Resumen Latinoamericano, FM de la Calle, 12 julio 2020
Uno de los abogados de la familia de Facundo Castro fue amenazado este sábado por efectivos de la Policía Bonaerense en el viejo basural de Mayor Buratovich. 
Si bien la fuerza provincial está apartada formalmente
de la investigación, sus miembros no dudaron en intervenir ante la supuesta presencia de restos humanos en el lugar.
«Vos quédate tranquilo, que yo me estoy guardando todos los link de los medios en los que estás hablando y cuando todo pase yo sé bien lo que tengo que hacer», dijo el subcomisario Pablo Reguilon al dr. Luciano Peretto durante una discusión por la presencia de la policía que depende del gobernador Axel Kicillof.
Cristina Castro reclamó a la jueza Gabriela Marrón la «imperiosa necesidad» de contar con fuerzas federales in situ «que puedan acudir prontamente al lugar, toda vez los 120 Km que nos separan de Bahía Blanca, son demasiado en materia de tiempo que implica el desplazamiento, debiendo poner el cuerpo, la seguridad personal y todo lo que ello implica en procura de preservar una posible escena del crimen, la seguridad de testigos y familiares y cualquier otro posible y probable hecho».
Alrededor de las 17:20 de ayer el abogado Peretto recibió «un llamado e insistentes mensajes» de WhatsApp de Leonardo Poblete, vecino de Pedro Luro, a quien «le habían avisado desde Mayor Buratovich que unos jóvenes que se encontraban deambulando por el ‘basurero viejo’ de dicha localidad», habían publicado en redes sociales el hallazgo de «restos óseos de lo que a simple vista podrían corresponder a un humano».
Peretto pasó a buscar a Poblete, quien por haber participado en la marcha por la aparición con vida de Facundo se encontraba con el vecino y concejal de Villarino Ariel Romero.
Empezaba a anochecer cuando llegaron al lugar y vieron un patrullero de la Policía Bonaerense y una camioneta tipo Kangoo color gris o blanca. El dr. Peretto dijo a los efectivos «que debían retirarse de allí, que la policía bonaerense se encontraba apartada de la investigación, produciéndose una fuerte discusión que ameritó que descendieran de sus vehículos un total de cinco efectivos policiales».
Según la denuncia, el operativo era encabezado por el subcomisario Pablo Reguilon y, además, se pudo identificar al agente Gonzalo Choque.
«Producto de la discusión allí producida, en un momento, Reguilon le refiere casi textualmente al dr. Peretto: ‘Vos quédate tranquilo, que yo me estoy guardando todos los link de los medios en los que estás hablando y cuando todo pase yo sé bien lo que tengo que hacer’».
Se dio entonces aviso a la Fiscalía federal, «haciéndoles saber que arribaban de manera incesante, efectivos y móviles de la Policía Bonaerense que luego fuera retirado del lugar por instrucción» del fiscal Santiago Martínez.
Minutos después, Cristina Castro y dos amigos llegaron al lugar y se enteraron de lo sucedido por informes del abogado Peretto. Mientras, llegaban fuerzas de seguridad federales las cuales se hicieron cargo de la escena y descartaron «prima facie» la existencia de restos humanos, pudiéndose adjudicar a alguna especie animal.
En la noche del sábado los forenses de la Policía Federal determinaron que los restos calcinados encontrados no pertenecen a un ser humano. Desde Asuntos Internos dejaron trascender que el subcomisario Reguillón fue «rajado» de la fuerza, sin dar precisiones sobre su actual situación. Horas antes se había producido una importante movilización de vecinos y amigos en esa localidad del extremo sur bonaerense para acompañar a la familia Astudillo Castro en el reclamo de verdad y justicia para Facundo. Allí Cristina Castro envió un mensaje al ministro de Seguridad Sergio Berni al decir que «su policía entregue a mi hijo y diga dónde lo descartaron». La mujer también mantuvo una comunicación con un alto funcionario bonaerense a quien le exigió la producción de una medida de prueba fundamental para el esclarecimiento del caso, pero que aún no fue realizada ni en la causa provincial como tampoco en el fuero federal.
Para Castro y sus abogados, lo ocurrido implica «una enorme gravedad institucional, de una enorme exposición personal de los allí implicados y que, sin lugar a duda alguna, nos coloca en la urgente tarea de minimizar las posibilidades de que vuelva a repetirse en el futuro, siendo ello probable porque frente a la hipótesis de que la desaparición forzada pudo haber operado en el Partido de Villarino, resulta a todas luces necesario disponga los medios y diligencias para preservar la seguridad en las cosas y las personas que forman parte de la investigación».
