Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano, 18 septiembre 2020.-
Atrás quedaron los tiempos en que Camila Antonia Amaranta Vallejo conquistaba las portadas de los periódicos, como una joven “pasionaria” chilena. Fue en 2011. Camila, militante de las Juventudes Comunistas (ala juvenil del PC chileno), fue una de las principales dirigentes del movimiento estudiantil que puso en juego durante meses el primer gobierno del presidente-empresario Sebastián Piñera.
En las elecciones parlamentarias de 2013 fue elegida diputada en las filas del PCCh, dentro de la coalición de Bachelet, Nueva Mayoría. El año anterior, la revista estadounidense Newsweek la había incluido entre las «150 Fearless Women” mujeres intrépidas, o «sin miedo».
Y Camila realmente pareció tener coraje, hasta el punto de desafiar a moderados y conformistas de su propia coalición, declarando, en numerosas entrevistas, su apoyo al socialismo bolivariano en Venezuela y al despliegue de los países del ALBA, desde el punto de vista de una Patria Grande para América Latina.
Una la otorgó el día en que Michelle Bachelet asumió la presidencia, en 2014. Denunció la violencia fascista contra Maduro, por parte de quienes, tanto en su país como en Europa, fueron presentados como «manifestantes pacíficos», y que acusaron al gobierno socialista de violar los derechos humanos.
Hoy, sin embargo, la compañera Vallejo parece haber cambiado de opinión, como se desprende cada vez más de las declaraciones realizadas en los últimos años contra Nicolás Maduro. Uno de sus mensajes de twitter sobre el informe de una llamada comisión independiente de la ONU contra Venezuela, hoy, ha despertado muchas reacciones en las redes sociales. Vallejo ya había comentado de igual manera cuando la expresidenta Michelle Bachelet, ahora Alta Representante para los Derechos Humanos en la ONU, presentó el resultado de su informe.
Una relación ya muy desequilibrada, pues omitió por completo los testimonios recogidos por las víctimas de la violencia fascista, incluso de comunidades indígenas enteras, agredidas con armas durante el intento de invasión a Venezuela, organizado por Guaidó y Estados Unidos con el pretexto de traer «ayuda humanitaria».
Sin embargo, ese informe al menos reconoció los efectos devastadores de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos, Europa y los países del llamado Grupo de Lima, del que forma parte el Chile de Piñera. «El uso de sanciones por poderes externos para derrocar a un gobierno electo viola todas las normas del derecho internacional», había escrito el experto independiente de la ONU, Idriss Jazairy, entregando su informe a Bachelet a finales de enero 2019.
La cuestión es que, en la lógica de las «autoproclamaciones» que pretenden crear instituciones artificiales dentro de las oficiales, para imponer «de facto» las decisiones de esos «poderes externos» que menciona Jazairy, las cosas tenían que volver a dar un giro más siniestro, aún más «posicionado».
Y, por tanto, aquí es que el artificial Grupo de Lima, a su vez fruto de una autoproclamación, ha tratado de proteger los intereses del «autoproclamado» venezolano, Juan Guaidó, y ha designado una comisión «independiente» de tres «expertos» , para investigar los hechos de 2014, aquellos sobre los que Vallejo había expresado otra opinión.
Más. Uno de los tres expertos es el chileno Francisco Cox. Un conocido abogado penalista ya elegido por el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto para formar parte de la comisión internacional de investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Un nombre muy controvertido, en Chile, por la izquierda, por su defensa de Piñera frente a las acusaciones de haber violado gravemente los derechos humanos, también realizadas por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU.
Tanto es así que, en 2019, un grupo de juristas reconocidos había dirigido una carta pública a Bachelet, expresándose en estos términos: «Francisco Cox, defensor de Jovino Novoa, subsecretario general del gobierno durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, acusado de delitos tributarios, defensor de los intereses de la ministra Cubillos y asociado del exministro de Justicia del presidente Sebastián Piñera, carece de objetividad en sus análisis al ejercer el papel de defensor político del actual gobierno, cuando simplemente niega graves violaciones a los derechos humanos y una posible responsabilidad del máximo mandatario». Afirmaciones que – continúan los juristas – «niegan la gravedad y dimensiones de las violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes estatales de organizaciones jerárquicas, que como delitos de Estado han sido concretamente resaltadas por quienes laboran cotidianamente en la defensa de los derechos humanos de grupos vulnerables, así como por los organismos e instituciones internacionales que verificaron los delitos denunciados, confirmado también por los continuos informes y cifras que publica el Ministerio Público de Chile y el Instituto Nacional de Derechos Humanos».
La Corte Penal Internacional ‑declaró Cox- no debe «meter la nariz» en Chile, porque el presidente no debe ser acusado. Por otro lado, el abogado penalista se expresó de manera muy diferente hacia el presidente Maduro y los líderes bolivarianos, produciendo un informe sin fuentes directas, ya que la comisión no fue reconocida por el gobierno bolivariano, y no pudo – a diferencia de que la de Bachelet – visitar los lugares acusados.
Por tanto, las descripciones proporcionadas son absolutamente sesgadas, provenientes de la derecha venezolana y de aquellas ONG que tienen que justificar su existencia localmente ante sus financiadores. Y hasta ahora, nada que decir: es parte del juego político, todos tienen su papel. La historia es la historia de la lucha de clases.
Al imperialismo y sus secuaces, el papel de robar los recursos de los pueblos oprimidos por cualquier medio, como están tratando de hacer con Venezuela. A las democracias burguesas, la tarea de adormecer las aguas, cambiar los términos del problema y tratar de desconocer las instituciones elegidas por el pueblo, como lo están haciendo Europa y el «Grupo de Contacto» con Venezuela.
Pero, ¿no deberían las comunistas como Camila tener otro papel? Después de todo, Venezuela no está lejos. Ha habido muchas invitaciones a los partidos progresistas de América Latina el año pasado: antes de avalar las mentiras de esos «poderes externos» de los que hablaba el experto de la ONU, se podía haber ido y visto.
¿Dónde se ha ido la valentía del pasado, camarada Vallejo?