Resumen Latinoamericano, 1 de febrero de 2021.
La provincia que mejores números mostró durante toda la pandemia es la que gobierna Gildo Insfrán desde 1995. En diciembre los contagios se dispararon y el racismo señaló a las comunidades originarias como responsables. El rol de la policía. Los centros de aislamiento que retienen a las personas con resultados negativos. Las críticas de la oposición más reaccionaria reclamando por «los derechos humanos» y la visita del Secretario de DD.HH. de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, que terminó en apoyo al Gobierno provincial.
“Señora, usted dio negativo pero tendrá que ir a un centro de aislamiento porque estuvo en contacto con una persona que dio positivo”, le dijo un oficial de la Policía de Formosa a Dionisia López. El reloj marcaba el mediodía del lunes 11 de enero. Se desesperó. Ya había pasado una hora desde que se acercó a la guardia del hospital para que la hisoparan porque había compartido un rato con una persona positiva de Covid-19. Tuvo que dejar a su niño de 10 años esperando afuera, bajo la sombra de un árbol, con su teléfono celular. Ella no podía salir, él no podía entrar, no tenían forma de comunicarse. Media hora atrás, una médica le anunció que si el resultado era negativo se iría para su casa a cumplir un aislamiento preventivo. No fue así. Al menos consiguió a los gritos que dejaran ingresar a su hijo, quien le contó llorando que le hicieron “un montón de preguntas” durante la espera. Recién a las 23 la llevaron a una escuela donde permaneció aislada durante 15 días.
Las imágenes que tiene de las primeras horas en la escuela no son las mejores. Se recuerda temblando, apenas un poco más tranquila cuando su esposo le pudo llevar ropa limpia: “La pasé mal. El baño era un asco. Nos turnábamos para limpiar, pero el olor a cloaca era muy fuerte”. Durante varios días el nene durmió lejos de su madre. La comida no tenía sabor: “Seguramente los policías les dicen que no le pongan sal para que nos digan que estamos enfermos”, le dijo su niño percibiendo desde temprano las distancias entre buenos y malos.
El 18 de enero la volvieron a hisopar. También a su hijo. Ambos dieron negativo. Cuando preguntó le dijeron que debía quedarse 15 días más porque “una chica dio positivo”. Finalmente, este miércoles 26, después de otro resultado negativo, le entregaron un papel que le permitió volver a su casa. El alta no llegó en manos de un médico sino de un policía. Todo un símbolo.
En el oeste está el agite
La historia de Dionisia es una entre tantas. La Retaguardia pudo acceder a por lo menos una docena de testimonios más o menos similares, con contrastes, pero con inexplicables padecimientos en los centros de aislamiento. No tuvimos que indagar, las denuncias se sucedían una tras otra. Este relato de la ciudad de Formosa se torna más oscuro y represivo cuanto más al oeste de la provincia ocurra. En los departamentos Ramón Lista, que limita con Salta; y Matacos, con Salta y Chaco como vecinas, la situación se complejiza de manera notoria. “La pandemia llegó a Formosa después de tanto tiempo —explica Juan Rosasco, cura pasionista que está desde hace 6 años en Ingeniero Juárez, la ciudad cabecera de Matacos — . Acá tuvimos los primeros casos a fin del año pasado. Y el Gobierno aplicó su política, que son los Centros de Alojamiento Preventivo, donde se aísla a las personas, a los contactos estrechos, y a todos los que son positivos se los interna en lo que son los centros de salud, donde se los atiende. Es una situación que estalló”, asegura. “Esta forma generó y sigue generando mucho malestar, porque la gente es llevada a estos centros y no la pasan bien. Algunas imágenes de lo que pasa en Formosa capital trascendieron pero imagínate eso en una escuela que no está preparada para ser un lugar de alojamiento, como tampoco el Estadio del Cincuentenario. En cada aula hay cuatro, cinco camas. Los baños son todos compartidos por los 30, 40, 50 que estén en cada uno de estos centros. Entonces terminan siendo lugares donde todos están asustados, porque se van contagiando”. En ese punto coinciden casi todos los testimonios: muchas personas que ingresaron como sospechadas de haberse contagiado y permanecieron allí aún con resultados negativos en los análisis, finalmente terminaron contrayendo el virus por haber estado en contacto en los centros de aislamiento con personas que ya ingresaron como positivas de Covid-19: “La Organización Mundial de la Salud lo dice muy claro: son recomendables los lugares de cuarentena pero acotados en el tiempo, porque sino se promueven los contagios. Esto la provincia no lo escucha”, se indigna Rosasco.
