Resumen Latinoamericano, 23 de junio de 2020
Las siglas LGBTTIQPA+ se usan para referirse a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales, intersexuales, queer, pansexuales, asexuales, entre otras. Las categorías son para comprender las diversidades, no para encajonar. Las personas son diversas cultural y biológicamente. La sexualidad es compleja, diversa y cambiante. Sin embargo, la sociedad se ha construido segregando entre homosexuales y heterosexuales, excluyendo las diversidades e imponiendo la heterosexualidad obligatoria.
La orientación sexual, expresión e identidad de género no son enfermedades. Así lo han declarado gremios profesionales tales como la Asociación de Psicología, Psiquiatría, Consejería, Pediatría, Trabajo Social, la Organización Mundial de la Salud, entre otras. Lo que afecta la salud es el odio. El odio se manifiesta de múltiples formas tales como el racismo, el sexismo, el clasismo, la xenofobia, la transfobia, la homofobia, la gerontofobia, entre otras. El odio causa las violencias. Las violencias generan traumas. Los factores que perpetúan las violencias son estructurales e institucionales. La inequidad es estructural. La transfobia y la homofobia institucional se legitiman en instituciones sociales tales como el Estado, las iglesias, las familias, los medios de comunicación y las escuelas. Los discursos de odio estigmatizan, deshumanizan y demonizan a las personas trans, no binarias y sexualmente diversas. El odio es social y es como un virus. Desde bebes somos vulnerables al contagio. Durante el proceso de socialización vamos internalizando discursos de odio y prejuicios. La pandemia del odio se esparció en las sociedades humanas arrebatando millones de vidas alrededor del mundo. Son alarmantes las cifras de personas LGBTTIQPA+, afrodescendientes y mujeres torturadas, asesinadas y violadas. Aún en el siglo XXI hay países con pena de cárcel y de muerte para las personas LGBTTIQPA+. Esto violenta los derechos humanos a la no discriminación, a la protección de la vida, a la seguridad, a no sufrir torturas, entre otros.
La ley federal de delitos de odio de 1969 fue enmendada por la ley Matthew Shepard de 2009 para incluir los crímenes motivados por género, orientación sexual e identidad de género (real o percibida). En Puerto Rico la ley 46 de 2002 enmendó la regla 171 de procedimiento criminal para incluir el agravante si el delito fue motivado por razón de sexo, orientación sexual, género e identidad de género. Dichas categorías se lograron incluir en el Art. 72 del Código Penal de 2004. También, se luchó para que se mantuvieran en el Código Penal de 2012 en el Art. 66. Sin embargo, no ha sido sólo luchar la aprobación de leyes equitativas, sino también para que se implementen. El agravante de odio ha sido aplicado en muy pocos casos generándose así la desconfianza en las instituciones policiacas y judiciales. La respuesta a esta situación ha sido la fiscalización ciudadana de activistas exigiendo que se reconozcan, investiguen y esclarezcan los crímenes de odio. Invisibilizados quedan en los registros oficiales muchos eventos de violencias que a diario afrontan las personas sexualmente diversas. Los crímenes de odio son la forma de violencia más visible. Por ejemplo, el Ángel de los Solteros, asesino en serie durante la década de los 80. Es aterrador que el odio se perpetúa en el tiempo. Eventos recientes de crímenes de odio alargan la lista de personas LGBTTIQPA+ atrozmente asesinadas. Por ejemplo, la masacre de Pulse, los crímenes de odio de Neulisa Alexa, Yampi, Serena Angelique, Layla Pelaez, Penélope, entre otres. Recientemente se estima que 10 personas de las comunidades LGBTTIQPA+ han sido asesinadas en el término de 15 meses. La situación de Alexa conmocionó a la sociedad puertorriqueña porque refleja la exclusión social y el discrimen múltiple no sólo por ser trans, sino también por ser mujer empobrecida, traumatizada y sin vivienda. A Alexa se le juzgó socialmente por usar el baño que correspondía a su identidad de género. Es indignante la impunidad para los responsables del crimen, ya que evidencia la falla en la debida diligencia del Estado prevenir, investigar, reparar daños a las víctimas y sancionar a los responsables del delito. Igualmente, indignante es que agentes de la policía se refirieron a Alexa como un hombre vestido de mujer. Esto demostró públicamente la violación a la Orden General de la policía (624 de 2015) que estipula el deber de tratar a las personas trans según su identidad. Más que reforma, la policía necesita transformación.
