Resumen Latinoamericano, 27 de mayo de 2020 .- Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremial, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Corriente Sindical Federal, Canal Abierto, ANRed, Estado de Alerta y Agencias
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Seis de cada 10 hogares del AMBA vio reducidos sus ingresos un 50% o más durante la cuarentena
El 38,8% de los hogares del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) vieron reducir sus ingresos hasta un 50% durante el aislamiento obligatorio, mientras que para el 18,8% la merma fue incluso mayor, según un informe sobre el impacto del aislamiento elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica Argentina (UCA).27/05/2020 17:44:00
Estos números relevados en los Estudios Impacto Social de las Medidas de Aislamiento Obligatorio por Covid-19 en el AMBA ponen de manifiesto las dificultades que existen para una importante parte de la población para acceder al consumo básico, una situación con mayor incidencia en el conurbano.
La UCA aclaró que la encuesta COVID19, que abarcó a 1776 casos, es una versión abreviada de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) y no permite una medición comparativa fiable de la tasa de pobreza por ingresos, cuya estimación se conocerá en diciembre.
El trabajo dado a conocer esta tarde reveló que la insuficiencia objetiva de ingresos corrientes de los hogares durante la cuarentena, «se hizo más pronunciada entre los hogares del conurbano bonaerense, los hogares con niños y aquellos pertenecientes a la clase trabajadora marginal y al estrato muy bajo, entre otras variables de desigualdad social».
Entre julio-octubre 2019 y mayo 2020, se observa que el déficit de ingresos en los hogares «se incrementó de manera significativa, pasando de 13,5% a 29,4%» pero si se evalúa en términos de trayectorias, «el 8,2% de los hogares tuvieron déficit en la capacidad de consumo en ambos años, mientras que un 21,2% empeoró su situación del 2019 al 2020».
El trabajo advierte que «se observan importantes disparidades» en el conurbano bonaerense, donde «el deterioro de recursos fue más marcado en los hogares que eran pobres en 2019, que no contaban con empleo registrado ni acceso a la seguridad social, aquellos pertenecientes al estrato trabajador marginal y en unidades domésticas que percibían programas sociales en 2019».
En cuanto al impacto laboral de la pandemia, según los datos del Observatorio, el 8,2% de los ocupados perdió su empleo o no puede realizar su actividad por cuenta propia, el 39,3% está suspendido o debió dejar de trabajar, el 4,2% tiene licencia por ser parte del grupo de riesgo, el 22% está trabajando menos horas y sólo el 26,4% sigue trabajando como siempre o más horas.
En este aspecto, los trabajadores del conurbano bonaerense presentan una situación más adversa que los de CABA; el 9,8% perdió el empleo o se quedó sin trabajo y el 41,6% está suspendido o debió dejar de trabajar, en comparación con el 3,3% y el 32%, respectivo de los trabajadores de la ciudad.
En cuanto a los ingresos, de los trabajadores del conurbano el 21,7% no tuvo y al 43,6% se le redujeron los ingresos laborales, en comparación con el 13,7% y el 45,9%, respectivos de los de la CABA, mientras que sólo el 34,6% y el 40,4% recibieron los mismos o más ingresos.
Como consecuencia de esta situación, el 38,2% de los hogares tiene la autopercepción de que los recursos monetarios corrientes recibidos por el hogar durante la cuarentena no les alcanzaron para cubrir sus gastos básicos, lo que asciende a 45,5% y 58,7% en las unidades domésticas del conurbano bonaerense y en aquellos que eran pobres en 2019, respectivamente.
En el otro extremo, un 11,4% de los hogares pudieron incluso ahorrar y un 50,5%, declaró que los ingresos les alcanzaron para cubrir sus gastos, siendo superiores estos porcentajes en los hogares de CABA y entre aquellos que no estaban en condición de pobreza en 2019.
Los ocupados que residen en hogares que en 2019 se encontraban en situación de pobreza «vieron aún más reducidos sus ingresos que el resto», se advirtió, ya que no cobró ni tuvo ingresos el 25,1% de los trabajadores de hogares pobres y el 50,5% vieron reducidos sus ingresos.
Finalmente, la mayor proporción de ocupados que no cobró ni tuvo ingresos se observa en los socios, patrones o empleadores, en los trabajadores que tenían trabajos temporarios o changas y en los trabajadores por cuenta propia no profesionales; 44,4%, 32,7% y 29,2% respectivamente.
En tanto, la proporción de trabajadores que vieron reducidos sus ingresos se dio en mayor medida en los empleados en casas de familias, los trabajadores por cuenta propia no profesionales y los socios, patrones o empleadores; con el 65%, el 55,6% y el 55,6%, respectivamente.
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La CTA Autónoma expuso las necesidades urgentes de trabajadoras y trabajadores ante Claudio Moroni
La Central fue convocada nuevamente por el ministro a una reunión en la sede de la cartera laboral, donde se plantearon varios conflictos que requieren ser abordados en lo inmediato para paliar las consecuencias económicas que padece la clase trabajadora.Compartir este articulo:
Mediante la representación del Secretario General de la CTAA, Ricardo Peidro, y su Adjunto, Hugo “Cachorro” Godoy, se pidió, en primer término, por una convocatoria más amplia, ya sea a través de la mesa de diálogo o el consejo económico y social, que no solo incluya a las tres centrales sindicales, sino también a los representantes de las pymes, las organizaciones sociales y la economía popular.
Durante poco más de dos horas, los dirigentes y Moroni intercambiaron propuestas y aspectos estructurales para los trabajadores y trabajadoras que aún deben resolverse, pero también analizaron los problemas coyunturales que provoca la crisis derivada de la pandemia.
Además, se expusieron conflictos particulares de las organizaciones gremiales y sociales que integran la CTAA y que merecen particular atención por parte del Ministerio de Trabajo.
Por último, se reiteró el pedido para que se reconozca a la actividad sindical como esencial mientras perdure el aislamiento social preventivo y obligatorio, principalmente ante el desconocimiento que demuestran muchas patronales para respetar los derechos de trabajadoras y trabajadores.
El ministro Moroni prometió ocuparse de las diversas propuestas y pedidos, y se mostró abierto a la idea de convocar a reuniones con cada sector para comprender su situación y encarar una mejor solución.
A su vez, el funcionario abrió una línea de diálogo permanente con la CTA Autónoma, dentro del Ministerio de Trabajo, para tener ampliar y profundizar su conocimiento sobre los conflictos que deben abordarse con urgencia.
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Huelga en Córdoba
Bancarios también van al paro contra la reforma jubilatoria en Córdoba
Sergio Palazzo confirmó un paro de 24 horas, en Córdoba, contra la reforma previsional para este miércoles 27. Se suman a otros gremios como los estatales y judiciales. La semana pasada, la legislatura provincial aprobó el proyecto de ley que fue impulsado por el gobernador Juan Schiaretti.
Foto: Asociación Bancaria
El Secretario General de los bancarios, Sergio Palazzo confirmó un paro de 24 horas, en Córdoba, contra la reforma previsional para este miércoles 27. Se suman a otros gremios como los estatales y judiciales. La semana pasada, la legislatura provincial aprobó el proyecto de ley que fue impulsado por el gobernador Juan Schiaretti.
“Es un fraude consumado a espaldas de la sociedad, sórdido y oportunista en la conmoción de la pandemia”. De esta manera definió Sergio Palazzo a la reforma previsional impuesta en Córdoba que afectará los derechos de los trabajadores jubilados y activos. Por ello, la Asociación Bancaria convoca a un paro de 24 horas para el miércoles 27 de mayo.
La huelga se realizará con presencia en los lugares de trabajo (abarca también a quienes vienen trabajando bajo la modalidad del teletrabajo). Incluye en especial, a los trabajadores de las sucursales del Banco de Córdoba, a la Caja Previsional y a Lotería. Además, el sindicato va a permitirle a los bancarios transferidos concurrir a sus lugares de trabajo pero sin prestar servicio.
Los bancarios se suman a las jornadas de rechazo contra la reforma previsional convocada por la CGT Regional Córdoba que declaró dos días de repudio. En este marco, la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) irá a un paro de 48 horas (martes 26 y miércoles 27) y los gremios estatales realizarán manifestaciones desde la mañana. También reclamarán gremios como Luz Y Fuerza, Unión de Educadores (UEPC), el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) y Sindicatos de Empleados Públicos (SEP), entre otros.
El proyecto sancionado, de forma exprés, el miércoles pasado en la legislatura provincial fue impulsado por el Gobernador Juan Schiaretti para buscar reducir el déficit previsional de la Provincia a través del recorte de haberes, modificaciones en el cálculo y diferimiento de los aumentos.
En la cámara fue aprobada con 46 votos a favor, 12 en contra, 3 abstenciones y hubo 9 ausencias. El principal apoyo al proyecto fue del oficialista Hacemos Córdoba (PJ + Otros), mientras que fue rechazado por sectores de Juntos Por el Cambio y el Frente de Izquierda Unidad. Al respecto, el líder de los bancarios dijo: ““Tanto el Gobierno Provincial como quienes lo acompañaron en la decisión, en una legislatura vallada, saben de antemano del repudio de los trabajadores y el Pueblo de Córdoba”.
Además, Palazzo agregó: “No son los trabajadores, activos o jubilados, o los sectores populares cordobeses los que deben pagar una pésima gestión de la deuda de la provincia. Deben pagarla quienes se enriquecieron con un esquema socio económico inviable con el que, lamentablemente, se tuvo una complacencia que no precisamente ha sido por Córdoba ni por Argentina”.
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El Gobierno responde al pedido de la CGT y gira 3.150 millones a equilibrar las obras sociales
El gobierno nacional destinará $ 3.150 millones a compensar la caída de recaudación sufrida por los agentes del seguro de salud en abril último, y a adelantar reintegros a las obras sociales, a través de las resoluciones 465 y 466⁄2020 de la Superintendencia de Servicios de Salud publicadas hoy en el Boletín Oficial.27/05/2020 09:37:00
El Gobierno compensará la diferencia de recaudación de los agentes del seguro salud producida en abril respecto de marzo, para lo cual destinará $ 1.280 millones; y además otorgará otros $ 1.864 millones a 255 obras sociales, provenientes del Fondo Solidario de Redistribución que maneja la SSS, para que puedan hacer frente al pago de los prestadores privados.
La primera de las resoluciones, la 465⁄2020, otorga un apoyo financiero de excepción a los agentes del seguro de salud que hubieran sufrido una caída en la recaudación en abril en relación con marzo, para garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios de salud durante la vigencia de la pandemia de coronavirus, así como el pago en tiempo y forma a los prestadores para la continuidad de la atención de los beneficiarios.
Se trata de $ 1.279.818.836,91 que se distribuirán entre 160 obras sociales, como resultante de la diferencia entre la suma de recursos percibidos por aportes y contribuciones durante abril, y la recaudación percibida en marzo.
En tanto, la segunda resolución, la 466⁄2020, es una continuación de la 420⁄2020 que a principios de mes otorgó casi $ 4.000 millones a las obras sociales.
Luego de ese primer desembolso de fondos, la Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros de la SSS elaboró un informe técnico en el cual propició el dictado de una resolución para un nuevo pago a cuenta en concepto de adelanto de fondos a los agentes del seguro de salud.
Así, la nueva norma vuelve a aplicar el procedimiento de pago a cuenta a estos agentes, con saldos pendientes, y otorga $ 1.863.965.116 en concepto de adelanto de fondos del Sistema Único de Reintegros (SUR).
