Anayeli García Martínez /Resumen Latinoamericano, 25 de febrero de 2021
Los países con paridad, como México, enfrentan obstáculos para garantizar la presencia de las mujeres en espacios políticos, por ejemplo, la persistencia de prejuicios de género, invisibilización de liderazgos femeninos y acoso y violencia política.
De acuerdo con un documento presentado este 24 de febrero en una sesión virtual que se realizó como parte de la Sexagésima Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, impulsar la participación igualitaria y paritaria de las mujeres requiere el compromiso del Estado para asegurar que ejerzan sus derechos políticos, libres de acoso y violencia política.
El documento “Avances y retrocesos en la participación de mujeres en espacios de decisión” fue preparado por más de 150 representantes de organizaciones civiles como un insumo de análisis, previo a la celebración del 65 período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), que Naciones Unidas realizará en marzo y donde se analizará la participación de las mujeres en la vida pública.
En este reporte se propone impulsar alianzas entre sociedad civil y mujeres políticas, para avanzar en agendas innovadoras y más progresistas así como eliminar todas las formas de violencia política de género, entre ellas la persecución y criminalización de las defensoras de Derechos Humanos.
Las agrupaciones de América Latina y el Caribe también llamaron a establecer mecanismos que aseguren que los hombres que están bajo investigación judicial o que han sido condenados por violencia contra las mujeres, incluyendo acoso sexual, no participen en cargos políticos.
En el caso del actual proceso electoral en México, el Instituto Nacional Electoral estableció como requisito para ser candidato a un cargo de elección, presentar un formato donde las y los aspirantes declaren, bajo protesta de decir verdad, que no están sancionados por delitos de violencia familiar, doméstica, delitos sexuales o por ser deudores de pensión alimenticia.
Además de este tipo de mecanismos, las organizaciones también pidieron concretar cambios de patrones socioculturales que sostienen prácticas machistas y patriarcales en el espacio político; así como visibilizar, apoyar y promover la participación de las feministas que actúan en ámbitos políticos.
En el documento señalaron que es necesario promover, desde las instituciones electorales y las organizaciones políticas, el fortalecimiento de los liderazgos femeninos y de sus capacidades a través de procesos formativos para mujeres jóvenes y adultas.
Las defensoras de la participación política de las mujeres reconocieron que la mayoría de los países cuentan con leyes de cuotas y algunos ya tienen leyes de paridad, pero advirtieron que en los países con paridad enfrentan obstáculos como la persistencia de prejuicios en relación a la participación de las mujeres en los espacios públicos.
Destacaron que el incremento de la presencia de mujeres en el ámbito político está acompañado de altos índices de violencia. Pocos países, entre ellos México, cuentan con leyes para enfrentar el acoso y la violencia política. No obstante, señalaron que quienes tienen esa legislación, no la implementaron y continúa la impunidad.
En el país, desde abril de 2020 entraron en vigor las reformas a ocho leyes para reconocer, prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres. A pesar de este tipo de reformas normativas, en el documento se señala que persisten prácticas políticas excluyentes al interior de las organizaciones políticas.
Expusieron que dentro de los partidos se excluye a las mujeres de las estructuras partidarias, no se les permite acceder a los núcleos de decisión y no cuentan con procesos democráticos y transparentes para la definición de candidaturas. Es decir, en muchos casos continúan eludiendo las cuotas y la paridad y ubican a las mujeres en candidaturas sin posibilidades de ser electas.
También, dijeron, hay una inclusión de mujeres sin sensibilidad de género ni comprometidas con la agenda feminista, quienes responden a sectores que obstaculizan el avance de los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales y genéricas.
“No podemos hablar de participación de las mujeres en el ámbito político si no incluye la amplia diversidad de mujeres cuya participación está invisibilizada como las mujeres indígenas, afro, campesinas , con discapacidad, migrantes, jóvenes y del colectivo de la diversidad sexual”, destacaron.
En el proceso electoral de México, los partidos están obligados a postular a mujeres en todos los cargos de elección., en siete de las 15 gubernaturas que se renovarán, así como a indígenas, afromexicanas, con discapacidad y de la diversidad, para diputaciones federales.
En el documento realizado a propósito de la próxima sesión de la CSW, también se plantea que no es concebible una democracia que se restringe a los procesos electorales, “confiamos en democracias que se expandan a los ámbitos privados, que nos permita gozar de nuestras libertades y derechos, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, a vivir libres de violencia, sin discriminación”, declararon.
FUENTE: CIMAC
