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Resumen Latinoamericano, 17 de marzo de 2021.
Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias.
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MTE – Movimiento de Trabajadores Excluidos
¡JUSTICIA POR BEATRIZ! ¡TRABAJAR NO ES DELITO!
CARAVANA POR EL DERECHO AL TRABAJO
Gran movilización de los vendedores y vendedoras ambulantes en la Ciudad de Buenos Aires para exigir #JusticiaPorBeatriz a un año de su muerte y para pedir que se discuta seriamente la regularización del comercio popular en la vía pública. La violencia, racismo y persecución no pueden ser la respuesta a los excluidos del mercado laboral que se ganan el pan laburando en la calle.
Las trabajadoras y trabajadores de espacios públicos protagonizaron una jornada de lucha histórica. Son los excluidos del mercado laboral que encontraron en la calle su único medio de subsistencia. Son los que todos los días sufren la violencia de las fuerzas represivas de seguridad. Son los que se aguantan las miradas estigmatizadoras y criminalizantes. Estamos organizados y vamos a luchar por la regularización del comercio popular en la vía pública. Por una política integral que incluya y que respete el derecho humano y constitucional al trabajo.
¡Por una Patria sin esclavos ni excluidos!
MTE – Movimiento de Trabajadores Excluidos
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Red Nacional Intersindical Contra La Violencia Laboral
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Primera Jornada de Capacitación – Ciclo 2021
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Curtiembre Fonseca: «paro, extorsión y clausura»
Los trabajadores de la fábrica Fonseca, dedicada a la manufactura del cuero, se encuentran en su cuarto día de huelga exigiendo un aumento salarial. En las últimas horas, el Ministerio de Trabajo ha clausurado preventivamente la planta. Por Samuel Noyola para ANRed.
Los trabajadores del cuero de la curtiembre Fonseca alcanzaron al cuarto día de paro en defensa de un aumento salarial y por una canasta básica de alimentos. En los meses pasados, las asambleas de fábrica refrendaron este reclamo junto con el Sindicato de Obreros Curtidores de la República Argentina.
Fonseca con casi 70 años de existencia, ubicada en Lanús, provincia de Buenos Aires, es la segunda curtiembre más importante del país. Cuenta con más de 600 operarios y una enorme producción de cueros terminados y semiacabados para la industria automotriz, el mueble, el calzado y los artículos de cuero. Actualmente produce más de un millón de cueros al año, que se exportan a más de 20 países, fundamentalmente a Estados Unidos, Asia y Europa.
La empresa viene de ser adquirida por un nuevo grupo empresario encabezado por Raúl Zylbersztein, quien es secretario general de CGERA (Confederación General Empresaria), que agrupa a decenas de Pymes, lo cual contrasta con Fonseca que lejos de ser una Pyme es reconocida como una empresa líder del cuero a nivel nacional e internacional. Este empresario también fue presidente de la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero, es un reconocido Lavagnista y fue candidato a diputado por Consenso Federal.
Lejos de su reconocido discurso progresista, como se muestra en los medios, los trabajadores del cuero sostienen que la llegada de Zylbersztein a Fonseca ha significado una profundización de las condiciones de explotación. Un gran número de trabajadores permanece contratado y los efectivos sufren permanente persecución.
A su vez, los operarios afirman que el reclamo por aumento salarial y por una canasta de alimentos no ha encontrado más que provocaciones de parte de los empresarios, con reuniones dilatorias y promesas incumplidas. Al desarrollarse el primer día de paro la empresa buscó «sacar la producción» con la contratación de trabajadores ajenos a la firma, algo que llevo a la profundización de las medidas.
Los trabajadores denuncian que han suspendido a todo el personal contratado y dado de baja los remises que transportan día a día a los efectivos en el marco de las medidas implementadas por el Covid 19. Por otro lado sostienen que, en muchos sectores, los niveles de explotación provocan diversas enfermedades e incluso la imposibilidad de ir a los baños, y que existe un marcado deterioro de la infraestructura en una empresa que factura millones y mantiene condiciones precarias.
La denuncia de las condiciones de salud y seguridad ha provocado la intervención del Ministerio de Trabajo, el mismo ha determinado la clausura preventiva de las instalaciones de Fonseca. Al cierre de esta nota, los trabajadores de la curtiembre mantienen la huelga en reclamo a sus pedidos de mejoras salariales.
