Por Verónica Zapata*, Resumen Latinoamericano, 4 junio 2020
El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Salvador Romero anuncio finalmente que enviará un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa que fijara un nuevo plazo para realizar las elecciones generales hasta el 6 de septiembre. El candidato presidencial por el M.A.S. Luis Arce Catacora informó que su fuerza política viabilizó un acuerdo con las demás fuerzas políticas para concertar que la fecha de elecciones sea el próximo 6 de septiembre.
El T.S.E. Informo que en las próximas semanas se definirán
los protocolos para que en las actividades preparatorias y la misma jornada
electoral se cumpla con las debidas medidas de protección, tanto de distanciamiento
social como de equipamiento, a partir de recomendaciones de autoridades nacionales
y expertos internacionales. Por otra parte, el secretario general de la O.N.U.
realizo un pedido a los partidos y autoridades para que cooperen con el T.S.E.
en la celebración de elecciones pacíficas, trasparentes e inclusivas: “A
solicitud del T.S.E. y con el apoyo de la Unión Europea, Suecia, Canadá y el
Reino Unido, las Naciones Unidas seguirán brindando asistencia técnica al
Órgano Electoral Plurinacional, incluso sobre las medidas de mitigación que
permitan que las elecciones se lleven a cabo en las mejores condiciones
sanitarias posibles”, sostuvo.
La lucha del pueblo boliviano para exigir elecciones
generales.
El 3 de mayo pasado
se postergaron las elecciones generales en el país por la emergencia sanitaria.
De esta manera, por segunda vez se venció el plazo del mandato del llamado
“gobierno de transición” de Áñez. El primer vencimiento fue el 22 de enero
cuando la presidenta de facto, se auto prorrogó el mandato junto a la asamblea
legislativa hasta el 3 de mayo, en un accionar de avasallamiento al derecho
jurídico. La intención de los golpistas es de volver a auto prorrogarse el
mandato, pero esta vez, de manera indefinida utilizando la pandemia como estrategia
para mantenerse de manera indefinida en el poder, lo que fue rechazado por las
organizaciones sociales.
El pueblo boliviano
exige la realización de las elecciones generales para elegir un gobierno legítimo
y con liderazgo para convocar a cada sector de la sociedad con el fin de
enfrentar en conjunto la situación dramática de crisis sanitaria y económica
que atraviesa el país. Hasta el momento el gobierno de facto no ha podido
garantizar los elementos básicos para enfrentar el Covid-19, reactivos y
respiradores mecánicos, desatando el colapso sanitario en Beni y Santa Cruz. El
país se ha endeudado vía F.M.I. y B.M., pero no se conoce el destino de los
fondos, pues no se observan en inversión en sistema sanitario.
El 29 de abril se realizó
el primer cacerolazo y petardazo masivo a nivel nacional en plena cuarentena
para exigir al T.S.E. que fije fecha de elecciones. Tras la presión del pueblo,
el 30 de abril se sancionó la Ley 1.297 de Postergación de las Elecciones Generales
que dio un plazo de 90 días para que el tribunal electoral fijara la fecha de las
elecciones generales hasta el 3 de agosto. Áñez rechazo la medida y presentó un
amparo de inconstitucionalidad al Tribunal constitucional, y diferentes
golpistas siguieron la misma línea y fueron rechazados.
Para lograr que se
vuelva a retornar el tema electoral y reencauzar al país en la vía democrática,
el pueblo boliviano sostuvo una fuerte lucha con medidas de presión en plena
cuarentena. Se realizaron cuatro cacerolazos y petardazos con acatamiento
absoluto, marchas de protestas y numerosos bloqueos en diferentes regiones del
país. El primer cacerolazo fue el miércoles 29 de abril, y los domingos 10, 24 y 31 de mayo a las 19 horas. Durante el
primer y exitoso cacerolazo, en UNITEL el principal medio de comunicación funcional
al golpe de estado, distorsionaban la realidad y afirmaban que el contundente
reclamo tenía el objetivo de exigir la anulación de la personería jurídica del
M.A.S. Uno de los bloqueos más importantes se llevó a cabo en kara kara, ciudad
situada al sur de Cochabamba donde se desató una fuerte represión con gases
lacrimógenos y balines. También, en El Alto se reprimió y los militares manosearon
a una mujer mientras era detenida.