El pago será imputado como adelanto de fondos de las solicitudes presentadas por los agentes, pendientes de cancelación al día de la fecha y aquellas que se presenten en el futuro.
La Superintendencia destacó que a partir de la emergencia sanitaria «se produjo una limitación en la circulación de las personas, con el consecuente impacto en la economía, afectando a las empresas, a las actividades independientes y al empleo».
Al respecto, señaló que «la merma en la actividad productiva, consecuencia inevitable del aislamiento social, preventivo y obligatorio, se ve reflejada asimismo en la recaudación tributaria y, consecuentemente, en los recursos destinados a los agentes del seguro de salud».
En este marco, afirmó que «la situación descripta amenaza la cadena de pagos del sistema de salud, en momentos en los que este sector resulta clave para minimizar los impactos de la pandemia y brindar la debida atención de sus beneficiarios».
Remarcó que «la disminución de la recaudación repercute también sobre los recursos que deben ser destinados al Fondo Solidario, necesarios para hacer frente a las prestaciones médicas de baja incidencia y alto impacto económico y las de tratamiento prolongado, incorporadas al SUR, así como a la cobertura directa de las prestaciones básicas para personas con discapacidad».
En consecuencia, subrayó que «resulta necesario adoptar medidas adecuadas con el objeto de prevenir tales efectos y garantizar el adecuado servicio de los sanatorios, clínicas y demás prestadores de salud que atienden a los beneficiarios de la seguridad social durante la pandemia causada por el coronavirus».
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Coronavirus: habrá multas de hasta 17 mil pesos para aquellos que hostiguen al personal de salud
El Gobierno porteño presentó en la Legislatura un proyecto para incluir dentro del Código de Contravenciones, sanciones a los actos de discriminación y de hostigamiento contra el personal de las áreas de la salud, la seguridad y la justicia que trabajan en contacto con pacientes con coronavirus.
La iniciativa plantea dos modificaciones al Código que reúne las contravenciones, sobre aquellas conductas dañinas para las personas o los bienes particulares y colectivos respecto a las personas “esenciales” que en medio de la pandemia, arriesgan su vida para salvaguardar al resto de la sociedad.
Si bien reciben un fuerte reconocimiento de la gente que los aplaude en el mundo entero desde el inicio de la pandemia, hay una contracara de ésta situación que tiene tintes muy violentos y hasta denuncias judiciales por “contagio” como ocurrió en la provincia de Córdoba dos fueron imputados dos médicos, acusaron de ingresar el Covid19 a un geriátrico.
Las situaciones que están atravesando los profesionales de la Salud “son por demás complejas y consecuencia de la necesidad de “pluriempleo” que tiene el personal del sector, y de la “precarización y falta de seguridad en los ámbitos de trabajo en un sistema de salud que es lamentable”, vienen denunciando desde el Sindicato Médico Argentino (AMRA)
«La discriminación que sufre personal de la salud, personal policial y judicial, en razón de estar en contacto con pacientes infectados del mencionado virus, injuria gravemente su dignidad y evidencia la falta de solidaridad ciudadana por parte de quienes, en lugar de reconocer la grandeza con la que aquellos enfrentan esta dura realidad, los ofenden y aíslan socialmente por esa mera circunstancia», reza el proyecto que entró en debate.
El planteo contempla sancionar con multas de hasta 17 mil pesos o penas de hasta diez días de trabajo de utilidad pública a quien discrimine a personas que hayan «tomado contacto durante el desempeño de su función laboral con personas infectadas o casos denominados sospechosos de alguna enfermedad infecto contagiosa, o por cualquier otra circunstancia que implique exclusión, restricción o menoscabo, la inclusión.
Las situaciones aludidas en la propuesta legislativa fueron denunciadas en las últimas semanas, sobre todo, por trabajadores de la salud, a quienes, por ejemplo, los vecinos de edificio hostigaban y en algunos casos amenazaban para que dejaran su domicilio por su condición laboral, la cual los mantenía en contacto con personas enfermas de coronavirus.
El actual Código penaliza la discriminación por razones de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social y económica.
Por otro lado, impulsa que esos casos también sean considerados como agravantes a las contravenciones que castigan las conductas de hostigamiento, maltrato e intimidación.
Con la aprobación por unanimidad de la Ley Silvio, en el Congreso, se espera que pueda realizar un aporte para la protección de los profesionales de la salud porque “si no los cuidamos, no tendremos quien atienda los nuevos centros de salud que hemos preparado para enfrentar la pandemia”, señaló Bali Bucca, diputado de Consenso Federal e impulsor del proyecto.
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Médicos denuncian que no cobraron «ni un peso» del bono de 20 mil que les prometieron en el marco de la pandemia
Jorge Gilardi, presidente de la Asociación de Médicos Municipales porteños, dijo hoy que el personal de salud por el momento no percibió «ni un peso» del bono de $5 mil que había decretado el Gobierno en abril pasado para compensar los esfuerzos del sector al afrontar la pandemia del coronavirus Covid-19.27/05/2020 12:08:00
Gilardi sostuvo que se «fueron corriendo las fechas», pero el dinero nunca llegó a los trabajadores de la salud, aunque aseguró que en el Gobierno dicen que «el bono va a salir».
«Se prometió un bono para todo el equipo de salud y no solo para los médicos de 20 mil pesos, en cuatro meses. Se había confirmado con hechos y palabras, inclusive de la Presidencia. Primero era para fines de abril, después para el 20 de mayo, se fue hablando de diferentes fechas y estamos en la fecha que estamos sin cobrar», expresó Gilardi en diálogo con el programa Ruleta Rusa, que conduce Nancy Pazos por Rock and Pop.
Gilardi sostuvo que «inclusive se pidió a la Ciudad la nómina completa del personal de Salud para hacer efectivo el bono».
El 27 de marzo pasado se emitió el decreto 315⁄2020 en el que el Gobierno oficializó el pago del bono extra al personal de salud de 20 mil pesos, repartidos entre los meses de abril y junio, y en ese momento llegó a hablarse de que iba a ser extendido al personal de seguridad.
El dirigente sostuvo, en cuanto a los médicos, que «la dificultad económica es muy grande» a causa de resignar tareas que hacían por fuera de los hospitales, por los cuidados con la familia y por el hecho de estar expuestos continuamente a situaciones de aislamiento.
«Nosotros estamos tocando los timbres, estamos todos mal, pero la dificultad económica en la gente de salud es muy grande, todo lo que hacíamos fuera del hospital no lo hacemos más», expresó Gilardi.
El dirigente contó además que se apeló a distintos representantes gubernamentales y la respuesta es que «el bono va a salir», aunque está demorado.
«La respuesta en todos lados es que el bono se va a abonar», aseveró al respecto.
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Nueva resolución del Ministerio de Trabajo bonaerense
Nuevos instrumentos para la regulación del conflicto y las relaciones del trabajo en la provincia de Buenos Aires.
Hacemos llegar a los asociados de la AAL la Resolución 169⁄2020 del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que junto a la Res. 174⁄2020 que ya habíamos enviado pero también adjuntamos al presente, resultan muy importantes para el momento que están viviendo las relaciones laborales.
Si bien técnicamente, en el caso de la Res. 169, se trata de una reglamentación de los Procedimientos Preventivos de Crisis de la ley 24.013, en los hechos, la Provincia de Buenos Aires viene a dotar de un instrumento para ser utilizado en los conflictos que se suscitan por la restricción de derechos salariales en el contexto del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio vigente, bajo apercibimiento de considerarlas nulas y deber retrotraer la medida.
La Resolución 169, establece que la autoridad administrativa provincial, cuando «verifique, sea por denuncia de la asociación sindical, de trabajadores o terceros o aun de oficio, que el empleador ha adoptado despidos, suspensiones o cualquier medida” sin que se haya sustanciado el PPC, “intimará al cese inmediato de las mencionadas medidas o a dejar sin efecto las que se hayan decidido … a fin de velar por el mantenimiento de la relación de trabajo y/o el pago de los salarios caídos».
Por su parte, la Res. 174 establece que los despidos y suspensiones que se dispongan en violación a lo dispuesto por el art. 2 y en el primer párrafo del art. 3 del decreto PEN 329⁄2020 serán considerados como infracciones graves. Creemos que esta medida puede ser útil para disuadir a los empleadores que violen las normas protectorias laborales y las de emergencia que tienen la finalidad de preservar los puestos de trabajo y el goce íntegro de los haberes de todxs los trabajadores y en caso que igualmente violen estas normas, se apliquen las disposiciones que hagan cesar los actos ilegales y se las sancione conforme la legislación vigente.
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Trabajadores de la histórica pizzería Podestá reclaman sueldos adeudados
Un total de 34 empleados de los locales deJujuy y Rivadavia y Corrientes al 700, no cobran su salario desde marzo. Recibieron el pago del Gobierno, pero al tener parte de su sueldo en negro, la ayuda no alcanza.
La histórica pizzería Podestá de Once es un símbolo de la gastronomía porteña desde 1887. Hace pocos años, abrió una sucursal en la avenida Corrientes 702, hoy ambos locales están cerrados. Sus 34 trabajadores no cobraron ni los salarios de marzo, ni de abril. Cansados de no tener respuesta, decidieron arriesgarse en plena pandemia y reclamar todos los días paraditos en la puerta del local de Jujuy y Rivadavia.
Las vidrieras de la Podestá están empapeladas por carteles que le piden a sus responsables Diego Díaz y Daniel Prieto que paguen los sueldos adeudados. Ambos locales cerraron cuando arrancó la cuarentena, luego Once reabrió por tres semanas con delivery y volvió a cerrar sus puertas.
Ana María Carabajal es delegada de la sucursal de microcentro y contó a BAE Negocios: “Somos 17 trabajadores en cada uno de los locales, 34 familias afectadas en total. En la sucursal de Corrientes no nos pagaron marzo, ni abril, algunos cobraron la ATP del Gobierno pero sólo entre $3000 a $5000 porque nos tienen declarados mitad en blanco y mitad en negro. En Once, cobraron sólo $4000 de marzo y no todos recibieron el pago del Gobierno, que además fue menor porque los sueldos no están en blanco”.
Para dimensionar la gravedad, la delegada cuenta que ella trabaja de bachera seis días a la semana, con un solo franco en la pizzería Podestá de avenida Corrientes. “Mi sueldo es de $11.000, pero tengo sólo la mitad en blanco y con lo que cobré del Gobierno no me alcanza ni para pagar las cuentas, admite. El sindicato de Pasteleros nos ayuda con bolsones de comida, pero no podemos seguir sin cobrar”.
Desde el viernes decidieron pararse en la puerta a la espera de una respuesta. BAE Negocios se contactó con Diego Díaz, el dueño de ambas pizzerías Podestá, pero no respondió las consultas. Todos los insumos de su local de Once fueron llevados a su otra pizzería El Griego de Lope de Vega y Beiró, la única que está abierta.
Nadie les dijo que el cierre es definitivo, pero desde la empresa dejan trascender que es muy difícil que el local de Corrientes vuelva a abrir. No facturaba bien y en este contexto no tienen muchas esperanzas de que mejore. El local de Once es el buque insignia de la marca Podestá, la facturación era buena, pero al no vender antes delivery les costó arrancar y no pudieron seguir. La fuerte caída en las ventas hizo que prefirieran cerrar las puertas.
