El TSJPV declara nulo el despido de un trabajador de la ONCE. Ha tenido que ser este tribunal el que corrija la injusticia continuada (3 despidos) que se venía cometiendo por parte de la ONCE contra Iñaki Nuño, afiliado y trabajador de la ONCE en Gasteiz, y a su vez, y desde las últimas elecciones sindicales celebradas en febrero de 2009, miembro del Comité de Empresa en representación del sindicato LAB.
En el fallo de la sentencia de resolución ante el recurso de suplicación interpuesto por JOSEBA IÑAKI NUÑO MOLINUEVO, contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de los de Vitoria de 19 de abril de 2010, dictada en proceso sobre despido y entablado por JOSEBA IÑAKI NUÑO MOLINUEVO contra la ONCE, se dictamina la nulidad del despido que tuvo lugar el 27 de noviembre de 2009 y se condena a la ONCE a la readmisión en su puesto de trabajo y en las mismas condiciones que regían con anterioridad al despido, con abono de los salarios de tramitación dejados de percibir.
Este fallo judicial que hace justicia, no nos debe impedir realizar una rotunda denuncia del carácter autoritario y antisocial de la ONCE que produce numerosas situaciones de explotación y pérdida de empleo, que en la mayoría de los casos dejan indefensas a las personas que las padecen. Así, cientos de discapacitados y discapacitadas en Hego Euskal Herria soportan los abusos y arbitrariedades de una entidad, la ONCE, que tachada de social practica una despótica y antisocial gestión que origina cada vez más situaciones de extrema precariedad y que, cada vez con más frecuencia, concluyen en la pérdida del empleo. Una situación, que unida a la falta real de alternativas de empleo, la agrava aún más si cabe.
En la ONCE, lejos de cumplir con su cometido social, rehabilitador e integrador, se dedican a explotar a las y los trabajadores discapacitados para provecho de una élite directiva sin escrúpulos que con tal de mantener su status económico y cotas de poder, pisotean, transgreden y persiguen los más mínimos derechos laborales y sociales de aquellas personas desafectas con las políticas aplicadas.
Ante este estado de cosas, desde LAB hacemos un llamamiento a los gobiernos, instituciones y representantes políticos y sociales a que, de una vez por todas, realicen controles eficaces para que la ONCE, perceptora de ingentes recursos públicos y exenciones por parte de las administraciones públicas, cumpla las funciones sociales delegadas por esas administraciones, y sobre todo y fundamentalmente, para que formulen, aprueben y pongan en práctica alternativas efectivas e integradoras en el mundo laboral que pongan fin a la anacrónica dependencia de la discapacidad visual respecto del juego.
Más allá de la presentación de demandas en los tribunales y que sean los jueces los que dictaminen, la denuncia pública por parte de las personas afectadas por los abusos y atropellos que se dan en la ONCE se hace de vital importancia. Sabemos de multitud de casos de intimidaciones y amedrentamientos que se dan pero se callan. En ese sentido, animamos a sacar a la luz todas esas situaciones para acabar con tal execrable forma de proceder. Iñaki, denunciando su caso, ha conseguido ver reconocidos sus derechos, otras y otros muchos pueden lograrlo también.