Resumen Latinoamericano, 20 de mayo de 2020
En 1921 la segunda reforma del
Código Penal habilitó la posibilidad de interrumpir embarazos que fueran
consecuencia de una violación. Actualmente, de acuerdo con el artículo 86 del
Código Penal y la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el
caso “F.A.L” de 2012, las personas tienen derecho a la interrupción legal del
embarazo en 3 casos:
-Si
el embarazo representa un peligro para la vida de la mujer y este peligro no
puede ser evitado por otros medios;
-Si
el embarazo representa un peligro para la salud de la mujer (entendida la salud
como el bienestar físico, mental-emocional y social)
-Si
el embarazo proviene de una violación.
A
nivel internacional, en 1984, la ONU calificó a la obligación a gestar y parir
como trato degradante, inhumano y tortura.
Asimismo,
el abuso sexual contra la infancia, es considerado como una vulneración grave
de los Derechos Humanos. En Argentina, según datos de Ministerio de Salud, el
47% de las niñas víctimas de abuso sexual tienen entre 5 y 12 años. María, la
niña a la que negaron sus derechos en el sistema de salud de Santiago del
Estero, tiene 12 años.
Estos
datos, son apenas algunos de los que permiten ver que una niña de 12 años
embarazada no es un caso aislado, ni un problema personal, individual o
privado. Con todos estos antecedentes resulta impensable e indignante la
inacción y desidia en las reparticiones públicas.
Sin embargo, a María y a su madre les mintieron sobre la edad gestacional de su feto para poder proceder sin problema a la hora de justificar por qué no accionaron cómo correspondía según la ley.
Los/las agentes del Estado tienen la obligación de conocer y hacer cumplir la ley sin dilaciones, pero eso no sucede en el hospital Maternidad e Infancia de Santiago con el Dr. Pedro Carrizo, objetor de que se practique las interrupciones a niñas que sufrieron abusos sexuales.
Exponer, demorar y no informar debidamente sobre los derechos que asisten a las ciudadanas, es una falta grave a sus obligaciones. Y el Ministerio de Salud de la Provincia debería dar respuestas inmediatas y hacerse cargo de este pedido ante este caso tan atroz.
Desde la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito exigimos que haya consecuencias para quienes han bloqueado el acceso a los derechos de la niña.
Para
acceder a la interrupción legal del embarazo es necesaria una consulta con un
profesional de la salud, en un ámbito confidencial. A María, se lo negaron. Le
mintieron, y la revictimizaron. En el caso de una violación no es necesaria una
denuncia policial. María tenía 2 de 3 causales.
En
2015, el Ministerio de Salud de la Nación publicó el Protocolo para la Atención
Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo
(Protocolo ILE) con el fin de estandarizar prácticas y garantizar el acceso a
este derecho, el mismo fue actualizado a fines del 2019 por el actual Ministro
de Salud, pero Santiago del Estero aún no adhirió al mismo.
En este contexto, el reclamo por aborto legal, seguro y gratuito es más actual que nunca. Es evidente la necesidad de que este derecho esté al alcance de todas las mujeres argentinas. Someter a una niña pobre a continuar un embarazo producto de una violación, es reproducir esas mismas condiciones y expectativas de vida a las generaciones futuras.
Nuestros
reclamos son más fuertes que nunca. Seguiremos levantando la voz por María, por
Lucía, por Belén y por todas las mujeres que son obligadas a poner su cuerpo
para satisfacer deseos ajenos.
Recordamos y expresamos enfáticamente la exigencia de que la Provincia de Santiago del Estero debe adherir y garantizar el protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, como así también, respetar la Convención sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, en tanto en 2018 reafirmó el pedido a nuestro país: “Argentina debe asegurar el acceso a servicios de aborto seguro y atención posaborto para niñas adolescentes, garantizando que sus opiniones siempre se escuchen y se tengan debidamente en cuenta como parte del proceso de toma de decisiones”.
No
queremos más niñas víctimas de violación, ni obligadas a gestar embarazos no
deseados.
#NiñasNoMadres
#AdhesiónAlProcoloILEYa!
#Educación Sexual para Decidir,
#Anticonceptivos para no abortar,
#Aborto legal para no morir.
Fuente: Diariofemenino.com.ar
