Por Dina Meza. Resumen Latinoamericano, 18 de abril de 2021.
Un dron que vigilaba los movimientos de una protesta pacífica en Tegucigalpa, frente a una empresa de pollos, fue el preámbulo de múltiples ataques físicos, verbales, sicológicos y después una captura violenta de fuerzas policiales contra las personas que integran la Alternativa de Reinvindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras, ARCAH.
Me quieren ver preso, eso es lo que me han dicho y rebuscan cosas para cumplir con su cometido, dijo Cristopher Castillo, quien fue detenido ese día junto a Jeffry Suazo, Michael Aguilar, Patricia Godoy, Víctor Hernández, María Valladares y Fernando Hernández, todos acusados de desplazamiento forzado, una figura del nuevo Código Penal hondureño.
ARTÍCULO 248.- DESPLAZAMIENTO FORZADO. Quien con violencia o intimidación obliga o tratare de obligar a otro o su familia a cambiar o abandonar el lugar de su residencia, de actividad mercantil o laboral, su establecimiento educativo o, cualquier ubicación sobre la que tenga derechos de propiedad, debe ser castigado con la pena de prisión de seis (6) a nueve (9) años. La pena prevista en este artículo se debe imponer sin perjuicio de las que correspondan, en su caso, por otros delitos cometidos.
Pasosdeanimalgrande.com entrevistó a Cristopher Castillo de cara a un juicio oral y público que está a las puertas de la esquina en mayo próximo, en una justicia que va volando para criminalizar la lucha por la defensa del medio ambiente.
El juez que lleva la causa es vecino del gerente de la empresa de Pollos el Cortijo, que impulsó la acusación junto al Ministerio Público. El juez echó al cesto de la basura todas las pruebas de la defensa de los ambientalistas pero aceptó en su totalidad las del ente acusador y la compañía.
Vea este video donde Castillo relata que podría estar a pocos días de la cárcel:
Fuente: Pasos de animal grande
