Resumen Latinoamericano, 1 junio 2020
El
Ministerio de Relaciones Exteriores expresa su enérgico rechazo a la
calumniosa inclusión de la República de Cuba en una lista del
Departamento de Estado de los Estados Unidos referida a países que
supuestamente no cooperan plenamente con los esfuerzos estadounidenses
contra el terrorismo, hecha pública el 13 de mayo de 2020, que fue
contundentemente rechazada por el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Se
trata de un listado unilateral y arbitrario, sin fundamento, autoridad o
respaldo internacional alguno y que, como se sabe, solo sirve a
propósitos de difamación y coerción contra países que se niegan a acatar
la voluntad del gobierno de los Estados Unidos en sus decisiones
soberanas.
El principal argumento utilizado por el gobierno de
los Estados Unidos fue la presencia en el territorio nacional cubano de
miembros de la delegación de paz del Ejército de Liberación Nacional
(ELN) de Colombia.
Como es ampliamente conocido, la delegación de
paz del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia está en
nuestro territorio porque, en virtud del abandono repentino de Ecuador
de su condición de sede y a solicitud del gobierno colombiano y del ELN,
el proceso de paz se trasladó a La Habana en mayo del 2018.
Este
diálogo de paz había comenzado el 7 de febrero del 2017 en Quito. Cuba,
junto a Brasil, Chile, Ecuador, Venezuela y Noruega, ha fungido como
Garante del proceso de paz, por petición de las partes.
A
partir de la llegada del Sr. Iván Duque Márquez a la Presidencia de
Colombia el 7 de agosto del 2018, representantes de ese gobierno
sostuvieron, desde el 8 de agosto de ese año, hasta enero del 2019,
varios intercambios con Cuba y con la delegación de paz del ELN con el
propósito de continuar los diálogos que habían comenzado durante el
mandato del Presidente Santos, proceso en el cual nuestro país actuó con
la debida discreción y riguroso acatamiento de su papel de garante.
Tras
el atentado en la Escuela de Cadetes de Policía de Bogotá, del 17 de
enero de 2019, el Presidente de la República de Cuba y el Ministro de
Relaciones Exteriores expresaron de inmediato sus condolencias al
gobierno y pueblo colombianos, en particular a los familiares de las
víctimas del atentado, y reiteraron la firme posición de nuestro país de
rechazo y condena a todos los actos, métodos y prácticas terroristas en
todas sus formas y manifestaciones.
El gobierno colombiano tomó
entonces acciones políticas y legales contra la delegación de paz del
ELN que se encontraba en territorio cubano y rompió el diálogo de paz.
Adicionalmente, decidió desconocer el Protocolo de Ruptura, en franco
abandono y quiebre de los compromisos adquiridos por ese Estado con
otras seis naciones firmantes del mismo.
El Protocolo de Ruptura
se firmó en el marco de las negociaciones de paz por el Gobierno de
Colombia, el ELN y los países Garantes, el 5 de abril de 2016. En él se
establece el regreso seguro de la delegación guerrillera a Colombia en
caso de romperse el diálogo.
El gobierno cubano sostuvo y sostiene
hoy que lo que corresponde, según los documentos acordados, es la
aplicación del Protocolo. Esta postura, respaldada ampliamente por la
comunidad internacional y sectores comprometidos con la búsqueda de una
solución negociada al conflicto armado colombiano, es una práctica
universal reconocida y ratificada reiteradamente por apegarse al Derecho
Internacional y a los compromisos del País Garante y Sede de los
diálogos. Debido a la no aplicación de este Protocolo, es que aún
permanecen en el país los miembros de la delegación de paz del ELN.
El
gobierno colombiano ha incursionado en una serie de acciones hostiles
contra Cuba, que incluyen declaraciones públicas, amenazas y
emplazamientos, mediante la manipulación, ingrata y políticamente
motivada, de nuestra inobjetable contribución a la paz en Colombia.
Entre estas acciones, se registró la modificación de la postura
histórica de Colombia de apoyo a la Resolución que cada año aprueba la
Asamblea General de las Naciones Unidas en demanda del fin del bloqueo
económico, comercial y financiero de los Estados Unidos que provoca
daños y sufrimiento al pueblo cubano. Esta acción cambió ostensiblemente
la posición consistente e invariable de todos los gobiernos colombianos
desde 1992.
El mismo día que EE.UU. anunció la inclusión de Cuba
en la lista de países que supuestamente no cooperan plenamente con los
esfuerzos estadounidenses contra el terrorismo, el Alto Comisionado para
la Paz del gobierno de Colombia, Sr. Miguel Ceballos Arévalo declaró
públicamente que la decisión del Departamento de Estado de incluir a la
isla era un “espaldarazo” al Gobierno de Colombia y a su “insistente
solicitud” para que Cuba le entregara a los miembros de la delegación de
paz del ELN.