Aislados a 500 kilómetros de casa
Más que aislamientos, algunos casos de personas pertenecientes a comunidades Wichí, Qom, Nivaclé y Pilagá (las cuatro etnias que habitan la provincia) parecen detenciones. No se explica de otro modo que hayan sido encerradas en centros de aislamiento de la ciudad capital de la provincia a unos 500 kilómetros de distancia. Como si a una persona de la localidad bonaerense de Avellaneda la llevaran a aislarse a la ciudad costera de Miramar. No podría suceder eso en Buenos Aires pero sí en Formosa, básicamente porque con las comunidades originarias no alineadas políticamente con el gobernador Gildo Insfrán, puede pasar cualquier cosa.
Gildo Insfrán, gobernador de Formosa
Alejandra Carrizo es psicóloga. Vive en Formosa capital, donde ejerce en el sistema público de salud. Integra la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) local y también la regional de la Asociación de Psicólogas y Psicólogos. Corrobora las denuncias de atropellos varios: “Los traslados forzosos y la fragmentación de los grupos familiares profundizan la angustia por la ausencia de información a las familias, lo que ha generado muchísimo malestar y fricción a las personas”. Carrizo está en un centro para residentes que regresaron desde otras provincias, y señala algunas diferencias entre los lugares de aislamiento: “Depende de hasta qué punto quienes integramos los grupos alojados estemos informados con respecto a cuáles son nuestros derechos y ejerzamos esos derechos de ciudadanía pidiendo información clara y precisa, pidiéndolo desde el buen trato y desde el respeto y también pudiendo encontrar con otres las modalidades más favorecedoras de una estadía que favorezca una convivencia armónica”. Dice que después de las protestas de grupos de derechos humanos, organizaciones sociales y religiosas, al menos cesaron los traslados kilométricos, aunque no mejoró la situación en otros sentidos.
“Eso ha sido, luego, tenido en cuenta y se ha logrado que las personas no sean trasladadas de manera forzosa desde el interior a la ciudad capital y mantenidas en su propio terruño, en su herencia. Evitar los traslados forzosos no ha ido acompañado de un mejor trato en sus propias comunidades. Esos traslados y la fragmentación han formado parte de las primeras críticas y demandas que hacían las personas de poblaciones originarias al Gobierno y exigían que eso sea respetado. Lamentablemente, esas protestas muchas veces fueron criminalizadas”, advierte.
Si es wichí, marche preso
El caso más resonante de represión a la protesta fue el de las detenciones de las concejalas Gabriela Neme y Celeste Ruiz Díaz mientras acompañaban el reclamo en una escuela sede de personas retenidas. La llegada de la noticia a los medios tradicionales fue veloz. Insfrán suele dejarla picando para que los medios más conservadores se hagan un festín. Si bien les interesa poco y nada la situación de las comunidades originarias, utilizan estos hechos para pegarles a los gobiernos nacionales que lo cuentan entre sus filas. Quizás eso explique por qué no recibió tanta difusión la detención de dos grupos de wichí que protestaban en el oeste; en esa lógica, dos concejalas valen más que decenas de originarios/as. Para el “Päle Juancito”, como le dicen en las comunidades al cura Rosasco, la pirámide se invierte: “Fueron 15 integrantes de las comunidades Santa Teresa, Palmarcito, Lote 8 y María Cristina. Quedaron todos detenidos porque unos días antes habían empezado un corte de los caminos vecinales de esa zona reclamando un banco móvil para poder recibir sus haberes. La respuesta del Gobierno fue enviarles a la policía. Los llevaron a todos ellos detenidos. Algunos fueron sacados de sus viviendas. No conocemos la orden del juez para allanar las viviendas. Yo hice una queja aquí en la comisaría, diciendo que sin orden del juez era inconstitucional. Me escucharon en silencio”. Comenta Rosasco que le respondieron: «Gracias Padre, hasta aquí llegamos». Ni siquiera asomó en los medios tradicionales la situación de las 4 jóvenes wichí detenidas por acompañar una huelga de hambre de su mamá en otro centro de aislamiento: “Es una mujer diabética que está aislada, que inició una huelga de hambre para quejarse de esta situación, para manifestarse —cuenta Rosasco — . Sus hijas y sobrinas intentaron hacer una manifestación muy tímida. 