Por José Carlos Llerena Robles* , Resumen Latinoamericano, 13 de junio de 2021.
foto: Keiko Fujimori, la narcopolítica.
Siempre bajo el confort de la cobardía colonial, ellos han impuesto las condiciones jurídicas para que la acumulación del capital prime sobre la vida de millones de peruanos y peruanas. Cuando pesan ‑como siguen pesando- el apellido, color de piel y otros títulos nobiliarios de la posmodernidad, no es necesario disputar la razón mediante el diálogo y debate. No. Ellos imponen. Ellos atarantan. Ellos golpean.
Anglicismos y “tecnicismos” son suficientes para imponer su relato, su visión de la historia, y así legalizar la esclavitud, opresión y despojo. Ante la precariedad analítica y argumentativa, la prolijidad superficial y formal hace lo suyo para que la autoridad reguladora del mercado de valores en el Perú se ponga placenteramente un bistec en la cara y no verifique la existencia de una ganancia (prima) en la adquisición de grandes empresas, lo cual convenientemente permite que la operación financiera (porque estamos hablando de operadores de los intereses dominantes) se libre de regulaciones de control.
Aunque el pueblo peruano no los reconozca, no los identifique o ni siquiera sepa de su existencia, día a día sí sufre y conoce las consecuencias de las políticas públicas que son redactadas por los estudios de abogados que lideran los rankings de Chambers & Partners. En la clandestinidad y el anonimato, es mucho más fácil y menos vergonzoso ‑a diferencia de ahora- asumir la defensa de una gran empresa energética que incumplió sus deberes de informar a los inversionistas del mercado de valores, aduciendo que cómo ella se encuentra bajo un procedimiento concursal en marcha, la regla de inexigibilidad de obligaciones ‑la cual para cualquiera que pasó por una Facultad de Derecho tiene certeza que se refiere solo a obligaciones pecuniarias- lo exonera de cumplir todo tipo de ley en general.
Sin embargo, ahora con su reciente intervención en la estrategia golpista del fujimontesinismo, consistente en revisar las actas electorales, selectivamente en los territorios del Perú donde Pedro Castillo gana abrumadoramente, y plantear su nulidad sin mayor fundamento que un racismo colonial crónico, se tornan visibles ante los ojos de todo el Perú. Su ética de “tira la piedra y esconde la mano” no les alcanzó ahora. No es lo mismo disputar la riqueza del país sobre sus lujosos escritorios que intentar quebrar la voluntad popular de todo un pueblo desde un directorio con fino tapizado. Se escudan patéticamente en eufemismos de la inmortal frase del juez Quispe Pariona, “será inmoral pero no es delito”. El velo que ocultaba el brazo jurídico de los poderes fácticos ‑los grandes estudios de abogados- terminó de caer. Propio de la profundización de una crisis política, donde el fujimontesinismo no tiene salvavidas alguno. Por eso estos manotazos de ahogado, o manotazos de abogados.
Advertido está el pueblo peruano que su voluntad puede ser manipulada a vista a paciencia de todos mediante el poder jurídico. Alertas con quiénes pueden generar las condiciones en el terreno legal para guerras económicas, financieras y de otra índole. Quiénes venimos recorriendo luchas populares en el continente y otros rincones del antes llamado Sur global, el término lawfare (definido por Silvina Romano como “modo de guerra que utiliza la ley como arma, instrumentalizándola con fines políticos, económicos y geopolíticos, con gran impacto a corto y mediano plazo”) nuevamente comienza a resonar en la realidad peruana. Vuelve como siempre, ante cualquier amenaza al orden oligárquico antipatriota, como la representa el proyecto de Perú Libre, fuerza nacida en el pueblo, con el maestro presidente Pedro Castillo. Solo que ahora cuando lanzan la piedra, el pueblo organizado y movilizado los sostiene y condena en la mira de la indignación nacional.
