El sindicato policial ultraderechista Jupol, mayoritario en el Consejo de la Policía Nacional, admite la existencia de «gastos no justificados» y anuncia la convocatoria de una asamblea extraordinaria para cesar a su secretario general, José María García. En un escrito remitido a todos sus afiliados, la denominada Comisión Transitoria de Jupol informa de los nuevos movimientos y acusan a su líder de abusar de una «gestión personalista». La directiva de Jupol ha optado por retirar a José María García el acceso a las cuentas bancarias del sindicato, así como las llaves del vehículo sindical.
«No hace más que mostrar que los únicos intereses del hasta ahora secretario general son mantener los privilegios que se atribuyó y los gastos que venía realizando como dirigente del sindicato y que se han detectado recientemente por el resto de miembros de la Junta Directiva, y que por responsabilidad han precipitado estas actuaciones», concluye el comunicado.
Además José María García Fernández, subinspector del Cuerpo Nacional de Policía y secretario general del sindicato Jupol, ha sido sancionado con un año de suspensión de empleo y sueldo. Así lo ha certificado el comisario jefe de la Unidad Central de Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, Daniel Gallego Villasante.
Se le impone «la sanción de un año (365 días) de suspensión de funciones por la comisión de una falta muy grave tipificada en el artículo 7.i) de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía bajo el concepto de ‘El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello de lugar a una situación de incompatibilidad’».
Esto supone que José María García Fernández tiene que entregar su placa y su arma –si no la ha entregado ya– y que perderá su puesto de vocal en el Consejo de la Policía. La suspensión se ha producido por ejercer una actividad que nada tiene que ver con su dedicación sindical, cuya función central es la defensa de los derechos de sus afiliados.
Durante los ejercicios económicos de 2017 y 2018 García Fernández, ostentando, además, la Secretaría General de JUPOL, fue el administrador único de la empresa de su propiedad «Excavaciones y Asfaltos Avilés, S.L», sin solicitar, a la Dirección General de la Policía Nacional la obligatoria compatibilidad. Si la hubiera solicitado posiblemente se le hubiera concedido, pero se habría traducido en una rebaja salarial sustanciosa al perder la dedicación exclusiva.
Fuente: Insurgente /Confilegal.
Andaluz de Granada (1980). Grado en Humanidades en la UGR. Pluriempleado en el sector servicios y aficionado a hablar de lo que la prensa no dice ni pío.