Esta mañana hemos desarrollado ante el Ayuntamiento de Barakaldo una protesta para denunciar que desde este jueves, 5 de noviembre, no se podrá solicitar ninguna ayuda de emergencia,durante casi cuatro meses no se podrá solicitar ningún tipo de prestación social en el municipio.
A pesar del agravamiento de la situación sanitaria y socio-económica causada por el Covid-19, el equipo de gobierno municipal vulnera la normativa que regula el acceso a las ayudas de emergencia y no ofrece soluciones reales a las familias afectadas en este contexto.
Nota de prensa
Berri-Otxoak denuncia que desde hoy no podrá solicitarse ninguna Ayuda de Emergencia Social (AES) en Barakaldo
● Ayer miércoles, 4 de noviembre, el Ayuntamiento de Barakaldo cerró fraudulentamente el plazo de solicitudes para el acceso a las ayudas de emergencia
● Las familias con dificultades económicas de la localidad se quedan en la estacada sin poder acceder a las AES a partir del día de hoy jueves y en un plazo cercano a los cuatro meses
● Ante el agravamiento de la situación socio-sanitaria causada por el Covid-19, el Ayuntamiento vulnera reiteradamente la normativa que regula el acceso a las AES y no ofrece soluciones reales a las familias afectadas por este contexto
● En el contexto del 8° aniversario de la muerte de Amaia Egaña, Berri-Otxoak ha recordado la vigencia de los desahucios y ha reivindicado la importancia de las AES como factor protector ante estas situaciones
Barakaldo, 5 de noviembre de 2020
La plataforma contra la exclusión Berri-Otxoak se ha concentrado a las puertas del Ayuntamiento de Barakaldo para denunciar la actuación fraudulenta de su equipo de gobierno, consistente en suspender el plazo de solicitudes para las AES durante al menos cuatro meses desde el próximo miércoles 4 de noviembre, o lo que es lo mismo: un tercio del año.
«La suspensión del plazo de solicitud llevada a cabo por el Consistorio fabril incumple la “Ley 39⁄2015, del 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”, que reconoce como un derecho de la ciudadanía la posibilidad de relacionarse con las instituciones durante los 12 meses del año», ha aclarado la plataforma.
El colectivo considera «impúdico y negligente que ante el agravamiento de la situación socio-sanitaria causada por el Covid-19, el Ayuntamiento decida blindarse a cal y canto para continuar practicando irregularidades con mayor impunidad y evadirse en su responsabilidad de ofrecer soluciones reales a las cada vez más familias en situación de precariedad que está dejando el contexto de la pandemia.»
Berri-Otxoak ha recordado que el 9 de noviembre se cumplirán ocho años de la muerte de Amaia Egaña, vecina de Urban-Galindo que se quitó la vida en el momento en que iba a ser desahuciada. Además, han querido recalcar que a pesar de la situación provocada por la pandemia, «la problemática de los lanzamientos sigue vigente y pueden tomarse medidas para paliarla.»
“Incrementar la partida presupuestaria destinada a las AES y eliminar los recortes aplicados al acceso y a las cuantías de estas prestaciones protegen a las familias que se encuentran en riesgo de perder su vivienda, ya que un 66% de esas cuantías se destinan al acceso y mantenimiento de la vivienda habitual”, ha recordado Berri-Otxoak.