4 chicas, de unos veintipico de años, fueron con dos carteles de hoja A4, cinta scotch, pegaron esos carteles en la puerta de esa escuela y pidieron hablar con su madre, a la distancia, para darle ánimo, porque están muy asustadas que su salud se desestabilice al ser diabética y al no estar comiendo. El resultado fue que las 4 chicas terminaron detenidas a los pocos minutos. Se les inició una causa contravencional, por daño a la propiedad y por haberse manifestado en tiempo de pandemia. Después de 6 horas las dejaron en libertad. Una de ellas experimentó un abuso muy feo de parte de una de las mujeres policías, que le hizo borrar los vídeos que había filmado en ese momento en su celular. Obvio que la chica policía dice que no lo hizo, y las chicas dicen que sí lo hizo. Esto lo digo como para pintarles un poco el panorama de acá, del oeste”.
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“Nosotros no somos delincuentes, no somos ladrones, no somos traficantes para que nos lleven a cualquier hora. Aunque no salgan positivos los hisopados, igualmente quieren llevárselos a aislarse. Los hermanos sufren y los niños también”, pide difusión desde un audio Francisco Méndez, cacique wichí de La Esperanza.
Sin embargo, aunque generalmente no cometan delitos, los y las wichí tienen que recurrir a las pocas personas profesionales de las leyes que les abren sus puertas. Entre ellas se destacan Cintia Herrera, abogada de la APDH, y Daniel Cabrera, un abogado de Las Lomitas. 
La Retaguadia pudo conocer y entrevistar a ambos durante la visita que realizamos en 2017 para conocer más directamente la realidad de las comunidades originarias en el territorio.
Un viaje que realizamos con la “compañía” permanente de policías y agentes civiles de inteligencia que nos marcaron la cancha a cada paso. Herrera y Cabrera se movieron lo suficiente para conseguir la liberación de los dos grupos de wichí antes mencionados. Herrera anda sin descanso con sus gestiones donde atiende el poder formoseño, en la capital; Cabrera se moviliza de aquí para allá en Las Lomitas e Ingeniero Juárez con una moto pequeña en la que parece menos retacón de lo que es. Cuando los abogados y abogadas de derechos humanos tienen tanto trabajo es porque hay una modalidad represiva sistemática que así lo requiere. Eso es una regla desde hace años en los pagos de Gildo, en tiempos de Macri, de Alberto o de quien sea.
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Ercilla Agüero también acerca otro caso, el de un Pastor del Barrio Obrero, una humilde barriada wichí de Ingeniero Juárez. Ercilla asegura que se lo llevaron 8 policías que adujeron que era positivo de Covid-19. O los policías formoseños tienen un don especial para detectar contagios a simple vista, por lo que reemplazan a las y los agentes de salud, o se lo llevaron detenido. La primera opción podría explicar por qué Formosa mostró tan buenos números en torno de la pandemia casi hasta el final de 2020.
La visita oficial
En medio de la política “sanicial” de Insfrán (así comienzan a llamarle: mitad sanitaria, mitad policial), una noticia resultó alentadora para varios sectores que venían quejándose más o menos públicamente: Horacio Pietragalla Corti, Secretario de Derechos Humanos de la Nación, viajaría a Formosa. En su visita del miércoles y jueves, Pietragalla visitó varios de los cuestionados centros y mantuvo reuniones multisectoriales; aunque no se movió de la ciudad capital, anduvo intensamente entre visitas oculares el primer día, y reuniones durante el segundo. La mayoría de las personas y organizaciones que participaron de ellas se fueron con cierta conformidad después de lo charlado. Pero algo les cortó la esperanza de raíz: cuando Pietragalla hizo declaraciones públicas, eligió responder a una comparación opositora para no hablar de lo que había que hablar. En lugar de referirse a las situaciones observadas y que en algunos casos colaboró a solucionar, declaró, según un cable de la Agencia Telam: “La estrategia sanitaria que se aplica en Formosa para mitigar el avance del coronavirus en la provincia ‘no puede equiparse con la existencia de una dictadura’, y afirmó que las denuncias que se formulan en ese sentido describen ‘una realidad paralela’”.