Ante el éxito de
los cacerolazos que se vivieron como una “noche de festejo de año nuevo” en
Bolivia, el gobierno de facto decidió desplegar a los militares en las principales
ciudades para amedrentar y hacer gala de su fuerza. Diversos reclamos se fueron
sumado a las protestas, entre ellos, la flexibilización de la cuarentena para
poder iniciar las actividades económicas para sobrevivir en medio de la
pandemia del Covid.19, el rechazo a los numerosos casos de corrupción del
gobierno de facto, el cese de la persecución política y encarcelamientos, la
derogación del decreto que permite el uso de semillas transgénicas, etc., fueron caldeando densamente el clima político y
social en el país las últimas semanas.
Ante la lucha del
pueblo boliviano, el grupo paramilitar “Resistencia Juvenil Cochala”, se
reorganizó y llamó a atacar a los movimientos sociales si estos continuaban con
los bloqueos, el pedido de elecciones, y como contrademanda exigieron el cierre
de la asamblea legislativa y la postergación de las elecciones.
Por otro lado, una institución que en el pasado apoyó a Áñez como la iglesia
le realizó fuertes criticas. El 10 de mayo el presidente de la conferencia
episcopal de Bolivia (C.E.B.) Monseñor Ricardo Centellas critico a Áñez por “preocuparse
demasiado” en repartir cargos a familiares y prorrogar su mandato y no
dedicarse con eficiencia a cuidar la
salud de las y los bolivianos.
Ofensiva militar a la asamblea legislativa para evitar
elecciones.
La situación
política y social de crisis tuvo su pico el 21 de mayo cuando el comandante en
jefe de las F.F.A.A. de Bolivia general
Sergio Orellana ingresó a la asamblea legislativa para dar un ultimátum con plazo de una semana con
el fin de que se apruebe una lista de ascensos de militares presentada a la
asamblea por Áñez en febrero pasado, y que la cámara rechazó el 18 de mayo siguiendo
la normativa constitucional que establece que: “La propuesta de ascensos debe
ser enviada por el ejecutivo al senado para que esta cámara en sesión reservada
apruebe o rechace la proposición”. Eva Copa, la presidenta del senado rechazó
las amenazas, sostuvo que no era indispensable tratar ascensos en plena
pandemia del Covid-19, y que ello debería realizarse posterior a la elección de un gobierno democrático.
Evo Morales definió
a esta situación como el tercer golpe, el primero contra su persona el 10 de
noviembre del 2019, el segundo el 22 de enero cuando Áñez se auto prorrogó el
mandato, no convocó a elecciones generales, se mantuvo en el poder y se
presento como candidata presidencial para una próxima elección. Y un tercer
golpe o “autogolpe” ante la amenaza de cerrar la Asamblea Legislativa y
gobernar por la vía militar como única opción con cierre de la asamblea
legislativa de la cual dos tercios pertenecen al M.A.S., la derogación de la Constitución
Política de Estado, retrotrayéndola la de 1994 con el objetivo de evitar el
proceso electoral. Volver a la constitución de 1994 implicaría disolver el Estado
Plurinacional y restablecer la República, con la consiguiente exclusión de la vida política y de la
distribución de la riqueza del país a los indígenas y a las mujeres.
Anteriormente el 10
de mayo Evo Morales realizó una grave acusación y exigió por Twitter
explicaciones al jefe de las F.F.A.A. que amenazó a los asambleístas: “El
comandante en jefe Orellana, debe informar al país por qué y para qué los norteamericanos entregaron en el estado
mayor el pasado 14 de abril, paquetes de dinero y con qué fin los comandantes
reciben 50 mil dólares por día”.
Esta situación de ofensiva
militar a la asamblea legislativa, último bastión democrático e institucional en pie dentro del país pos golpe
d estado, se llevó a cabo con el silencio cómplice de Áñez y su gabinete, de los
fuerzas políticas de derecha de Fernando Camacho y Carlos Mesa, principalmente,
y de los sectores civiles empresariales, medios de comunicación, etc., que
apoyaron el golpe de estado del 10 de noviembre del 2019. Por otro lado, fue
fuerte el repudio a nivel mundial por el accionar antidemocráticos del jefe de
las F.F.A.A. Sergio Orellana a quien se
le pidió la renuncia y se le exigió respetar la constitución nacional que en su
Art. 245 afirma: “Las F.F.A.A. son una institución esencialmente obediente, no
delibera, no realiza acción política, y está sujeto a órdenes del presidente”.
(*)Verónica Zapata,
periodista y psicóloga boliviana.
