Por Nahuel Lag, Resumen Latinoamericano, 4 de mayo de 2021.
El Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) de la ONU aprobó las Directrices Voluntarias sobre los Sistemas de Alimentación y Nutrición. Luego de cuatro años de debate, se impusieron los intereses de los países agroexportadores y se dejaron de lado las propuestas de los movimientos campesinos, de pequeños productores y de los pueblos indígenas. Los funcionarios argentinos se alinearon con el sector empresario y dieron la espalda a la agroecología como principal motor de cambio.
El sistema de Naciones Unidas puede resultar una estructura de cajas chinas, de debates extensos, tras los que el resultado de declaraciones, directrices y recomendaciones se dilatan en su aplicación nacional cuando resultan favorables a la sociedad civil, pero resulta esclarecedor respecto de las relaciones entre los Estados y las corporaciones. En febrero pasado, el Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) de la ONU aprobó las Directrices Voluntarias sobre los Sistemas de Alimentación y Nutrición (Dvsan). El documento llevó cuatro años de debate, pero se cerró de forma apresurada y de manera contraria a los objetivos propuestos por las organizaciones y movimientos sociales de campesinos y pueblos indígenas para alcanzar sistemas alimentarios sostenibles y saludables, bajo la presión del grupo de países agroexportadores encabezados por Estados Unidos y Rusia, y acompañados fielmente por Brasil y Argentina, que se opuso a priorizar el modelo agroecológico para dar lugar a “otras innovaciones” impulsadas por la agroindustria, solicitó ajustar los parámetros de «inocuidad alimentaria» al sistema de comercio internacional —permisivo con los residuos de agrotóxicos— y minimizó el rol del los mercados de producción local para la agricultura familiar.
“El peligro que advertimos en el Comité de Seguridad Alimentaria y, en términos más generales en la ONU en los preparativos de la 
Cumbre de los Sistemas Alimentarios, es la
captura corporativa para invisibilizar las alternativas al sistema agroalimentario actual que se proponen desde los territorios y, en particular, a los pequeños productores, que son los que proveen de alimentos saludables, ecológicos y equitativos a la población. Tanto en el documento final de las directrices como los ejes planteados para la Cumbre ofrecen soluciones que siguen en el status quo para no cambiar el modelo agroindustrial”, advierte, en diálogo con Tierra Viva desde Roma, Magdalena Ackermann, co-facilitadora del Grupo de Trabajo de Alimentación y Nutrición del
Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas (MSC).
El MSC fue creado en 2010 luego del proceso de reforma de la Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) con el mandato de cumplir con el derecho a la alimentación y poner al centro las voces de las poblaciones más afectadas por la malnutrición y el hambre. El mecanismo está integrado por organizaciones de la sociedad y movimientos sociales —agricultores de pequeña escala, pastoralistas, campesinos, pescadores artesanales, comunidades urbanas en situación de inseguridad alimentaria, movimiento sin tierra, trabajadores agrícolas, consumidores, mujeres y jóvenes— que, por ejemplo, durante el debate de las Directrices (Dvsan) tuvo en un rol protagónico a movimientos como La Vía Campesina y el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (Maela).
Sin embargo, “si existen propuestas del MSC pero no hay Estados miembro del CSA que las apoyen, lamentablemente esas propuestas no se toman”, sintetiza Ackermann y agrega el rol que tuvo durante el debate el otro mecanismo creado, el del Sector Privado. “Los países estaban llevando las discusiones hacia la dirección que favorece los intereses de la gran industria alimentaria”.
¿Cuáles fueron los objetivos propuestos por el MSC para transformar los sistemas alimentarios en el marco del debate?
—El enfoque holístico de los sistemas alimentarios que reconoce y protege los objetivos públicos de los sistemas alimentarios
—El enfoque holístico de los derechos humanos como pilar central para la transformación de los sistemas alimentarios
—La aclaración de las funciones, la priorización de las personas más afectadas por el hambre y la malnutrición y las regulaciones en favor del interés público
—Las dietas saludables sostenibles
—La priorización de los sistemas alimentarios locales, resilientes y agroecológicos
¿Cómo resultó el documento final de las directrices? Las referencias a dietas “saludables y sostenibles” fueran descartadas para seguir sosteniendo un concepto de salud atado a la mercantilización y los países agroexportadores procuraron atar las directrices al
Códex Alimentario de la Organización Mundial de Comercio (FAO-OMS), que no se adapta a formas de producción y distribución de pequeña escala y es permisivo con la producción con plaguicidas y agrotóxicos. El fomento a los mercados locales abastecidos por la agricultura familiar fue atropellado por la lógica del comercio internacional y las recomendaciones para volcar la producción a sistemas agroecológicos, que preserven la biodiversidad, quedaron como una opción más entre las nuevos avances agroindustriales de “intensificación sostenible”.
