Los dos grandes sindicatos de obediencia estatal hicieron ayer pública en Madrid la fecha en la que llamarán a los trabajadores a secundar una huelga general contra la reforma laboral del Gobierno Zapatero: el 29 de setiembre. A la vez, CCOO de Euskadi anunciaba en Bilbo que a esa convocatoria añade en la CAV una segunda, el 29 de junio, para coincidir así con la fecha elegida por la mayoría sindical vasca para llevar a cabo el paro en Hego Euskal Herria. Todo apunta a que UGT-Euskadi, que anunciará hoy su decisión, seguirá los mismos pasos que CCOO. Ayer, este sindicato hacía un llamamiento a consensuar una convocatoria conjunta.
Así, mientras ayer en Madrid los sindicatos mayoritarios se esforzaban por explicar las razones que les han llevado a distanciar más de tres meses su huelga general de la aprobación de la reforma laboral más agresiva de las últimas décadas, en Bilbo CCOO sorprendía con su anuncio de coincidir con la convocatoria de las centrales abertzales. Es decir, mientras en Madrid se dejaba sentir el miedo al fracaso por el más que negativo precedente del reciente paro en el sector público y la reprobación con la que los trabajadores juzgan la total inactividad de los grandes sindicatos ante la crisis, en Bilbo CCOO se rendía ante la evidencia de que es la mayoría sindical vasca la que lleva la única iniciativa sólida en respuesta a los ataques que patronal y Gobierno dirigen contra la clase trabajadora.
Si algo ha demostrado el proceso de gestación de esta huelga es que el modelo de diálogo social que han defendido UGT y CCOO sólo ha conseguido servir en bandeja a Gobierno y patronal una reforma laboral como la que se aproxima. Y si estos sindicatos deciden ahora salir a la huelga en próximo 29 de junio en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, será, no tanto por haber renunciado a ese modelo, sino porque no se pueden permitir el lujo de que su propia militancia abra los ojos ante una realidad incontestable que se resume en la convocatoria de los sindicatos abertzales: la defensa de los derechos laborales no puede supeditarse a intereses ajenos a los trabajadores.