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Reprimieron a obreros de ArreBeef en Pérez Millán
Esta madrugada a la 1:30 un operativo represivo de la policía bonaerense reprimió a las y los trabajadores que se encontraban con sus familias haciendo la guardia en el Sindicato de la Carne de Pérez Millán, reclamando que el Secretario General Luis Pérez e integrantes de su comisión directiva, con los que se encontraba dentro de la sede, “salgan a dar la cara luego de varias semanas de protesta obrera”. Resultaron heridos hombres, mujeres y niños que en ese momento se encontraban pacíficamente en la puerta del sindicato. Por Indymedia
Trabajadores y medios regionales señalaron que en el operativo represivo había uniformados de Infantería y personal policial de comisarías y destacamentos cercanos, y denunciaron que tras la represión la policía continuó con actitudes intimidantes contra toda la población, patrullando las calles con vehículos con las luces apagadas.
El viernes 26 de febrero la patronal cerró la planta frigorífica de ArreBeef ubicada en la localidad de Pérez Millán, en el partido de Ramallo, como represalia ante los reclamos obreros de aumento salarial y de libre elección de representantes sindicales. Los trabajadores responsabilizan al Secretario General Luis Pérez de actuar en complicidad con la empresa contra los intereses de sus representados.
Los trabajadores de la carne cobran un promedio de 40 mil pesos mensuales, bastante menos de lo que abonan otros frigoríficos de la zona. Cabe resaltar que esta empresa posee una planta de 26 mil metros cuadrados, que es la segunda exportadora de carnes del país y que faena unas 30 mil cabezas de ganado por mes.
Desde la Lista Roja de la Carne repudiaron el hecho y señalaron que “nuevamente vemos como los recursos del Estado son puestos al servicio de sindicalistas corruptos y empresarios chupasangre, gobierne quien gobierne. Hacemos responsables de esta feroz represión al gobierno nacional y provincial que no sólo garantiza la brutal explotación de obreros/as y los infames negociados de los burócratas, sino que también manda a reprimir a la gente digna que se planta por sus derechos”.
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ArreBeef: Marcha contra la represión y en apoyo a los 1000 despedidos
Tras la represiones, más de mil manifestantes salieron a las calles a reclamar por el accionar de las fuerzas de seguridad sobre los obreros de la carne. En una protesta en la sede del sindicato, la policía bonaerense y la infantería desalojaron con gases lacrimógenos y las balas de goma a quienes se manifestaban. Mañana vence la conciliación obligatoria.
Vecinos de Pérez Millán organizaron una nueva marcha pacífica para protestar por la represión policial que volvieron a sufrir los trabajadores de Arrebeef en la puerta del sindicato. El martes la movilización se hizo en horas de la tarde, los manifestantes pasaron por la delegación municipal donde fueron recibidos por el delegado Juan Pablo Díaz, pero cuando llegaron a la sede policial comenzaron los disturbios.
Un delegado afirmó que algunos infiltrados que estaban en el grupo arrojaron elementos que habrían roto vidrios de la puerta y provocaron la reacción de las fuerzas de seguridad: “Los agresores no eran de acá, los mismos trabajadores encontraron un femenino y la hicieron desistir de que siga tirando piedras”. Por suerte no hubo heridos y la gente se retiró del lugar.
Hoy volvió a circular un comunicado de los trabajadores de ArreBeef: «Casi mil obreros y obreras de Arre Beef, de Perez Millan, partido de Ramallo, permanecemos en la planta industrial reclamando por nuestros salarios y derechos, cansados de los atropellos de la patronal y la complicidad del representante sindical.»
«Cansados de los salarios de miseria, del maltrato de gerentes y de no ser escuchados en nuestro justo reclamo, dijimos BASTA y nos plantamos en defensa de nuestros intereses.», reforzaron entonces.
«Agradecemos la importante solidaridad de todo el pueblo y nuestras familias, que se hicieron presentes para acompañarnos, así como a organizaciones solidarias que se acercaron a expresarnos su apoyo.
Llamamos a mantener la solidaridad con nuestra justa lucha.», cerraron.
El dueño del frigorífico Arrebeef, Hugo Borrell, anunció a fines de febrero el cierre definitivo de la planta y el despido de 1.000 empleados en medio de un conflicto gremial que lleva varios días y una disputa por la representación del Sindicato de los Trabajadores de Carne de la Zona Norte de Luis Pérez.
