saber cuándo, y le baja el sueldo a los trabajadores suspendiendo la actividad. Equivocadamente, el Gobierno le homologó ese acuerdo», criticó.
«Espero que se corrija. No tengo problemas en decir esas cosas. No me quiero arrepentir de defender a los que tenemos que defender. No puede ser que siempre ellos sean los primeros», advirtió el hijo de la vicepresidenta.
Además, el ministro habló de la situación del golpeado mercado de trabajo en el contexto de pandemia y de los despidos. Moroni aseguró que «los despidos están en etapa de prohibición» y que no tenía conocimiento de casos: «Denuncienlós porque es un acto ilícito».
Cuando le preguntaron por casos concretos, el funcionario remarcó que en la cartera «Tenemos muy pocos casos de denuncias y es muy difícil actuar para el Ministerio si alguien no viene y plantea las cosas».
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Bronca de los empleados porque Disco se niega a cerrar y los obliga a rotar por sucursales con Covid-19
La cadena se niega a cerrar las sucursales en las que hay contagios de Covid-19 y hace rotar a los trabajadores por ellas. Además los gerentes no respetan la cuarentena. Los delegados ya organizan una protesta.20/05/2020 00:04:00
El brote de contagios de Coronavirus en supermercados se aceleró fuerte en las últimas jornadas. Ya fueron casi dos decenas los infectados en los últimos días y las empresas no parecen hacer mucho para detener la situación. Más bien algunas parecen ayudar a propagarla.
Eso es lo que ocurre en Disco, supermercado del conglomerado chileno Cencosud, que tiene 3 tiendas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los que se confirmaron casos de Covid-19 en las últimas horas. Sin embargo, según denuncian sus empleados, la empresa se niega a cerrar, desinfectar y poner a quienes tuvieron contacto con ellos en aislamiento.
La decisión de la firma es rotar a sus empleados de una tienda a la otra para así evitar que estén cerradas. Eso tiene como perjuicio que los trabajadores pueden llevarse el virus a su puesto laboral original.
«No cierran los locales. Desde el Gobierno de la Ciudad nadie nos da bola y nadie controla a los supermercados», explicó a InfoGremiales uno de los referentes de los delegados de Disco.
Por caso el Disco 18, ubicado en la Avenida Quintana, tuvo un caso positivo el domingo y en lugar de cerrar siguió trabajando con gente de otros locales. Lo mismo ocurrió el Disco 237, de Beiró.
Lo más grave sucedió en la sucursal 35, emplazada en la calle Uriburu, que las pocas horas que estuvo cerrada siguió trabajando con repartos y que además tuvo al gerente que rompió el aislamiento. Se trata de Eduardo Barbeti que en lugar de quedarse en cuarentena fue filmado mientras «sacaba» pedidos exponiendo a mucha gente al contagio.
Ante la falta de respuestas y el descontento de los trabajadores, los referentes gremiales de todos los locales empezaron a preparar una protesta. La medida de fuerza tiene como objetivo llamar la atención del Gobierno porteño, del Ministerio de Trabajo y del Sindicato de Empleados de Comercio.
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Neuquén le sacó la concesión de las minas de Andacollo a Trident Southern Explorations que se fue sin pagar sueldos
Los mineros siguen en protesta divididos entre la ruta 22 y la ciudad judicial de Neuquén capital. El gobernador Omar Gutiérrez despegó a la multinacional del conflicto y ofreció una «ayuda económica» para que levanten el corte pero los trabajadores reclaman lo que les deben y la continuidad de los puestos de trabajo.
Los trabajadores de las minas de Andacollo esperan respuesta del gobierno provincial de Oscar Gutiérrez, tras quedar fuera del esquema la ex concesionaria Trident Southern Explorations que se retiró del proyecto sin pagar sueldos ni indemnizaciones. Le debe también más de 24 millones de pesos a proveedores locales y 1,9 millones de dólares a la minera estatal Cormine. Tras el cuarto intermedio, hoy siguen las negociaciones entre los trabajadores y el gobierno.
Ayer se reunieron con funcionarios provinciales, que les ofrecieron una ayuda económica de 20 mil pesos a cambio de que levanten el corte que mantienen en la ruta 22 y el acampe en la ciudad judicial de Neuquén Capital.
InfoGremiales dialogó con el secretario general de la regional de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Gustavo Sepúlveda, que explicó el motivo por el que rechazaron la oferta: «La ayuda económica que ofrecen no alcanza para los trabajadores y al menos al día de hoy no pudieron garantizar que los trabajadores van a seguir teniendo trabajo, ni que van a cobrar las indemnizaciones», relató.
