Róger Rumrrill /Resumen Latinoamericano, 6 de enero de 2021
Las multitudinarias revueltas sociales y políticas que irrumpieron en octubre de 1919 contra la insoportable desigualdad social y económica en Chile obligaron al presidente Sebastián Piñera, el domingo 25 de octubre del 2020, a abrir la puerta para una nueva Constitución que reemplace a la Carta Magna promulgada por el dictador Augusto Pinochet (1973−1990), el 11 de marzo de 1980.
“Así, la nueva Constitución dará sepultura a la actual, que le atribuyó al Estado un carácter mínimo, y un rol subsidiario, en comparación con el principio de Estado solidario o de bienestar vigente en la Constitución hasta antes de la establecida por el general Pinochet”, escribe la economista y analista peruana Ariela Ruíz Caro.
También en nuestro país las marchas de poderoso aliento democrático y transformador de los jóvenes de la “Generación del Bicentenario” no solo descalabraron y enterraron al gobierno golpista e ilegal de Manuel Merino de Lama y colocaron entre la espada y la pared a la ultraderecha oligárquica, sino también han puesto en la agenda política la urgencia de una nueva Constitución que sustituya a la Constitución fujimorista de 1993 de origen espurio y que “ha sido considerada como un instrumento del poder o un estatuto de ocupación que produjo la debilidad de los instrumentos de control político y permitió el uso abusivo del poder”, opina el profesor universitario Germán Alarco.
Esta nueva Carta Magna, debe abordar, dos ejes fundamentales como propuso la Comisión Paniagua que criticó a fondo la írrita Carta de 1993: la persona humana y la limitación del poder. Pero también debe borrar el Título III de la Carta de 1993 y el régimen económico que, en el artículo 63, establece y declara: “La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones”. Luego, eliminar la camisa de fuerza contra el Estado que decreta “Que solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial”.
No hay, como señalan los expertos, entre ellos Pedro Francke, constituciones en América Latina y en los países desarrollados que hayan condenado al Estado, como la Carta fujimorista de 1993, a ser la última rueda del coche del desarrollo. Esta condición de subsidiaridad ha dado pie a la privatización de los servicios básicos y fundamentales como educación, salud, además del transporte, entre otros, y como correlato, la formación de monopolios y oligopolios y la corrupción endémica que ahora cancera el cuerpo del Perú.
No es todo. La Carta fujimorista de 1993 debilita la soberanía nacional sobre los recursos naturales y precariza la seguridad y soberanía de las tierras y territorios indígenas, eliminando, en el artículo 89, la inembargabilidad y la inejecutabilidad, dos de las tres “íes”, los candados jurídicos para preservar la seguridad del territorio ancestral de los pueblos indígenas.
Todo el desenfrenado desastre y devastación ambiental del país y principalmente de la Amazonía tienen su origen en la Constitución de 1993 y los “paquetazos” normativos posteriores de Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra.
Los derechos de la Madre Naturaleza en un Estado Plurinacional
El Perú es una Nación multilingüe, multicultural y multiétnica. Se hablan 48 lenguas originarias en el Perú, 44 amazónicas y 4 andinas. Pero el Estado que tenemos es un Estado de origen colonial y monocultural. Es decir, el Estado peruano es disfuncional a la Nación. Allí radica una de las mayores fracturas del Perú: el racismo, la exclusión, la invisibilización y la marginación de 10 millones de peruanos indígenas que representan más del 40 por ciento de la población del país.
Por estas y otras razones y fundamentos, la nueva Constitución debe declarar al Estado peruano como un Estado Plurinacional, porque muchos de los pueblos indígenas u originarios se autorreconocen como naciones. Ejemplos: las naciones Wampís, Awajúm, Pano, en la Amazonía, entre otras, y Aymara y quechua en los Andes.
Algunos expertos y estudiosos, entre ellos Vicente Otta Rivera, plantean que la nueva república debe tener un Estado Pluricultural y Descentralista. “El sistema de representación política en el nuevo estado debe contemplar una representación directa y por cuotas, de los grupos étnicos en el nivel nacional y subnacional, según sea la densidad y cobertura demográfica de los pueblos y su asentamiento territorial”, escribe Otta Rivera.
La nueva Constitución que nazca del Ipámamu amazónico y el Pachacuty andino debe reconocer, como las constituciones de Bolivia y Ecuador, los derechos de la Madre Naturaleza.
Como analiza Eduardo Gudynas, el experto en temas eco constitucionales, miembro del Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), algunas constituciones de América Latina incorporaron en los años 80 y 90 la cuestión ambiental como un derecho de las personas. Como en el caso de la Constitución colombiana. Como recuerda Gudynas, los derechos siempre han estado referidos a los derechos de las personas. Pero los derechos de la naturaleza están referidos a los ríos, flora, fauna, cerros y otros bienes de la naturaleza. Ambos derechos, los de la naturaleza y de los seres humanos, no se contradicen. Todo lo contrario, están íntimamente vinculados. Como en la concepción cosmocéntrica indígena donde no hay separación entre naturaleza y cultura.
Gudynas, que está siguiendo de cerca el proceso constitucional chileno, afirma que la nueva Carta Magna chilena posiblemente será la más avanzada del XXI, porque recogerá todas las demandas y exigencias de conservación de la Madre Naturaleza, degradada y erosionada por el extractivismo neoliberal capitalista en la segunda década del siglo XXI.