Si bien el Sindicato de Pasteleros hizo un acuerdo con los empresarios del sector para que en abril pueden pagar sólo el 70% de los sueldos en brutos a los que no trabajan, es condición que paguen marzo, algo que el empresario Diego Díaz no hizo.Los trabajadores no entienden cómo no les atienden el teléfono, el dueño los bloqueó desde que comenzaron a reclamar sus sueldos.
Desde el Sindicato de Pastelero informan que: “Si bien la empresa solicitó el ATP, tiene a los trabajadores con media jornada, por eso cobraron menos de $6000 los que pudieron cobrar, que no son son todos. En el local de Corrientes ni intentaron hacer delivery. El dueño Diego Díaz tiene deudas con la AFIP, con la obra social, cada dos o tres años cambia de razón social y deja un tendal de muertos. Es accionista en casi 20 locales gastronómicos”. Hasta que no reciban una respuesta, prometen seguir parados en la puerta de la pizzería Podestá de Once.
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La justicia laboral ordenó por primera vez el pago de salarios adeudados durante la cuarentena
Un juzgado nacional resolvió el pago inmediato de los sueldos adeudados a trabajadores y trabajadoras de un local de una cadena de heladerías cerrado desde marzo y que nunca abonó los sueldos. Hablamos al respecto con Joaquin Corti Bielsa, miembro del estudio de Abogades en Cooperativa, que llevó adelante la medida.
El juzgado nacional de primera instancia en lo laboral N°12 a cargo de la Doctora Silvia Santos resolvió este martes que la cadena de heladerías Guapaletas pague los salarios adeudados de marzo y abril a sus empleados y empleadas.
La medida se refiere a un local que cerró el 20 de marzo pasado y jamás dio respuesta al reclamo de sus trabajadores por el pago de los salarios. A pesar que se encuentran vigentes decretos y resoluciones del ministerio de Trabajo que ordenan el pago íntegro de los sueldos y que desde el Estado se puso a disposición el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) para el pago del 50% del mismo, la empresa se encontraba en falta.
“Estos ataques sólo pueden llevarse adelante con la complicidad de direcciones sindicales”
El planteo del trabajador, que fue representado por Joaquín Corti Bielsa, miembro del estudio de Abogades en Cooperativa, especificaba que el incumplimiento de la empresa fue flagrante y urgente por lo cual la justicia debía ordenar su cobro forzoso con la simple petición y acreditación de la situación.
“En la medida cautelar que presentamos se estaba reclamando un pago de sueldos adeudados a un trabajador siendo el primer fallo en el marco de la cuarentena que falla en este sentido”, explica Corti Bielsa en diálogo con Notas.
“Lamentablemente este tipo de abusos de las empresas se están dando de manera masiva con los trabajadores”, añade. “Otras empresas despidieron masivamente a pesar que están prohibidos los despidos desde el 1 de abril, empresas que han hechos rebajas salariales incluso por debajo del acuerdo que firmó la CGT (Confederación General de Trabajadores) con la UIA (Unión Industrial Argentina) homologado por el gobierno nacional”, precisa.
A su vez, se lamenta que conflictos de este tenor son “un tema habitual”. Y agrega: “Entendemos que todos estos ataques solamente pudieron llevarse adelante con cierta anuencia y complicidad de direcciones sindicales como la CGT que están presentes en muchos lugares de trabajo donde se han tomado este tipo de medidas ilegales y violatorias de la normativa laboral”.
“Los trabajadores muchas veces desamparados prefieren preservar su puesto de trabajo y lamentablemente tienen que aceptar las condiciones que les impone la patronal sabiendo que es muy difícil hoy en día conseguir otro trabajo”, destaca. “El fallo de Guapaletas abre una vía legal para que todos estos atropellos se puedan hacer valer en la justicia”, concluye.
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Efecto Coronavirus: La producción fabril en abril tuvo una contracción del 25,6%
Por efecto del aislamiento social preventivo y obligatorio, motivado por el Coronavirus, la producción fabril tuvo una fuerte contracción en el mes de abril: del 25,6% interanual. Los datos se desprenden de un trabajo que elaboró la Fundación de Estudios Económicos Latinoamericanos (FIEL).
La caída es más pronunciada que en marzo, que fue del 19,5%, mes que comenzó la cuarentena que decretó el Gobierno ante el avance de la pandemia. Y en cuatro meses, la baja quedó en 7,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Algunas ramas de la industria, como la automotriz, terminaron sin producción. También el trabajo añade que el sector alimentos ‑faena vacuna y aviar- o al interior de la rama química «mostraron mejoras interanuales». No existen buenas perspectivas de cara al futuro: para FIEL «aún con la reapertura de actividades industriales ‑en locaciones especificas y con menos turnos y dotaciones de personal- la caída interanual de la producción resultaría profunda».
Y agregó que «el desempeño de la industria en los próximos meses mostrará parsimonia en alcanzar anteriores niveles de producción. No contribuye a una acelerada recuperación el deterioro de las expectativas de crecimiento y la confianza en la industria de Brasil».
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Oficializaron los aumentos para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares
El Gobierno oficializó los incrementos del 6,12% para las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones previsionales a partir de junio, que tendrá vigencia durante los próximos tres meses.
A su vez, tal como se desprende del decreto publicado en el Boletín Oficial, se aclaró que la suba alcanza también a las asignaciones familiares, la AUH, la Prestación Básica Universal y la pensión honorífica de los veteranos de guerra, que involucran a más de 16 millones de beneficiarios.
«Dispónese que los incrementos otorgados en el presente decreto regirán a partir del 1° de junio de 2020 y quedarán incorporados como parte integrante del haber de las prestaciones alcanzadas y de las asignaciones familiares, respectivamente», indicó el texto oficial.
En números concretos, la jubilación mínima aumentó de $15.892 a $16.864, es decir, poco menos de mil pesos. Por otra parte, el haber máximo a pasó de $106.934 a $118.044. Estas cifras no incluyen los bonos que se otorgaron oportunamente para los adultos mayores, que desde diciembre del 2019 hasta la fecha, suman un total de $13.000.
El Gobierno estimó que con este aumento, el 80% de los jubilados percibirán un 5,1% por encima de la inflación del período. Con respecto a la AUH (Asignación Universal por Hijo) y de la AUE (Asignación Universal por Embarazo), la administración Fernández determinó que aquellos que dispongan de un Ingreso Familiar entre $5.352,24 y $48.093; pasarán de $3103 a $3293 mensuales por cada hijo. No obstante, los montos varían según la zona.
Para la Casa Rosada, «resulta de interés prioritario garantizar las prestaciones de la Seguridad Social, priorizando la atención de las familias con mayores necesidades, más aún en este contexto de emergencia pública, profundizado a raíz de la pandemia de COVID-19».
«Resulta necesario establecer un criterio sustitutivo con el fin de actualizar los conceptos y prestaciones, aplicando criterios de razonabilidad y equilibrio», justificó la ANSeS.
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Habilitan más actividades productivas en Buenos Aires y Mendoza
En el marco de la cuarentena obligatoria extendida hasta el 7 de junio, el Gobierno nacional continúa habilitando la paulatina reapertura de nuevas actividades industriales y comerciales en distintos distritos de las provincias de Buenos Aires y de Mendoza. Las flexibilizaciones fueron confirmadas este miércoles por la publicación de las Decisiones Administrativas 903⁄2020 y 904⁄2020 en el Boletín Oficial.
Considerando que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es la región del país con mayor incidencia de contagios, el Gobierno nacional viene habilitando muy cuidadosamente nuevas actividades, que previamente son aprobadas por el Gobierno provincial de Axel Kicillof. En ese contexto, este miércoles se concedieron las solicitudes de las intendencias de General Pueyrredón, Vicente López, Avellaneda, Esteban Echeverría, Hurlingham, Luján y Morón.
En General Pueyrredón se rehabilitó el funcionamiento de la Oficina de administración de Mutuales de Salud y Obras Sociales y de la Oficina de administración en sedes de clubes, así como la recuperación de materiales, la actividad de recicladores del CEAMSE, la venta al por menor de juguetes y la venta al por menor de artículos de esparcimiento y deporte.
En Vicente López la producción automotriz y de autopartes; la de plásticos y subproductos; la actividad metalúrgica, de maquinarias y equipos; las industrias vinculadas al acero, aluminio y materiales afines; electrónica y electrodomésticos; química y petroquímica; madera y muebles, manufactura de cuero, calzado, gráfica, ediciones e impresiones y de juguetes.
En Avellaneda se habilitan la actividad gráfica, ediciones e impresiones, de celulosa y papel. En Esteban Echeverría, electrónica y electrodomésticos. En Hurlingham, gráfica, ediciones e impresiones, lo mismo que en Luján, donde también se aprobó la fabricación de madera y muebles, de plásticos y subproductos, de productos de la Industria Química y petroquímica, de cemento, de productos textiles, de indumentaria, de manufacturas del cuero, de calzado, de productos metalúrgicos, maquinaria y equipos, así como la industria automotriz y autopartes.
En Morón se permitió el funcionamiento de las industrias vinculadas a las manufacturas del cuero, al plásticos y subproductos, al calzado, la metalúrgica, maquinarias y equipos y a la industria automotriz y de autopartes.
En la provincia de Mendoza la situación sanitaria es muy diferente a la del AMBA, ya que de los 83 casos confirmados de COVID-19, 65 ya recibieron el alta médica, y este miércoles se cumplieron cinco días sin nuevos contagios. En ese contexto se permitirá la reapertura de centros comerciales, malls y shoppings.
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Pymes y monotributistas accedieron a créditos por más de 250 mil millones de pesos
Más de 220 mil monotributistas y autónomos y unas 125 mil empresas accedieron durante la cuarentena a más de $ 250.000 millones en créditos a tasa subsidiada.27/05/2020 15:44:00
Según informó el Banco Central, fueron 124.999 las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que accedieron a los créditos con tasa del 24% anual por $ 222.360,9 millones. Ya se entregaron $203.557,5 millones y hay otros $ 12.328,4 millones en proceso.
Del total de créditos, un 41% fue utilizado para el pago de sueldos, un 40% para el acceso a capital de trabajo y, para la cobertura cheques de pago diferido, un 18%.
En el caso de los créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos se gestionaron 221.670 préstamos por un total de $ 28.301,6 millones, de los cuales ya fue desembolsado un total de $9.115,4 millones y la primera de las tres cuotas del monotributo incorporadas al préstamo que se retiene y pasa a integrar el crédito automáticamente.
Adicionalmente, el BCRA informó que los bancos emitieron 62.840 nuevas tarjetas de crédito para la estrega de estos créditos.
Los monotributistas y autónomos que cumplan con los requisitos establecidos por el Gobierno podrán solicitar el crédito hasta el 29 de mayo en la página web de la AFIP, donde deberán ingresar en la solapa «Crédito Tasa Cero».
Una vez completado el proceso el banco elegido tendrá 48 horas hábiles para proceder a la acreditación de la financiación que será de hasta $150.000 para las categorías D en adelante, de hasta $104.370 para la categoría C, de hasta $78.277 para la categoría B y de hasta $52.184 para la categoría A de Monotributo.
Quienes accedan al crédito deberán usarlo a través de la tarjeta de crédito y no podrán retirarlo en efectivo a través de cajeros automáticos ni tampoco comprar dólares o realizar operaciones en el mercado bursátil.