Estas declaraciones del Sr. Ceballos han sido
criticadas en Colombia por amplios sectores comprometidos con la paz y
varios políticos colombianos han demandado del gobierno una explicación
sobre las mismas y acerca del desconocimiento del Protocolo de Ruptura.
El Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza, en términos enérgicos, las declaraciones del alto funcionario colombiano.
Lo
que se desprende de los comentarios del Alto Comisionado para la Paz es
que la conducta del gobierno de Colombia ha servido y facilitado los
argumentos para los propósitos agresivos de los Estados Unidos contra
nuestra Nación y que ha brindado su “espaldarazo” a las infamias
estadounidenses contra una nación de América Latina y el Caribe.
La
presencia de representantes del ELN en nuestro territorio, en la que
descansa la acusación estadounidense, no es más que un pretexto endeble y
deshonesto, carente de sentido y facilitado por la actitud ingrata del
gobierno de Colombia, si es que algún crédito merecen las declaraciones
del Sr. Ceballos.
En cualquier caso y aún con esa supuesta ayuda
del gobierno de Colombia, la acusación de los Estados Unidos es
totalmente infundada. Existen evidencias concretas, algunas de ellas muy
recientes, de nuestra colaboración bilateral con los Estados Unidos en
el combate contra el terrorismo y en esfuerzos conjuntos de aplicación y
cumplimiento de la ley, en acciones de particular interés para este, lo
que convierte la calificación anunciada por el Departamento de Estado
en un acto deliberado de distorsión de la verdad.
Debe recordarse
que Cuba es un país que ha sido víctima de numerosos actos terroristas
organizados, financiados y ejecutados desde territorio de los Estados
Unidos, por parte de grupos e individuos que han disfrutado allí de
tolerancia y protección gubernamental, realidad que es de dominio
público. Fue víctima también, en el pasado, del terrorismo de Estado
perpetrado directamente por el gobierno de los Estados Unidos, que actuó
en ocasiones en contubernio con el crimen organizado de ese país. Por
acciones de este tipo han muerto 3478 cubanos y 2099 sufren o han
sufrido algún tipo de discapacidad.
El pasado 30 de abril, nuestra
Embajada en los Estados Unidos fue objeto de una agresión terrorista.
El gobierno estadounidense mantiene desde entonces un silencio
cómplice, sin condenar o siquiera rechazar el hecho, y se abstiene de
tomar acciones contra personas y grupos terroristas radicados en
territorio estadounidense que incitan a la violencia contra Cuba y sus
instituciones.
Como consecuencia, tras el atentado terrorista
contra nuestra Misión Diplomática en Washington, se han producido
amenazas contra la integridad de diplomáticos y Embajadas cubanas en los
propios Estados Unidos, así como en México, Costa Rica, Antigua y
Barbuda, Canadá, Chipre, Austria y Angola, todo lo cual se ha informado a
los respectivos gobiernos.
La actitud de manifiesta complicidad
del gobierno de los Estados Unidos conlleva el peligro de ser asumida
como un endoso al terrorismo. Es consecuente con la intensificación de
la política de agresión e instigación a la violencia contra Cuba,
llevada incluso a los países donde labora personal cubano de la salud en
programas bilaterales de cooperación.
El compromiso de nuestra
Nación con la actuación enérgica y la condena del terrorismo está
recogido en la Constitución. Es absoluto y categórico contra cualquiera
de sus formas y manifestaciones, en particular el terrorismo de Estado, y
está respaldado por la debida legislación. Existen sobradas razones
para dudar de que el gobierno de los Estados Unidos pueda emitir una
afirmación tan categórica sobre su posición frente al terrorismo.
Cuba
ha mantenido de manera invariable su apoyo a la paz de Colombia y ha
trabajado desde su condición de Garante en la implementación del Acuerdo
de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), a pesar de
que el Gobierno colombiano no ha garantizado la protección de dicho
Acuerdo y no ha asegurado su estricto cumplimiento.
Como se ha
planteado por vías diplomáticas, el Ministerio de Relaciones Exteriores
solicita al gobierno de Colombia conocer cuál es su postura sobre la
condición de los Garantes en el proceso de Paz de Colombia, en
particular el de Cuba.
Igualmente, requiere conocer cuál es la
posición del gobierno sobre la aplicación y el cumplimiento del Acuerdo
de Paz entre el Gobierno de Colombia y la FARC-EP.
El Ministerio
de Relaciones Exteriores insta al Gobierno de Colombia a que declare su
posición oficial acerca de las razones que le atañen para la inclusión
de Cuba en la lista elaborada por el Departamento de Estado de los
Estados Unidos y aclare cuál fue el papel y la postura de sus
funcionarios en los intercambios previos realizados con los Estados
Unidos al respecto.
Como país que ha sido víctima del terrorismo,
Cuba deplora toda manifestación de manipulación y oportunismo político
al tratar un asunto tan sensible.
La Habana, 1 de junio del 2020.