El concepto central de “transformación de los sistemas alimentarios” quedó debilitada y a merced de cada país: “Se debería alentar la transformación de los sistemas alimentarios de forma coherente, según corresponda y de conformidad con los contextos y capacidades nacionales”, define el documento en contra de posicionamientos propios de la ONU.
“El intento desde el MSC de incluir la referencia a la transformación del sistema alimentario era central. Porque, como está funcionando hoy en día el sistema alimentario dominante, nos está llevando a una crisis social y ambiental, mientras el hambre y la desnutrición continúan en aumento”, lamentó Ackermann, argentina e integrante del mecanismo por la ONG Sociedad para el Desarrollo Internacional (SID, por sus sigas en inglés), y agregó: «La delegación argentina fue muy funcional al resultado final, cada vez que se habló de la necesidad de transformar los sistemas alimentarios expresó su oposición».
La co-facilitadora del MSC sostiene que fue la presión de los países agroexportadores como Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Rusia y Estados Unidos —reforzado con mecanismos de participación no inclusivos habilitados por la situación de pandemia— la que decantó en un documento “débil” y que, por tanto, “no es útil para el trabajo de los movimientos sociales en sus territorios”. Además, Ackerman advirtió que el resultado del documento “puede amenazar lo que se ha alcanzado en políticas públicas para la agricultura familiar y los pequeños productores hasta el momento” y volvió a lamentar las «presiones» del bloque de países agroexportadores que avanzó sobre la intención de países como Senegal, México, Cuba, Suiza y el bloque de la Unión Europea para impulsar cambios.
Estados Unidos —sin oposición del bloque agroexportador— intentó desconocer como marco de aplicación de las directrices la Declaración de los Derechos Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales. “Fue un momento crítico porque es parte de una lucha de años, que fue un logro en 2018, y
ponía en cuestión el mismo sistema de Naciones Unidas”, recordó la co-facilitadora sobre el punto que hizo que el MSC abandone momentáneamente las negociaciones.
La declaración se mantuvo dentro del documento pero sin compromiso de aplicación.
El rol de la delegación Argentina en las directrices sobre alimentación y nutrición
La representación de la Argentina en el debate sobre las Dvsan —a cargo del representante ante los organismos de la ONU en Roma, Carlos Cherniak— funcionó en bloque con las posiciones de los países agroexportadores en defensa del actual modelo agroindustrial. “La Argentina se posicionó como si el ámbito de negociación fuera la Organización Mundial de Comercio (OMC), cuando estábamos dentro de otro marco más ambicioso”, señaló la co-facilitadora del MSC y resaltó su sorpresa por el “abismo” exhibido en las exposición sobre los sistemas agroecológicos, con posiciones claras a favor de la tecnologización y la agricultura intensiva, y los incipientes muestras a favor de esos sistemas con la creación de la
Dirección de Agroecología.
Respecto de la posición argentina durante el debate de las directrices, es revelador el análisis del documento de comentarios al borrador de las directrices, entregado por la Argentina antes del inicio de la ronda de negociaciones finales. Por ejemplo, ante la referida propuesta de insertar la “transición” o “transformación” a sistemas alimentarios sostenibles, la Argentina expuso en sus comentarios: “Prejuzgan respecto de la sostenibilidad actual de varios sistemas alimentarios e indican una necesidad de cambio que puede no ser apropiada en algunos de ellos, que ya son sostenibles en las dimensiones social, económica y ambiental” y pidió “evitar este tipo de referencias”.
La defensa del actual modelo agroindustrial fue tal que la delegación argentina solicitó también que se eliminen las expresiones “más sustentable” porque “las mismas prejuzgan respecto de la sostenibilidad que podría ya haber sido alcanzada por determinados sistemas alimentarios”, se apuntó. En cuanto a los enfoques agroecológicos, los comentarios de la Argentina solicitan incorporar al texto «otros enfoques innovadores» y pidió agregar «la promoción del intercambio de recursos genéticos en el marco del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura».