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Según el Gobierno porteño, el 65% de los trabajadores de la ciudad «tuvo problemas de empleo»
El ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, José Luis Giusti, dijo que el 65% de los trabajadores porteños «tuvo problemas de empleo» como consecuencia de la pandemia por el coronavirus y precisó que la reapertura de actividades en el distrito dependerá de la situación sanitaria y el comportamiento de la curva de contagios.27/05/2020 00:01:00
«Creemos que la magnitud de la crisis por el coronavirus nos va a obligar al Estado a tener políticas públicas activas para generar empleo», aseguró el funcionario, quien concurrió a la Legislatura a exponer ante la Comisión de Desarrollo Económico en una reunión que se realizó bajo la modalidad mixta de participación de los diputados presencial y virtual.
En ese marco, Giusti reveló que, desde que asumió al frente de la cartera económica en diciembre pasado, trabajaba en planes de desarrollo al 2035, los que debieron ser reformulados con la llegada de la pandemia del Covid-19 ya que, dijo, «la Ciudad va a sufrir un poco más la crisis que el resto del país».
«Nos enfocamos en varias líneas de acción, como una mesa de ayuda a empresas para que les sea más fácil el acceso a las medidas que puso en marcha el Gobierno nacional para mitigar la crisis, y también trabajamos con el Banco Ciudad para que se puedan flexibilizar al máximo los requisitos para los créditos», detalló.
Consultado por los legisladores sobre el impacto de la cuarentena en la actividad laboral de la Ciudad, Giusti sostuvo que «el 35% de los trabajadores no han tenido problema de empleo, mientras que el 65% restante ha tenido problemas, entre los cuales algunos vieron menguada su actividad y otros están inactivos».
En ese sentido, informó que mantienen reuniones con las diferentes cámaras de la actividad económica del distrito para «que el impacto sea el menor posible» y señaló que el esquema de reaperturas de los comercios, que comenzó semanas atrás y que se retrotrajo a partir de hoy, estará atado a la situación sanitaria por el coronavirus.
«Vamos evaluando semana a semana porque, si bien el nivel de contagios no tiene que ver exclusivamente con el nivel de apertura de las actividades, no hay que ser ingenuos y debemos prever situaciones como ocurridas en otros países, en donde abrieron todo el mismo día y al, otro día, tuvieron que cerrar todo«, remarcó.
Y agregó: «queremos generar un movimiento de apertura y de cierre de actividades que eviten con colapso en el sistema sanitario».
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Repartidores de Rappi y Glovo realizarán un paro en plena pandemia
También habrá una marcha desde el Obelisco al Ministerio de Trabajo para visibilizar el reclamo.
En medio de la crisis, trabajadores de aplicaciones de delivery anunciaron un paro de actividades de seis horas para este viernes. Habrá una concentración en el Obelisco en reclamo de un aumento del 100% de lo que reciben por comisión.
El delegado Daminán Zárate detalló los reclamos de los trabajadores de delivery al portal Iprofesional: «Pago del 100 por ciento de aumento de la comisión de viajes; cese de bloqueos de cuentas arbitrarios que hacen las empresas a los empleados; Justicia por los tres compañeros fallecidos en accidentes y que las empresas brinden los elementos de protección para la pandemia».
Según se informó, la medida de fuerza de empleados de empresas como Rappi, Glovo y Pedidos Ya regirá entre las 10 y 16. En ese momento marcharán desde el Obelisco a la sede del Ministerio de Trabajo.
A esa misma hora, también habrá una concentración de la Red Nacional de Jóvenes Precarizados e Informales con «distanciamiento social y uso de barbijos», que también pedirán por sus derechos y exigirán el pago del Ingreso Familiar de Emergencia.
Piden que se testee masivamente a los trabajadores de los supermercados
Ante la detección de varios casos positivos de Coronavirus entre los empleados, uno de los gremios del sector le exigió a las empresas que realicen testeos periódicos y que se le mida la fiebre tanto a los empleados como a los clientes antes del ingreso a los locales.
El lunes, los análisis a un cajero de la sucursal de Carrefour de Moreno dieron positivo de Coronavirus; unos días antes, en La Matanza, había sido el turno de un repositor de Walmart, de otro trabajador de Makro y de un empleado de maestranza de Changomás. En todos los casos, los supermercados permanecieron cerrados hasta que se desinfectó el lugar y los compañeros que habían tenido trato con los infectados fueron aislados preventivamente.
Dadas todas estas situaciones, el Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio Afines (SEOCA) Zona Oeste, uno de los gremios de comerciantes más importantes del país, le pidió a las empresas que realicen testeos masivos a los trabajadores y dispongan de dispositivos para poder medir la fiebre tanto al personal como a los clientes.
Si bien la medida se aplica en algunos puntos del país, aún no se vio implementada en el oeste del conurbano. Por eso, el líder del gremio, Julio Ledesma, envió una advertencia a todos los híper y supermercados de la región: “la detección temprana del contagio no solo permitiría un mayor control de la enfermedad, sino también prevenir las consecuencias dañosas para los trabajadores y la propia empresa”.
De esta manera se “aportaría tranquilidad y seguridad a las tensiones ya existentes entre los trabajadores, quienes se desenvuelven en un medioambiente cada vez más hostil e incierto”, continuó el dirigente gremial, quien recordó que el comercio fue considerado como una tarea esencial, por lo que se “maximizó el nivel de exposición al contagio, lo que a esta altura se imponen medidas de control sanitario más audaces y comprometidas que las que hasta aquí se pusieron en práctica”.
“El flujo de personas en los mercados es abrumadoramente intensa, lo que impone medidas de comprobación cada vez más restrictivas a la hora del control de admisión a los mismos”, analizó Ledesma y propuso: la implementación de las pistolas de medición de temperatura corporal o la utilización de cámaras termográficas no solo para los trabajadores, sino también para los clientes y el público en general que ingresa a los establecimientos.
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Fallos judiciales ordenando reincorporaciones y pagos totales de salarios
El sueldo y el empleo, intocables en cuarentena
La justicia laboral se mantiene activa y ya dictó varios fallos protegiendo los derechos del trabajador. Aumento de conflictividad por incumplimientos de empleadores.
Una heladería que, aun en inactividad, fue obligada a pagar los sueldos.
Una heladería deberá pagar en forma “inmediata” el pago de los sueldos de marzo y abril que le adeuda a sus empleados. Un kiosco deberá reincorporar a uno de los trabajadores despedidos durante la cuarentena. Así fue establecido esta semana por la justicia laboral. La pandemia, el aislamiento y el desplome en la actividad derivaron en una creciente conflictividad laboral. “El pago de los salarios es hoy lo más conflictivo”, aseguró a PáginaI12 Matías Cremonte, presidente de la asociación de abogados laboralistas.
El pago inmediato de los salarios adeudados fue una medida adoptada por el juzgado nacional de primera instancia en lo laboral número doce, a cargo de Silvia Santos. El martes de esta semana resolvió que la heladería Guapaletas ubicada en el shopping Alcorta deberá pagar los sueldos adeudados a sus tres trabajadores. En marzo trabajaron hasta el 20, cuando cerró por el aislamiento, y en abril no trabajaron, dado que los shoppings continúan cerrados. Sin embargo, el decreto 297 estableció que durante la cuarentena los trabajadores del sector privado “tendrán derecho al goce íntegro de sus haberes habituales”.
“Les deben el salario de marzo desde el 5 de abril y todo indica que tampoco van a cobrar mayo. La empresa no acudió a suspensiones y rebajas salariales que son legales bajo el artículo 223 bis, y tampoco se inscribió en el programa ATP, donde el Estado paga la mitad de los sueldos”, contó a este diario Joaquin Corti Bielsa, representante de los trabajadores. Cuando comenzaron las demoras con el sueldo de marzo, Corti Bielsa envió un telegrama al gerente, y la empresa le indicó a los trabajadores que “no les convenía” judicializar el conflicto. “Los empleados estaban dispuestos a cualquier cosa con tal de arreglar, ya sea pago en cuotas, o ser transferidos a otra filial”, agregó.
Se trata de sueldos de 20 mil pesos, para encargados de local. Esta sentencia de primera instancia significa que ni bien la empresa sea notificada, deberá proceder al pago en un máximo de 48 horas. La medida podría marcar un precedente para aplicarse en otros casos. Los sueldos impagos no suelen ser lo más frecuente en las consultas que reciben los abogados. Hay más irregularidades por rebajas salariales o pagos en cuotas. Y en la informalidad directamente se incumplen todas las leyes y los decretos vigentes.
“Hay temor a la judicialización por el miedo a la represalia, por lo que no es tan fácil para un trabajador iniciar un juicio”, afirmó Cremonte. El abogado laboralista también indicó que el artículo 223 bis que permite suspensiones legales, pese al decreto que las prohíbe, en conjunto con el acuerdo UIA-CGT, también generó conflictividad. “En algunos casos los firmó el sindicato nacional y el local, o algunos trabajadores no estaban de acuerdo”, agregó Cremonte.
Corti Bielsa informó que también se incumple el decreto 329 de prohibición de despidos. “Hay falsos acuerdos, en donde se induce a la persona a que haga un retiro voluntario, con una indemnización menor, aunque es un despido no legalizado. Y otro que vemos es el despido con la excusa del período de prueba de 3 meses”, explicó el abogado. De hecho, este miércoles hubo novedades en una causa que impulsó. El juzgado nacional de primera instancia 16 a cargo de Alberto González resolvió otorgar una medida cautelar al ordenar la “reinstalación inmediata” de un trabajador que había sido despedido de un kiosco Open 25. La cadena consideraba que no debía cumplir el decreto que prohibe despidos por tratarse del período de prueba. La justicia laboral dictaminó la nulidad y la inmediata reinstalación del trabajador.
Por el aislamiento, la justicia se encuentra prácticamente paralizada. En el caso de los temas laborales, funciona en algunos casos dado que se trata de urgencias. “Hasta ahora tuvimos una serie de fallos favorables por parte de la justicia, en donde se ha pronunciado a favor de los trabajadores, ordenando pago de salarios, reinstalaciones de despedidos, entrega de elementos de higiene y seguridad para personal de salud o respeto de licencia por hijos a cargo”, opinó Corti Bielsa. Sin embargo, anticipó: “Muchos de esos fallos favorables se dieron en momentos que había un juez de turno por semana. Hoy están volviendo a funcionar paulatinamente los 80 juzgados de primera instancia laborales, por lo que es probable que no haya un criterio uniforme pro-trabajador, y empezaremos a ver en idénticos reclamos, fallos de diferentes juzgados con distinta resolución del reclamo”.
Durante la cuarentena ingresaron en la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo 7.367 expedientes y se homologaron 89. Se iniciaron 252 procedimientos preventivos de crisis y 651 solicitudes del 223 bis. Por los abusos de ese artículo se dictó la resolución 397, por el cual el Estado valida y reglamenta el acuerdo entre la CGT y la UIA. En relación a estos abusos, hubo 395 trámites.
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Cómo se redefinirá el negocio a partir del coronavirus
Crisis hotelera por la pandemia
Los hoteles están todos cerrados y sobreviven gracias al ATP del Estado nacional, que permite pagar la mitad de los salarios.
Se espera una redefinición del negocio para poder salir adelante.