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Conflictos en Ternium Siderar Canning y Tenaris SIAT Valentín Alsina: la ofensiva del grupo Techint
Continúa el conflicto en las plantas de Ternium Siderar Canning y Tenaris SIAT Valentín Alsina. En la primera, los trabajadores aguardan los resultados de las negociaciones en el marco de la conciliación obligatoria que vence hoy (16 de marzo), mientras que en la segunda, se suman reclamos ante las reiteradas violaciones al convenio colectivo y a la legislación vigente. Por Corresponsal popular para ANRed
Los conflictos en Tenaris y Ternium.
El conflicto en la planta de Canning se inicia cuando la empresa dispone el pago no remunerativo de los aumentos dispuestos por la paritaria nacional, alegando una situación de crisis. Esta modalidad de pago se estableció en una negociación de “rama 21” – es decir, la rama del Convenio Colectivo que establece las condiciones específicas del sector siderúrgico – adonde están encuadradas todas las plantas del grupo Techint, excepto la de Canning y de Valentín Alsina que se encuadran en la “rama 17”. Los trabajadores de Ternium – Canning rechazaron que la empresa se encontrara en situación de crisis: la producción prácticamente no se detuvo durante la pandemia y se realizaba una buena cantidad de horas extra. Junto con el rechazo a esta modalidad de pago, los trabajadores reclaman que se detenga la política de flexibilización, respetando la división de tareas entre efectivos y eventuales; y que todos los que trabajan el fin de semana perciban el pago correspondiente. Como represalia por no acatar el acuerdo, la empresa produjo casi 50 despidos.
La desconfianza frente a una dirección sindical que se limita a “bajar” acuerdos nacionales y desconoce los reclamos de las bases sindicales alimentó el conflicto. Se organizaron asambleas para exigirle a la organización sindical que lleve los reclamos de las bases a la mesa de negociación. La presencia en una asamblea del Secretario General de la seccional Avellaneda y Secretario Adjunto de la UOM nacional, Armando Leyes no fue suficiente garantía. Además, exigieron que cualquier información de lo negociado se respaldara y documentara oficialmente para garantizar su cumplimiento posterior. En la última semana, los trabajadores resolvieron volver al trabajo durante el período de conciliación obligatoria dispuesto por el Ministerio de Trabajo, luego de sufrir innumerables represalias que incluyeron los ya mencionados despidos, la intervención vergonzosa de un fiscal y la policía para dispersar una asamblea, el envío de telegramas intimidatorios, entre otras acciones. Esta prepotencia por parte de la empresa es la respuesta a la decisión de los trabajadores de mantener un estado de asamblea, virtual paralización de la producción y acampe en las puertas de la fábrica – medidas que la representación gremial no apoyó.
El conflicto en la planta de Valentín Alsina tiene más larga data, remite a marzo del 2020 cuando, en los inicios del Aislamiento, la empresa deja de pagar el “Premio de Producción” o “Premio Obrero” – un ítem salarial acordado hace más de 50 años que puede alcanzar hasta el 40% del salario. A esto se fue sumando que, en un contexto de baja producción, la empresa impuso planes de suspensiones que empeoraban cada vez más el pago e interpretó la normativa perjudicando notablemente a quienes estaban licenciados por presentar condiciones de riesgo (los mayores de 60 años, diabéticos, obesos, etc). A esto se suman escaramuzas cotidianas, como la de incorporar personal cuando está vigente un acta que establece suspensiones por el Art 223 de la Ley de Contratos de Trabajo, el intento de flexibilizar tareas y de que trabajadores de la construcción o de supervisión realicen las tareas que “corresponden” a los metalúrgicos. En los últimos días se sumó la suspensión del servicio de transporte privado que la empresa debe garantizar, como establece normativa sanitaria de prevención del COVID 19.
La comisión interna de la planta ha realizado diferentes medidas de visibilización, que incluyeron jornadas de difusión en la Plaza de Valentín Alsina, asambleas y choripaneadas en las puertas de la fábrica, concentraciones en el Ministerio de Trabajo y una marcha y concentración en las puertas del Edificio Catalinas, sede del Grupo Techint, en el barrio porteño de Retiro. Del mismo modo que los trabajadores de Canning, recibieron la noticia del pago no remunerativo del aumento dispuesto por la paritaria nacional como parte de un acuerdo entre la seccional Avellaneda de la UOM y la empresa.
