Por Lourdes Álvarez Nájera. Resumen Latinoamericano, 8 de junio de 2021.
Este martes 8 de junio, a partir de las 8:30 de la mañana tiene previsto continuar la audiencia de primera declaración en el caso conocido como Diario Militar, ya que durante este lunes se escuchó a varios de los querellantes y familiares de víctimas que expusieron sus argumentos y solicitaron que se ligue a proceso a seis mandos militares, ahora en situación de retiro, por delitos contra los deberes de humanidad, asesinato, asesinato en grado de tentativa y desaparición forzada, en el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez.
Día tras día, mientras no se resuelva el delito de desaparición forzada se sigue cometiendo. Además, es considerado pluriofensivo, porque lesiona varios derechos de la víctima, la libertad, la vida, seguridad, derecho a defensa, entre otros, indicó el abogado Santiago Choc, representante de Paulo Estrada, cuyo padre Otto René Estrada Illescas y Julio Alberto Estrada Illescas, aparecen en el documento militar desclasificado, sin que hasta el momento exista información sobre su paradero.
Choc indicó que al igual que las víctimas, sus familiares también se vieron sometidos a diversas violaciones a sus derechos humanos. “Las víctimas eran padres de familia, hijos, hermanos, que tenían una visión de luchar por sus derechos y de las demás personas, pero pensaban distinto a la idea imperante en 1980. Si pensaban distinto eran catalogados según el manual de guerra contrasubversiva como “enemigo interno”.
El abogado también señaló que hubo solicitudes de exhibición personal cuando las víctimas del Diario Militar desaparecieron, pero las autoridades no respondieron. “Las familias solo encontraron la negación de las personas desaparecidas. Este es un patrón reiterativo. Los seis sindicados trabajaban para el Estado y ocultaron información”, enfatizó.
El juez Gálvez permitió que Paulo Estrada se pudiera expresar y aseguró que cuando vio morir a su abuela “me confundió con mi tío, me dijo: mijo, regresaste”, en referencia al anhelo de poder ver por última vez a uno de sus hijos detenido desaparecido. También contó que su abuelo padeció afecciones del corazón por esos episodios de angustia.
“Yo tenía un año y 20 días cuando se llevaron a mi papá, ningún hijo, ni nadie está obligado a pasar por lo que nos hicieron pasar. Pido justicia y pido que nos digan en dónde los dejaron. No lo digo por mí, lo digo por los 45 mil desaparecidos. Guatemala fuera otra, si no hubiera pasado lo que nos hicieron. Nos merecemos justicia y que nos digan en dónde están”, agregó Estrada.
En la audiencia de este día también se pudo escuchar a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), que participa como ente de averiguación especial, que indicó que existía una estructura paralela de seguridad en el Estado Mayor Presidencial (EMP) dedicada a capturar, torturar e interrogar a las personas que consideraban como opositores.
La PDH dijo que existen indicios claros de los delitos de desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad en contra de Rubén Amílcar Farfán, otra de las personas que aparece en las fichas del Diario Militar.
El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), otra organización querellante, inició su exposición expresando ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos!, según el abogado Alejandro Axpuac, quien añadió que han transcurrido 37 años para llegar a este momento, donde muchas madres y padres han muerto en el camino esperando que sus familiares regresen.
El abogado del GAM hizo un listado de cuántas personas fueron desaparecidas y exhibiciones personales que nunca prosperaron. “Hoy por hoy, ningún desparecido ha regresado. Se les dio amnistía a los militares pero no para la tortura y la desaparición forzada”.
Entretanto, el abogado Edgar Pérez, representante de la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos (Famdegua), comentó que Adela Farfán tenía 98 años cuando murió esperando el regreso de su hijo Rubén Amílcar Farfán. “Luchó hasta el último año de su vida para conocer el paradero de su hijo, pero hasta hoy, quienes lo desaparecieron no han tenido el valor para decir dónde está”.
Pérez reiteró que el objetivo de estas audiencias es establecer si hay indicios racionales sobre los crímenes y, no es revanchismo, es parte de la política criminal democrática. ¿Quiénes mantienen la información del paradero? los perpetradores y el Estado mismo, enfatizó.
El abogado también se refirió a la representación de Wendy Santizo Méndez, quien era una niña de 9 años en los años 80 y cuyos padres fueron detenidos y desaparecidos por la estructura a la que pertenecían los exmilitares que cometían actos espeluznantes. “Ella es hija de papás que pensaban, que tenían criterio y se expresaban sobre las políticas que se estaban implementando en aquellos años. Hasta hoy se desconoce el paradero de los que aparecen en el Diario Militar, quiénes tienen el dominio del paradero de esas víctimas, son sus perpetradores, hoy en día siguen teniendo ese ocultamiento de las víctimas vivos o muertos”.
Guatemala vivió uno de los conflictos más atroces de América Latina, al firmar la paz, se firmó el Acuerdo Global Sobre Derechos Humanos y particularmente en el numeral 3, Guatemala se compromete, no solo a no generar excluyentes y amnistía sobre crímenes y violaciones durante el conflicto, sino que se compromete a esclarecer la desaparición forzada, esa agonía que hoy en día viven las familias, puntualizó Pérez.
El 27 de mayo, el Ministerio Público capturó a los exmilitares y expolicías, Gustavo Adolfo Oliva Blanco, José Daniel Monterroso Villagrán, Edgar Corado Samayoa, Marco Antonio González Taracena, Enrique Cifuentes de la Cruz, Víctor Augusto Vásquez Echeverría, Juan Francisco Cifuentes Cano, Eliseo Barrios Soto, Edgar Virgilio de León Sigüenza, Mavilio Aurelio Castañeda Betancourth y Rone René Lara, por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa, desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad.