Imagen: NA
El sector hotelero es uno de los principales afectados por la crisis de la pandemia. La cuarentena en buena parte del mundo redujo prácticamente a cero los viajes turísticos y laborales, mientras que el deterioro del empleo y los ingresos pronostican que los años que vienen también serán difíciles para la movilidad. Adicionalmente, hay una posible redefinición del negocio, porque se espera un fuerte incremento en la valoración que el cliente tiene por las medidas de prevención e higiene de las plazas, lo cual puede afectar a un gigante como Airbnb, que venía desplazando con rapidez a la hotelería tradicional. En la Argentina, «los hoteles están todos cerrados y estamos sobreviviendo gracias al ATP del Estado nacional, que permite pagar la mitad de los salarios, junto con el acuerdo con el gremio para reducir los sueldos hasta el 75 por ciento», explican desde Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés.
Las estadísticas del sector muestran que en el mundo hay 700 mil hoteles que dan empleo a 173 millones de personas. Se calcula que el gasto global anual de viajeros es de 840 mil millones de dólares en estadías en hoteles. Los últimos datos de la Organización Mundial del Turismo muestran que los arribos de turistas cayeron un 57 por ciento interanual en marzo, lo cual implica una reducción de 67 millones de arribos internacionales. Se calcula que para todo el año, el turismo internacional caería entre un 58 a un 78 por ciento. En los hoteles, la caída en marzo en la comparación interanual ronda el 65 por ciento a nivel global. La relativa buena noticia para el sector es la paulatina recuperación de China, cuya capital, Beijing, es la ciudad con más hoteles del mundo, ya que contabiliza un total de 4169.
La crisis tiene impacto en todos los segmentos de la cadena turística, que en el rubro hotelería está dominado por un puñado de multinacionales. La compañía hotelera más grande es Marriott International, con 1,4 millones de habitaciones en todo el mundo. La firma suspendió a sus empleados en casi todos los niveles y la cotización de su acción en Wall Street pasó de 147 dólares a fines de febrero a 59 dólares el 3 de abril y ahora se ubica en 98 dólares, conforme la paulatina recuperación del mercado de China. La segunda multinacional hotelera a nivel global es Hilton. Su CEO, Chris Nassetta, detalló que en todo el mundo la empresa cuenta con 430 mil trabajadores, de los cuales el 60 por ciento está suspendido a causa de la pandemia. Espera que la demanda se recupere recién dentro de «tres o cuatro años”. En el caso de Hilton, la acción cotizaba 112 dólares a fines de febrero y se hundió hasta los 55 dólares a comienzos de abril, para ahora ubicarse en 83 dólares. En los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump lanzó un paquete de 2 mil millones de dólares de apoyo al sector turístico, con restricciones para el despido de personal y obligación de volver a contratar personal temporario.
En la Argentina, el Indec midió que en marzo se estimaron 2,1 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros y parahoteleros, lo cual implica una disminución del 51,2 por ciento respecto del mismo mes del año anterior. Las pernoctaciones de viajeros residentes tuvieron una merma del 49,8 por ciento y las de no residentes, del 55,6 por ciento. «A partir del 10 de marzo, se cayeron totalmente las reservas en adelante. Hoy en día, los hoteles están todos cerrados. Recién días atrás en Jujuy abrieron algunos», explicó Ariel Amoroso, presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés. En la Ciudad de Buenos Aires hay 1026 establecimientos, de los cuales 25 prestan servicio para alojar a los repatriados, por lo cual el Estado paga 1000 pesos la noche. «Los hoteles tienen en líneas generales ingreso cero. Estamos sobreviviendo gracias al ATP del Estado nacional, que permite pagar un 50 por ciento del salario, mientras que se acordó con el gremio rebajar hasta el 75 por ciento el salario de bolsillo. También se acordó con el ENRE dejar de contratar potencia eléctrica y también se está conversando con Aysa», agrega Amoroso.
Más allá de la imposibilidad de viajar que todavía rige en muchos países, en el sector hotelero advierten que hay cambios que llegaron para quedarse. Por ejemplo, Hilton está desarrollando un check- online, mientras que las llaves de la habitación serían digitales y se obtendrían a través de una aplicación en el teléfono celular. “Ciertos elementos mecánicos de la experiencia serán digitalizados, pero eso estaba sucediendo de todos modos. Simplemente sucederá más rápido», indica Nassetta. Esta es una tendencia que se da en mucho rubros: la pandemia aceleró el camino hacia la digitalización. Por otro lado, se espera que el cliente preste mucha mayor atención a los protocolos de higiene. En ese sentido, una posibilidad es que el hotel vuelva a ganar atractivo en relación al alojamiento vía Airbnb. El CEO de Airbnb, Brian Chesky, consideró que “se comenzará reservando viajes más económicos más cerca de casa. Además, estamos comprobando que se pueden hacer muchas reuniones a través de videoconferencias y esto tendrá sin duda un gran impacto en la frecuencia con la que las personas viajan por trabajo».
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Se desfinancia la seguridad social para “ayudar” a los empresarios
A Luis Armando Espinoza, trabajador rural desaparecido y asesinado por la policía tucumana
El Estado está usando fondos del ANSES, la plata de los jubilados y de la seguridad social, para “ayudar” a pagar los sueldos de numerosas grandes empresas y multinacionales. Es decir, se saca plata de los que menos tienen ‑los fondos de los jubilados que aportamos todos los trabajadores- para que no pierdan dinero los que más tienen: patronales que durante muchos años han ganado millones de dólares y ahora dicen que no pueden bancar la crisis.
Mientras tanto, el gobierno decretó un ajuste del 6,12 % para junio, julio y agosto a todos los haberes de jubilados y pensionados. Con este porcentaje el haber mínimo será de 16.359 pesos de bolsillo mientras que la Canasta Básica de un Adulto Mayor asciende a 45.000 pesos.
En 2018 y 2019, el poder adquisitivo de los jubilados perdió 19 puntos. El ombusman de la Tercera Edad explicó que este semestre, que tenían la posibilidad de recuperar algo –porque el acumulado del aumento en marzo y junio de este año, si se hubiese aplicado la fórmula vigente, daba 23.72 %– el gobierno suspendió la fórmula de ajuste.
“Decretaron un primer reajuste de marzo, discrecional, achatando la pirámide, cambiando los índices, distorsionando el sistema. Y luego con el decreto reciente dieron un 6.12 % para todos. Y vemos que ese 23.72 % que debían reajustar se convierte en una pérdida que es de casi 4% para el haber mínimo y para el resto de entre 8 y 10 puntos. Es decir, se le baja la jubilación”, agregó Semino.
“El criterio discrecional y anticonstitucional del Poder Ejecutivo para reajustar por decreto los haberes jubilatorios inevitablemente nos conduce a reemplazar el sistema previsional público, de reparto, asistido, inter generacional, por un subsidio cuyo monto será decidido por el poder discrecional del gobernante de turno”, plantea, en tanto, la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados.
Según la denuncia de abogados laboralistas las empresas estarían imputando jornadas laborales mayores para que el Estado, con el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que dispuso el Gobierno para contener la crisis del sector privado, les cubra una porción mayor de los salarios.
La ayuda estatal contempla el pago de hasta el 50% de los salarios del sector privado con un máximo de dos salarios mínimos. Primero se descubrió el caso de los CEOs, dueños, Presidentes y gerentes que se inscribieron en las nóminas de personal para autofinanciar una porción de sus haberes.
Ahora un grupo de abogados laboralistas detectó varios casos en los que las empresas declaran jornadas laborales mayores a las reales. Por el momento lo pudieron comprobar en firmas metalúrgicas que logran recibir en las transferencias de la ANSeS sumas que cubren, en algunos casos, el 100% de los salarios de las suspensiones y más. Sospechan que la metodología se repite en otros sectores.
El hecho de que directivos de la gigante metalúrgica Techint, entre otras empresas, hayan sido beneficiados por el programa de Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP) que otorga el Gobierno para paliar la crisis causada por la cuarentena generó la reacción crítica de dirigentes gremiales.
El canillita y senador bonaerense del Frente de Todos, Omar Plaini, y el titular de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, cuestionaron que el beneficio llegue a gerentes. En ese contexto reclamaron que el beneficio solo sea para los trabajadores. En el Consejo Directivo de la CGT no hay, al menos por ahora, una posición unificada pero en general respaldan esta herramienta que implementó la Casa Rosada para auxiliar a las empresas en el marco de la crisis que se profundizó por la pandemia de coronavirus.
Plaini fue el primero en hacer público su malestar. El actual senador provincial aseguró que los trabajadores canillitas están viviendo “una situación desesperante. Estamos reclamando, hicimos varias notas al ministro de Trabajo pidiendo una asistencia económica. Necesitamos esos 10.000 pesos del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) para parar la olla”, indicó. Pero aseguró que todavía “no hay respuestas”. Es por ello que Plaini dijo sentirse con “impotencia y bronca” cuando trasciende que el gobierno nacional ayudó, a través de las ATP, a empresas más que importantes. En ese sentido dijo que va a “seguir peticionando que la clase trabajadora sea el eje central de todo el desarrollo humano”.
En tanto, Micheli primero criticó que hubiera “importantes directivos” de grandes empresas beneficiados con el ATP y consideró que pagarles a estas personas “es una burla”. Luego le apuntó a Moroni: “Pareciera el ministro de Trabajo de otro gobierno, porque no tiene nada que ver con lo que plantea el presidente Alberto Fernández. Tiene mucho más interés de que les vaya bien a los empresarios en detrimento de los trabajadores”, aseguró.
En un principio el beneficio sólo incluía a las empresas que tuvieran 100 empleados, pero ese número quedó rápidamente corto por presión de las grandes empresas. Entonces se amplió a todas aquellas que eran consideradas actividades esenciales. Según informaron desde la AFIP, se presentaron 450.000 empresas que representan 8 de cada 10 de las que existen en la Argentina. De este universo sólo accedieron al beneficio unas 258.000 firmas, algo así como 5,5 de cada 10. A partir de eso, la ATP llega a unos 2,2 millones de trabajadores que, en dinero, representan unos 35.000 millones de pesos. Cada ATP puede representar hasta dos salarios mínimos o la mitad del sueldo del empleado. Las que todavía no pueden acceder a este auxilio son las cooperativas pero para ellas el Comité de Evaluación y Monitoreo del programa está elaborando un abordaje especial.
En cuanto a la polémica que desató el hecho de que los gerentes de Techint accedieran al beneficio, desde las oficinas de la AFIP sostienen que la responsabilidad es de la empresa que al entregar la nómina de beneficiados, tal como lo exige la resolución que implementa las ATP, deben incluir el CUIT, CUIL y CBU de sus empleados y ahí fueron los de su plantilla gerencial. Pero Techint no es la única, también está la empresa Vicentín que recibió el beneficio pese a que sus autoridades están imputadas penalmente en una denuncia por préstamos irregulares recibidos del Banco Nación durante la gestión del macrista Javier González Fraga. Otra de las grandes empresas que recibe la ATP es La Nación.
Otro problema que generó este beneficio fue que al mismo tiempo que se implementó se produjo un peligroso incremento del valor del dólar disparando la brecha entre el oficial y el paralelo. Por ese motivo, el gobierno determinó que aquellas empresas que reciben auxilio para pagar los sueldos no podrán operar con ninguno de los mecanismos que existen para hacerse de dólares como el contado con liquidación, distribuir utilidades y comprar sus propias acciones. Esto lo definió el Comité de Evaluación y Monitoreo del programa que otorga la ATP. En caso de que quisieran continuar jugando con el dólar deberán renunciar al beneficio y devolver el dinero que recibieron del Estado en concepto de ayuda.
