Por Lorena Bermejo, Resumen Latinoamericano, 08 de junio de 2020
Mientras el crimen en Minneapolis despierta la indignación mundial, referentes de comunidades afro, indígenas y migrantes advierten sobre el racismo cotidiano e institucional en el país.
Según la última investigación que realizó el tema el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), el 60% de las personas encuestadas opinó que en el país existe discriminación contra las personas afrodescendientes y contra los pueblos indígenas. Sin embargo, de las personas que manifestaron haber experimentado alguna situación de discriminación, solo el 35% afirmó que se trató de un hecho racista. “Desde la burla y la invisibilización, hasta la represión policial, el racismo adopta distintas formas en la Argentina, donde lo bárbaro y lo marginal siempre es lo negro y lo indígena”, señaló Carlos Nazareno Alvarez, director nacional de Pluralismo e Interculturalidad de la Secretaría de Derechos Humanos y referente de la Agrupación Xangó.
Anny Ocoró Loango, investigadora en
Ciencias Sociales de la Facultad Latinoaméricana de Ciencias Sociales (Flacso),
afirma en el libro “Afrodescendencias y contrahegemonías”, que “el racismo no
reconoce la igualdad de un otro, lo subalterniza y subalterniza sus
conocimientos, sus tradiciones y su cultura”. Las caras pintadas con corcho
quemado en los actos patrios de las escuelas, los términos cómo “quilombo” o
“mambo” utilizados de forma peyorativa, son algunos de los racismos simbólicos,
cotidianos. “Pero también existen las acciones más explícitas, como la
violencia que sufren los compañeros senegaleses cuando la Policía los detiene y
les quita sin razón la mercadería, y la forma en que la sociedad avala estos
hechos”, explicó Alvarez. Una imagen de 2019 muestra cómo dos policías empujan
contra el suelo a un hombre senegalés mientras una mancha de sangre se expande
a su alrededor. Otra, un video registra cómo dos efectivos de la Policía de la
Ciudad le quitan violentamente la mercadería a un vendedor afrodescendiente de
la vía pública. ¿Por qué estas imágenes no generan la misma indignación que el
video del policía estadounidense dejando sin aire a George Floyd?
“El racismo que sufrimos es estructural,
un racismo que está enquistado dentro de todas las instituciones”, afirma
Sandra Chagas, integrante del Movimiento Afrocultural, activista lésbica y
parte del Grupo Matambas, de mujeres negras y afrodescendientes. En 2014, la
Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco) estableció el “decenio para los afrodescendientes”, que se prolonga
hasta 2024. Pero a pesar de los nombramientos, la violencia sigue
reproduciéndose en todo el continente. “Debería ser una época de reconocimiento
de nuestros derechos humanos, sin embargo las cárceles están habitadas en su
mayoría por personas indígenas o afrodescendientes”, señaló Chagas, a partir de
su experiencia al trabajar en distintos penales con personas trans. “La
política de criminalización de nuestra existencia es una de las formas de
racismo que sufrimos”, agrega Moira Millán, escritora y referente mapuche.
La represión de las fuerzas de seguridad
hacia los pueblos indígenas y la venta de terrenos donde viven familias o
comunidades enteras no son historias de fines del siglo XIX sino parte de la
cotidianidad de los pueblos en todo el país. “El racismo es la expresión
simbólica del genocidio, lo que habilita que la violencia se siga permitiendo”,
afirma Diana Lenton, antropóloga, docente de la Universidad de Buenos Aires
(UBA) e investigadora en Conicet, y agrega que “lo que hay que cambiar para
combatir el racismo es lo que tenemos en nuestro pensamiento”. El entramado
simbólico del racismo no es asunto menor: según señala Yuderkys Espinosa,
investigadora y filósofa afrodominicana, en su artículo “El feminismo
descolonial como epistemología contra-hegemónica”, la forma de desandar el
racismo establecido con la colonización de todo el territorio americano es
“producir y visibilizar de forma amplia nuestra propia interpretación del
mundo, como tarea prioritaria para los procesos de descolonización”.
“El problema es que los mismos vecinos que hoy aplauden la rebelión en Estados Unidos, ayer felicitaban al gobierno porteño por liberar las veredas del Once”, señala Lenton, en referencia al desalojo de los trabajadores –en su mayoría migrantes latinoamericanes y africanes– de la vía pública de la Ciudad de Buenos Aires, y explicó “hay un racismo mucho más profundo de lo que se cree, que se manifiesta en distintos niveles, desde la violencia física hasta las barreras para acceder a la salud, a la educación, y la forma de invisibilizar a ciertos grupos sociales en los discursos públicos”. Más concretamente, Álvarez sostiene que “somos pobres porque somos negros, porque el país se construyó a partir de esa base racista”.
