Por Anabella Antonelli y Nadya Scherbovsky, Resumen Latinoamericano, 13 de mayo de 2021.
El Movimiento Campesino de Córdoba denuncia al empresario José Clemente Lascano por la usurpación de las tierras de la familia Campos en el paraje El Barrial, departamento Sobremonte, al norte de nuestra provincia. Pese a ser legítimes y ancestrales poseedores de esas tierras, y como una paradoja que roza el absurdo, la imputación recae sobre la familia campesina.
El Campo San Francisco, de la familia Campos, consta de 1.200 hectáreas, localizadas en la costa de las Salinas de Ambargasta, “zona roja” según el mapa de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos. Allí producen vacas y viven de sus cabras hace más años de lo que alcanza la memoria familiar. Son tierras ancestralmente habitadas, donde se encuentran rastros de morteros. En ese lugar, nacieron y se criaron los abuelos de Susana y Josefa Campos, hoy imputadas por “turbación a la posesión”.
“En este momento, no podemos estar en el campo porque la justicia nos despojó, nos expulsó del lugar, no nos deja entrar. Dentro del campo tenemos la casa con los muebles y nuestras cosas, pero no podemos entrar por la usurpación del empresario. Nos volteó todo, el alambre, la tranquera y la justicia, pero nos dicen que somos nosotras las usurpadoras”. Las palabras son de Susana Campos, referente histórica del 
Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), trabajadora de los Equipos de Salud y productora caprina.
En conversación con La tinta, cuenta que su abuela nació en el lugar, “mis abuelos trabajan esta tierra, criaron sus vacas, hacían sus producciones, ella era dulcera. Ahí nació mi padre, quien siguió trabajando la tierra, formó su familia y nacimos nosotras. Ahí transcurrió mi vida, ahí fui al colegio. Es nuestra tierra y nuestro lugar”.
Consultamos al abogado de las hermanas Campos, Joaquín González, quien narra una cronología de los hechos para comprender el conflicto. En 2005, el padre de Susana y Josefa, María Campos, hizo el trámite para anotar las tierras donde vivía, en el Registro de Poseedores. Entendiendo el despojo que sufren desde hace décadas les campesines, “empezó a ejercer actos preventivos en defensa de su territorio”.
Alrededor del año 2010, se presentaron “herederos” de un titular registral de apellido Barrionuevo, denunciando a Campos por usurpación. “Le pintaron los dedos, pero no avanzó a ningún lado porque no tenía ni pies ni cabeza”, explica Joaquín. Sin embargo, en 2014, Barrionuevo vendió el campo a Lascano, un empresario cordobés dedicado a la compra-venta de campos y a la ganadería, “que quiso meterse por la fuerza. La familia lo peleó, hubo denuncia y el hombre nunca entró”. Dos meses después, Josefa tuvo un accidente automovilístico en el que falleció su pareja y estuvo cuatro años en recuperación. El padre y la madre decidieron dejar provisoriamente el campo para cuidar a su hija y a sus nietos.
“Rehabilitada, casi cinco años después, Josefa decide emprender nuevamente tareas productivas en el campo, al cual siempre iban a dar una vuelta. La cuarta vez que van a trabajar allí, se dan con que habían metido una topadora, estaban haciendo alambres nuevos y sacando las tranqueras”, narra el abogado.
Ante el atropello, la familia Campos sacó los alambres nuevos, puso los viejos, recuperó la tranquera, la volvió a poner y puso candados nuevamente. Las hermanas y el empresario se denunciaron mutuamente, pero la que prosperó fue la del empresario. La fiscalía las imputó por “turbación a la posesión”, por sacar los alambres nuevos que se estaban poniendo y colocar los viejos que estaban antes. Así de absurdo.
Ante esto, Josefa y Susana y su abogado pidieron que les tomen declaración para ejercer su defensa material y saber qué pruebas había en su contra. No las llamaron, insistieron, no las llamaron. Al tiempo, les llegó una citación para pintarles los dedos, de nuevo. El Secretario del fiscal, Dr. Mizzau, les explicó que las huellas estaban mal tomadas y que se habían adulterado los documentos en la fiscalía. Les tomaron las huellas y las citaron a declarar, en carácter de imputades, a Josefa, Susana y a la pareja de Josefa, que no había estado imputada antes.
Se presentaron el 7 de mayo pasado, pero no tomaron declaración a Susana porque “leyeron bien la causa y se dan cuenta de que Susana no estaba cuando sacaron y repusieron el alambre” ‑explica Joaquín-. “La imputada está fichada, han mandado los antecedentes, lo hicieron dos veces, la tuvieron seis meses imputada, estaba mal, angustiada y encima con una restricción de ingreso al campo, y ahora dicen que a ella no, que a su hermana sí y además agregan un imputado que antes no estaba porque no había leído bien la causa. Susana está sometida por el sistema penal, marcada, sojuzgada y, sin embargo, no puede ejercer su derecho de defensa porque no hay un hecho del cual defenderse. Ese es un doble avasallamiento el que sufre”.
“¡Oh, sorpresa mía! Me dicen que no puedo declarar, no entiendo más nada”, expresa Susana y asegura: “Algo sí me quedó bien claro: nos ningunearon, nos basurearon, ese día quisieron demostrar que ellos tenían el poder. La justicia es patriarcal, piensan que la mujer no puede, que no tiene derechos, nos faltaron el respeto la Justicia y el usurpador del campo. Por ser mujeres, porque somos campesinas y no tenemos plata”.
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“Me invade una angustia y una impotencia al saber que la Justicia jamás va a estar a favor nuestro. Como campesinos, tenemos que unirnos y luchar, no avergonzarnos. Nos han despojado y tenemos derecho a luchar. Seguiremos demostrándole a la Justicia que los verdaderos dueños somos nosotros, los que trabajamos la tierra, los que vivimos ancestralmente ahí”, expresa Susana.
Desde el MCC, demandan que, en el marco del reconocimiento de la agricultura familiar en la provincia, las autoridades provinciales deben poner en marcha medidas contundentes y recursos para que las familias campesinas accedan a la justicia.
Para Susana, la justicia pone trabas a les campesines una y otra vez. Ella vio a otras familias que cuidan el monte, la flora y la fauna, sufriendo atropellos y despojos en manos de empresarios y de la Justicia, vio desalojos de la propia tierra de una. “Necesitamos que el gobierno nos dé una ley válida para accionar cuando nos tenemos que enfrentar a los grandes empresarios, que de una vez por todas nos ampare una ley justa para los campesinos, para poder vivir tranquilos y que no nos vivan atropellando y sacando de los lugares en que hemos nacido”, afirma.
“Nosotras como mujeres vamos a demostrar que podemos, seguimos, luchamos y recuperaremos esas tierras. Porque ahí trabajamos y de ahí nos sustentamos. Queremos demostrarle a esa justicia patriarcal que tenemos derecho como mujeres y como campesinas”, expresa Susana y continúa: “Algún momento serán mis hijos, mis nietos o la descendencia que venga detrás mio quienes vivan tranquilos y las tierras serán de quienes la trabajan. Si los pueblos tienen alimentación es porque el campesino está ahí dentro de esos montes con vida. No hagamos desaparecer al campesino porque ahí hay vida”.
Desde el MCC, advierten que más allá de las amenazas de muerte sufridas, van a defender la tierra de los usurpadores de guante blanco. “SE VA A CAER LA JUSTICIA PATRIARCAL; NI UN METRO MÁS, LA TIERRA ES NUESTRA”, concluyen.
Fuente: La tinta