Para esto la AFIP habilitó un sistema para que se concreten las devoluciones. Hasta ahora hubo muy pocas empresas que renunciaron al beneficio en tanto que otras pymes continúan esperando poder acceder al Programa de Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción.
Jorge Alberto Fontevecchia, dueño de Editorial Perfil cobró personalmente una parte de sus ingresos por parte de la ANSES. Unos días antes, más precisamente el 7 de Mayo de 2020 percibió la ayuda estatal su hijo, Agostino Fontevecchia, quien se encuentra a cargo de “Contenidos Digitales”. Es el director de la web de Perfil.
Perfil es una de las empresas periodísticas consideradas grandes por su volumen, heredada por Jorge Alberto Fontevecchia, e integrante de la Asociación de Empresas Periodísticas de la Argentina (ADEPA) la cámara que nuclea a Clarín, La Nación e Infobae, entre otros.
Jorge Fontevecchia a lo largo de su actividad profesional ha tenido profundas convicciones ideológicas. Jamás se ha privado de reconocer la perspectiva liberal desde la que analiza la realidad. Sus editoriales han abordado la problemática del excesivo gasto público que asfixia el desarrollo económico del país. Ha cuestionado las dinámicas de subsidios y en las páginas de sus revistas, ha fomentado una diatriba incesante contra los ingresos populares que garantiza el Estado Nacional.
Tampoco escatimó esfuerzos en flexibilizar las condiciones salariales de trabajadoras y trabajadores de prensa de la editorial.
Los despidos sobre una mesa de negociación salarial, han caracterizado la gestión empresarial de Perfil. Incluso, ha sido quien en reiteradas oportunidades desconoció la vigencia del Estatuto del Periodista Profesional.
Si Jorge Fontevecchia cobró los dos salarios mínimos que autoriza el programa a asignarse para complementar el sueldo, ha cobrado mucha más plata del Estado de lo que cobran sus trabajadores de los estados contables de la Editorial Perfil.
También la gigante aerolíneas trasnacional, LATAM, logró calificar al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que dispuso el Gobierno para contener la crisis del sector privado.
La firma, principal competidora de Aerolíneas Argentinas, había reducido unilateralmente al 50% los salarios de sus empleados y además abrió un programa de retiros voluntarios para reducir personal.
Rosario Altgelt, la CEO de la compañía, recibió el salario complementario por del Estado.La cabeza de la firma, responsable de haber recortado los salarios e impulsora de los retiros, recibió algo más de 33.000 pesos de «ayuda estatal». Es decir, cobró más de 3 IFE.
El caso se suma al de Martín Berardi, el Presidente Ejecutivo de Ternium, una de las empresas del Grupo Techint,la empresa más grande del país y la firma argentina de mayor proyección internacional, que también recibió el salario complementario. El Grupo Clarín también integra la lista de las empresas que recibieron ayuda.
Al respecto, el abogado laboralista y ex diputado nacional del FpV, Héctor Recalde, habló de los despidos y suspensiones de trabajadores en medio de la pandemia y criticó el rol de la cartera laboral de Claudio Moroni.
Para Recalde, «el Ministerio de Trabajo está homologando algunas cuestiones que no puede homologar. Si hay prohibición de despidos, hay prohibición de despidos. Ningún trabajador quiere perder su empleo», y agregó que «la Constitución obliga a proteger al trabajador. Estas cuestiones hay que profundizarlas. Hay despidos socialmente injustos y lo hicieron las grandes corporaciones, con Techint a la cabeza, y después las subsidiamos».
Además, apuntó contra los dirigentes gremiales: «Algunos dirigentes sindicales son extremadamente dialoguistas porque no se animan a pelear por los derechos de los trabajadores».
«Hay que encontrar una manera de regular que el dinero del Estado vaya a la cuenta de los trabajadores y no a los cargos gerenciales de las empresas», opinó en otro tramo.
El CEO de su empresa Techint Construcciones, Carlos Eduardo Bacher, quien no solo es un alto directivo de esa mega empresa sino también el ejecutor de los 1.450 despidos con los que el grupo empresario sorprendió a la opinión pública en los primeros días de la cuarentena, cobró de esos fondos. Otros diez altos directivos de la empresa fueron beneficiados por cobros de la Anses.
Impuesto a las grandes fortunas
Diferentes movimientos sociales anunciaron que el lunes 25 de mayo realizarán ollas populares y locros en todo el país para que «los que menos tienen puedan tener un plato de comida» y, en forma paralela, dar impulso al Proyecto de ley con el que el oficialismo busca crear un impuesto o aporte por única vez de las grandes fortunas, informaron los organizadores.
«El 25 de Mayo, con locros en todo el país y otras actividades, Barrios de Pie-Somos impulsamos la Ley de Impuesto a las grandes fortunas», anunció en un comunicado de prensa Daniel Menéndez, subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social y coordinador nacional de Barrios de Pie-Somos.
«En los barrios humildes se viven momentos de mucha angustia y ya son muchas las muertes que debemos lamentar por Covid-19», sostuvo el funcionario.
En tanto, el responsable de Barrios de Pie-Somos consideró que las medidas de prevención «son imposibles de llevar adelante sin agua en muchos barrios y sostener la cuarentena tampoco es fácil, cuando no están cubiertas ni las necesidades básicas de las familias».
En tanto, sobre la iniciativa del oficialismo que busca crear un impuesto o un aporte por única vez de las grandes fortunas para atender la emergencia sanitaria, Menéndez dijo que «hace rato que aquellos que perciben las ganancias más grandes en nuestro país deberían pagar un impuesto y este es un momento más que oportuno para que ese impuesto se implemente”.
También, apartir de una solicitada, estudiantes, docentes, no docentes y autoridades de la Universidad de Buenos Aires se manifestaron a favor de la creación de un impuesto a las grandes fortunas para enfrentar la crisis económica y los problemas derivados del combate al COVID-19 que vive nuestro país.
El texto, firmado por más de 150 personalidades, afirma que “La situación excepcional que atraviesa nuestro país a partir de la pandemia del COVID-19 puso sobre la mesa la discusión sobre quién debe financiar el combate contra el virus.”
La misiva fue firmada y acompañada tanto por agrupaciones estudiantiles y docentes, como por autoridades y personalidades de la mayoría de las facultades, entre las que se destacan Américo Cristófalo y Carolina Mera, decanos de las facultades de Filosofía y Letras y Sociales respectivamente, y algunas personalidades como Dora Barrancos, Rubén Dri, Nora Cortiñas, Alberto Kornblith, Alejandro Alagia y Juan Manuel Abal Medina, entre otros.
Además de la solicitada, en las próximas semanas se realizará una actividad con diputados nacionales para explicar el proyecto y discutir los horizontes posibles para salir de la crisis económica.
Para finalizar, la solicitada deja un mensaje contundente sobre la posible aprobación de este proyecto: “Quienes formamos parte de la UBA no queremos permanecer ajenos a la discusión sobre cómo construir un sistema tributario más progresivo, donde quienes más recursos tengan sean los que más contribuyan a paliar la crisis. En este caso, apoyamos que el Congreso sancione una ley por la cual se cree un aporte extraordinario a las grandes riquezas de la Argentina”.
La CTA Autónoma (CTA‑A) que lidera Ricardo Peidro aseguró que «se impone distribuir la riqueza para combatir la pandemia de coronavirus», luego de su segundo encuentro virtual desde el inicio del período de emergencia sanitaria, y solicitó «la inmediata convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil»
Una declaración de la central obrera ratificó su rechazo al pago de «la ilegítima deuda externa» y exigió «una investigación sobre su origen», a la vez remarcó que «el endeudamiento provocado por Mauricio Macri no fue en beneficio de las mayorías populares sino un mero instrumento de enriquecimiento y fuga de capitales para ganancia de las corporaciones y las multinacionales»
«La CTA Autónoma celebra la iniciativa del gobierno de imponer un cobro por única vez a las grandes fortunas, pero esa acción debería convertirse en un impuesto que grave de forma permanente los ingresos extraordinarios de los sectores más poderosos, porque la riqueza es generada por los trabajadores», subrayó la Central.
Peidro y los secretarios adjuntos de la central, Hugo «Cachorro» Godoy y Claudia Baigorria, añadieron que es preciso aplicar «un ingreso universal familiar equivalente al salario mínimo, vital y móvil, a fin de atender la grave crisis nacional», y propusieron extender «la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a las familias que aún no los reciben», remarcaron.
También realzó la constitución del Comité de Emergencia y la aprobación del Plan Nacional de Protección de Trabajadores de la Salud, que integrarán la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), y saludó la eximición del impuesto a las ganancias para el sector, aunque exigió que se extienda a todos los trabajadores.
Deuda externa
El ministerio de Economía prorrogó la invitación a los tenedores de títulos para dialogar hasta el 2 de junio y anunció que “continúa recibiendo opiniones y sugerencias de inversores”.
El gobierno prepara una nueva “oferta” de reestructuración de deuda. Al mismo tiempo continúa pagando los intereses al FMI y otros prestamistas institucionales y locales, y se prepara para negociar nuevos acuerdos con el FMI y el Club de París.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), mientras el Gobierno ofrece abonar intereses por U$S 334 millones hasta 2023, los bonistas pretenden cobrar entre U$S 5.400 millones y U$S 6.100 millones en ese lapso. “Las contrapropuestas tienen menor quita de principal, cupones de interés más altos, menor período de gracia y todas incluyen el pago en efectivo de los cupones vencidos y devengados al momento de la liquidación”, afirma el estudio de la OPC.
Además de mejorar el valor presente neto (VPN) de los nuevos títulos. La propuesta argentina es de 45 centavos por cada dólar y los acreedores quieren 55. Una diferencia de 10 puntos que representan U$S 6.000 millones.
Más de 600 organizaciones y referentes populares del país y del mundo expresaron nuevamente la convicción que existen otros caminos, en la declaración emitida por la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda: El pueblo tiene derecho a saber de qué se trata, para no pagar lo que no debe. “No aceptamos que sólo exista la opción de pagar”, subraya, para exigir hoy, como hace más de 200 años, que el pueblo sea protagonista de una lucha que es contra el colonialismo actual y la dominación ejercida a través de una deuda ilegítima.
Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora e integrante de Diálogo 2000 insistió el miércoles pasado en una conferencia, en la urgencia de la suspensión de pagos e investigación de toda la deuda, así como en la repatriación de los fondos fugados y la sanción de los responsables.
Cheeky pagará el 100% de los salarios
Tras la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense y el reclamo gremial, la firma Cheeky de Juliana Awada, la ex primera dama, cambió su posición original. Pagará el 100% de los salarios de abril y debatirá cómo continúa.
Eso quedó plasmado en un acta que se formalizó en una nueva audiencia a la que asistieron, además, referentes del Sindicato de Empleados Textiles (Setia), del Sindicato de Cortadores (UCI) y del Sindicato del Vestido (Soiva).
La empresa, que además recibió ayuda estatal por intermedio del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que dispuso el Gobierno para contener la crisis del sector privado, originalmente quería pagar el 75% como acordaron la UIA y la CGT.
Vale recordar que Cheeky Sociedad Anónima es una de las empresas de mayor facturación a nivel nacional en su rubro, con cientos de locales y franquicias no sólo a lo largo y ancho de la Argentina, sino también en varios países limítrofes.