El día domingo 17 con un operativo policial les prohibieron el ingreso de víveres y baños químicos al acampe debido a una orden del fiscal Pablo Vignaroli, mientras están constantemente rodeados. Por este motivo, se acercaron al lugar de la protesta la concejala Angélica Lagunas, el diputado provincial Andrés Blanco, el obispo de Neuquén. Fernando Croxatto y referentes de la APDH de Neuquén.
Mientras tanto, según consignó el portal Río Negro, el gobierno provincial busca otra empresa concesionaria: «Comprendemos la importancia y el impacto del proyecto minero de Andacollo pero no es intención estatizarlo, de hecho el gobierno trabaja en la continuidad del complejo a través de la búsqueda de nuevos inversores», remarcó el presidente del bloque del MPN, Maximiliano Caparroz.
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Metalúrgicos denunciaron que Acindar «extorsiona a los trabajadores para que acepten suspensiones»
El dirigente de la seccional La Matanza de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Horacio Acuña, denunció que algunas empresas «no abonan los salarios en término, otras malinterpretan el término ‘tareas esenciales o exceptuadas’ y, otro sector patronal, de forma directa suspende o despide unilateralmente a trabajadores, como es el caso típico del oligoplio Acindar».
Acuña sostuvo en un comunicado que «los trabajadores viven una inédita y compleja situación a partir de graves conflictos y, en especial, por el escenario post cuarentena, que invariablemente será complejo e inédito también», aseveró.
«Acindar, un monstruo que acumuló riquezas durante décadas a partir de la producción y favorecido por el dólar y la bolsa de valores, ahora extorsiona a los trabajadores para que acepten suspensiones y, si son rechazadas, de manera directa despide y reduce salarios», puntualizó el dirigente en el documento.
Acuña, de la UOM matancera, obrero de la compañía Metalúrgica BP S.R.L. y adjunto del secretario general Hugo Melo, señaló su «preocupación» ante la situación de miles de pequeñas y medianas empresas (Pymes) que desconocen ‑según dijo- «si podrán o no continuar operando luego de la emergencia».
«La UOM es consciente de esa realidad. Gran cantidad de empresarios actúan con responsabilidad y, por ello, el gremio acompaña iniciativas para la continuidad productiva y sin afectación salarial. Así como se flexibilizaron las cargas fiscales, hay que analizar la condonación de impuestos, tasas y servicios», expresó.
El dirigente gremial, quien mantiene hondas diferencias con Melo, añadió que «se impone el debate de ideas y proyectos sin necesidad de farandulear».
En ese sentido, sostuvo que su experiencia demostró a lo largo de los años que algunos dirigentes «se parecen al tero, porque ponen los huevos en un lado y cantan en otro», y denunció que «las condiciones de la atención de la salud de los metalúrgicos en La Matanza son paupérrimas y se agravaron en los últimos tiempos, ya que no se entrega medicación y no hay guardias pediátricas», remarcó.
Por último y, ante la incertidumbre respecto de la extensión de la pandemia, Acuña se pronunció por «la preservación de los puestos de empleo y los derechos y la necesidad de negociar paritarias ante el deterioro salarial», concluyó.
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Fracasó una nueva audiencia entre los gremios aeronáuticos y la empresa LATAM
“Una vez más, la audiencia fracasó por la intransigencia de la empresa, su falta de disposición a negociar seriamente y la notoria ausencia de sus principales representantes en Argentina”, indicaron los gremios aeronáuticos, quienes adelantaron que la empresa se apresta a realizar despidos masivos de personal.
“Reparten millonarios dividendos en dólares, en su casa matriz en Chile, y continúan preparando el despido masivo de personal como lo han hecho en otros países latinoaméricos”, remarcaron los gremios aeronáuticos APA, APLA, APTA, y UPSA.
“Los directivos de LATAM demostraron su decisión de aplicar una reducción unilateral del 50% de los salarios de su personal, al mismo tiempo que usufructúan el apoyo del Estado argentino vía el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) en beneficio propio, reparten millonarios dividendos en dólares, en su casa matriz en Chile, y continúan preparando el despido masivo de personal como lo han hecho en otros países latinoaméricos. Es decir que no aportan un solo peso más a lo decidido originalmente, y la única mejora a los salarios se la hacen pagar al Estado nacional”, describen en un comunicado los gremios aeronáuticos APA, APLA, APTA, y UPSA.