Por otro lado, respecto de los derechos de los pueblos indígenas, la delegación argentina pidió quitar de un párrafo la descripción que mencionaba la necesidad de que los Estados protejan los «derechos de pueblos indígenas y otras comunidades con sistemas tradicionales de tenencia de la tierra que ejercen la autogobernanza de las tierras, la pesca y los bosques» y pidió limitarlo a «la legislación y normativas nacionales, según sea apropiado»; solicitud que quedó reflejada en el texto final de las directrices. El término «según sea apropiado» también funcionó en otras partes del documento final para limitar la consulta a los pueblos indígenas.
La única posición argentina acorde con los lineamientos del MSC fue la del impulso a políticas de igualdad de género, aunque Ackermann la calificó de “cosmética” debido a que la delegación nacional no las defendió ante la falta de respaldo de los otros países miembro, como sí ocurrió con los temas referidos a la industria agroalimentaria.
“Argentina se posicionó como si el ámbito de debate fuera la OMC”
—¿Cómo fue la posición de la Argentina en el resto de los puntos de la discusión?
—La Argentina se posicionó como si el ámbito de negociación fuera la Organización Mundial de Comercio (OMC), cuando estábamos dentro del marco del CSA. Por ejemplo, cuando se hacía referencia en el debate a la “inocuidad de alimentos”, la posición Argentina era ajustarse al Códex Alimentario de la FAO-OMS. Desde el MSC tenemos muchas preocupaciones en relación al Códex porque es un instrumento desarrollado solo para el comercio de alimentos, que no contempla los otros tipos de producción y, muchas veces, juega en contra los pequeños productores.
—Además es un código que no prioriza la preservación de la salud y permite la presencia de agrotóxicos en alimentos…
—El objetivo del grupo de trabajo del MSC era salir de ese enfoque “nutricionista”, que muchas veces solo se concentra en términos limitados de la salud, y ampliar el debate al modelo de producción: sin agroquímicos, que respeten el medioambiente. Por eso, en el capítulo de “inocuidad de alimentos” era importante para nosotras ir más allá del marco del Códex Alimentario, que estandariza la producción agroindustrial, para que las directrices respalden alimentos que no son comercializados a través de los supermercados sino de los mercados locales y otras redes que conectan a productores y consumidores.
—La priorización de sistemas alimentarios locales fue uno de los puntos que planteó el MSC.
—Fue uno de los debates más intensos que tuvimos porque los mercados locales son los que menos respaldo tienen en las políticas públicas de los gobiernos. Para nosotros era importante que existiera en el documento referencias exclusivas a cómo los mercados locales contribuyen no solo a las dietas saludables sino a las relaciones sociales y a las economías de los pequeños productores de alimentos.
—¿Argentina mantuvo su postura corporativa en este punto?
—Cada vez que se hacía referencia a los mercados locales había un rechazo o, como fue en el caso de la Argentina, se pedía ampliar la definición a “mercados locales, regionales e internacionales”. De esa manera las directrices no ofrecen ninguna guía de prioridades.
—¿Cómo leyeron este rechazo al fomento de la producción y abastecimiento local?
—Es una visión que nos preocupó y es parte del avance de los países agroexportadores para centrar todas las soluciones en el comercio internacional. A pesar de que la pandemia demostró que las alternativas alimentarias que aportan los mercados locales fueron las que sostuvieron el abastecimiento en los territorios. Cualquier mención a los sistemas alimentarios locales se vio rechazado, siempre con la narrativa de favorecer al mercado internacional.
La lectura de los comentarios hechos por la delegación argentina ante la FAO vuelve a poner de relieve la crudeza con la que el Gobierno rechazó las propuestas de las organizaciones y movimientos sociales. «Las menciones en este punto a la promoción de mercados locales podría implicar el aval a políticas de ‘compre local’ bajo la no comprobada idea de que éstos proveen alimentos más nutritivos que aquellos producidos en zonas distantes. Tal discriminación a los productos extranjeros sin debido sustento científico podría terminar siendo perjudicial para el logro de la seguridad alimentaria y la nutrición», fue la posición argentina.
