Montañas de Colombia, Diciembre 9 de 2020
Doctora
PIEDAD CÓRDOBA RUIZ
Bogota
Cordial saludo.
Compartimos su preocupación por el hundimiento del Acuerdo de Paz en el profundo mar de la perfidia del Estado, sentimiento que también impacta a la inmensa mayoría de nuestros compatriotas que, como usted, también quisieran hacer algo por salvar el más hermoso sueño de los colombianos.
Con las recientes revelaciones del Espectador ‑diario que practica un nuevo periodismo- el país nacional tiene más razones para retomar, con toda su fuerza, la lucha por la paz, el más elevado de todos los derechos; el derecho síntesis sin el cual no tienen vida los demás derechos; porque paz con masacres no es paz, paz sin tierra, sin democracia, sin alimento, sin techo, sin empleo, sin educación, sin un buen salario, no es paz.
Nos pregunta Piedad Córdoba, «¿Qué se requiere para recomponer el maltrecho Acuerdo de La Habana del que ustedes son suscriptores bajo el carácter de plenipotenciarios? ¿Es factible ‑indaga- el restablecimiento de lo acordado en La Habana por ustedes y el Estado colombiano? ¿Es posible reparar el daño a la paz infligido por el Estado colombiano y sus funcionarios?».
El daño ya está consumado, Piedad. Debiera haber sanción para los que destruyeron e hicieron trizas la paz de un país que la necesitaba y la sigue necesitando más que nadie. Para desplegar hoy cualquier esfuerzo que busque la solución política del conflicto, tenemos que encadenar primero la traición y la perfidia del Estado, y al mismo tiempo levantar un altar consagrado al respeto del principio de la negociación Pacta Sunt Servanda, porque los acuerdos son para cumplirlos. Las condiciones de la Jurisdicción Especial y las obligaciones que establece, deben ser para todas las partes involucradas en el conflicto, no para una sola. Los determinadores de la violencia desde la cúpula del Estado actúan como unos cobardes muertos de miedo frente a la verdad. Es el caso del expresidente Uribe que, habiendo sido el cerebro de los falsos positivos y comandante en jefe del paramilitarismo, piensa que puede esconder su responsabilidad tras los estruendos de una guerra perpetua. La gente quiere que termine ya ese juego de extender en el tiempo la impunidad del monstruo con maniobras desvergonzadas de su bufete de abogados, que aspira a que el cierre del ciclo biológico de su defendido haga inaplicable, por edad o por lo que sea, la sanción judicial que se merece. Debe generar conflicto moral defender crímenes de lesa humanidad y sentir que se actúa como abogado del diablo.
Como por una intervención del cielo y gracias al ejercicio de una prensa independiente, se han identificado ya, plenamente, a los personajes e instituciones que, en concierto para delinquir, sabotearon la paz de Colombia. De izquierda a derecha ‑como en una fotografía- aparecen el gobierno de los Estados Unidos representado por el Departamento de Justicia y a su lado el bandido Néstor Humberto Martínez, exfiscal general de la Nación (quien siempre amenazó con iniciar una guerra judicial tan pronto cesara la guerra con las armas). Ellos se encargaron de los montajes judiciales para entrampar la paz.
A continuación, aparecen los poderes públicos. A pesar de que las partes habían admitido que la razón principal del conflicto reposaba en el asunto de la tenencia de la tierra, el ejecutivo resolvió no titular ni darle tierra a los campesinos para no desatar la ira de las vacas sagradas del latifundio. Cambió arbitrariamente el compromiso de sustitución de cultivos de uso ilícito por erradicación forzada. Persigue solo al campesino pobre y no molesta a los banqueros y empresarios lavadores de activos provenientes del narcotráfico. Por ausencia de compromiso el Gobierno prefirió hundir la reforma política enfocada en la participación ciudadana, en la reforma electoral, la lucha contra el fraude y la compra de votos, las circunscripciones electorales especiales de paz. También se desentendió de las garantías de seguridad física que tenía que brindar a los líderes sociales en los territorios y a los excombatientes. Duque terminó hablando de «paz con legalidad», un sofisma para acuchillar por la espalda a la JEP. Y cierran la foto los legisladores. Muchos de ellos armaron en el Congreso la bacanal de las fieras, y con el pretexto de la implementación normativa de los Acuerdos alteraron a su amaño la letra de los mismos. En esto tuvo una enorme responsabilidad la Corte Constitucional (el otro poder) que, de manera incoherente, después de fallar en el sentido de que el acuerdo no se podía modificar en los próximos tres gobiernos, terminó autorizando a unos legisladores sin sentido común, a volverlo trizas.
A eso se le llama perfidia y traición. No hay derecho para que se arrebate de esta manera a los colombianos el derecho a la paz. Por ahora lograron que la posibilidad de poner fin a 50 años de conflicto interno se nos escurriera como agua entre los dedos.
La paz solo la puede asegurar el pueblo, sus dirigentes, el movimiento social y político volcado en las calles y en toda la geografía de la patria. Nos asiste la certeza de que puede ser alcanzada a través de una gran alianza de las fuerzas de la concordia, con el propósito abiertamente político de constituirse en gobierno. Solo un gobierno de coalición democrática con todos los liderazgos multicolores, apoyado por el voto popular podrá establecer la paz completa que reclama el país convocando inmediatamente al diálogo a las organizaciones insurgentes, y por otro lado, a las agrupaciones sucesoras del paramilitarismo. Pero necesitamos unirnos todos, el movimiento social y los partidos (de izquierda, liberal, conservador, los sin partido), los militares que siempre han anhelado paz para Colombia. Unidos todos habremos conformado la potencia transformadora del cambio político y social garante de la paz.
Piedad, en realidad nuestros amigos de corazón no están tristes porque regresamos al monte, sino felices porque seguimos vivos y en libertad, con una visión de paz más precisa, más completa y humana, resguardada de toda perfidia, y sobre todo bendecida por el anhelo infinito de todo un pueblo; visión que fue claramente expuesta en el manifiesto de las FARC-EP, Segunda Marquetalia, de agosto de 2019.
Atentamente,
Iván Márquez Jesús Santrich
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