Existen promotores del odio que continúan golpeando a las comunidades LGBTTIQPA+. Con sus discursos de odio condenan a las comunidades diversas a una vida no viable. Sin embargo, el derecho a la libertad de expresión no puede ser invocado para justificar las violencias. Por ejemplo, el programa SuperXclusivo de Kobbo Santarrosa tuvo querellas en la FCC, boicot y retiro de sus auspiciadores por su discurso de odio. A Ricky Roselló el pueblo lo despidió, tras salir a la luz pública el infame chat con mensajes homofóbicos, misóginos, entre otros. Igualmente, la historia atestigua la promoción del odio con discursos públicos que salen de la boca de Wanda Rolón, Jorge Raschke, el sacerdote Carlos Pérez, Cesar Vázquez, Ricky Rosado, Rivera Shatz, la Pastora Nayda Venegas, María M. Charbonier, Carlos Méndez, entre otrxs. Estos personajes son responsables de la violencia transfóbica y homofóbica por el “hate speech” que verbalizan y que constituye una campaña pública de odio contra las comunidades LGBTTIQPA+. No obstante, el odio se disfraza y se niega a sí mismo. Esto se observa en el mal llamado partido Proyecto “Dignidad” cuyo portavoz es Cesar Vázquez, quien tiene un historial probado de oposición a los derechos humanos de las comunidades LGBTTIQPA+. En posiciones de poder se necesita a personas que defiendan los derechos humanos. Estos grupos de odio fundamentalistas continúan impulsando la agenda del odio. Las comunidades LGBTTIQPA+ batallaron contra una ley de “libertad religiosa” que justificaba el discrimen. Los fundamentalismos fundamentan el odio.
Históricamente los derechos han sido luchados. Las leyes equitativas han sido aprobadas a cuentagotas y están bajo amenaza. Algunos derechos tales como poder casarse y adoptar han aplicado a Puerto Rico por decisión de la Corte Suprema de los EE. UU. Los gobiernos le dan para adelante y para atrás a las políticas públicas equitativas. Por ejemplo, en el Departamento de Educación se han aprobado y se han derogado políticas de equidad tales como la educación con perspectiva de género y vestirse según la identidad de género. Recientemente defensorxs de derechos humanos exigían públicamente a la Gobernadora, Wanda Vázquez Garced, que vetera el proyecto del nuevo Código Civil. El proyecto de ley de la autoría de María Milagros Charbonier y el sacerdote Carlos Pérez tuvo que ser enmendado porque restaba derechos y fue elaborado desde la perspectiva del conservadurismo religioso. Peritos han señalado que no fue un proceso participativo y en algunos artículos es ambiguo y las leyes deben ser claras. Por ejemplo, se eliminó de dicho código cualquier referencia a orientación sexual e identidad de género. El nuevo Código Civil sigue excluyendo del acceso igualitario a las uniones civiles. No incluyó la orientación sexual, la identidad y expresión de género como categorías legalmente protegidas ante la invisibilidad y discriminación histórica contra la discriminación de las comunidades LGBTIQPA+. Siguen sin legislarse leyes protectoras antidiscrimen en áreas tales como el acceso a los bienes y servicios, la vivienda y la atención de la salud. El acceso a la cirugía de afirmación de sexo, terapia hormonal y prohibir las «terapias» de conversión, en particular en menores.
Urge rescatar y crear entes fiscalizadores imparciales con las facultades de investigar querellas de violaciones de derechos humanos y el observatorio que recopile estadísticas confiables. La fiscalización ciudadana y la acción social surgen como respuesta ante la injusticia y la falta de entes fiscalizadores imparciales, que no sea el cabro velando a las lechugas. Sin embargo, la autogestión comunitaria no justifica que el Estado se zapatee su responsabilidad. Por el contrario, la participación ciudadana implicaría construir la democracia participativa.
Las familias, comunidades y escuelas deberían ser espacios seguros. Es un derecho desarrollarse en un ambiente sano y seguro. Las comunidades LGBTIQPA+ tienen que lidiar con distintas modalidades de violencias desde la niñez y juventud. Sobrevivir a contextos de desinformación, discrimen en la familia y acoso escolar. Las violencias psicológica, física y sexual durante la niñez y juventud son detrimentales para la salud y causan trauma, depresión, ansiedad, crisis suicida, entre otras. El odio deteriora la calidad de las relaciones sociales. Defender la equidad es promoción de la salud. Erradicar el odio es un fin social. La cultura de odio puede cambiarse institucionalmente con políticas de equidad. El odio va de la mano del miedo, la desinformación, los prejuicios, la indiferencia y la insensibilidad. El antídoto es la educación basada en los valores de respeto a las diversidades, la justicia social, la equidad e igualdad. La no violencia también se aprende, como mismo se aprenden los prejuicios. El comportamiento social puede construirse desde la perspectiva de los derechos humanos. Muchas personas se han sanado de los prejuicios, la opresión y el odio internalizado. Se pueden construir relaciones sociales desde la solidaridad, la empatía, la sensibilidad y el amor.
FUENTE: 80 grados