Por Murilo Pajolla. Resumen Latinoamericano, 25 de abril de 2021.
La reducción récord de áreas de conservación recompensa a los invasores y amenaza la biodiversidad
Días antes de la apertura de la Cumbre del Clima, cuando aumentaría la presión internacional sobre el gobierno de Jair Bolsonaro, la Asamblea Legislativa de Rondônia “aprobó y promovió la mayor reducción de unidades de conservación jamás aprobada por un parlamento estatal.
Los diputados decidieron, el martes 20 de abril, prácticamente extinguir la Reserva Extractiva Jaci-Paraná (Resex), una de las más deforestadas del país, en beneficio de la ganadería ilegal. De las 193 mil hectáreas, solo quedarán 22 mil, algo más del 10% del territorio original.
El Parque Estatal Guajará-Mirim perderá 55 mil de las 216 mil hectáreas y tendrá su propia sede excluida del área de conservación. El área total en desuso supera las 200 mil hectáreas, equivalente a casi 300 mil canchas de fútbol.
De ser sancionado por el gobernador bolsonarista coronel Marcos Rocha, el proyecto permitirá la legalización de tierras ilegales, además de comprometer a caucheros, extractivistas, pueblos aislados e indígenas cuya población aún se recupera de los ataques iniciados en ese momento. de extracción de caucho.
El presidente de Ação Ecológica Guaporé – Ecoporé, organización con 33 años de experiencia a favor de la conservación de áreas protegidas en Rondônia, califica la medida como un estímulo a los delitos ambientales.
“Incluso si las usurpaciones son hace 15 o 20 años, el mensaje es que en algún momento estos invasores serán regularizados. Este es el mensaje que se está enviando a estos grupos organizados que invaden áreas de conservación y tierras indígenas ”, advierte Paulo Bonavigo.
Pueblos amenazados
Desde la órbita de la Tierra, es posible ver a simple vista una inmensa masa de selva amazónica conservada al oeste de Rondônia. Rodeados por la deforestación, los residentes de la extensión verde, cada vez más encogidos, se articulan para sobrevivir.
Este es el caso de los karipuna, autodenominados ahé (“gente real”) y casi exterminados en el último siglo por epidemias y conflictos. Según el Instituto Socio Ambiental (ISA), en 2004 había 14 de ellos.
Por motivos de seguridad, Adriano Karipuna, activista y dirigente del pueblo, prefiere no revelar cuántos hay hoy. Sobre todo ahora, ante la inminencia de la desafección – pérdida del vínculo legal – de las unidades de conservación que forman un “cinturón” de protección alrededor de la Tierra Indígena Karipuna, aprobada en 1998 y blanco de constantes violaciones.
“Estamos muy preocupados porque las Unidades de Conservación y la Reserva Extractiva están alrededor de la TI, en un radio de 10 km. Para los invasores esta distancia es pequeña, es lo más fácil del mundo para entrar a la tierra indígena ”, dice Adriano.
“Estamos en la lucha contra este proyecto genocida de los pueblos indígenas. Habrá una inmensa facilidad para incrementar la invasión en los territorios y fraccionamientos indígenas, como ya estaba ocurriendo ”, se preocupa.
El descontento también amenaza a los indígenas en situación de aislamiento voluntario. “Son nómadas, no tienen fronteras definidas, por lo que transitan muy a menudo en los alrededores del parque Guajará-Mirim y la Tierra Indígena Uru-eu-wau-wau ”, Explica Edjales Benício de Brito, de la Asociación de Defensa Etnoambiental Kanindé.
“Las Unidades de Conservación (UC), junto con las tierras indígenas, forman verdaderos corredores etnoambientales. En el momento en que desafías a una unidad que integra un corredor ecológico, quitas una barrera protectora, impactas tanto a estos pueblos como a la biodiversidad ”, agrega.
Dividida entre los municipios de Porto Velho, Buritis y Nova Mamoré, TI Karipuna es un objetivo constante de la tala ilegal. Según Adriano, las empresas madereras ubicadas en los distritos de União de Bandeirantes, Jacinópolis y Nova Dimensão operan a todo gas con materia prima extraída de la TI.
“En estos municipios hay un gran brote de aserraderos que roban madera del territorio Karipuna. Entonces vemos que toda esta madera que está abasteciendo a estos tres distritos está saliendo de Terra Indigena, la Unidad de Conservación Jaci Paraná y los parques naturales ”, concluye.
