Por Arhama Siddiqa
El campo de batalla del que menos se informa en el mundo ha costado más de un cuarto de millón de vidas, con el 80% de su población con necesidad urgente de asistencia humanitaria y 3,6 millones de personas desplazadas internamente. La pandemia de la Covid-19 ha exacerbado aún más la destrucción de una infraestructura ya primitiva, frágil y diezmada que lleva mucho tiempo a merced de los ataques con drones. El cólera sigue siendo una amenaza, con 180.000 nuevos casos notificados solo en los primeros ocho meses de este año. Las actividades económicas en Yemen se han reducido en un 50%, mientras que la tasa de pobreza ha aumentado hasta un 80%.
La ONU informa de que para mediados del próximo año, cinco millones de yemeníes habrán caído en niveles críticos de hambre. Alrededor de 150.000 niños han muerto ya de inanición. Según estimaciones de la ONU, la tasa de mortalidad en Yemen es cinco veces mayor que el promedio mundial, una cifra que se espera empeore a medida que los fondos de ayuda se agoten debido a la recesión mundial. Ha habido ya varios organismos humanitarios, incluidos los que se ocupan de la asistencia alimentaria, que han tenido que poner fin a sus operaciones. Sin lugar a dudas, incluso si la guerra en Yemen terminara en los próximos diez años, el desarrollo del país se ha quedado atrofiado para las generaciones venideras.
Mientras Donald Trump se prepara para dejar la Casa Blanca, se dispone a designar a los hutíes como organización terrorista extranjera (FTO, por sus siglas en inglés). No hay duda de que la maniobra tiene motivaciones políticas porque su objetivo no es solo aumentar la presión sobre Irán y sus aliados, sino también complicar los esfuerzos del presidente electo, Joe Biden, para renegociar el Acuerdo Nuclear de Irán del que Trump se retiró en 2018. La designación de FTO es temeraria, ya que obstaculiza el trabajo de las organizaciones de ayuda humanitaria que luchan por llevar alimentos y otros servicios básicos a los yemeníes en las zonas controladas por los hutíes del norte, lo que agravaría una situación ya precaria; más de 24 millones de personas dependen de la ayuda para sobrevivir. Además, los donantes internacionales, así como las empresas que se ocupan del transporte marítimo comercial, no se animarían a operar en Yemen por temor a las sanciones de Estados Unidos por “tratar con una FTO”. La ONU ha recibido menos de la mitad de la ayuda de 3.400 millones de dólares que había solicitado este año.
Estados Unidos tiene la responsabilidad de revertir el peor desastre humanitario del mundo porque sin su apoyo, a partir de 2015, la coalición liderada por Arabia Saudí no habría podido intervenir en la guerra contra Yemen para restaurar en el poder al presidente Abd Rabbuh Mansur Hadi. Durante su mandato, Trump aumentó aún más el apoyo de Estados Unidos a esa guerra e incluso vetó un proyecto de ley destinado a poner fin a la participación estadounidense en aquel país.
De manera incontrovertible, los intereses de Estados Unidos en Oriente Medio dependen fundamentalmente de la estabilidad en el área del Golfo. Dada la ubicación geoestratégica de Yemen, no solo en términos de vías fluviales comerciales clave, sino también por su proximidad a los aliados de Estados Unidos, la volátil situación actual en el país presagia una grave amenaza para los intereses de Washington.
Si bien los comienzos de la paz deben ser liderados y propiciados por Yemen, la administración estadounidense entrante puede hacer mucho para apoyar este proceso, comenzando con la decisión básica de centrarse en la reconciliación nacional. ¿O va a optar por una vía alternativa?
A la luz de la situación actual sobre el terreno, las perspectivas de reconciliación nacional parecen débiles, a pesar de los esfuerzos de la ONU. Las conversaciones de paz se han estancado y ambas partes están cada vez más atrincheradas en sus posiciones. Los esfuerzos de la ONU se han visto también afectados por la falta de un apoyo claro y completo de Estados Unidos. Sin embargo, una hoja de ruta a largo plazo hacia la paz, basada en el enfoque de una parte cada vez, puede cambiar todo eso.
Desde el momento en que Biden entre en la Casa Blanca tiene una oportunidad de oro para salvar las vidas de millones de yemeníes. En sus primeros cien días en el cargo puede negociar un alto el fuego duradero entre la coalición y los hutíes que se convierta en un acuerdo interino que al menos abra el país al paso seguro de la ayuda humanitaria.
A continuación, la administración de Biden puede cumplir las promesas hechas durante el período previo a las elecciones presidenciales de retirar el apoyo a las fuerzas de la coalición, en términos de fondos y armas. Cabe señalar que Estados Unidos tiene el tipo de influencia adecuado para persuadir o incluso coaccionar a las partes involucradas en la guerra para que dejen de perpetuar el conflicto.
Durante su campaña, Biden declaró sin ambigüedades que se oponía a la participación de Estados Unidos en Yemen y amenazó con cortar la venta de armas a la coalición saudí. Si persevera, existe una oportunidad, aunque muy limitada, de que Yemen aún se salve de la destrucción total. Sin embargo, si sigue como está ahora, se tambaleará al borde del precipicio.
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Arhama Siddiqa trabaja actualmente como investigadora en el Institute of Strategic Studies de Islamabad (ISSI). Se graduó en la Universidad de Ciencias de la Gestión de Lahore (LUMS) en 2013 con una licenciatura en Ciencias Políticas y Economía. A continuación, en 2014, completó un doctorado en Economía Política Internacional por la Universidad de Warwick. En 2017 recibió la beca Commonwealth Professional Fellowship, durante la cual trabajó en Recursos de Conciliación en el Reino Unido.
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