Por Almir Felitte. Resumen Latinoamericano, 26 de junio de 2020.
El de Covid-19 no parece ser el único brote pandémico que afectó al país este año. En las últimas semanas, videos de la policía militar escoltando a residentes periféricos en São Paulo y casos emblemáticos de ciudadanos asesinados en operaciones por las fuerzas de seguridad, incluidos niños, han aparecido en las noticias y han conmocionado al país.
No es que la violencia policial sea una novedad en Brasil, que históricamente siempre ha tenido altas tasas de este problema. Pero justo en el momento en que todo el mundo está impugnando los sistemas de seguridad pública truculentos después del asesinato de George Floyd en los Estados Unidos, parece haber empeorado aún más aquí.
Solo en el Gran São Paulo, el número de personas asesinadas por los batallones de la Policía Militar entre enero y abril de 2020 aumentó en un 60% durante el mismo período del año pasado, pasando de 118 a 178. En todo el estado de São Paulo, las víctimas mortales subieron a 373. En la misma línea, Río de Janeiro ya ha presentado su mayor número de muertes a manos de la policía en los últimos 22 años: un total de 741 víctimas en los primeros 5 meses de 2020.
Ante este escenario, presionado por una respuesta rápida, el gobernador de São Paulo, João Doria, repitió la misma letanía que siempre se ha escuchado en Brasil frente a este problema, alegando que es una minoría de «policías malos». Como propuesta, Doria también ofreció un nuevo programa de capacitación a la corporación para evitar nuevos casos de violencia institucional. Una propuesta de quien, en verdad, no tiene ninguna propuesta para ofrecer.
Sin embargo, seamos sinceros, el remedio ofrecido por Dória ya se ha convertido en una charla popular en la historia brasileña. Con el sistema de seguridad pública intacto en la Constitución Federal después de la re-democratización, el tema, es cierto, nunca sufrió muchos cambios para deshacerse de la estructura que heredó de los tiempos de la dictadura. Los principales planes federales como el I PNSP, el Programa de Seguridad Pública para Brasil, Pronasci o SUSP nunca propusieron nada más que mecanismos de integración y modelos de «reeducación» para los agentes de seguridad pública. Propuestas inocuas que nunca se atrevieron a cambiar el verdadero problema a resolver: la estructura de la policía brasileña.
Si hoy estamos lidiando con el aumento de la violencia policial, es precisamente porque nunca hemos trabajado en profundidad para reestructurar el sistema de seguridad pública brasileño, insistiendo en la paradoja de querer enseñar los derechos humanos y la ciudadanía a una institución cuya ideología militarizada es contraria a los derechos humanos. y ciudadanía Si hay realmente voluntad política para resolver el problema, es necesario reconocer que el sistema de seguridad pública brasileño debe ser demolido para reconstruir uno nuevo, completamente diferente de lo que sabemos. En este sentido, en un ámbito más amplio, PEC-51/2013, que se ocupa de la desmilitarización, es un inicio esencial para este debate.
Sin embargo, ni siquiera tendríamos que ir tan lejos para encontrar medidas más urgentes y más efectivas que la «nueva capacitación» propuesta por Doria. Si el gobernador de São Paulo realmente quiere promover una solución al problema de la violencia policial, hay dos medidas que podría tomar hoy y con efecto inmediato: la extinción de las tropas de élite de la policía estatal y la creación de un mecanismo para control con poder disciplinario sobre la policía, comandado por entidades de la sociedad civil.
Sobre el primer punto, primero debemos preguntarnos: ¿para qué han servido las tropas policiales de élite? La gran justificación política utilizada para la implementación de estos batallones en los últimos años ha sido la lucha contra el crimen organizado, representado por grandes facciones como el PCC, en São Paulo, o el Comando Vermelho, en Río. Tropas de élite como ROTA paulista o la BOPE en Río sería, en este sentido, una forma extremadamente militarizada de combatir facciones que tienen un fuerte poder de fuego.
