Resumen Latinoamericano, 30 de agosto de 2020.
La Corporación Solidaridad Jurídica presentó informe a la Comisión de la Verdad. La JEP ya lo tiene.
Cuando se ideó el Derecho Internacional Humanitario, como forma de “humanizar” la guerra, el mensaje de fondo era que no todo vale en las confrontaciones, que aún entre las partes en conflicto hay unos mínimos humanitarios que deben respetarse. Esos mínimos fueron violados por todos los actores del conflicto colombiano.
Así como las Farc los cruzaron en sus acciones, y cometieron crímenes de guerra, también lo hicieron miembros de la Fuerza Pública en contra de sus contrincantes. Así lo sostiene el informe ‘Violencia contrainsurgente’, de la Corporación Solidaridad Jurídica, en el que recogen hechos de tortura que sufrieron exguerrilleros en manos de agentes del Estado, y que fue presentado este miércoles a la Comisión de la Verdad.
El informe recoge y describe 17 casos, con 17 víctimas, de hechos que considera crímenes internacionales.
Uno de ellos cuenta cómo un guerrillero que fue capturado por la Policía en 1995, en un municipio de Cundinamarca fue torturado para que diera información de la organización. En un sitio conocido como ‘La Palomera’, en la sede de la Dijín en Bogotá, “lo desnudaron, lo amarraron boca abajo, lo envolvieron en una toalla y empezaron a golpearlo” como un saco de boxeo, cuenta el informe. “Posteriormente le incrustaron agujas en la cabeza”, añade.
Mientras le hacían esto, le exigían revelar los planes del frente 22 de las Farc, caletas de dinero y el paradero de jefes de la guerrilla. “Señala que los policías le manifestaban que todavía no habían hecho el registro de su captura, por lo cual lo podían matar”, reseña el documento.
Otro de los casos ocurrió el 23 de octubre de 2005, también en zona rural de Cundinamarca. La denuncia señala que, en una emboscada, la Dijín atacó a varios guerrilleros. Uno de ellos sobrevivió, herido, y huyó hasta la casa de su pareja, quien es la que cuenta la historia.
Ella relata que cerca de 10 miembros de ese cuerpo de investigación entraron a su casa, “lo cogieron como si fuera animal, lo sacan y la reacción mía fue decirle, oiga, ese muchacho está desarmado, no tiene nada, la reacción de ellos fue encañonarlo” (sic).
En la casa estaba la hija de la mujer, a quien sacaron de allí. Dice que, a pesar de que su compañero estaba herido, lo sacaron de la casa para golpearlo, mientras a ella la mantenían encañonada. “Yo sé que cuando a él le pegaron el rafagazo, él estaba ya muerto, porque la cantidad de golpes que recibió con esas botas punta de acero, yo creo que él ya estaba reventado”, cuenta la mujer.
Dice que a su hija la interrogaron por más de cuarenta minutos en un cultivo de tomates cercano, y luego se la llevaron a ella a interrogarla. Le preguntaron si sabía quién era él y por qué lo había auxiliado si era un guerrillero. “Ella responde que actuó de esa manera por humanidad, que si hubiese sido alguno de ellos también lo hubiese hecho de la misma manera”, relata el informe.
Aunque las dejaron ir, porque la niña manifestó que no conocía al hombre –su padre – , la mujer dice que se llevaron el dinero y los documentos de identidad que tenía. Varios de los hechos retratados darían cuenta de utilización ilícita de menores de edad para presionar a los guerrilleros.
Otro de los casos que recoge el informe ocurrió el 8 de agosto de 2001 en Corinto, Cauca. Relata que un hombre fue capturado por la Policía con su hijo, menor de edad, a quien retuvieron tres días en un calabozo e interrogaron para que contara todo lo que sabía de su madre, quien era integrante de la organización guerrillera.
“A raíz de esta coacción al menor, la entrevistada acude a la alcaldía y la captura la Policía”, señala el informe. Luego de capturarla, llegaron miembros del Ejército. Ella dice que estos intentaban atacarla a través de la celda y que lograron golpearla con un fusil.
“Manifiesta que los miembros del Ejército estaban ofendidos porque ellos trabajaban con las autodefensas, además que tenían una ambición por los guerrilleros, puesto que en la zona pagaban quinientos mil pesos por un guerrillero y setecientos mil por un miliciano”, señala la ficha de este caso.
Pasó cinco días en el calabozo, en los que fue interrogada sin presencia de ningún abogado. “Dice que pusieron en frente una mesa con una gran cantidad de armas que ella desconocía y jamás había usado. Ella refiere que no fue capturada con armas, pero que les estaban atribuyendo la posesión de fusiles, pistolas y granadas”, agrega el informe.
Los ‘patrones’ detrás de las historias
En su tercer capítulo, el informe presenta los patrones de macrocriminalidad detrás de los 17 hechos. Allí señalan que el Estado colombiano “consolidó una estrategia antisubversiva soterrada que se centró en la lógica de la eliminación del “enemigo interno” por medio de la combinación del sistema penal y la Fuerza Pública que operaba de distintas formas, pero con el mismo fin”.
El informe sostiene que el Estado usó mecanismos “legales y extralegales” para perseguir al “enemigo interno”, indistintamente a miembros de grupos subversivos y a personas de la población civil señaladas de simpatizar con estos, por lo menos entre inicios de los años 90.
Los tratos o penas crueles e inhumanas derivaron en el desconocimiento de derechos al debido proceso, a la defensa y a la contradicción, entre otros, en los procesos penales, señalan también. En general, denuncian que no fueron casos aleatorios ni aislados, sino que respondieron a una política por parte del Estado, y que los 17 casos que presentan son representativos de estos patrones.
Los realizadores del informe dijeron a la Comisión de la Verdad que estos casos son representativos por estar en la categoría más alta de prohibición en el derecho internacional y porque presentan los hechos que sufrieron excombatientes al momento de ser capturados o durante su privación de la libertad, señalando que los Convenios de Ginebra establecen la obligación de proteger a quien depone las armas, bien sea por captura o en otros contextos.
Entre los patrones descritos está la tortura y otros tratos o penas crueles y degradantes al momento de la captura como método para obtener información con fines militares o como método de castigo o venganza. Se repite la “sustracción de la víctima del amparo de la ley, de sus familiares o de organismos de derechos humanos”, dice.
También se repite el ofrecimiento de beneficios, como darle dinero a sus familias a cambio de información sobre caletas, comandantes, etc. Igualmente los interrogatorios violentos, sin garantías judiciales.
Dicen que si estos no funcionaban, los agentes estatales recurrían a “repertorios de tortura” como la asfixia con una bolsa con detergente, el “escorpión” en el que se les estiraban las extremidades de forma que los talones quedaran en la nuca de la persona, choques eléctricos, quemaduras y hasta extracciones de partes del cuerpo como las uñas o el pelo.
A los capturados heridos en combate, señala que con frecuencia los trasladaban en hamacas que dejaban caer intencionalmente para someter a los guerrilleros. En general, plantean un patrón de “venganza” contra los integrantes de las Farc por los hechos en los que esta guerrilla actuó contra agentes del Estado. Asimismo, señala entre los responsables a la Policía, la Sijín, la Dijín, el Ejército, el Inpec, y a entidades desaparecidas como el DAS y el F2.
Por estos hechos, la corporación dice que el Estado tiene responsabilidad patrimonial extracontractual, en términos de posición de garante y por cadena de mando.
Este mismo informe fue presentado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en julio pasado.
Foto: Eliana Aponte
Fuente: El Tiempo
