Por Juan Carlos Giuliani*, Resumen Latinoamericano, 7 junio 2020
En medio del ninguneo y menosprecio del poder, sobreviviendo a salarios de miseria y al flagelo de la precarización laboral, esforzándonos por diferenciarnos de la caterva que degrada el oficio más apasionante del mundo haciendo “periodismo de periodistas” y pontificando las bondades del modelo extractivista-dependiente, este 7 de Junio se conmemora un nuevo aniversario del Día del Trabajador de Prensa.
Lo hacemos lidiando sin concesiones contra los que se la pasan falseando la verdad en el altar de los que mandan –por 30 monedas o por sumas millonarias‑, saqueando la confianza pública, codeándose con la escoria de los ’servicios’ para difamar al que piensa y actúa diferente, soportando una oleada de despidos, enfrentando la escandalosa concentración mediática y con el compromiso de no callar, de seguir dando testimonio de las alegrías y penas de nuestro pueblo.
Desde hace más de treinta años, y después de mucho debate, decidimos en Córdoba rebautizar el “Día del Periodista” por el “Día del Trabajador de Prensa”, como una reafirmación de nuestra pertenencia de clase. Periodista hace alusión a redactores, fotógrafos, profesionales de la comunicación. Deja afuera a los trabajadores de Administración, Intendencia y Expedición de la prensa escrita, a los vendedores de publicidad, diagramadores, productores, y otros tantos actores del ramo.
No se trata ‑a nuestro juicio- de una discusión ociosa. Remite a refrendar nuestra condición de trabajadores o de considerarnos integrantes de la legión de profesionales liberales, tal cual lo enseña la Academia desde las escuelas o facultades de Ciencias de la Comunicación, donde ni por casualidad se dicta el Estatuto del Periodista Profesional, una conquista señera del gremio.
En muchos lugares del país ni tan siquiera se respeta el piso mínimo que establece el Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12908) y el Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas. Esa realidad de precarización y flexibilización laboral es la que no nos bancamos y venimos a modificar.
La Ley 12.908 tiene fecha de nacimiento en la víspera de la Navidad de 1946 y fue publicada en febrero de 1947 durante el primer gobierno peronista. Sigue vigente luego de reformas y múltiples intentos de derogación gracias a la resistencia de los trabajadores y sus organizaciones gremiales representativas. Sigue siendo una poderosa herramienta para la protección del sujeto de la actividad y, a la vez, un núcleo legal básico de articulación y organización sindical.
En esta lucha a brazo partido en la disputa de la renta a los grupos económicos propietarios de la inmensa mayoría de los medios de comunicación, el salto cualitativo lo marca el grado de organización alcanzado por los compañeros en cada lugar de trabajo. Desde esa plataforma se construye la libertad y democracia sindical y se interpela el poder de las patronales para demandar nuestros derechos salariales, laborales, de seguridad y medio ambiente.
Somos artesanos de un oficio que tiene, desde sus orígenes, múltiples ejemplos de entrega y compromiso con la causa de la clase trabajadora. No está de más recordar que entre los Mártires de Chicago figuran tres periodistas: Adolf Fischer; Albert Parsons y Hessois Auguste Spies.
El Día del Trabajador de Prensa fue establecido en 1938 por el Primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa con ideas patrióticas. El 7 de junio de 1810 Mariano Moreno fundó la “Gazeta de Buenos Ayres”, primer periódico de la etapa independentista argentina.
Pertenecemos a un gremio castigado, perseguido, silenciado: Durante la dictadura oligárquico-militar se registraron más de cien trabajadores de prensa y comunicación detenidos-desaparecidos por su resistencia al régimen.
La proliferación de medios autogestionados barriales, locales, regionales, comunitarios en los diferentes soportes que actualmente habilita el desarrollo tecnológico, va forjando la articulación, todavía incipiente y deficitaria, de una red de comunicación popular que se erige como el mejor antídoto al oligopolio comunicacional, promueve la comunicación propia y contribuye a romper el cerco informativo.
La puja por una justa distribución de la riqueza torna indispensable avanzar en la democratización de la información para que sea un insumo al que acceda todo el pueblo y no propiedad de unos pocos.
El Derecho Social a la Información y la Libertad de Expresión integran –junto al Derecho a la Vida, a la Alimentación, al Vestido, a la Salud, a la Educación, a la Vivienda, etc.- el lote de derechos humanos básicos para ejercer a pleno la ciudadanía en una democracia popular y participativa.
La soberanía comunicacional no se declama, se ejerce. Y para ello es necesario voluntad política, conciencia colectiva y fuerza popular organizada. La disputa a fondo con el poder reclama coherencia. No admite fuegos de artificios ni doble discurso.
Es hora de repensar al sujeto de este noble oficio en clave colectiva, para que la comunicación se sustente en la verdad, que siempre es revolucionaria, y en distribuir la palabra con Justicia Social.
*Periodista y escritor