Neuquén: Triunfo minero
Luego de un mes de reuniones y distintos métodos de reclamo se firmó el jueves pasado el acta acuerdo entre los mineros de Andacollo (Neuquén) y los representantes del gobierno. Javier Montañez, Secretario Adjunto del Sindicato Minero, valoró como positivo lo obtenido. Entre los puntos más importantes constan “una ayuda de 30.000 pesos, continuidad laboral e indemnizaciones en el caso de que la nueva empresa no absorba a todos y todas las trabajadoras; ganamos todo lo que veníamos reclamando”, expresó el sindicalista en medio de los gritos y canciones de alegría de los trabajadores y trabajadoras de Trident, que recibieron la noticia mientras mantenían el acampe en la Legislatura Neuquina.
Las redes sociales estallaron en la zona, uniéndose a la celebración de los mineros. En los textos se resalta la “unidad como bandera”. Cabe recordar que el gobierno del Movimiento Popular Neuquino (MPN) tuvo a los trabajadores yendo y viniendo desde la capital neuquina a Andacollo por promesas incumplidas. Durante ese tiempo se celebraron innumerables cantidades de reuniones en Legislatura, en iglesias y en la Ciudad Judicial con el gobierno.
Los 12 trabajadores de la empresa de logística y transporte, Expreso Argentino, ubicada en San Martín 2425 de Neuquén capital, continúan reclamando por sus derechos. Exigen el pago de los salarios de marzo y abril, y el cese de las suspensiones.
Se quedarán en el lugar hasta que haya solución al conflicto, también expresan que el gobierno provincial se haga cargo de la situación que están pasando.
Reciben muestras de solidaridad y el apoyo de los vecinos, y de las organizaciones políticas; los acompañó el diputado provincial del PTS-FIT Andrés Blanco y la concejala Natalia Hormazabal.
Reprimen manifestaciones obreras
Luego de la multitudinaria marcha que se realizó durante el mediodía del viernes, con más de 500 personas que acompañaban a los familiares, compañeros y compañeras de los 17 trabajadores que se encontraban detenidos e incomunicados, se quedaron en vigilia frente a la Seccional Primera de la Policía de Pico Truncado en la provincia de Santa Cruz. Exigían la liberación de quienes quedaron detenidos durante la brutal represión policial que ocurrió el jueves 22 de mayo en el Municipio de Pico Truncado.
El reclamo tuvo su origen en el despido de 208 trabajadoras y trabajadores municipales de la localidad.
Hay que agregar que hubo una nueva represión cerca de las 15:00, por parte de la Infantería de la Policía de Santa Cruz contra quienes estaban esperando la liberación de los detenidos en la comisaría.
El miércoles 20 se habían encadenado un grupo de despedidos en las rejas del municipio y el jueves, uno de ellos decidió rociarse con nafta, mientras amenazaba con prenderse fuego de manera desesperada. Cuando anochecía, un grupo se subió a las antenas telefónicas del municipio para quedarse allí hasta que el Intendente accediera a un diálogo. Pero nunca llegó la respuesta, mientras el Juez Leonardo Pablo Cimini ordenaba el violento desalojo de los despedidos y sus familias que terminó en los 17 detenidos y cerca de 15 heridos por las balas de goma y gases lacrimógenos.
Techint ataca de nuevo
En una audiencia citada por la cartera laboral provincial, la Unión Obrera Metalúrgica y referentes de Techint discutieron por la cesantía de 30 operarios de una contratista exclusiva de la fábrica de tubos sin costura Tenaris-Siderca, de Campana.
Los metalúrgicos temen que el ajuste se profundice y sean en total 600 los puestos de trabajo destruidos por Tenaris Siderca.
Sin acuerdo de partes la cartera laboral dictó conciliación obligatoria por el lapso de 15 días hábiles. La medida implica, en la práctica, que se retrotraiga el conflicto a foja cero, por lo que la empresa deberá reincorporar a los despedidos.
El conflicto comenzó el viernes 15 cuando los trabajadores fueron notificados que la empresa Tenaris Scrap dedicada al procesamiento de la chatarra, rompía el contrato con Ferrúa Srl. dejando así sin fuente laboral a 30 familias. Los trabajadores respondieron con un piquete en la entrada de camiones ya que ellos se dedican al transporte de chatarra desde las automotrices como Toyota y Volkswagen hasta la acería de Siderca. En el bloqueo se hicieron presentes trabajadores de Scrap y Siderca así como referentes de varias organizaciones sociales y políticas.
Petroleros temen perder 3.000 empleos en refinerías
La Federación Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio) se declaró en alerta ante el nuevo «barril criollo» que, según advierte, aumentaría el desempleo en el sector con el recorte de unos 3.000 puestos de trabajo.
El debate por la instalación del barril criollo concluyó con la fijación del precio sostén de 45 dólares hasta diciembre de este año, valor que posiciona al barril del crudo 10 dólares arriba que el valor Brent.
Con el establecimiento de ese barril criollo las refinerías que no producen petróleo ‑ubicadas principalmente en Provincia de Buenos Aires y Salta- deberán adquirir el producto a un nivel más caro que el internacional.
De esta forma, el decreto beneficia solamente a las productoras que venderán a un precio más alto y a las provincias petroleras ya que su recaudación se incrementa con las regalías, advirtió el sindicato.
Por otra parte, dijo el sindicalista, este decreto no resuelve uno de los problemas más grandes que existe en el sector y que tiene que ver con «la enorme cantidad de trabajadores que están suspendidos».
Según el sindicato, las empresas que recibirán «el peor golpe» son las refinerías Shell y Trafigura, ubicadas en la provincia de Buenos Aires; y Refinor, en Salta, perdiendo competitividad en el mercado.
«Protegiendo los puestos de trabajo hemos dejado la cláusula de revisión de las paritarias del 2019, que explica que estamos en un 15% abajo con respecto a la actualización salarial que debieran haber hecho y no hicieron», concluyó Milla.
Según un informe del portal Surtidores.com, las petroleras recibirán un subsidio de los consumidores de U$S 3.000 millones anuales por el valor del “barril criollo”, que impone un precio interno que está U$S 10 por arriba del internacional.
El Observatorio Petrolero Sur (OPSur) señala que según “Andrés Repar del Instituto de la Energía Scalabrini Ortiz y en base a lo que han declarado YPF y la petrolera de Miguel Galuccio, Vista Oil, un buen precio para el barril sería U$S 26; 19 por debajo del fijado. Durante este año el precio promedio al que se vendió el crudo en el país fue de 54 dólares en enero, 51 en febrero y 42 en marzo. En abril esa cifra se derrumbó pero todavía no fue publicada por la Secretaría de Energía.
El freno de la economía y la reducción del consumo derivado del aislamiento social preventivo y obligatorio generaron un sobre stock. El mismo fenómeno en el mundo ocasionó la caída del precio internacional del petróleo. Ambos procesos pusieron en jaque al sector petrolero en Argentina, particularmente en Vaca Muerta, que demanda precios altos para extraer hidrocarburos. El decreto 488⁄2020 es un salvataje a las empresas pero lo que está de fondo es la importancia del sector como dinamizador de economías locales.
Uno de los determinantes para la implementación de la medida fue la situación crítica en las provincias donde se extrae crudo. Por regalías, estas reciben el 12% de la producción, por eso siempre reclaman un precio alto: en marzo habían pedido un barril a 54 dólares. Se espera que con una paulatina recomposición de la demanda y el barril criollo se reactive el sector extractivo y que, además de incrementarse la recaudación provincial, las diversas actividades asociadas revitalicen esas economías. Con ese horizonte, el decreto 488⁄2020 demanda a las operadoras que sostengan la inversión para mantener “los niveles de actividad y/o de producción registrados durante el año 2019”, además de “los contratos vigentes con las empresas de servicios regionales” y del personal empleado al 31 de diciembre de 2019. Pero esa meta podría quedar en una declaración de buenas intenciones y bajo alcance en vista de las dificultades que plantean las compañías y la inacción gubernamental ante los despidos registrados en diferentes sectores de la economía, incluso a pesar de haber sido prohibidos al inicio de la cuarentena.
Una política soberana sobre la energía implica un desacople de los precios internacionales, tanto cuando estos suben como cuando bajan. El sector (y sus provincias amigas) reclama aumentos cuando el precio internacional se sube y ayudas cuando el precio internacional cae, liberales en las alzas, estatistas en las bajas, la historia misma del empresariado. El desacople, en tanto, debería estar pautado en base a precios de producción que hoy solo podemos estimar por las declaraciones empresariales. Por otra parte, la captación de renta petrolera por parte de las “provincias productoras” a través del cobro de regalías derivó en una perniciosa asociación que funciona en pos de beneficios de las empresas, en las que sectores de las clases dirigentes locales intervienen como voceras de las compañías. Se crea así un espiral de dependencia, al tiempo que logran mejoras en la cotización interna del barril o se incrementa la extracción, aumenta la subordinación de las economías provinciales a los ingresos por regalías. Mientras que por otro lado, quienes sufren la afectación directa por las explotaciones, así como las y los consumidores de combustible, quedan marginados del debate.
Una política soberana implica hoy apostar a una profunda diversificación productiva de las regiones donde se extraen hidrocarburos. Diversificación productiva que debe ir de la mano de la transición energética. La crisis sanitaria y económica que atravesamos debe impulsarnos a no demorar más esa decisión”, concluye OPSur.
Los trabajadores de la Rama Petróleo del sindicato camionero de Neuquén iniciaron una huelga en la provincia, que paralizó de forma total la actividad petrolera y de los yacimientos, ante «el incumplimiento patronal del pago de los salarios de abril» último, confirmó el secretario general de la filial, Carlos Rojas.
Por una cuarentena sin hambre marcharon otra vez movimientos sociales
Movimientos sociales nucleados en el Frente de Lucha Territorial marcharon el jueves pasado al Obelisco de la ciudad de Buenos Aires con la consigna «una cuarentena sin hambre» en reclamo de asistencia alimentaria y aplicación de la Ley de Abastecimiento, y luego concurrieron al ministerio de Desarrollo Social, donde fueron recibidos por funcionarios de esa cartera.
Los referentes sociales y funcionarios de la cartera que encabeza Daniel Arroyo, acordaron una próxima reunión para el viernes para abordar con mayor profundidad los planteos de las organizaciones.
«Estamos exigiendo que el Estado cumpla con los kilos históricos que reciben las organizaciones para garantizar el funcionamiento de los comedores» precisó Marianela Navarro, vocera del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y aclaró que «estamos muy lejos de discutir el incremento, cuando la gente que se acerca se ha triplicado».
Los militantes de los movimientos sociales que se movilizaron pertenecen al FOL, MTD Aníbal Verón, Frente Popular Darío Santillán, FOB Autónoma, Frente Popular Darío Santillán-Corriente Nacional, MULCS, Izquierda Latinoamericana Socialista, OLP-Resistir y Luchar, Movimiento 8 de Abril, Igualdad Social, Movimiento de los Pueblos, FAR, COPA en Marabunta, MTR por Democracia Directa, FOB La Libertaria, Movimiento de Resistencia Popular. Todos ellos se concentraron en el Obelisco porteño, manteniendo el distanciamiento social y con tapabocas, y desde allí se trasladaron a la sede del Grupo Lusardi, ‑uno de los señalados por vender con sobreprecios al Estado Nacional en el medio de la pandemia del coronavirus- ubicado en San Martín 66.
