La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha denunciado que ni la aplicación del decreto antidesahucios, ni el estado de alarma han evitado que se sigan produciendo numerosos 
lanzamientos habitacionales en Andalucía, según se desprende de los
datos del primer trimestre de 2021, que ha hecho públicos hoy el Consejo General del Poder Judicial (CPGJ). Esto evidencia, a nuestro juicio, “el fracaso de los Gobiernos en proteger a las familias más empobrecidas en medio de la pandemia”.
En estos primeros tres meses se han producido 1.685 lanzamientos habitacionales, lo que supone que se ejecutan un total de 18,7 desahucios diarios de media en Andalucía. De ellos, 1.109 son por impago de alquiler, 12,3 diarios, lo que representa el 66% del total, superando a los 576 debidos a las ejecuciones por impago de hipotecas.
Esta situación, según la APDHA, no es más que la consecuencia de “la pobreza histórica instalada en Andalucía, acentuada en este último año por los efectos de una pandemia que se ceba con las familias más vulnerables”. Con una tasa de paro del 22,58%, frente al 15,98 % del total nacional, “parece consolidarse el fracaso de las políticas instauradas y el abandono institucional hacia nuestra comunidad, por encima de declaraciones grandilocuentes”.
“No es de extrañar que 12 de los 15 barrios más pobres se encuentren en la comunidad autónoma andaluza, cuando constatamos que la Renta Mínima de Inserción andaluza es insuficiente y excluyente, que el Ingreso Mínimo Vital no llega a la mayoría de las familias en riesgo de exclusión, y que los Servicios Sociales están minimizados por los drásticos recortes presupuestarios aplicados”.
La APDHA viene reclamando desde el año 2012 la aplicación del Estado de Emergencia Habitacional, que exige de las autoridades una actuación enérgica e inmediata. Y las únicas respuestas que encontramos son “tibias medidas y mucha propaganda. Hoy, en nuestras ciudades, se da la irracional e inhumana situación en la que coexisten miles de viviendas vacías detentadas especulativamente por bancos, fondos de inversión y otros grandes tenedores, y miles de familias sin derecho a ellas”.
Reclamamos como medida imprescindible incrementar el parque público de viviendas en alquiler social, “ya que el existente es poco significativo e incapaz de incidir en los precios. Y que el remanente de pisos públicos existentes en estos momentos, para el alquiler o venta en condiciones y precios de mercado, se traspase de inmediato a alquiler social, adjudicándose a las familias necesitadas”.
La situación de emergencia habitacional exige que todos los poderes públicos se pongan ya al lado de las personas que han perdido sus residencias y carecen de hábitat digno. Además, es necesario que cese la política represiva contra las familias que, ante lo desesperada de su situación, se han visto compelidas a ocupar pisos vacíos en su gran mayoría propiedad de grandes especuladores financieros.
Fuente: APDHA.
Andaluz de Granada (1980). Grado en Humanidades en la UGR. Pluriempleado en el sector servicios y aficionado a hablar de lo que la prensa no dice ni pío.
