Resumen Latinoamericano,10 de julio de 2020
Durante el acostumbrado pronunciamiento del presidente Martín Vizcarra, el 30 de junio la ministra de economía, María Antonieta Alva, anunció que su cartera financiaría la identificación de los pueblos indígenas del país para acelerar proyectos mineros.
“Hemos detectado la necesidad de financiar, en el Ministerio de Cultura (Mincul), la identificación total de los pueblos originarios, que va a permitir trámites más eficientes y que seamos más competitivos”, dijo durante su intervención desde el Palacio de Gobierno.
Sin embargo, de acuerdo con la Agencia EFE, la ministra de energía y minas, Susana Vilca, descartó la posibilidad de realizar la consulta previa virtual. El anuncio, según el medio, se dio durante una rueda de prensa virtual con miembros de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).
Asimismo, la ministra admitió que las consultas previas se harán de manera presencial y que –dentro de las coordinaciones con el Mincul sobre cómo avanzar dentro de la pandemia– solo “había la idea de hacer las coordinaciones” para las consultas por videoconferencias.
Por su parte, el viceministro de hidrocarburo, Víctor Murillo, anunció que las reuniones para el proceso de consulta relacionado con el Lote 192, en Loreto, se dará de forma presencial “apenas sea posible que pudieran reactivarse”.
“Se ha tenido un avance importante, con algunas dificultades; sin embargo la pandemia empezó y por lo mismo esto se detuvo”, declaró a los medios.
Rechazo amplio y unánime
Luego del anuncio de la ministra Alva, las organizaciones indígenas, así como instituciones de la sociedad civil rechazaron la propuesta del Ejecutivo, ya que se pretendía desnaturalizar los mecanismos de la consulta previa, libre e informada.
“la participación y la consulta previa son instrumentos que permiten hacer valer otros derechos como la vida, la salud, el territorio integral ancestral, a un medio ambiente adecuado y equilibrado, entre otros”,
En el pronunciamiento, además exhortaban al gobierno a garantizar para que “las medidas encaminadas a lograr la reactivación económica deben ser compatibles con el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y de la población en general”.
El documento fue firmado por AIDESEP, CCP, CNA, CONAP, ONAMIAP y el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (GTPPII-CNDDHH).
FUENTE. SERVINDI