Resumen Latinoamericano, 5 de junio de 2020.
Por medio de una petición de Rogelio Mejía, Gobernador del Cabildo Arhuaco de Magdalena y La Guajira, se denunció que la industria minero-energética, cultivos ilícitos, compra de predios para turismo, entre otras problemáticas, están afectando a los resguardos indígenas de los pueblos Arhuacos, Wiwas, Koguis y Kankuamos. Esto sucede a pesar de que estos territorios están protegidos constitucionalmente.
Durante el 2020 las situaciones de vulneración a los territorios que conforman la Línea Negra de la Sierra Nevada se han incrementado y agravado a raíz de las concesiones de minería, megaproyectos otorgados y obras que estaban ejecutándose de manera ilegal.
El pasado mes de mayo, por medio de unas fotografías y vídeos que se viralizaron en las redes sociales, se evidenció cómo una maquinaria intervenía a gran escala en manglares y áreas aledañas a la desembocadura del Río Ancho, en el municipio de Dibulla, La Guajira. Esta intervención afectaba directamente tanto a los indígenas del resguardo Kogui Malayo Arhuaco, quienes consideran ese espacio sagrado, como al ecosistema ambiental que se mantenía conservado.
A pesar de que la Corporación Autónoma Regional de La Guajira ‑Corpoguajira- suspendió las obras y abrió una investigación porque no tenían permiso para adelantar la ocupación, son situaciones que se han presentado históricamente.
“En el Gobierno del señor presidente Iván Duque Márquez, estamos viviendo la peor época de nuestra historia de vida republicana en la Sierra Nevada de Santa Marta, todos los males o plagas que habían llegado y que mediana o moderadamente se había detenido en gobiernos pasados, se han recrudecido con intensidad en el Gobierno actual”, expresa la denuncia que ante la Corte Constitucional presentó el Gobernador Indígena Rogelio Mejía.
La denuncia se presenta mediante una carta dirigida a la Corte Constitucional, la Procuraduría y a la Corte Interamericana de Derechos Humano –CIDH. En ella se denuncian las prácticas violentas y sistemáticas que afectan los derechos fundamentales, culturales y ambientales de los cuatro pueblos que habitan la región desde tiempos ancestrales. Estos se acogen a fallos de tutelas que han ganado para lograr salvaguardar sus derechos como pueblos indígenas autónomos.
“En la zona de ampliación de nuestros resguardos, muchos predios fueron comprados por cientos de turistas extranjeros, como italianos, israelíes, ingleses y españoles, entre otros, quienes han construido lujosos hostales, todo esto, porque la Agencia Nacional de Tierras, no quiso comprar los predios y porque el Gobierno del señor presidente Iván Duque Márquez, suspendió el programa ‘Guardabosques Corazón del Mundo’”, denuncia la solicitud.
Son 10 las denuncias que el Gobernador del Cabildo Arhuaco de Magdalena y Guajira expone ante la Corte. En ellas se da un recuento de las constantes disputas que hay en estas zonas: muertes, hostigamiento y amenazas en la reserva ecológica debido al control territorial de grupos armados al margen de la ley.
Según el documento, estos hechos ilegales ocurren con la anuencia del Gobierno Nacional y de las Fuerzas Militares. Aparte, también habla de la discriminación que sufren por parte del Gobierno a raíz de la pandemia de la Covid-19, pues no se ha implementado una política de atención diferencial con enfoque étnico.
Los pueblos que habitan esta zona ancestral exigen una inmediata investigación de las negligencias que denuncian. Señalan que “ningún otro presidente en toda la historia tiene todas las cámaras y micrófonos abiertos de 6:00 PM a 7:00 PM a través de los cuales anuncia billones y billones de pesos, pero a los más débiles, que somos los indígenas, no nos atiende, a sabiendas que en Colombia nuestros pueblos se han muerto más por enfermedades que por la propia guerra”.
* Fuente: 
Colombia Informa