Acá
tampoco se puede respirar
El caso de George Floyd no fue muy
distinto al de José Delfín Acosta Martínez, detenido por la Policía en 1996 y
muerto bajo custodia policial, ni al de Massar Ba, uno de los principales
referentes de la comunidad senegalesa, históricamente perseguida por la Policía
de la Ciudad de Buenos Aires, que fue asesinado en 2016 a metros de su casa en
San Telmo. En marzo de este año, el caso de Acosta Martínez llegó a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante las audiencias que se llevaron
a cabo en Costa Rica, y el Estado argentino admitió la culpabilidad. En julio o
agosto se espera una sentencia sobre el caso. “Es importante que el Estado
reconozca los casos de violencia institucional”, señala Carlos Álvarez, y
explica: “No solo para reflexionar en nuestras prácticas racistas sino para que
efectivamente se pueda modificar la situación, la negación de la presencia
negra en el país”.
Para Massar Ba, quien luchaba por los
derechos de los y las migrantes africanos en la Ciudad de Buenos Aires, todavía
no hay justicia. Mientras tanto, cientos de trabajadores de la vía pública en
el barrio de Once y en Floresta se enfrentan a las represalias de la Policía de
la Ciudad. “Los mismos agentes estatales saben en qué casos pueden actuar
violentamente sin recibir represalias, porque el mismo Estado toleró abusos
contra ciertas poblaciones que no tolera en otras”, explica la antropóloga
Diana Lenton.
Recién en 2010 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) incluyó en el censo nacional la pregunta: “¿Usted o alguna persona de este hogar es afrodescendiente o tiene antepasados de origen afrodescendiente o africano (padre, madre, abuelos/as, bisabuelos)?”. Como afirma Ocoró Loango, la Nación “encaminada hacia el progreso y el desarrollo, surgía enfatizando la temprana desaparición de la población negra (sumado al aniquilamiento de indígenas) para sellar los cimientos de la hegemónica blanquedad argentina”.
“La negritud se penaliza también en los barrios, en las villas, donde de vive una doble discriminación, por ser pobre y por ser afrodescendiente”, señala Álvarez, y remarca que “se trata de un racismo estructural que se gestó en la esclavitud y luego en el colonialismo, siempre la población negra encargada de los peores trabajos”. Para que realmente las vidas negras importen, afirma Álvarez, “tenemos que salir de los lugares comunes, el culturalismo, la migración, la criminalización, para hablar de economía, de derecho, de política. Si nuestras voces no suenan donde se construye el poder, no estamos combatiendo el racismo”.
Las
vidas indígenas importan
A una semana del asesinado de Floyd en
Estados Unidos, un grupo de policías de la provincia de Chaco entró ilegalmente
en la casa de la familia qom Saravia-Fernández y secuestró, torturó y cometió
abusos. A fines de abril, en la localidad de Bariloche, allí donde en 2017 la
Policía asesinó brutalmente a Rafael Nahuel, una patota agredió a integrantes
de la comunidad mapuche Buenuleo, que ocupa un terreno históricamente
perteneciente a la familia, junto al Cerro Ventana. La comunidad venía
realizando denuncias desde septiembre del 2019 por las situaciones de violencia
y las amenazas que recibían por parte de quienes se adjudican la propiedad. En
el norte, este verano murieron por desnutrición y deshidratación más de 10
chicos y chicas de la comunidad wichí en Salta, otro de los casos en donde tuvo
que intervenir la CIDH. Como la provincia no cuenta con datos, los chicos y
chicas pueden ser 13 o 20, no hay un número exacto. “Estos crímenes de odio se alimentan
de la impunidad del Estado”, advierte Moira Millán y explica que las
instituciones estatales “necesitan la reproducción del racismo en el imaginario
social para justificar su genocidio”.
En su barbijo, Millán lleva inscripto:
“las vidas indígenas importan”. Para hablar por teléfono o mandar un mensaje,
ella tiene que caminar hasta el pueblo más cercano, porque en la comunidad
Pillán Mahuiza, en Chubut, no hay señal ni Internet. “Mi propia situación de
incomunicación es un ejemplo de negacionismo y silenciamiento. Hace años que
pedimos que nos habiliten los servicios de comunicación pero hay una
intencionalidad de que nuestras voces no lleguen”, señala Millán, escritora y
referente del pueblo mapuche.
