CNAAE, Resumen Latinoamericano, 05 de junio de 2020
Este domingo 7 de junio, nos vamos a concentrar en Madrid, Bilbao, Barcelona, Murcia, Málaga, Zaragoza, Mallorca, islas Canarias, Tarragona, Valencia, Córdoba y Rota (Cádiz) en diferentes horarios para denunciar el asesinato racista de nuestro hermano George Floyd a manos de Derek Chauvin, un supremacista blanco perteneciente al cuerpo de policía de Minneapolis (Minnesota).
Nosotras y nosotros, la comunidad negra, africana y afrodescendiente de España, personas del pueblo gitano, de Abya Yala, magrebíes, árabes, musulmanas y asiáticas, junto con el resto de personas aliadas antirracistas, sabemos que este asesinato no es una cuestión puntual, sino que responde a la violencia histórica y estructural a la que son sometidas las personas negras en Estados Unidos.
Sin embargo, el racismo institucional y social anti-negro no solo es una cuestión de EE.UU. En diferentes partes del mundo, de manera diversa, vemos cómo este atenta contra las vidas negras, tanto de forma directa, con el asesinato físico; como de forma indirecta, con las condiciones de pobreza estructural, explotación laboral y falta de oportunidades a las que somos sometidas. Hemos podido ver que el COVID-19, no solo ha servido para justificar la violencia contra los cuerpos negros, como hemos visto en otros territorios, sino que también ha golpeado duramente a nuestras comunidades. Son nuestros cuerpos negros los que se encuentran en los puestos de trabajo más precarios, a los cuales se les niega el acceso a la sanidad y a los que se encierra en viviendas paupérrimas situadas en barrios insalubres.
Esta situación de la comunidad negra en el mundo es una herencia directa del periodo de esclavización, secuestro y comercio de personas negras, del colonialismo y del neocolonialismo. Nuestra denuncia va dirigida a todo un sistema que se construye desde la marginalización, explotación, criminalización y asesinato de nuestros cuerpos negros.
Por todo esto, no podemos dejar de relacionar el asesinato racista de George Floyd con las muertes de nuestras hermanas y hermanos en el Mar Mediterráneo, con las más de 15 personas negras muertas en Tarajal (Ceuta), con las muertes de Samba Martine, Lucrecia Pérez o Mame Mbaye, con la violencia contra un menor negro y dos mujeres negras por parte de dos policías locales de la Bisbal d’Empordà (Girona), con el resto de vidas negras arrebatas por el racismo institucional y social que hay en España. Asimismo, existe una relación directa con las condiciones de pobreza y explotación laboral en las que vivimos gran parte de nosotras. Muchas sabemos que, aunque es ilegal, la discriminación en el ámbito laboral es una práctica común en nuestro mercado de trabajo: negarse a contratar a personas negras, discriminación salarial, los plazos, condiciones y privilegios de contratación o la segregación o privación de oportunidades laborales por cuestiones relacionadas con la raza, el color, la religión, el género, la orientación sexual o la nacionalidad.
Llevamos décadas denunciando el racismo institucional y social que vive la comunidad negra, africana y afrodescendiente en este país. Lo hicimos en el año 2016 en el Informe de la Sociedad Civil Africana y Afrodescendiente sobre el racismo en España, que se remitió al Sr. Pastor Elías Murillo para su estudio por parte del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial en su sesión del 26 de abril de 2016, en la ciudad de Nueva York. También se hizo constar en el informe que el Grupo de Trabajo de Expertos para los afrodescendientes de la ONU elaboró en 2018 sobre la situación de las personas negras, africanas y afrodescendientes de España, donde se manifestó:
– Que la población negra es 42 veces más propensa a ser señalada en los puertos y el transporte público por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y empresas privadas de seguridad, simplemente por el color de su piel.
– Que la discriminación racial está presente en todos los ámbitos de la sociedad, desde los centros escolares hasta el mercado de trabajo, pasando por la vivienda, la sanidad y otros servicios sociales.
– Que las personas migrantes negras son encarceladas en los Centros de Internamientos de Extranjeros, a pesar de ser ésta una violación de derechos fundamentales.
– También su preocupación por las condiciones de insalubridad en las que viven los trabajadores migrantes africanos en los campos, particularmente los de Almería.
– Asimismo, manifestaron que la falta de datos desglosados por origen étnico o de raza, condenaba a la comunidad negra, africana y afrodescendiente a ser invisibilizada, impidiendo así encontrar soluciones eficaces contra el racismo, la discriminación racial y la exclusión social.
– Igualmente, su preocupación por la situación de las mujeres negras, disidentes sexuales, africanas y afrodescendientes, dado que ellas se enfrentaban a una triple discriminación: machismo, racismo y clasismo. De igual manera, señalaban que las personas negras en España se enfrentan a desigualdades y a múltiples formas de discriminación por motivos de raza, color, género, orientación sexual y creencias religiosas.
– Además, la necesidad de una revisión de la Ley de Extranjería con miras a ser más
respetuosa con los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo.
– Del mismo modo, el deber del Gobierno español de revisar asiduamente los libros de texto y otros materiales educativos para asegurarse de que reflejen con precisión los hechos históricos relativos a tragedias y atrocidades del pasado; en particular la esclavitud, la trata de personas africanas esclavizadas y el colonialismo. El Gobierno debe dar una mayor visibilidad a la historia y la cultura de los afrodescendientes a través de museos, monumentos, artes visuales y otros medios.
– Por último, recomendó que el Gobierno de España se apoyase en un discurso nacional sobre justicia restauradora para hacer frente a las injusticias históricas. En colaboración con la sociedad civil, las autoridades españolas deben aplicar plenamente el programa de actividades del Decenio Internacional, en torno a los tres temas del reconocimiento, la justicia y el desarrollo de los afrodescendientes.
La denuncia de estas situaciones de discriminación racial se amplía en el comunicado que la comunidad negra, africana y afrodescendiente en España elaboró sobre la tercera sesión Examen Periódico Universal (EPU) del 22 de abril de 2020.
Como se comprueba, la comunidad negra, africana y afrodescendiente de España, lleva años haciendo incidencia política para que nuestros derechos sean garantizados. Sin embargo, nos hemos encontrado con una clase política, tanto de izquierdas como de derechas, que ignora nuestras demandas, las tergiversa o se pierden en el gesto político que no produce ningún cambio estructural.
Toda legislación, política pública o medida contra el racismo que se realice debe contar con la participación de las organizaciones negras, africanas y afrodescendientes. No vamos a permitir que se siga haciendo políticas públicas sin nosotras y nosotros.
Hoy, una vez más, nos unimos para manifestar todo nuestro apoyo a la familia de George Floyd y a toda la comunidad negra de Estados Unidos que está tomando las calles bajo el grito de: «sin justicia, no habrá paz».
Nosotras, la comunidad negra africana, afrodescendiente en España, saldremos a las calles para dejar clara una cosa: al igual que dijeron nuestros hermanos y hermanas, los chalecos negros de Francia, «el miedo tiene que cambiar de bando».
Las vidas negras importan, no pararemos hasta erradicar el racismo estructural de nuestras sociedades. Verdad, justicia y reparación. Poder negro.
En este link puedes leer y adherirte al comunicado de la plataforma: https://bit.ly/3dCGhB3