Resumen Latinoamericano, 1 de octubre de 2020.
Foto: Germán Romeo Pena (ANRed)
Otra vez el tema de buscar soluciones concretas para el conflicto suscitado por la reivindicación legítima de miles de familias humildes que desde hace más de dos meses decidieron recuperar tierras en Guernica se ha empantanado. A las buenas noticias surgidas el miércoles por la tarde, cuando se conoció la decisión de postergar el desalojo para el 15 de octubre, y se abrió una nueva instancia de diálogo, en esta reunión efectuado hoy a lo largo del día todo volvió a oscurecerse.
A la cita volvieron a concurrir delegados y delegadas de la toma, la Gremial de Abogados y Abogadas, representantes de las organizaciones sociales que hacen parte de la recuperación y colaboran con los vecinos y vecinas, y por la parte gubernamental, el ministro Andrés Larroque, el Secretario de Acceso al Habitat, Rubén Pascolini, un funcionario de la Secretaría de Seguridad y otros altos cargos.
Si bien se sabía que eran varios los puntos que había que destrabar para buscar una salida que no sea ni el desalojo ni las promesas efímeras, los representantes de la toma y sus defensores se volvieron a encontrar con el mismo discurso de parte del gobierno en cuanto a exigir que cualquier tipo de arreglo debe estar precedido por el desalojo pacífico de los vecinos y vecinas. Otra vez se pudo escuchar en la voz del ministro Larroque que son las organizaciones sociales que están en la toma las que impiden hablar con los vecinos. Nuevamente querer poner el dedo y apuntar contra quienes están allí en solidaridad plena con los vecinxs no es el camino, pero hay una obseción casi macartista para demonizar a quienes luchan por los de abajo. Esto se lo dijeron varios participantes de la reunión, como también se les señaló que siguen las amenazas, como es el caso de la madre de una joven que está en la toma, a la que fueron a verla a su casa en un patrullero, y los policías le plantearon que le diga «a su hija que largue y que se vuelva porque allí va a terminar todo mal». O los llamados telefónicos para que los que están dentro del predio «aflojen y firmen» lo que ofrece el gobierno.
Los alrededor de 300 que han firmado sobre un total de 2500 familias, han recibido algo de dinero y promesas y más promesas, por eso varios de ellos se volvieron para lo toma, porque allí saben que están entre pares y prefieren hacer fuerza juntos y seguir exigiendo «tierra para vivir» o «tierra por tierra».
Finalmente, de la reunión salió una comisión técnica mixta (representates de los vecinos y las organizaciones por una parte y funcionarios por la otra. Una mesa reducida para ver si hay posibilidades de algún acuerdo.
En el horizonte, varios referentes sociales señalaron que no ven que haya voluntad política por parte del gobierno, que si como anunció el gobernador Kicillof hay un plan de otorgar 85 mil lotes de tierra, «por qué se niegan a hacerlo con una cifra mínima como la que se pide desde la toma, y demuestran que les interesa realmente la gente», señaló uno de los luchadores sociales.
Por lo pronto, los vecinos y vecinas siguen firmes y dispuestos a no moverse de allí si no aparece una oferta creíble. Lo dijeron en la noche del miércoles varias oradoras mientras festejaban la prórroga del desalojo: «Gracias a todos y todas las organizaciones y gente que nos banca, tengan confianza que seguiremos en la lucha hasta conseguir un pedazo de tierra». Que así sea.