Por Mariana Castro. Resumen Latinoamericano, 3 de diciembre de 2020.
El gobierno dice que no desalojó a las familias y que el sitio había sido invadido por facciones delictivas. La Defensoría Pública rechaza la versión oficial.
Sprays de pimienta, puñetazos y patadas forman parte de las escenas violentas del desalojo llevado a cabo por la policía urbana del Ayuntamiento de São Luís (MA), con el apoyo de la Policía Militar, este miércoles 2 de noviembre por la mañana y que terminó con cuatro personas detenidas.
El operativo se llevó a cabo en un lugar donde viven 100 familias en estructuras precarias montadas sobre pilotes bajo el puente José Sarney, más conocido como puente São Francisco.
Sin embargo, el gobierno estatal, niega que hubiera familias viviendo en el lugar al momento de la acción y afirma que ya habían sido registrados y trasladados viviendas del programa Minha Casa Minha Vida, en septiembre de este año.
También según una nota del estado, la acción administrativa fue una respuesta a la ocupación irregular del sitio, que habría comenzado el martes 1 y, por lo tanto, no tendría familias viviendo en el sitio, sino un intento de ocupación por parte de facciones criminales.
Por su parte, en una visita al sitio en la tarde del miércoles 2, el defensor público Jean Nunes denunción que, contrariamente a lo que se publicitó, hay muchas personas que viven allí, incluidas mujeres embarazadas y niños, a quienes no se les dieron alternativas.
“Había dos gamas de viviendas. Una de las chozas que estaban en construcción, la gente realmente se iba a vivir allí, pero hay aproximadamente 36 chozas que están exactamente debajo del puente, donde hay familias, viviendo en el sitio ”, explica.
Integrante de la Comisión Estatal para la Prevención de la Violencia en el Campo y en la Ciudad (COECV) y coordinador de la Unión por la Vivienda Popular (UNMP), José Raimundo Trindade informa que los órganos y movimientos de prevención y mediación de conflictos no han sido notificados de la acción.
“Cuando somos llamados, realizamos un seguimiento. Nosotros desde la vivienda, el personal de derechos humanos, nos articulamos para evitar que se produzca el desalojo y, de ser así, que no sea tan agresivo con las familias, porque el desalojo en sí ya es una agresión ”, explica Trindade.
Sobre el caso, la Defensoría Pública de Maranhão, a través del Centro de Derechos Humanos y Vivienda, informó que actuará para que las políticas públicas se articulen a favor de los residentes, vivienda y renta social, así como las responsabilidades por la forma en que ocurrió el desalojo.
“Este modelo de exclusión, no puede seguir. Patrones de desalojo sin que las partes sean escuchadas, sin resguardar los medios de mediación, entendemos que es un formato desactualizado, que viola derechos y genera consecuencias muy dañinas, como lo vimos hoy”, concluyó el defensor Jean Nunes.
Fuente: 
Brasil de Fato