La Argentina incluso recomendó quitar del documento un fragmento en el que se prioriza que los comedores escolares sean abastecidos con productos de pequeños productores y de la agricultura familiar. En el documento final se mantuvo la prioridad pero se agregó la aclaración: “Cuando proceda”.
—¿Hubo algún otro punto clave propuesto por el MSC que haya sido rechazado por la Argentina y el bloque de países agroexportadores?
—Otro de los puntos importantes que se rechazó completamente fue el de incorporar en el texto el término “dietas sostenibles y saludables”. Los países del bloque agroexportador lo hicieron con el argumento de que no era un lenguaje acordado por la ONU previamente. Cuando, justamente, estábamos en un espacio de debate que nos convocaba a ser más ambiciosos.
—¿Qué argumentos se presentaron para intentar torcer esa posición?
—Hubo un proceso de generación de evidencia sobre lo que son las “dietas sostenibles y saludables” con un proceso de consulta a expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la FAO, que produjeron un informe para sostener que el pedido fuera incorporado. El término “sostenible” no solo se refiere a la dimensión ecológica sino también a las dimensiones social y cultural, o sea que las dietas no solo sean saludables sino que respeten y protejan el medioambiente, los medios de producción y la cultura de alimentación de cada país. Las dietas no son algo individual sino un bien común y centrar el debate de las dietas solo en la dimensión de salud tiene un impacto en la producción de alimentos tradicionales de los pequeños productores. Además de que estamos en una crisis ecológica y ambiental, que nos exige transformar los modos de producción ya. Pero no fue contemplado con el mismo argumento, que no estaba acordado dentro del lenguaje ONU con anterioridad.
—El énfasis por sostener lo “saludable” como única dimensión de las dietas parece chocar con el debate respecto del etiquetado de alimentos, que en la Argentina está
frenado por el lobby empresarial, ¿el etiquetado de alimentos fue parte del debate en la negociación de las directrices?
—El etiquetado era otra de nuestras prioridades para seguir lo que ya comenzó a hacerse en Chile. El tema de etiquetado quedó muy debilitado en las directrices, de hecho porque la OPS tiene directrices mucho más avanzadas. Lo que quedó está por detrás de la OPS y de lo que se hace en Chile, Uruguay, México. La Argentina no intervino tanto, pero había una resistencia. Intervenía solicitando que lo acordado debía estar en línea con los acuerdos internacionales de la OMC. Lo que sorprendió fue que el Mecanismo del Sector Privado no intervino demasiado en todas las negociaciones, y en etiquetado tampoco, porque ya los países estaban llevando las discusiones hacia una dirección, que termina favoreciendo a la gran industria alimentaria.
—La Agroecología era otra de las líneas propuestas por el MSC. ¿Cómo evalúa el resultado del documento?
—Siempre planteamos que el Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) debería llevar el debate en paralelo entre sistemas de alimentación y nutrición y agroecología porque para lograr sistemas alimentarios sostenibles en todas sus dimensiones la vía verdadera es la agroecología. En 2018, se acordó abrir un debate bajo el título de “Recomendaciones Políticas sobre Enfoques Agroecológicos y Otras Innovaciones”, que es otro proceso que se está desarrollando actualmente. Pero dentro del marco de las negociaciones de las directrices sobre sistemas alimentarios y nutrición se volvió a abrir la puerta para poner a la agroecología al mismo nivel que esas “otras innovaciones”, abriendo nuevamente un listado. Eso sienta un precedente complicado para el debate de las recomendaciones con la inclusión de definiciones como “agricultura inteligente” e “intensificación sostenible”, ninguno de esos sistemas prioriza las dimensiones ecológicas y sociales en línea con la agricultura familiar.
—¿Cómo se posicionó la delegación argentina en este aspecto?
—Argentina fue muy fundamental para incorporar las “otras innovaciones”. Lo que resaltamos de Argentina es la contradicción que existe entre algunas políticas del actual gobierno de apoyo a la agricultura familiar y la creación de la Dirección de Agroecología y lo que se lleva al debate en el CSA, donde se minimizan al mismo nivel que otros enfoques que siguen promoviendo desde la agricultura industrial. Por ejemplo, en las negociaciones en curso sobre las recomendaciones políticas sobre agroecología y otros enfoques innovadores, la Argentina quiere evitar que se cite el documento “Los 10 elementos de Agroecología” aprobado por los Estados miembro de la FAO.
Fuente: La Tinta