Despojo premiado
“La desafección de la Reserva Extractiva Jaci-Paraná afecta automáticamente también a la Tierra Indígena que está al lado”, explica Joadir Luiz de Lima, asesor de la Organización de Extractores de Caucho de Rondônia (OSR), en solidaridad con el pueblo Karipuna.
El geógrafo recuerda un momento de calma en la historia de Jaci-Paraná, creado en 1996, cuando más de 50 familias de caucheros ya vivían a orillas del río Jaci, basadas en la pesca y extracción de castañas y caucho.
Especialmente desde 2005, un ejército de acaparadores de tierras se ha apoderado del área protegida, expulsando por la fuerza a la población local, ahora reemplazada por 120.000 cabezas de ganado, según señalaron los líderes locales.
“Ahora no hay ninguna de estas familias allí, el impacto fue muy grande. En el 96 no hubo invasión. Y el gobierno utiliza precisamente estas invasiones como excusa para desafiar la zona ”, dice el asesor de OSR.
“Hay dos reservas del lado de Jaci que ya están devastadas, que juntas suman 140.000 hectáreas. Están en una situación peor que la de ella ”, añade.
Legislar en interés propio
En la Asamblea Legislativa, el daño irreversible a la sociobiodiversidad brasileña fue justificado por un fin aparentemente noble: la protección de los pequeños agricultores que ocupan las áreas preservadas.
«Reconocemos que el pilar de la economía de Rondônia es el hombre y la mujer del país, la gente de la mano encallecida, y es a ellos a quienes debemos la obligación de apoyar en todas las acciones necesarias (…)», gritó el líder del gobierno, el diputado Luizinho Goebel (PV).
“De hecho, este discurso es mentira porque la gran mayoría no son pequeños productores. De hecho, hay productores que viven en esa tierra, pero son minoría ”, contrarresta Paulo Bonavigo, de Ecoporé.
Actuó como coordinador de las unidades de conservación de Rondônia por la Secretaría de Estado de Desarrollo Ambiental de Rondônia (Sedam) entre 2011 y 2013 y conoce de cerca el Resex Jaci-Paraná.
“Cuando estuve allí, la gente decía: ‘esta propiedad es de un senador, esta es de un diputado, esta es del alcalde, este es el dueño de la casa agrícola”, narra.
“Hay gente grande, muy naranja. Es difícil para usted demostrar quién es el propietario de la tierra. Pero una reserva que tiene más de 100.000 cabezas de ganado en una zona de invasión no es un pequeño productor rural ”, dice Bonavigo.
En la Asamblea Legislativa, durante la sesión que aprobó el Proyecto de Ley Complementario en dos votaciones, el diputado Ezequiel Neiva (PTB) buscó concienciar a los colegas sobre la importancia de agilizar la votación.
“Una de las últimas oportunidades [para aprobar el proyecto] que estamos teniendo hoy, dado que en unos días se realizará la gran cumbre climática en Estados Unidos”, dijo en pleno.
Contraparte impugnada
Conscientes de los impactos negativos, los parlamentarios incluyeron en la propuesta la creación de seis Unidades de Conservación (UC), que en conjunto suman 120 mil hectáreas. Sin embargo, es posible que la contraparte no sea eficaz.
Según Ecoporé, algunas de las UC ya se habían creado formalmente en el gobierno anterior, pero la implementación se vio obstaculizada por desafíos legales.
“La inclusión de estas unidades terminó siendo moneda de cambio a cambio de las áreas invadidas del Parque Estatal Jaci-Paraná y Guajará-Mirim. Negociaron unidades que ya habían sido creadas por ellos mismos ”, analiza el presidente de la ONG.
El Ministerio Público del Estado de Rondônia (MP-RO) envió una solicitud de Acción Directa de Inconstitucionalidad contra la alteración de los límites de las áreas de conservación a la Fiscalía General de la Nación.
Para el MP-RO, los espacios territoriales protegidos no pueden ser reducidos por legisladores infraconstitucionales, como los diputados de Rondônia.
Las entidades que representan a los extractivistas y los pueblos indígenas también se están articulando para bloquear legalmente la iniciativa.
“Tememos que estos ataques apenas estén comenzando. Tenemos otros bosques estatales invadidos y otras unidades de conservación que ya hemos recibido denuncias que están siendo invadidas”, pronostica el presidente de Ecoporé.
Fuente: Brasil de Fato