Pero Gudynas y otros expertos ambientalistas alertan y anticipan que la incorporación de los derechos de la naturaleza en las nuevas Constituciones será una dura batalla. Porque habrá un poderoso frente de resistencia para aceptar los derechos de la tierra y el agua entre los poderosos sectores de la ultraderecha, las corporaciones, las grandes agroexportadoras que en el caso del Perú exportan la escasísima agua en sus inmensos monocultivos sin pagar derechos, y las multinacionales que se apoderan y concentran el agua y la tierra en América Latina, África y Asia.
Tal como está ocurriendo en Chile, la nueva Constitución en el Perú que establezca los derechos de la Madre Naturaleza y declare el Estado Plurinacional no es una asignatura ni un rol que corresponde a los partidos políticos-casi inexistentes y en crisis terminal en el Perú- ni a esa ultraderecha de pensamiento e ideología decrépitas cuyos vestigios ahora se exhiben como esperpentos en el Congreso y en los medios defendiendo al modelo neoliberal que es una fábrica de pobres y una máquina trituradora de la naturaleza.
Serán las multitudes, los jóvenes de la “Generación del Bicentenario”, los obreros de las ciudades, los hombres del campo, las organizaciones indígenas andino-amazónicas y los movimientos regionales que ya se alistan para emprender la batalla por una nueva Constitución, una profunda reforma del estado monocultural y neocolonial y por la refundación de la Nación peruana.
Uno de estos movimientos regionales es “Resurge Amazonía”, liderado por el activista ambiental José Manuyama Ahuite, con sede en Iquitos y con alianzas estratégicas en todo Loreto y la Amazonía.
Los resurgentes amazónicos, en un reciente manifiesto, han denunciado el saqueo de los bienes de la naturaleza amazónica y han planteado un nuevo modelo energético postpetróleo, mecanismos de autogestión y democracia directa que reconozca y fortalezca los sistemas tradicionales de gobernanza comunitaria, el restablecimiento de los principios y valores tradicionales amazónicos, estímulos a la agricultura familiar un modelo de bionegocios en base al bosque en pie.
Nunca los derechos de la naturaleza han sido tan vitales como ahora. Se ha demostrado fehacientemente que la deforestación y el uso irracional de los bienes de la naturaleza han sido el origen de la pandemia del coronavirus y otras plagas. Por lo tanto, este derecho es como una carta de sobrevivencia para el hombre del siglo XXI. “Estamos declarando una guerra contra la naturaleza”, expresó Antonio Guterres, en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad, el 2 de octubre de este año.
Luego, el Secretario General, hizo un balance de la situación ambiental planetaria: más del 60 por ciento de los arrecifes del mundo están en peligro de desaparecer por el exceso de pesca y prácticas humanas destructivas; un millón de especies están en riesgo de extinción; la vida silvestre está amenazada a causa de la tala masiva de los bosques y la red de vida de la tierra está siendo destruida. El Cambio Climático ha inaugurado una nueva era cósmica: el Antropoceno o el necroceno como repiten algunos especialistas con un sombrío tono apocalíptico.
“Permítanme ser claro: la degradación de la naturaleza no es un problema propiamente ambiental. Abarca la economía, la salud, la justicia social y los derechos humanos. Descuidar nuestros preciosos recursos puede exacerbar las tensiones y los conflictos geopolíticos”, reflexiona Antonio Guterres.
Haciendo oídos sordos a las dramáticas exhortaciones del Secretario General de las Naciones Unidas, el 7 de diciembre de este año, el agua, el bien más vital y más escaso e irremplazable, se convirtió en una materia prima más, como el oro, el petróleo, el cobre, cotizándose en el mercado de futuros de Wall Street. Intentando hacer comulgar con las ruedas de molino de su insaciable sed por la riqueza, los bancos, los fondos de inversión y las multinacionales argumentan que, cotizando el agua en el mercado de futuros, el recurso será más accesible para los pueblos y de gestión más eficiente en la agricultura y la industria.
Detrás de este argumento cínico, está la ambición de controlar, monopolizar, concentrar y transformar el agua en el mejor y mayor negocio global a costa de los tres mil millones de personas que se mueren de sed en el mundo.
En la Amazonía peruana la destrucción ambiental no es menor que en el resto del mundo. La extracción aurífera legal e ilegal y los derrames petroleros están envenenando los ríos amazónicos. La pérdida anual de 250 mil hectáreas de cobertura forestal es una verdadera catástrofe para la producción de agua que alimenta tanto la Costa y los Andes, tal como ha venido explicando el Dr. Ricardo Giesecke, experto en el tema y ex ministro del Ambiente.
El mismo científico ha planteado una moratoria de 20 años que impida actividades que producen deforestación y pérdida del bioma amazónico y en particular del bosque amazónico. “La casi totalidad de la provisión de agua en los valles interandinos y en los valles costeros depende de que los mecanismos biológicos naturales de la Amazonía se sigan produciendo y no sean interferidos”, ha advertido el Dr. Giesecke.
La nueva Constitución peruana debe decretar el Estado Plurinacional y declarar, como una cuestión de vida o muerte, los Derechos de la Naturaleza como la última posibilidad de defender y conservar la fuente de la vida humana: la Madre Naturaleza.
FUENTE: Otra Mirada
