Resumen Medio Oriente, 6 de febrero de 2021-.
Apenas el Tribunal Penal Internacional (TPI) declaró que tenía jurisdicción sobre los crímenes en los territorios palestinos ocupados, los funcionarios israelíes cuestionaron sus méritos legales, acusándolo de ser “un organismo político”. Están trabajando arduamente para elegir a un nuevo fiscal del TPI que pueda revocar esta decisión.
Ubicado en La Haya, Holanda, el TPI dijo en un comunicado que “decidió por mayoría que la jurisdicción territorial del TPI para la situación en Palestina se extiende a los territorios ocupados por Israel desde 1967”, es decir, Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este.
Fue Fatou Bensouda, la fiscal de este tribunal, quien le pidió una opinión legal sobre este punto. El 1 de mayo, la Sra. Bensouda reconoció el derecho de Palestina de acudir a los tribunales para procesar a “Israel” por sus crímenes y violaciones.
En diciembre de 2019, ella anunció que quería abrir una investigación completa sobre los crímenes de guerra cometidos en los territorios ocupados por “Israel”. Quiere que el TPI dé seguimiento a una investigación preliminar de cinco años después de la guerra israelí contra la Franja de Gaza en 2014.
135 civiles palestinos muertos en un día
Durante 50 días, el conflicto dejó más de 2.250 muertos del lado palestino, la gran mayoría de ellos civiles, y 73 del lado israelí, casi todos soldados.
En 2015, Amnistía Internacional acusó a la entidad sionista de haber matado al menos a 135 civiles en esa guerra en un solo día en represalia por la captura de uno de sus soldados. Y afirmó que esto podría constituir un crimen de lesa humanidad.
El 1 de agosto de 2014, casi un mes después del inicio de la guerra, cuando los civiles de Gaza comenzaban a regresar a sus hogares creyendo que había una tregua, un teniente israelí desapareció. Al día siguiente, “Israel” lo declaró muerto. Según Amnistía, “Israel” puso en marcha el “procedimiento de Hannibal”, una medida que consiste en realizar ataques que podrían poner en peligro la vida del soldado para evitar su captura con vida. Un procedimiento que el ejército no admite utilizar, pero que los medios y observadores israelíes le atribuyen habitualmente.
Según el informe de Amnistía, que cita testigos, “un castigo colectivo” descendió sobre Rafah con “escenas de pánico y caos bajo un diluvio de fuego de aviones F‑16, drones, helicópteros y artillería, matando a civiles a pie o en vehículos que evacuaban a los heridos”.
Fuente: Al Manar
