Resumen Latinoamericano, 20 de enero de 2021
Se realizaron tres pericias balísticas en el expediente, todas con resultados diferentes. ¿A quién benefician esas contradicciones? La Justicia en torno al caso, cada vez más lejos.
Un viejo chiste porteño dice que la mejor forma de esconder un elefante en la calle Florida es llenar la calle Florida de elefantes. Es decir, en términos de responsabilidad, si fueron todos, no fue nadie.
Ese es el camino que parece seguir el expediente por el asesinato estatal de Rafael Nahuel, luego que se confirmara que la tercera pericia balística arrojó como resultado que el disparo mortal fue realizado por un integrante del grupo Albatros hasta ahora no mencionado como posible responsable del hecho.
Se trata del Cabo Primero Sergio Cavia, quien, junto a otros cinco Albatros ingresó aquel 25 de noviembre de 2017 al territorio de la comunidad Lafken Winkul Mapu y desató una persecución y balacera que culminó con dos heridos y la muerte de Nahuel.
Una primera pericia realizada pocos días después del asesinato y bajo la conducción del reconocido perito Roberto Nigris, determinó de manera indubitable que el disparo mortal provino del subfusil MP identificado con el número de serie B 05-C335508. Es decir el arma que portaba el Cabo Primero Francisco Javier Pintos.
Pintos argumentó ante la Justicia que no subió la montaña con esa arma de guerra, pero ni siquiera los jueces que, en distintas instancias favorecieron con fallos a los uniformados, creyeron esa teoría.
El Juez Gustavo Villanueva, quien subrogaba al momento del hecho el Juzgado Federal de Bariloche, desestimó inicialmente solicitar la pericia balística a la Gendarmería ya que, tal como quedó asentado en el expediente judicial al que accedió este medio, desconfió de la independencia de esa fuerza, teniendo en cuenta su vínculo con la Prefectura y con el Ministerio de Seguridad que conducía Patricia Bullrich.
Sin embargo, producida la primera pericia, el magistrado ordenó una segunda y desdiciéndose se la solicitó a la Gendarmería.
Los abogados de la familia de Rafael Nahuel y de los organismos de derechos humanos querellantes avalaron la realización, y quedaron atrapados en la previsible contradicción: los peritos de la Gendarmería aseguraron que no era posible determinar la procedencia del disparo que acabó con la vida del joven mapuche.
Graciela y Alejandro, madre y padre de Rafael
Ese informe permitió que la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal de Comodoro Py, tumbara el procesamiento por “homicidio agravado” que pesaba sobre Pintos.
Así, tras varias instancias de apelación, el nuevo Juez subrogante del Juzgado Federal de Bariloche ‑y por tanto, al frente del expediente por el asesinato‑, Gustavo Zapata solicitó que se efectúe una tercera pericia, que encargó al Cuerpo de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público de Salta.
Este martes finalizó esa tarea que arrojo como resultado el sorprendente dato de que, supuestamente, el proyectil 9 mm. que mató a Rafael Nahuel salió de la pistola Pietro Beretta modelo 92, número de serie 05-P83332Z, que portaba el Cabo Primero Sergio Cavia.
Hasta el momento Cavia gozaba de la “falta de mérito” dictada por la Cámara Federal de General Roca, con una integración de jueces distinta a la que, en mayo de 2018, había procesado a Pintos por “homicidio agravado”.
Es decir que Cavia seguía siendo investigado en la instrucción que se desarrolla en el Juzgado Federal de Bariloche, pero no existían elementos como para comprometerlo de manera directa en la responsabilidad material del asesinato.
Ahora la situación cambia, y el abogado de la APDH ‑querellante- en el expediente, Sebastián Feudal, dijo a ElDiarioAr que solicitarán nuevas medidas y la constrastación de los resultados de esta pericia con los autores de la primera, de manera de descartar cualquier tipo de futura diferencia técnica que complique el pedido de procesamiento de Cavia.
El cambio de orientación de la investigación ya fue aprovechada por el abogado de Pintos, Marcelo Rochetti, quien dijo a DataClave que “iniciará acciones civiles y penales contra los peritos de Río Negro que falsearon la pericia, contra el ex juez de Bariloche Leónidas Moldes que arbitrariamente y con dos pericias contradictorias ordenó la prisión preventiva de Pintos, y contra los integrantes de la Cámara Federal de General Roca que fueron apartados por Casación Federal”.
Rochetti fue designado defensor de Pintos con el aval o impulso del Gobierno nacional de Mauricio Macri. De hecho, el abogado pertenece al corazón del macrismo: fue Jefe de Gabinete de Cristian Ritondo en el ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y abogado defensor de Rafael Di Zeo mientras Daniel Angelici era Presidente de Boca.
Una perito de reconocida trayectoria y que participó en todo el proceso de análisis de la bala que mató a Nahuel, dijo a este medio que “cuando salió (el proyectil) de la autopsia, el médico que estaba ahí era Roberto Nigris y Karina Uribe, ellos lo llevaron en mano a peritar. Eso es lo más concreto y real del trayecto y de la vida de ese proyectil y la circulación”. Y repasó que “después ese proyectil fue a Gendarmería, vaya a saber por qué o por quiénes; quiénes lo recibieron en Gendarmería no se sabe porque no estaba ninguno de los tres peritos que hicieron la primera pericia, así que si fue el mismo proyectil o no, no se sabrá nunca. ¿Y qué pasó después cuando tardó una semana en llegar a Salta, dónde estuvo, quién lo tuvo, en qué condiciones llegó?, ¿es el mismo?, ¿está adulterado?”, se preguntó. La experimentada perito ‑que prefirió no dar su nombre- sentenció: “El proyectil indemne de la autopsia fue el que se peritó primero. Lo demás, no sé si es el mismo, o el mismo alterado. La primera pericia devino directamente de la mano de la autopsia de Rafael, las otras vaya a saber de dónde”.
FUENTE: enestosDías
