Por Miguel H. López*, Resumen Latinoamericano, 20 de noviembre de 2020.
Por estos días la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ambos organismos de la ONU, dieron a conocer un informe (
Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe. La dinámica laboral en una crisis de características inéditas: desafíos de política) con unas cifras para el desahucio sobre los altísimos niveles de pérdida de puestos de trabajo formales en América Latina, sin reparar en los empleos informales que desaparecieron [1].
La situación de Paraguay en estos índices nos coloca en la necesidad de reflexionar y tratar de entender el mayor empeoramiento de la crisis socioeconómica que se avecina; y dimensionar que volver a los ya de por sí famélicos niveles en plazas laborales existentes en 2019, antes de la pandemia global por Covid-19, tomando la tasa promedio del PIB anotada durante el último sexenio (6 años) de 0,4%, no será posible ni en el 2030.
El capitalismo nos tiene muy mal y nos puede tener peor.
La pandemia del nuevo coronavirus vino a desnudar todo lo miserable que ya era la situación de la población en el país por efecto de las políticas económicas impuestas a sangre y fuego por los sucesivos gobiernos –casi en su totalidad colorados– cebados con corrupción de la más diversa característica y con prebendario populismo. Esta política se traduce además en la aberrante desigualdad tributaria que impacta demoledora sobre las capas de menor ingreso, exonerando y hasta subsidiando a los grandes patrones del agronegocio extractivo, evasores de impuestos y traficantes de todo lo negociable en el mercado negro bajo ropaje de respetable empresarialidad.
Entonces, ya en 2019 el desempleo real, no el definido bajo el esmalte del trabajo formal, trepaba a cifras que ni el mismo Estado podía rastrear por lo elevadas en el sub registro. Este sub registro es donde habita y es invisibilizada toda esa población que se desempeña por su cuenta en actividades miserables, precarias e inseguras, sin ingreso fijo ni posibilidades de protección social y/o laboral. Entre este segmento y los llamados cuentapropistas se halla el 71% del empleo de mano de obra en el país. En este nivel también situamos al “trabajo” en negro que sostienen numerosos “empleadores”, explotando y subyugando a hombres y mujeres por pagas inferiores al mínimo legal, bajo amenaza permanente, situación de “moderna” esclavitud y despojados de toda protección estatal.
En este contexto, de acuerdo a los estudios de CEPAL y OIT, por efecto de la paralización relativa del 70% de los centros de trabajo en Paraguay durante 3 meses, se perdió casi el 50% (48,4%) de los puestos de empleo formales. Expresado de otro modo, casi la mitad del total de los trabajadores formales del país fueron echados, en muchísimos casos sin causa y sin cumplirse los resarcimientos legales correspondientes en ley. La labor del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, fue vergonzosa; ya que se dedicaba más a brindar protección a quienes ejecutaban los despidos que en salvaguardar los derechos de los despedidos, el eslabón más débil en la relación laboral.
Para agregar mayor dramatismo al panorama que se configura en el horizonte, desde la Dirección General de Empleo del Ministerio del Trabajo, es advertida la situación de que durante la pandemia, unas 217.000 personas dejaron de buscar empleo luego de haberlo intentado durante 3 meses sin éxito [2]. El desistimiento por desesperanza provoca una importante caída de la fuerza laboral en el país, con sus múltiples implicancias sociales, económicas y emotivas.
Estas cifras son apenas una fotografía de un momento de este malhadado 2020 para su registro. Después de la toma de muestras y encuestas, los despidos y la desaparición de puestos de trabajo formales siguen ocurriendo, con altos niveles de desamparo y violaciones de básicos derechos laborales. Algunas agrupaciones sindicales ejecutan titánica labor acompañando a una desesperada y creciente demanda de ayuda ante los abusos y contravenciones de las patronales y la indolencia de las autoridades del Trabajo.
Si CEPAL y la OIT incluyeran en sus análisis estos otros aspectos de la realidad del trabajo en el país, la que no aparece en los registros formales, las explicaciones y proyecciones no pasarían de una simple mención genérica de empleo informal. No obstante, el estudio permite tener pistas de algunas nuevas tendencias que también cargarán de presión la situación socioeconómica en los próximos meses y años, con pandemia y pospandemia. Paraguay y Perú registran un aumento significativo de empleo rural, situación interpretada como resultado de la pérdida de trabajo en las égidas urbanas y el refugio en hogares familiares que residen en el campo.
Esta migración en sentido inverso continuará y aumentará la demanda en el campo, atendiendo que también se produjo y sigue produciéndose el profuso retorno de compatriotas del exterior donde igualmente hay expulsión de mano de obra. En este ámbito, debemos considerar además la reducción a mínimos insignificantes de las disponibilidades de tierras cultivables para la agricultura familiar campesina, que es acaparada por el agronegocio que apenas emplea un minúsculo volumen de mano de obra como derivación de la alta tecnologización de los cultivos extensivos e intensivos, y sus correspondientes efectos de contaminación y destrucción de naturaleza con su nefasto efecto en cadena.
El encuadre es aún más preocupante. Según los estudios, la recuperación de los puestos de trabajo para equiparar los índices y niveles –de por sí injustos y desiguales- de 2019 antes de que se desatara la pandemia, no será fácil. De acuerdo a la proyección de los organismos de ONU, si en América Latina se mantuviera el 3,0% de crecimiento promedio del PIB de los últimos años, la recuperación se daría dentro de 3 años. Sin embargo, considerando la tasa promedio de la última década situada en 1,8%, se tardarían 5 años. Pero si la recuperación se diera sobre la base del crecimiento de los últimos seis años, de un 0,4%, no se lograría igualar ni en 2030.
La población económicamente activa en Paraguay aumenta cada año entre 150 a 200 mil personas. A los cerca de 3.500.000 ya existentes, se sumaron los nuevos de 2019, luego los de 2020 y a estos los connacionales retornantes –en número progresivo- del extranjero en edad productiva. Fácilmente se estaría en poco más de 4 millones de personas en edad productiva, en un contexto de retracción de la plaza laboral y de la inversión en la generación de puestos de trabajo. Así las cosas, el año 2021 se anticipa complicado, con escenarios de conflictos por defender y mantener los empleos y los derechos en el Estado y en las empresas privadas.
Na iporãi esta amenása (no es buena esta amenaza). Pasar de rojo a morado en la situación del país puede resultar más catastrófica de la que uno pudiera prever. Como estabón más vulnerable, la clase trabajadora –con mayor impacto en mujeres, jóvenes y migrantes- y las personas que dependen de sus ingresos, pueden resultar mucho más perjudicadas de lo que ya están.
¿Qué nos queda? La historia siempre demostró que la organización es la única manera de resistir a las patronales y a los Gobiernos corruptos, para defender derechos, reivindicar conquistas y salvaguardar dignidades. No existe otro modo…
[1] https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-oit-advierten-que-mercado-laboral-america-latina-caribe-tendra-lenta-recuperacion
[2] https://www.lanacion.com.py/pais/2020/08/24/al-menos-217000-personas-dejaron-de-buscar-empleo-durante-la-pandemia/
*Fuente: Adelante!