Un repaso de la conflictividad en el año pandémico nos va a mostrar que Ternium y Tenaris, las empresas siderúrgicas del grupo Techint han estado avanzando sobre los salarios y las condiciones de trabajo de manera ininterrumpida. A los despidos en Tenaris Siderca (Campana) – sobre finales de 2019 – se sumaron, en tiempos de pandemia, despidos en las empresas tercerizadas, no renovación de contratos eventuales con los consiguientes despidos, la apertura de “Retiros Voluntarios”, la suspensión de premios y otros componentes de los salarios, la modificación de la jornada laboral y del sistema de turnos, entre otras situaciones que se fueron denunciando a lo largo del año. Idénticas políticas se dieron las empresas del Grupo Techint en sus plantas en América Latina.
En resumen: el grupo Techint busca sostener sus ganancias en el contexto de la crisis económica que se venía anunciando y que se profundizó por la Pandemia. Pero al mismo tiempo, deja planteadas políticas laborales que se profundizarán en el futuro: la implementación de nuevos sistemas de turnos, el uso de los acuerdos en el marco del articulo 223 (suspensiones) para adaptar de hecho la dotación de fuerza de trabajo a las necesidades inmediatas de la producción; la relativa disminución de puestos directos en relación con los tercerizados y contratados – y la disminución de empleos en general; son todas medidas que tendrán un impacto mucho más profundo en el mediano plazo.
La organización sindical y las eternas concesiones a los empresarios
Los conflictos en las plantas de Canning y Valentin Alsina no fueron los únicos que surcaron el año pandemico en las plantas del grupo Techint: en agosto de 2020, cansados del despido constante de trabajadores tercerizados y de la intransigencia de la empresa, la seccional de la UOM de Villa Constitución bloqueó las salidas de la planta. Sobre fines del año, delegados y trabajadores de Siderca se movilizaron al sindicato en contra de la creciente precarización laboral. Trabajadores de varias empresas tercerizadas se movilizaron frente a los despidos.
Los planteos absolutamente defensivos de estos grupos de trabajadores, de los delegados y de algunas conducciones seccionales, no parecen hacer mella en la dirección de la UOM, embarcada hace muchos años en una política de concesiones y colaboración con objetivos que, en el caso del Grupo Techint se fijan a escala global.
En este circuito, las consultas a los trabajadores, la circulación de información y el debate entre compañeros previo a los acuerdos no tienen lugar. Así, las potentes instancias de organización de base como las comisiones internas o los cuerpos de delegados, ven reducido su papel al de simples transmisores de definiciones ya tomadas. La Comisión Directiva de la UOM de Avellaneda, les da sistemáticamente la espalda a los reclamos de los trabajadores. Mediante calumnias y rumores intenta desprestigiar y aislar a los que se organizan, mientras hace silencio frente a las represalias y a la criminalización de las acciones gremiales – se recuerda que permitió la militarización de la planta de SIAM durante un conflicto sindical en 2018.
Los conflictos de Valentin Alsina y en Canning rompen la lógica impuesta a la negociación colectiva por los grupos empresarios concentrados. Al organizar sus propias demandas y las acciones colectivas para sostenerlas, muestran los límites de una política sindical basada en concesiones constantes a los empresarios en tiempos de crisis como los que vivimos.
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Clausura del Hospital Español: “No resiste el menor análisis”
El coordinador Nacional de ATE Salud, Rodolfo Arrechea, repudió el cierre ordenado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ser “el primer hospital en el planeta que interrumpe su funcionamiento en el marco de una pandemia por fallas claramente subsanables”.
Canal Abierto Radio | El Hospital Español fue clausurado este lunes 15 de marzo, a raíz de una inspección ordenada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Número 22, a cargo de Margarita Braga. La Agencia Gubernamental de Control (AGC) encontró “graves fallas de seguridad” como la falta de mantenimiento de las instalaciones de incendios, instalaciones eléctricas con cables expuestos y falta de luces de emergencias, entre otros problemas.
“Es el primer hospital en el planeta que en el marco de una pandemia que cierra, es realmente incomprensible, atiende a 71.000 afiliados del PAMI” y a la vez es centro de derivación por Covid-19, “y no se le ocurrió por fallas que son clarmentes subsanables llevar a la clausura de un hospital” señaló Rodolfo Arrechea, secretario general de ATE del Hospital Rivadavia y coordinador de la Mesa Nacional ATE Salud.