“¿Por qué no se indignó el mundo ante el
asesinato de Rafael Nahuel?”, se pregunta Millán, y advierte que “cuando se
mata, se persigue, se tortura y se detiene de manera arbitraria a los y las
indígenas, la sociedad argentina es indolente porque ha asumido que hay una
vida que vale menos y es la nuestra”. En ese sentido, la investigadora Diana
Lenton afirma que “hay estructuras muy densas que hacen que las poblaciones
indígenas siempre estén en el banquillo de acusados”. Lenton participó del
juicio contra la comunidad mapuche Lof Campo Maripe, en Neuquén, a quienes se
acusó en 2014 de usurpar el terreno donde viven. El año pasado, la Justicia
provincial reconoció el derecho mapuche sobre las tierras. “A pesar de los
pocos recursos con los que suelen contar las comunidades en este tipo de
juicios, lo que veo es que se intenta dar la lucha política, decir ‘estamos acá
porque es nuestro derecho ancestral’ pero los jueces, aunque se falle a favor,
no dan lugar a estos argumentos”, explica Lenton y afirma: “Es parte del éxito
del pensamiento hegemónico: los grandes poseedores de poder condensan el
racismo, el machismo y el capitalismo y es ahí donde no hay quiebres”.
“Yo escribí una novela y me cuesta un montón que llegue a las librerías, tengo hermanes que quieren hacer cine y no pueden porque estamos siempre en la marginalidad, y la marginalidad es un diseño de modelo de país”, afirma Millán, a quien la Justicia procesó por encabezar un reclamo en 2017, cuando Santiago Maldonado aún estaba desaparecido. “Somos un factor de conflicto emergente frente a las corporaciones y sus intereses, sin embargo, cuando se trata del despojo territorial, el empobrecimiento y el terricidio contra nuestros pueblos, somos algo que hay que quitarse de encima”, señala la weychafe –guerrera– mapuche, y afirma que “al negar nuestra existencia, se niegan nuestros derechos y nuestra manera de habitar el mundo, que es antagónica a la que impone el sistema capitalista”.
La
discriminación porteña
¿Quiénes construyeron esta ciudad a costa
de trabajo esclavo, violaciones y maltratos? Nosotros, les afrodescendientes”,
afirma Sandra Chagas, del Movimiento Afrocultural. En las observaciones que el
Comité para la eliminación de la discriminación racial, órgano que depende de
la ONU, le dedicó en 2016 al Estado argentino, se mostró “preocupado por la
discriminación estructural de la cual continúan siendo víctimas los pueblos
indígenas y los afrodescendientes, así como la invisibilidad a la que se
enfrentan estos últimos respecto a sus derechos”. Al año siguiente, el Gobierno
de la Ciudad clausuraba el espacio donde se reunía el Movimiento Afrocultural,
en San Telmo. “No veo racismo más explícito que el hecho de que las mismas
personas que levantan el cartel de la interculturalidad nos dejen sin nuestro
lugar de expresión y trabajo”, advierte Chagas.
El espacio donde el Movimiento
Afrocultural desarrollaba sus actividades había sido otorgado por el mismo gobierno
porteño, en el marco del Programa Afrocultural, luego del amparo que en 2009 la
agrupación presentó contra las autoridades de la Ciudad, quienes habían
ordenado el desalojo del lugar donde históricamente había funcionado el espacio
cultural. En 2017, el mismo Gobierno de la Ciudad clausuró el nuevo espacio, y
desde entonces la agrupación no tuvo una respuesta. “Siempre tenemos que
ajustarno a esa idea de los demás sobre cómo deberían ser las cosas”, señala
Chagas, y agrega que “no alcanza con que dos o tres nombres sean visibles,
necesitamos un cambio en serio, que dejemos de ser estudiados como fenómenos,
que se hable del genocidio negro en las Universidades, y que si dicen fomentar
la cultura afro, que nos dejen ejercerla a quienes somos en carne propia esa
cultura”.
Uruguaya afrodescendiente, Chagas llegó a la Argentina a los 14 años. “El racismo es algo que heredamos desde antes de nacer”, señala. “Hay personas que están reconociendo su identidad con orgullo y eso es importantísimo, porque si sabés de dónde venís también sabés a dónde vas”, agrega Chagas y explica que, aunque el “negacionismo histórico” es irreparable, “el país está transitando un proceso lento y complejo, que requiere de una gran voluntad política, como lo estamos haciendo desde la educación y cultura en derechos humanos, valores y saberes”. La Ley 26.852, que establece el Día Nacional de los y las Afroargentinos/as es una herramienta para “devolver la identidad robada”, afirma Chagas y añade: “Me pregunto entonces si vamos a seguir mirando hacia Estados Unidos o vamos a mirar finalmente hacia adentro”.
Fuente: Página12