Estos incumplimientos ampliarán las sanciones que la Unión Europea impone al Estado español por deficiente depuración de sus efluentes urbanos.
La transposición de la Directiva 91/271/CEE al Derecho español (Real Decreto-ley 11/1995) estableció que la competencia en materia de saneamiento y depuración es de las entidades locales, y subsidiariamente, de las Comunidades Autónomas, con la excepción de que exista una declaración formal de interés general del Estado o se haya suscrito un convenio específico con las Comunidades Autónomas para la ejecución de las actuaciones por parte del Estado.
Las responsabilidades para hacer frente a las multas coercitivas están, por tanto, repartidas. En cuanto a la construcción, habría que distinguir entre las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDARs) de interés general (Estado), de las demás, que son de competencia autonómica. Y en todos los casos, los ayuntamientos son los responsables del “abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales” (art. 25 c de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local). Ha faltado criterio en estos treinta últimos años para establecer cuál de los tres niveles de las Administraciones territoriales tiene la responsabilidad de las depuradoras y cómo se garantiza que esta obligación se cumple.
Las culpas en el retraso de construcción y mal estado de las depuradoras están compartidas entre el gobierno central, que tiene que establecer un programa de financiación, la Junta de Andalucía, que debe realizar el proyecto y ejercer la potestad sancionadora, y el municipio, encargado de la agrupación de vertidos, de la red separativa de aguas pluviales y fecales, y de facilitar los terrenos para la EDAR.
La Junta de Andalucía argumentó sin éxito que la competencia en materia de aguas residuales recae en los Entes Locales. El gobierno central recuerda a la Comunidad Autónoma que las Administraciones Locales son competentes en saneamiento y depuración, pero para realizar un correcto tratamiento de las aguas residuales se necesita construir una depuradora o adaptar la existente, y ahí sí es responsable la Junta porque su ejecución se ha declarado de interés autonómico mediante Acuerdo de octubre de 2010. Es decir, es la causante del incumplimiento y, por lo tanto, debe asumir el pago de la multa.
Ecologistas en Acción reclama que este dinero lo paguen los funcionarios y autoridades responsables del daño causado. Así lo establece el artículo 36.2 de la Ley 40⁄2015 de Régimen Jurídico del Sector Público:
La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
Ecologistas en Acción viene advirtiendo desde hace varios años del problema existente en Andalucía, no sólo de localidades que siguen sin tratar adecuadamente sus aguas residuales y cuyo incumplimiento nos seguirá costando centenares de miles de euros en multas, sino que la situación de las que están funcionando es también muy preocupante, al existir un alto porcentaje de depuradoras que no están cumpliendo la normativa.
El resultado es deplorable según afirma el colectivo; pocas depuradoras cumplen los parámetros de depuración, fáciles de identificar y que no deben ser sobrepasados:
SS (Sólidos en Suspensión): 35 mg/L
DBO (Demanda Biológica de Oxígeno): 25 mg/L
DQO (Demanda Química de Oxígeno): 125 mg/L
Traemos a colación tres ejemplos en la provincia de Cádiz de superación de los valores límite, con tres depuradoras que arrastran durante los últimos años enormes deficiencias en su operación:
Aunque falten datos analíticos de los meses de verano, justamente los más problemáticos en cuanto a depuración, podemos ofrecer esta valoración francamente negativa:
Depuradoras con un funcionamiento pésimo son las de Barbate, Vejer, Roche (Conil), Las Galeras (El Puerto), El Trocadero (Puerto Real), La Barca de la Florida, Los Barrios, San Roque, San Enrique de Guadiaro, Setenil, Olvera y Grazalema.
De estas, Barbate, Grazalema, Roche, El Puerto, Puerto Real, San Roque, Setenil y Vejer, junto a la de Conil, necesitarían nuevas EDARs a la luz de los resultados obtenidos, así como colectores agrupados para un correcto tratamiento biológico.
La depuradora de Barbate está en información pública y prevista en El Retín; adjuntamos también nuestras alegaciones. La de Puerto Real está en licitación en el mismo emplazamiento que la obsoleta. La conjunta de Los Barrios y San Roque también está en tramitación. La de Roche está introduciendo mejoras. Será la Junta de Andalucía quien se haga cargo de la EDAR de El Palmar-Zahora y Los Caños de Meca, después de la inacción del gobierno central, pero son los ayuntamientos quienes están obligados a establecer la red de alcantarillado hoy inexistente. Está previsto agrupar los vertidos de las pedanías de Arcos, Jerez y Tarifa.
Depuradoras con unos resultados deficientes son las de Jerez, Conil, Paterna, Facinas, El Gastor y Espera.
Solo encontramos como mejora el resultado de la depuradora de Sanlúcar, con las mejoras introducidas, aunque sigue sin agrupar los vertidos de su término municipal, algo recurrente en otras poblaciones con buenas EDARs, pero que vierten una buena parte de su carga contaminante al mar sin pasar por la depuradora; son los casos de Rota, Tarifa y Algeciras.
Todos pensamos en el cubo de la basura y en el residuo sólido urbano porque producimos 400 – 500 kilos al año, pero el agua residual supone 70.000 kilos anuales. Las depuradoras que se deben construir y las que han de pasar por su mejora tienen que incorporar el tratamiento terciario, el único que garantiza calidad a las aguas regeneradas para su reutilización.
Francisco Vílchez
Andaluz de Granada (1980). Grado en Humanidades en la UGR. Pluriempleado en el sector servicios y aficionado a hablar de lo que la prensa no dice ni pío.
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