El goteo de enfermedades y muertes derivadas de pasadas exposiciones al amianto es constante. Debido al tiempo en que tardan en desarrollarse las enfermedades, y teniendo en cuenta durante qué años se trabajó en el estado español con este material, estamos empezando a asistir a lo que podría considerarse como una epidemia de enfermedades derivadas de este mineral asesino.
El pasado 29 de julio, falleció la afiliada al sindicato LAB, Begoña García Eguiluz extrabajadora de Osakidetza en el Hospital de Cruces y de San Eloy, como consecuencia de un mesotelioma pleural. Esta trabajadora tenía reconocida por esta razón una incapacidad desde hace varios años, aunque no el origen laboral de la misma.
Ésta es la tercera víctima del amianto conocida en el hospital de Cruces, tras Javier Rojo, que falleció el pasado mes de mayo, y Elías García Jorín, al que diagnosticaron unas placas pleurales.
A pesar de las exigencias sindicales realizadas, desde la dirección de Osakidetza y en particular desde la de Cruces, no se aborda este grave tema como se debiese y se sigue dificultando el trabajo sindical por una falta de información respecto del tema del amianto: no existe coordinación ni información cuando se realizan obras; los reconocimientos médicos se hacen solo a un colectivo de trabajadores muy concretos (mantenimiento) y se niegan al resto de colectivos, todo ello con la inestimable colaboración de Mutualia, que no reconoce el origen laboral de estas patologías a no ser que afecten a lo que ellos llaman «colectivo expuesto»
Se sabe que el amianto es un cancerígeno de tipo I y que cualquier cantidad de fibras inhalada puede desarrollar en un futuro distintas patologías. Y, como recientemente se demostró en la sentencia contra Uralita, no hace falta ser trabajador expuesto, o ni siquiera ser trabajador, ya que en este caso Uralita ha sido condenada a pagar indemnizaciones a vecinos y vecinas de Ripollet y Cerdanyola por las fibras que vertía al medio ambiente y que provocaron distintos tipos de cánceres simplemente tras ser respiradas.
Por todo ello, desde el sindicato LAB exigimos a la dirección de Osakidetza lo siguiente:
- que se investiguen los casos denunciados, que se informe debidamente y se cuente con participación sindical en el proceso
- que se pongan las medidas necesarias para que el amianto que continua instalado en los centros de salud no suponga un peligro para las y los trabajadores y usuarios
- que se reconozca el nexo (daños a la salud-exposición laboral) sin la necesidad de ir a la larga vía judicial
- que se tengan en cuenta otros colectivos que, si bien no trabajaron directamente con el amianto, lo pudieron respirar en sus puestos de trabajo (debido a derribos, obras y remodelaciones de centros, etc.) y que se hagan los pertinentes reconocimientos médicos a las personas trabajadoras en activo y a las jubiladas que pudieron tener cualquier tipo de exposición al amianto
- fondo económico para las víctimas y derechohabientes
- compromiso de potenciar la investigacion para la detección y tratamiento de las enfermedades relacionadas con el amianto
- todo ello sin diferenciación entre el personal directo de Osakidetza y el de las distintas subcontratas que han trabajado en ella.
Es hora de tomarse en serio este problema, y más teniendo en cuenta de que estamos hablando de Osakidetza que siendo, en teoría, el garante de nuestra salud, no puede ser el culpable de nuestra enfermedad y nuestra muerte por simple negligencia y desidia, por intentar tapar una realidad que supera la ficción y que condena a la enfermedad y la muerte. Osakidetza no puede permanecer impasible ante este goteo de enfermedades y de muertes, debe situarse en primera línea y poner todos los medios posibles para evitar exposiciones presentes y para paliar las consecuencias de exposiciones pasadas.