En São Paulo, por cierto, este es un modelo de vigilancia que se ha expandido. Durante la campaña en 2018, Doria ya había prometido: “Tendremos nuevos batallones de la Policía Militar en el patrón de Rota con la élite de la élite de la Policía Militar del estado de São Paulo. Un bandido no tendrá tiempo conmigo. Sin bandidos, sin bandidos, sin bandidos. Todos serán tratados con dureza por la Policía Militar y la Policía Civil ”. Fue en esta ola que el gobernador, después de ser elegido, creó BAEP, ampliando el «estándar ROTA» a la costa y al interior del estado.
Sin embargo, la implementación de estos batallones de élite no parece haber tenido el efecto deseado sobre el crimen organizado. Por el contrario, debe decirse que, incluso bajo el trabajo de un ROTA existente, el PCCh surgió a principios de la década de 1990 y se ha convertido en la mayor fuerza criminal organizada en América del Sur en los últimos tiempos. En el caótico Río de Janeiro, no parece haber ningún indicio de efectos positivos del trabajo de BOPE frente a las recurrentes guerras de facciones y milicias que afectan al estado.
Un tema para otro artículo, pero la lucha contra las facciones parece mucho más vinculada a las estructuras financieras que lo respaldan, a la política de drogas y a la política de encarcelamiento, recordando que las principales organizaciones criminales en el país nacieron de prisiones superpobladas y abandonadas, no de las calles. No parece haber ninguna correlación positiva entre un modelo policial militarizado de élite y la lucha contra este tipo de delitos.
Lo que se ha visto, en realidad, es un uso esencialmente político de tropas de élite como BOPE o ROTA y BAEP en las periferias de Río de Janeiro y São Paulo, respectivamente. Son batallones enteros que parecen haberse especializado en una política de terrorismo de Estado que persigue a los residentes de las periferias brasileñas, ya sea que estén dentro o fuera de la ley. Un verdadero mecanismo de control social que no tiene nada que ver con la seguridad pública. Una verdadera política de inseguridad que no tiene ninguna razón para existir, al igual que los Batallones que la apoyan.
Este cambio en la estructura de seguridad, aboliendo el uso de tropas de élite de carácter ostentoso, es un primer paso esencial en la lucha contra la violencia policial. Otra igualmente importante sería la expansión de la participación popular en la gestión de la seguridad. En este sentido, la creación de un organismo o mecanismo controlado por entidades de la sociedad civil, con movimientos sociales periféricos y derechos humanos, que ejerza el poder disciplinario sobre la policía sería una gran y eficiente innovación.
Está claro, que no podemos esperar que la solución provenga del control interno indulgente ejercido por las agencias policiales y ni siquiera del control externo igualmente indulgente ejercido por el Ministerio Público. Con una unidad de asuntos internos «pares» y un parlamentario también contrario a la participación popular, el hecho es que estas dos instituciones históricamente han pasado por alto la violencia policial.
De esta manera, un mecanismo que puede depender de otras instituciones civiles, como la Oficina del Defensor Público, y las organizaciones populares de la sociedad civil podrían ejercer un control mucho más efectivo sobre los abusos recurrentes practicados por la policía estatal. Sin embargo, es necesario que este órgano no se limite a una función puramente consultiva, como suele hacer la Defensoría del Pueblo, que tiene un poder disciplinario efectivo sobre los miembros de las corporaciones policiales, con poderes para investigarlos y castigarlos administrativamente.
Más allá de una «reeducación policial» ya golpeada, las dos medidas urgentes mencionadas anteriormente van más allá, suprimiendo las instituciones cuyas funciones no corresponden a un Estado de derecho democrático y aumentando la democracia con mecanismos de participación popular directa. Si es seguro que no demuelen la estructura arcaica y militarizada del sistema de seguridad pública brasileño, al menos demuestran primeros pasos más efectivos hacia la desmilitarización y democratización de las fuerzas policiales. Mucho más que una bravuconada vacía, el país necesita medidas firmes contra este grave problema de violencia policial que estamos experimentando. ¿Los gobernadores estarían realmente dispuestos a resolverlo?
* Fuente: Outras Palavras