El coordinador Nacional de ATE Salud, Rodolfo Arrechea, repudió el cierre ordenado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ser “el primer hospital en el planeta que interrumpe su funcionamiento en el marco de una pandemia por fallas claramente subsanables”.
ATE recorrió el Hospital Moyano junto a legisladores porteños del Frente de Todos. Se encontraron deficiencias de infraestructura, falta de mantenimiento del edificio y tercerización de servicios.
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— Prensa ATE Nacional (@ateprensa) March 17, 2021
El coordinador Nacional de ATE Salud, Rodolfo Arrechea, repudió el cierre ordenado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ser “el primer hospital en el planeta que interrumpe su funcionamiento en el marco de una pandemia por fallas claramente subsanables”.
Los reclamos tomaron visibilidad cuando la titular del PAMI, Luana Volnovich, acusó al Gobierno de la Ciudad de enviar una señal mafiosa, y responsabilizó Horacio Rodriguez Larreta y al titular de la cartera de Salud Fernán Quirós por la salud de los adultos mayores que vieron afectadas sus prestaciones. Este miércoles 17 de marzo, el PAMI informó que “las partes acordaron la presentación de un plan de trabajo ante un controlador designado y la Ciudad se comprometió a levantar la clausura provisoria”.
Hoy nos enteramos de que el Hospital Español de PAMI fue clausurado por la Ciudad de Buenos Aires.
Responsabilizo a @horaciorlarreta y @FernanQuirosBA por cualquier consecuencia derivada de esta decisión. pic.twitter.com/EJ9UeUikg4
— Luana Volnovich (@luanavolnovich) March 16, 2021
Mientras existe la probabilidad de que se venga una segunda ola de contagios de coronavirus, “la población más desprotegida ante el covid, son los adultos mayores, y justo se clausura un hospital” y por lo tanto este cierre “no resiste el mayor análisis” subrayó el médico.
“Si uno tiene un area de cosas subsanables, no pude proceder al cierre del hospital” afirmó Arrechea y remarcó: “En su momento quiso cerrar el Hospital Rivadavia, cuando estaba el gobierno de Macri, con un argumento que solo a ellos se les podía ocurrir, que el cableado del hospital era obsoleto, lo que argumentamos es que a nadie se le ocurre tirar la casa abajo por el cableado”.
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Los estatales perdieron casi el 40% de su poder adquisitivo desde 2015, según un estudio de ATE Indec
El sindicato de estatales en el Indec publicó un nuevo informe, esta vez focalizado en el peso que tiene la inflación sobre los salarios. Ate calculó una pérdida del poder adquisitivo respecto a Noviembre de 2015 del salario Categoría D0 de trabajadores de la administración pública en Febrero 2021 del 39,5 por ciento.
Ate Indec actualizó el cálculo de pérdida del poder adquisitivo de los salarios estatales. Los comparó con el sector privado y expuso datos de la inflación.
«Como vemos, en cinco años el salario de referencia percibido en diciembre 2015, actualizado a pesos de febrero 2021 debería de ser $61.372.- y no los magros $35.004.- de hoy (incluye la suma fija de $4.000.- que otorga el gobierno a los trabajadorxs que cobren hasta $60.000.- brutos).», explicaron.
Así mismo, expusieron cuánto más afecta esto a sectores específicos: al tomar el ingreso de la ocupación principal, las mujeres ganan un 21% menos que los varones.
También señalan la situación de los trabajadores monotributistas que consideran que «es inclusive peor que quienes están dentro del convenio colectivo ya que, a la pérdida del poder adquisitivo general, se le debe sumar la no percepción de medios aguinaldos, presentismo y las exiguas sumas fijas que el gobierno otorga como paliativo». Aseguran que la pérdida llega a ser equivalente a más de ocho sueldos.
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Más de 90 trabajadores de un call center realizaron un paro virtual por el despido de una trabajadora en pandemia
Trabajadores de un call center de Mar del Plata iniciaron este lunes un paro virtual en reclamo de la reincorporación de una empleada despedida y la devolución de gastos que afrontaron los propios trabajadores que se desempeñan de manera remota. «No está cumpliendo con la ley de teletrabajo sancionada en Argentina», afirman.
Desde el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) afirmaron que el call center Aegis despidió a una empleada sin causa. Y el caso estaría enmarcado en un sistema de «amenazas permanentes de despido si no firman las sanciones». Por lo que decidieron hacer un paro virtual con cortes en determinados horarios y asambleas.