Luego, llevaron los mismos reclamos a la Secretaría de Comercio Interior, ubicada en Julio A. Roca al 600, y después de las 14:00 llegaron al ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Semana de lucha en Salud
El miércoles 20 APROSCA-FESPROSA junto al conjunto de los gremios de salud, movilizó a la Plaza 25 de Mayo de la Ciudad de Catamarca, rechazando las medidas del gobierno de recorte salarial a los trabajadores y el reclamo de pase a planta de los trabajadores precarizados.
En tanto, las y los profesionales de la salud de Santa Fe, nucleados en SIPRUS-FESPROSA, luego de una votación que superó los 1.000 trabajadores, decidieron un paro en toda la provincia para el pasado jueves 21 de mayo reclamando aumento salarial, des-precarización laboral y apertura de paritarias. Los salarios en la provincia de Santa Fe están congelados desde 2019.
Luego de la caravana realizada el domingo pasado en la ciudad de Trelew, acompañada por movilizaciones en el resto de la provincia de Chubut por la falta de pago de los sueldos, el sector salud volvió a movilizarse para exigir el pago del bono para todos los trabajadores, el lanzamiento inmediato del plan de protección, la apertura de paritarias, la des-precarización laboral y un aumento salarial de emergencia.
El viernes pasado, la Coordinadora Nacional de Residentes y Concurrentes presentó un petitorio en una conferencia de prensa realizada frente al Ministerio de Salud de la Nación, en el que reclaman recomposición salarial, condiciones de trabajo, cobertura de ART y otras reivindicaciones.
El martes 26 de mayo, la jornada de lucha tendrá epicentro en la Ciudad Autónoma, donde se exigirá la provisión de equipos de protección personal para todos los trabajadores, el cuidado de los y las mismas afectadas a la atención de la pandemia que se extiende, sobre todo en los barrios populares de la CABA, apertura de paritarias y cobro del bono estimulo. Está prevista una concentración frente al ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 10:00.
Trabajadorxs del Hospital Piñero y Area programática, junto a vecinxs y organizaciones del Bajo Flores, realizarán un corte en Curapaligüe y Cobo, de la Ciudad de Buenos Aires, el martes 26 de mayo, a las 12:00.
Por último, la jornada de lucha pasará el miércoles 27 a la provincia de La Rioja, con un pliego de similares características.
Será con barbijos y distanciamiento social para exigir equipos de protección y basta de precarización, protocolos acordes a la realidad de los barrios, acceso universal al agua potable, alimentos y elementos de higiene, medidas para terminar con el hacinamiento, fuera el Ejército de los barrios.
Conflicto en Plusmar
El martes, los choferes de micros de media y larga distancia contratados para las temporadas altas siguen en la lucha para que la empresa Plusmar les pague lo que les debe. Luego de dos meses de promesas incumplidas, trabajadores autoconvocados de la empresa líder, decidieron llevar su reclamo al Ministerio de Trabajo.
La empresa adeuda parte de los salarios de marzo y la totalidad de los sueldos de abril de casi 600 trabajadores efectivos. A esto se suma la decisión no renovar más de 150 contratos que finalizaron el 15 de abril, correspondientes a choferes precarizados. A ellos la empresa les abonó apenas un 40% del sueldo de marzo y se desentendió de lo adeudado del mes de marzo, la primera quincena de abril, proporcional de vacaciones, aguinaldo y el bono de 4.000 pesos por mes que otorgó el gobierno nacional en enero como piso de aumento salarial.
La estrategia solía ser obligarlos a renunciar con la promesa de volver a convocarlos para otra temporada, incluso pudiendo quedar efectivizados como choferes de planta permanente. Pero con la pandemia, el sistema de precarización laboral se vio interrumpido forzosamente y las empresas de transporte de pasajeros no están haciendo viajes.
Habían logrado un acuerdo de pago en cuotas por los salarios atrasados homologado por el Ministerio de Trabajo pero la empresa no lo respetó y volvió a incumplir. «Una vez más, la cuarentena es utilizada por las patronales para no abonar sueldos, suspender y despedir», denunciaron.
También llueven las críticas a la Unión Tranviarios Automotor (UTA): «Nuestros representantes, los delegados no nos dan explicaciones y desde marzo que no cobramos. Hay compañeros que deben tres meses de alquiler, compañeros con hijos discapacitados» y denunciaron que «su única intervención fue para empezar a diagramar una rebaja salarial del conjunto de sus representados en acuerdo con las Cámaras del transporte».
Otro blanco de la empresa son los choferes que están próximos a jubilarse, que sufren presiones para arreglar el retiro: «Los aprietan para que vayan a firmar a la empresa porque si no dicen que no les van a pagar».
Los trabajadores del sector están denunciando falta de pago de salarios en distintos puntos del país. Hubo manifestaciones en:
- Entre Ríos, frente a la sede de la UTA regional de autoconvocados reclamando por 600 afectados.
- Jujuy, donde la regional moviliza por los 800 choferes alcanzados.
- Misiones. Autoconvocados protestaron frente al galpón de la empresa M. Horianski y denunciaron que fuerongolpeados por integrantes de la seccional de la UTA (sic).
- San Juan, donde una veintena de choferes protestaron frente a la sede de la UTA.
- Neuquén. Convocó la UTA regional y amenazó con ir al paro.
- Mar del Plata, la UTA regional se manifiesta en estado de alerta y amenaza con no reanudar el servicio.
- La Pampa, la seccional de la UTA también en alerta.
Este martes 26 de mayo, a las 10:00, Choferes Autoconvocados de Plusmar realizarán una olla popular en reclamos de salarios adeudados en la puerta del predio de Avenida Pedro de Mendoza al 3400 del barrio porteño de Barracas, frente al Riachuelo.
Se convoca a choferes, mecánicos y personal de transporte de pasajeros de Plusmar y empresas del grupo. Se aceptan donaciones de alimentos no perecederos para las familias de los trabajadores y trabajadoras que están pasando un mal momento.
La Red de precarizados votaron en asambleas virtuales movilizar el viernes 29
Concentrarán a las 10:00 y confluirán a las 11:00 con la convocatoria de la Asamblea Nacional de Trabajadores de Reparto para multiplicar las fuerzas y la coordinación.
Se reunieron en asambleas virtuales el sábado en Capital Federal, Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Bahía Blanca y Jujuy. También el martes pasado en La Plata con resoluciones en el mismo sentido. Los jóvenes de Neuquén al igual que los de Tucumán se reunieron este lunes.
Lxs precarizadxs e informales de La Red convocan a la movilización como continuidad de la que ya se había realizado la semana pasada para visibilizar los reclamos de las trabajadoras y trabajadores precarizados contra los despidos, las rebajas salariales, por el pago de la IFE para todos ya y un salario de emergencia. A su vez proponen confluir con los trabajadores de las aplicaciones y sumar fuerzas a la convocatoria a movilización votada por la Asamblea Nacional de Trabajadores de Reparto por sus condiciones de trabajo.
En las asambleas pibes y pibas de todas partes del país se conectaron y empezaron a hacer lo que nunca habían hecho: encontrarse con cientos de pibes que están en la misma, tener asambleas juntos para empezar a organizarse para terminar con la precarización de los trabajos y las vidas. Entre varios rubros y sectores se destacaron los pibes y pibas repartidores de aplicaciones, de casas de comidas rápidas, docentes reemplazantes, gastronómicos, comercio, call centers, de limpieza, desocupados, de la industria, entre otros.
Cada uno, en decenas de intervenciones, contó cómo empeoraron sus condiciones de trabajo con la pandemia pero todos y todas están de acuerdo con una misma idea: la necesidad de no resignarse, unir sus fuerzas y salir a la calle el 29 para que los escuchen y coordinar con nuevos sectores. Las reuniones finalizaban unos minutos antes de que Alberto Fernández extendiera la cuarentena sin proponer ninguna medida para los trabajadores más precarios.
Todos coincidían en que mientras las conducciones de los sindicatos miran para otro lado y son cómplices de las suspensiones y recortes salariales, los empresarios avanzan cada vez más con la precarización laboral como contaban en las asambleas casi calcadas: Mc Donalds, Burguer Kings, Rappi, Glovo, Pedidos Ya y tantas otras cadenas que son símbolos de la precarización.
Se destacan ejemplos como los de Mc Donalds donde nuevamente muchos trabajadores tuvieron recibos de sueldos en cero pese a que el gobierno destine la plata de los jubilados para estas multinacionales. Miles de trabajadores de call center contaron que continúan suspendidos. Los trabajadores de las aplicaciones plantearon sus reclamos por derechos laborales ya que no cuentan con cuestiones elementales como jubilación, obra social o ART. También denunciaron que la precarización mata, como contaron en la asamblea de GBA donde hablo Bárbara, la hermana de Franco Almada, joven repartidor de Pedidos Ya que murió atropellado entregando un pedido.
No solo hubo denuncias, sino también ejemplos de resistencia y protagonizado por las que más la padecen: las mujeres. Como en la asamblea de Rosario donde las trabajadoras de call contaron cómo se organizaron para conseguir las licencias para las madres sin reducción salarial y lo pudieron conquistar.
En todas las asambleas de la Red se votó pelear para que todos cobren la IFE, porque en el medio de esta crisis el gobierno tiene que dar respuestas. Este reclamo se escuchó con fuerza en la asamblea de La Plata, quienes este viernes se movilizaron para presentar un reclamo al Ministerio de Trabajo para que se abone de forma urgente el IFE a todos los trabajadores y trabajadoras que fueron rechazados en el pago.
En la asamblea de la ciudad de Córdoba, también se sumaron y votaron el llamado a la movilización el 29 de mayo para poner en pie una nueva jornada nacional de los trabajadores y trabajadoras precarizadas e informales, a pesar de los intentos de represión por parte de la policía de Schiaretti. La semana pasada el gobierno cordobés salió con fuerza a atacar a los trabajadores implementando una nueva reforma jubilatoria, rebajas salariales y judicializando la protesta, pero desde esta semana se va a expresar la respuesta de los trabajadores. Con una gran caravana el lunes de los trabajadores de la salud, el martes los choferes de UTA y el miércoles los trabajadores municipales. El viernes, en otro aniversario del Cordobazo, desde la juventud precarizada de La Red le rendirán homenaje saliendo por sus reclamos.
Automotrices
Una de las primeras que retomó el trabajo fue Volkswagen, que puso en marcha su planta de cajas de cambio en Córdoba. Y el lunes 18 retomó la producción la planta de Pacheco, en el norte del GBA, con un turno único para continuar con la producción del modelo Amarok.
Según un informe de la Cámara que agrupa a los autopartistas, el 79% de las firmas del sector consiguió ingresar al programa ATP. Rige un pacto social sectorial del cual el Gobierno es considerado un garante central. En líneas generales el gremio admitió en el marco de ese acuerdo diferentes maneras de flexibilidad laboral. Y recorta considerablemente las posibilidades de conflicto gremial.
Un ejemplo de flexibilidad fue la ocupación de personal de General Motors en la empresa Unilever. Fueron 15 vacantes mediante contratos temporales en el marco de la categoría “pluriempleo”. Mientras dure el vínculo los contratados no perderán si empleo en GM.
Fuentes: Télam, Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino, Clarín, Página12, Anred, APU, Red Eco Alternativo, Infogremiales, Infobae, argentina.indymedia, La Izquierda Diario, OPSur, ACTA- CTA