Luego resaltan, “resulta sorpresivo que el propio Ministro de Trabajo de Nación haya sostenido, en declaraciones periodísticas, que desconocía el contenido del conflicto con el grupo LATAM, cuando es público y notorio que ya se han sucedido numerosas reuniones por este tema en dicho Ministerio”, y agregan, “nos resulta muy preocupante que el Ministro Moroni diga desconocer un conflicto de tanta trascendencia”.
“Continuaremos exigiendo por todos los medios a nuestro alcance que se intime a dicho grupo empresario y se lo obligue a acatar las normas legales de nuestro país”, finaliza el comunicado que lleva la firma de los Secretarios Generales de los gremios antes mencionados, Edgardo Llano, Pablo Biró, Ricardo Cirielli y Rubén Fernández.
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Apoyo a trabajadoras y trabajadores de Crónica y BAE Negocios
El SiPreBA reclama el pago completo e inmediato de los salarios y se pone a disposición de las y los compañeros.
El SiPreBA expresa su apoyo a los trabajadores y trabajadoras de los diarios Crónica y BAE Negocios, que a diez días de que termine mayo aún no cobraron la mitad de los salarios de abril, tal cómo sucede en distintos medios comunicación del país y como hemos denunciado públicamente y ante el Ministerio de Trabajo en los casos de Editorial Atlántida o Diario Popular.
El Grupo Olmos, dueño de esos medios y de numerosas empresas de salud y de seguros, comenzó a pagar en cuotas y todavía no completó los sueldos pese a haber vencido el plazo legal. Lejos de enfrentar una situación de crisis, el grupo celebró recientemente haber multiplicado su audiencia en los últimos meses. Sin embargo, en busca de una asistencia del Estado, mantiene a sus trabajadores de prensa sin la mitad de sus ingresos.
Desde el SiPreBA, solicitamos el pago de los salarios completos de forma inmediata y nos ponemos a disposiciones de los compañeros y compañeras de Crónica y BAE.
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Ledesma, Techint, Clarín y Vicentin ya ingresaron al programa ATP para pagar sueldos
Entre las empresas beneficiadas por el programa estatal también se encuentra Cheeky, largamente cuestionada por el trabajo infantil y propiedad de la ex primera dama, Juliana Awada.
Ingenio Ledesma
Las grandes corporaciones económicas siguen accediendo a la Ayuda para el Trabajo y la Producción facilitado por el Gobierno Nacional para hacer frente al estancamiento productivo generada como consecuencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado para hacer frente a la pandemia del nuevo coronavirus.
A través del decreto 332⁄20 el Gobierno Nacional dispuso la creación de un programa que le permite a las empresas acceder al pago de los salarios de sus trabajadores, al tiempo que posterga o reduce hasta el 95% los aportes patronales para las empresas que no superaran los cien trabajadores.
El decreto 376⁄20 modificó la estructura operativa del programa y le otorgó al Anses la responsabilidad de acreditar el salario del trabajador o la trabajadora directamente a la cuenta informada por la empresa. En esa disposición se aumentó el valor de la ayuda otorgada por el Estado Nacional hasta llegar a cubrir 33.750 pesos, la suma equivalente a dos salarios mínimo, vital y móvil.
Finalmente, por decisión del Gobierno, se autorizó a las grandes empresas, con una nómina de personal mayor a 800 personas, a acceder al beneficio. Al mismo tiempo, flexibilizaba las condiciones de facturación para acceder al mismo por parte de las empresas. Si bien originalmente el programa estaba diseñado para aquellas firmas excluidas de ser actividad esencial, o bien, registrar una caída de la facturación del 30%, la nueva etapa establece apenas haber registrado pérdida de un 5% de la facturación.
Una gran conquista de las cámaras empresariales, especialmente de AEA que reúne a las grandes corporaciones económicas que operan en el país, y sobre la que tienen un control histórico empresas como Clarín o Techint.
La semana pasada, el sitio El Destape, dio a conocer que Héctor Magnetto logró acceder al beneficio de la Ayuda para el Trabajo y la Producción, lo mismo Paolo Rocca de Techint.
Lo paradójico es que ambas empresas están involucradas directamente en maniobras de flexibilización de las condiciones de trabajo y salariales de sus trabajadores. Las suspensiones dispuestas por Techint apenas iniciado el aislamiento social tuvieron enorme publicidad y provocaron un decreto que prohibía despidos y suspensiones, aunque su espíritu se frustró en breve ante el acuerdo UIA y CGT que homologara el mismísimo Ministerio de Trabajo.