«Venimos denunciando una serie de irregularidades desde el inicio de la pandemia. Hay una cantidad de cuestiones no resueltas en favor de la gente. Esta empresa siempre ha sido muy cuestionada por los desmanejos, por maltrato y persecución permanente», manifestó Darío Zunda, secretario gremial del SEC.
Al reclamo por la reincorporación de la compañera despedida, desde el sindicato también exigen que se «reconozca» el trabajo que llevan adelante los empleados de forma remota en medio de la pandemia de coronavirus. «Cualquier problema lo terminan pagando los trabajadores, cosa que es inaceptable», recriminaron.
En este marco, los más de 90 trabajadores del call center iniciaron un «paro virtual» mediante el cual permanecerán desconectados de sus obligaciones laborales como forma de protesta. «De no revertirse la situación, las medidas se van a incrementar en la semana para llegar al viernes a un paro virtual masivo», prometió Zunda al finalizar.
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Telefé despidió a una periodista en pandemia por estar embarazada
Se trata de Clara Busso, periodista financiera de Telefé Viacom de Córdoba durante unos cuatro años. Por su condición de trabajadora precarizada renovaba contratos desde 2016, la despidieron por estar embarazada y en plena pandemia.
El 1 de abril de 2020 Clara Busso se dispuso a trabajar remoto por estar embarazada y ser grupo de riesgo. Sin previo aviso ni motivo aparente se encontró con que la empresa la había bloqueado de todos sus accesos virtuales.
Supuso que se trataba de un error pero por chat le aclararon que estaba despedida como «una lógica consecuencia de la finalización de su contrato». Pero sus contratos finalizaban cada 3 meses desde 2016 por lo que no se trataba de una «lógica consecuencia» sino de una desvinculación sorpresiva fundada en cuestiones de género.
Clara Busso relató a El Resaltador que no se trató de «falta de trabajo» tampoco. Un comunicador que había sido contratado exclusivamente durante el verano para cubrir las vacaciones, quedó cumpliendo las funciones que ella realizaba.
“La única diferencia entre esta y las anteriores veces que se venció el contrato fue mi embarazo, pero nadie quiso hacerse cargo de decirlo en voz alta, y por eso simplemente lo dejaron correr hasta que se me bloqueó el acceso virtual”, remarcó.
La periodista aseguró al mismo medio que su caso con Telefé no es aislado, que ya hubo este tipo de despidos-castigo para trabajadoras embarazadas pero que nadie lo denuncia porque todas temen ser estigmatizadas como conflictivas y no cómo víctimas de un despido discriminatorio, en un círculo cerrado de medios.
Según la Investigación sobre organizaciones de medios y género realizada por la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) con apoyo de la Fundación Heinrich Boll. que recoge los resultados de 50 entrevistas realizadas a directivas/os de medios, dirigentes sindicales, directoras/es de carreras de comunicación, trabajadoras y trabajadores de medios y especialistas en el tema de Córdoba y Buenos Aires, en base a los Indicadores de Género de UNESCO, durante el año 2017:
Las empresas de medios no disponen de políticas para equilibrar las estructurales desigualdades de género:
– Ninguna empresa dispone de Oficina o Área de Género.
– Tampoco de un sector específico para la resolución de problemas de violencia de género y/o acoso y abuso laboral y sexual.
– Se responsabiliza a las mujeres por las tareas de cuidado (programas específicos para facilitar la crianza por parte de las mujeres y limitaciones para que los varones hagan uso del derecho, por ejemplo, a guarderías infantiles).
La inserción de las mujeres en el sector de comunicación podría resumirse en la frase “muchas estudian, menos trabajan y muchas menos se sindicalizan”:
– El 64% de las personas que estudian comunicación son mujeres.
– El 30% de las personas que trabajan en empresas periodísticas son mujeres.
– El 24% de las personas afiliadas a sindicatos de prensa son mujeres.
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Chaco: Trabajadores de Pampa del Indio cobran solo 8 mil pesos mensuales y reclaman aumento «urgente»
El conflicto laboral con las y los trabajadores de Pampa del Indio nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Chaco) se profundiza, debido a la falta de voluntad de diálogo del Ejecutivo municipal. Actualmente, las y los trabajadores cobran mensualmente poco más de 8 mil pesos, y ante esta situación el secretario de Relaciones Institucionales de la localidad, Leonardo Questa, aseguró que el reclamo salarial “es exorbitante”.