Algo parece indiscutible de esa declaración: hay sectores enteros de la población formoseña que viven efectivamente una realidad paralela, que es represiva y coercitiva, pero a la vez no es para todos y todas.
Javier Paniagua es referente del Movimiento Popular La Dignidad (MPLD) en la provincia. Mientras charla con La Retaguardia está junto a Cristian Castellano, quien pertenece a la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Ambas organizaciones son parte del Frente de Todos a nivel nacional, pero en Formosa esas ecuaciones políticas no necesariamente se replican. Los dos alzan sus voces para denunciar diferentes hechos y el trato siempre discrecional que reciben organizaciones sociales y comunidades originarias según estén alineadas o no con el Gobierno local. Paniagua explica que casi la totalidad de las comunidades del oeste sobreviven con planes oficiales que se cobran únicamente en el Banco de Formosa: “Por eso cuando se regresó a fase 1 la población pidió la llegada de bancos móviles, que el banco los tiene, para poder cobrar sin tener que ir a las ciudades, porque eso está prohibido. Las comunidades más lejanas se quedaron aisladas por no poder ir a la ciudad para comprar alimentos”. Castellano ratifica que en el oeste todo es más complicado, pero resalta que la situación represiva también se da en la ciudad, sobre todo con los laburantes que hacen changas para sobrevivir y son perseguidos por no contar con el permiso de circulación: “Acá el problema es la policía. Y es por orden del superministro”. Califica de ese modo al ministro de Gobierno Jorge González. En la provincia se sabe que es “el hombre fuerte del gobierno”, pero a la vez y según Castellano “todo lo hace por orden de Insfrán, porque acá nada sucede sin la orden de Insfrán”.
Carrizo, de la APDH, también se lamenta por la escasa chance de debatir de manera amable a pesar de los esfuerzos: “En general, disentir o visibilizar alguna incongruencia o alguna contradicción implica que tomar la palabra sea visto muchas veces como un intento desestabilizador. Marcar una diferencia para con una hegemonía gobernante supone inmediatamente pasar a formar parte de un discurso opositor que lo único que pretende es desestabilizar, cuando en realidad, como organismo, hemos tratado de ser rigurosos, de estar en permanente comunicación tanto con quienes integran el Comité de Ética y Derechos Humanos y con las distintas secretarías y subsecretarías de Derechos Humanos, también con autoridades sanitarias de la Provincia de Formosa y hemos tratado de agotar los canales institucionales al respecto, teniendo en cuenta siempre la institucionalidad y los valores de la democracia. En absoluto avalamos intentos desestabilizadores, de hecho en los primeros momentos no se hizo pública ninguna de nuestras demandas tratando de mantener en la discreción nuestras gestiones para evitar que eso sea usado de manera amarillista o desde los partidario, pero lamentablemente esto no ha sido comprendido”.