Gustavo Nardelli (Vicentin), Pedro Blaquier (Ledesma), Paolo Rocca (Techint)
Clarín, por su parte, atraviesa un extendido conflicto con las trabajadoras y los trabajadores de prensa que actualmente están cobrando su salario en cuotas.
Lo mismo la empresa Ledesma, de la familia Blaquier, quien pudo acceder al beneficio a pesar de registrar enormes ganancias y flexibilizar a sus trabajadores durante toda la cuarentena.
Comunicación oficial de Ledesma a sus trabajadores
También, tuvo relevancia que la empresa de Juliana Awada, ex primera dama de la Argentina, Cheeky, largamente denunciada por explotación infantil en el trabajo, tuvo acceso al programa que permite pagar salarios con aportes del Estados Nacional.En una investigación de InfoNativa revelada hoy, también se logró comprobar que la firma Vicentin SAIC, acusada de una monumental estafa al Banco Nación en connivencia con su anterior presidente, Javier González Fraga, ha sido beneficiada con el programa ATP, y sus gerentes, directivos y familiares de los propietarios, incluso, han cobrado el 15 de Mayo una parte de sus salarios, depositados por el ANSES.
Techint, Ledesma y Clarín son empresas monopólicas en sus respectivos sectores, han multiplicado sus ganancias durante años, y en un entrevero formidable de empresas vinculadas, han emprendido una monumental fuga de capitales que deterioran la economía nacional.
Los fondos de ayuda otorgados por el gobierno a las grandes empresas que operan en el país, coinciden en forma sistemática, con enormes presiones que sufre el Banco Central sobre la cotización del dólar. Y esto se debe a que las empresas extranjeras y las corporaciones locales, al tiempo que demandan ayuda oficial, dolarizan sus carteras y presionan para fugar la plata al exterior.
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Denuncian que Techint recibió 10 mil ATP: “El equivalente a asistir a mil pymes”
Leo Bilanski, titular de ENAC, expresó que esta empresa “no necesita ni cualitativa, ni cuantitativamente una ayuda económica; ni en pandemia, ni en guerra”.
Leo Bilanski, titular de ENAC
En el marco del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) impuesto por el gobierno nacional, sobre el pago del 50% del sueldo a empresas, Leo Bilanski, titular de la Asociación de Empresarios Nacionales Para el Desarrollo Argentino (ENAC) expresó en diálogo con Radio La Plata (FM90.9) que Techint Construcciones “recibió 10 mil ATP” y “es una empresa con sede en paraíso fiscal y que está entre las 500 más grandes de argentina”.
El gobierno nacional no discriminó las compañías a las que se las otorgó; algo que las pymes repudiaron enérgicamente: “Asistir a Techint, es equivalente a asistir a mil pymes que además están redistribuidas en el territorio de manera federal, por lo que se sostendría un poco el sistema económico interno, y no a empresas de un miserable que decide fugar dinero”, detalló Bilanski y agregó que estas compañías “no necesita ni cualitativa, ni cuantitativamente una ayuda económica; ni en pandemia, ni en guerra”.
Bilanski aclaró que la compañía de la que es CEO Carlos Eduardo Bacher, comprende a más de 500 trabajadores, siendo un total de 1.048, “con un salario promedio de 90 mil pesos. En una pyme el salario de 36 mil”, por lo que “la ATP, a una pyme le representa el 50% del ingreso pero en una gran empresa, parece que la ayuda de 17 mil no representa una gran magnitud; no ha condiciones de sentido común para otorgarle dicho beneficio”.
En este sentido el comité de evaluación de la ATP decidió en el día de ayer endurecer los requisitos y controles para las empresas que reciban ayuda estatal para pagar salarios de mayo no podrán recomprar sus acciones ni distribuir utilidades sin importar la cantidad de empleados que tengan y se evaluará la situación financiera de todas las firmas, más allá de sus ventas.
Sin embargo para el titular de Enac, las medidas paliativas tomadas por el gobierno nacional, “no alcanzan”. “En términos de recursos, los envía permanentemente a un pozo negro que es la crisis, que no tiene fin. Todo lo que se ponga parece que no se alcanza”.
Para concluir, Bilanski dejó en claro su postura, puntualizando que el problema no es culpa del presidente, Alberto Fernández, “pero cada 15 días y en cada tramo de cuarentena, hay que ajustar la sintonía fina para que no pasen esas cosas, para que las grandes empresas no se cuelen en los beneficios de las pymes”.
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