Los básicos en el municipio son de entre $8 mil y $12 mil, cuando en febrero según el Indec una familia necesitó ingresos por $56.459 para no caer bajo la línea de la pobreza y a partir de marzo el Salario Mínimo Vital y Móvil alcanzó los 21.600 pesos.
“Pedimos que el sueldo se adecúe a la ley. Si las y los trabajadores pudiéramos intervenir y fiscalizar las administraciones de los municipios, seguramente los números serían otros y el pago de sueldos dignos no sería algo “imposible de asumir” como dicen desde el Ejecutivo de Pampa del Indio”, expresó el secretario General Adjunto de ATE Chaco y titular de la regional metropolitana de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) Autónoma, Neri Salazar.
“Pareciera que estuviéramos en tiempos de la Forestal, con mano de obra esclavizada. Sin atenerse a la legislación, en cada municipio dictaminan el salario de las y los trabajadores como quieren”, agregó.
De acuerdo a Salazar, este conflicto deja en evidencia la urgente necesidad de contar con un Convenio Colectivo de Trabajo para las y los empleados del Estado, tanto en el ámbito provincial como en los municipios. “Hay 70 municipios y hay 70 salarios distintos en el Chaco, que a su vez son montos distintos a los que tiene la provincia, cuando en realidad todos y todas somos trabajadores estatales”, sostuvo.
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Informe anual 2020 del ODS
Las relaciones laborales 2020: El año que vivimos en pandemia
Las relaciones laborales no sólo no escapan a esta afirmación de carácter general, sino que por el contrario han sido una de las dimensiones más relevantes para el interés colectivo luego de aquellas cuestiones vinculadas a la protección de la salud y la vida de la población.
Durante el último año, las referencias del impacto de la pandemia sobre el mercado de fuerza de trabajo fueron generalizadas. En particular, la persistente caída del empleo y los salarios fue reflejada en los informes periódicos publicados por distintas instancias gubernamentales y recibió una atención central en los medios de comunicación, que mayoritariamente optaron por concentrar su mirada en la foto del 2020, en vez de analizarlos como parte un proceso cuyos orígenes se remontan a 2012 y que a partir de 2018 tomó un marcado sesgo desfavorable para los trabajadores y trabajadoras. La intervención estatal para tratar de mitigar, al menos parcialmente, los efectos de la crisis también fue abordada desde múltiples perspectivas.
La agenda de intervención estatal sobre el sistema de relaciones laborales, aun en un año muy particular, no se limitó a medidas vinculadas estrictamente al impacto de la pandemia del Covid 19: ATP, IFE, prohibición de despidos, etc. En efecto, durante el año 2020 distintas iniciativas que afectan de manera más o menos directa a los trabajadores y trabajadoras fueron impulsadas y aprobadas a nivel legislativo: el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, la sanción de la Ley 27.555 que reguló la modalidad del teletrabajo, el dictado del decreto 721⁄20 por medio del cual se garantiza el Cupo Laboral Travesti Trans en el sector público, y la aprobación de la Ley 27.605 que estableció una contribución extraordinaria a las grandes fortunas destinada a financiar los gastos originados en la pandemia.
El relato dominante sobre el impulso de este tipo de iniciativas suele relegar a un lugar secundario al papel de los trabajadores y trabajadoras, quienes habitualmente son presentados como meros destinatarios de estas políticas, y no como actores activos en la promoción de iniciativas vinculadas a la regulación de las relaciones laborales.
La organización y la acción colectiva siguieron siendo, durante el 2020, una nota distintiva de la intervención de les trabajadores en materia económica, política y social. Aun con los límites que impuso la pandemia, los reclamos tanto centralizados como descentralizados estuvieron presentes a lo largo de todo el año, por cierto que con distinta intensidad y contenidos: desde conflictos por condiciones de trabajo hasta una negociación salarial que, si bien se postergó en el tiempo, finalmente llegó a casi todos los sectores.
El informe anual 2020 del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) apunta a volver a poner en el centro de la escena a los trabajadores y trabajadoras. No sólo a partir de sistematizar el impacto de la crisis en el empleo y los salarios, sino principalmente a partir de resaltar cómo el conflicto y la negociación colectiva continuaron siendo mecanismos de acción y organización que dan cuenta de una vitalidad que aún se encuentra presente pese a los obstáculos que crecientemente se vienen acumulando desde hace casi una década.
Para descargar el informe, accede a: http://ods.ctaautonoma.org.ar/2021/…