Casi a dúo, Paniagua y Castellano se enciman para caracterizar al Gobierno: “Este es un gobierno conservador que hace 30 años que está. Manejan el Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Electoral. Acá hay un Instituto de Comunidades Aborígenes en el que cada una de las etnias eligen sus autoridades, pero el presidente no es originario, es un criollo, y lo pone el gobernador. Desde ahí manejan la caja y el látigo”, aseguran mientras les aparece la indignación por varios llamados que recibieron en los últimos días para que apoyaran públicamente la gestión sanicial: “En noviembre nos acercamos para ofrecerles la ayuda de nuestras organizaciones y no nos dieron lugar. Ahora nos están pidiendo que salgamos públicamente a apoyar al Gobierno, pero no podemos hacer eso, porque recibimos todo el tiempo denuncias de nuestros compañeros y compañeras”, comparte Paniagua. Quienes sí aceptaron firmar una solicitada en apoyo al Gobierno fueron los intendentes provinciales: «Como responsables de nuestras jurisdicciones municipales refrendamos la política sanitaria de la provincia de Formosa», señalan. Hay dos maneras de leer esta declaración, firmada también por radicales: podría ser que las medidas fueran efectivamente maravillosas y las denuncias casos aislados o mentiras; o que hayan recibido las mismas presiones que las organizaciones sociales pero se hayan visto obligados a firmar por estar en lugares de gestión, dependiendo de recursos provinciales, lo que sería una muestra del feudalismo provincial, patrimonio no exclusivo de Formosa. Más que casos aislados, las denuncias parecen un gran delta de humillaciones constantes.
En una de las reuniones que sostuvo Pietragalla Corti participaron Berta El Gandur y Cintia Herrera por la APDH; el cura Rosasco; y Pablo Chianetta, de la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo (APCD), una ONG de Las Lomitas. En un comunicado publicado hoy, realizan un listado de las situaciones denunciadas que son parte de esta nota y relatan las contradicciones que les deja la visita oficial: “Tuvimos la impresión de una escucha atenta e interesada”, remarcan en un tramo. “Lamentablemente en la conferencia de prensa que se brindó en Formosa, no encontramos las palabras que llevamos ni lo que nos dijeron en privado. Les dejamos bien claro que nosotros no somos oposición y estamos en un lugar distinto que no es la lucha por el poder. Buscamos el derecho de los pueblos y de las personas”, afirman.
Fascistas de ayer y de hoy
En medio de todas las idas y vueltas, una nefasta campaña apareció durante la visita de Pietragalla Corti. Recordaba que su padre, Horacio Pietragalla, y su mamá Liliana Corti, fueron parte del grupo de Montoneros que intentó la toma del Regimiento de Infantería de Monte del Ejército, en 1975. Como ya ha determinado la justicia en varios fallos, eran épocas en las que imperaba el Terrorismo de Estado, aunque faltaba para que se diera el golpe militar. “Sus padres vinieron a matar formoseños ayer y él viene a ayudar a Insfrán a matarlos ahora”, se lee en un flyer impresentable que derrocha fascismo. El padre y la madre de Pietragalla Corti fueron desaparecidos/asesinados con posterioridad y él recuperó su identidad después de haber crecido en una familia apropiadora.
A pesar de sus declaraciones poco felices, que intentan tapar el sol con la mano, las violaciones a los derechos humanos en Formosa son sistemáticas y se sostienen en el tiempo por décadas. Se denuncian con mayor o menor suerte hace años. Amnistía Internacional se ha sumado (y no por primera vez) a las denuncias. Si valía su jerarquía para denunciar la desaparición de Santiago Maldonado, cabe pensar que debería llamar la atención también esta denuncia. Sobre todo porque no es solo ese organismo, sino muchos más los que están en el territorio, que conviven todos los días con ese fino equilibrio que implica denunciar sin tener que irse para no pasarla mal. Todo esto es tan poco refutable como que los medios tradicionales que levantan su voz y varios dirigentes de la oposición, lo hacen desde un discurso casi fascista que no llega a convertirse en progresista aunque hablen de derechos humanos.
Si una simple visita de dos días logró algunas mejoras (sobre todo con la “liberación/alta” de personas que permanecían en los centros que no serán clandestinos, pero tampoco son solo de aislamiento), se puede pensar que si Insfrán recibiera más presión y menos festejo, las grandes porciones de la población humilde de Formosa vivirían con menos represión policial y en condiciones un poco menos miserables que las que están a la vista. La respuesta posible parece estar ahí: en no acompañar los atropellos constantes. Sea oficial o paralela, la realidad nunca se cambia negándola.
Fuente ANRed – Redacción: Fernando Tebele | Textuales: Julián Bouvier/Agustina Sandoval Lerner | Edición: Pedro Ramírez Otero/María Eugenia Otero/Diego Adur
