Luego de la muerte de Franklin Brito el pasado lunes en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Militar de Caracas, Carlos Arvelo, a consecuencia de su deterioro físico por un prolongado ayuno voluntario, los medios nacionales e internacionales se han dedicado a reproducir una serie de mentiras sobre su caso para desacreditar al gobierno venezolano y plegarse a la campaña de la oposición a los comicios parlamentarios del próximo 26 de septiembre.
La primera mentira es que el gobierno nacional “expropió” al productor agropecuario y por esa razón, Brito procedió a iniciar su huelga de hambre.
“Hace siete años, la «revolución campesina» de Chávez confiscó las tierras de Franklin Brito en el estado de Bolívar (sur del país), argumentando que sus títulos de propiedad sobre 300 hectáreas no eran legales”, reza una nota publicada este martes por El Mundo de España.
Sin embargo, la verdad es que Brito no era propietario legítimo de los terrenos que decía poseer y fue en el 2003 cuando el gobierno Bolivariano le entregó al agricultor la titularidad de 290,20 hectáreas productivas del fundo La Iguaraya.
La segunda falsedad es que los requerimientos de Brito «nunca fueron atendidos por el gobierno de Hugo Chávez», tal como asegura el grupo español ABC.
Cada una de los reclamos que hizo el productor agropecuario recibió respuesta de las instituciones del Estado venezolano.
En 2003, cuando Brito inició su primera huelga de hambre para denunciar la supuesta invasión de sus terrenos, una comisión del Instituo Nacional de Tierras (INTI) acudió a sus predios para practicar una inspección en la que fue descartada el solapamiento.
En 2005, el INTI ratificó la propiedad privada de Brito al otorgarle el registro agrario correspondiente y verificó nuevamente que no existiera solapamiento alguno con los documentos de sus vecinos.
No obstante, Brito apeló ante las instancias judiciales pero su requerimiento fue declarado sin lugar al comprobarse que disfrutaba plenamente de las garantías de propiedad de sus tierras.
La respuesta del productor agropecuario a la decisión de la justicia venezolana fue mutilarse un dedo ante las cámaras de televisión.
Al año siguiente, Brito introdujo un recurso ante un juzgado superior que fue declarado inadmisible. Se designó al Presidente del INTI, Juan Carlos Loyo, para que atendiera el caso y al poco tiempo se le abrieron nuevos caminos de acceso a su finca para evitar las disputas con los vecinos, y se acordó el mejoramiento de cercas, alcantarillado, entre otros beneficios a las tierras de su propiedad.
En 2007, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, conoció el caso y comprobó que “no existían los elementos alegados por el ciudadano (…) en cuanto al solapamiento de tierras y violación de propiedad”.
En 2008, ante una nueva huelga de hambre y la inminencia de su muerte, el gobierno bolivariano envía al presidente del INTI a prestarle asistencia a Brito para atender el llamado de revocatoria a los títulos de propiedad a sus vecinos.
Ese mismo año el Gobierno nacional decidió otorgar de manera gratuita un tractor y una rastra, reparó su vehículo, donó insumos agrícolas y deforestó 40 hectáreas de sus tierras.
A esas alturas, a pesar de que el Gobierno venezolano había atendido a todas sus solicitudes, Brito inició su tercer ayuno voluntario en agosto de 2009 a las puertas de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La tercera mentira es que Brito fue “secuestrado” por los organismos del Estado, según declaraciones de sectores opositores representados por prófugos de la justicia como Oscar Pérez.
El supuesto “secuestro” fue una medida que tomó el Ministerio Público para garantizar la vida del agricultor, quien seguía con su severo ayuno aunque el Gobierno Bolivariano ‑por razones humanitarias- ya había revocado las cartas agrarias de sus vecinos.
A finales de 2009, se emitió la medida de amparo mediante la cual se trasladó a Brito hasta el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, en el que recibió los cuidados necesarios para mantenerse con vida a pesar de su decisión de no ingerir ningún tipo de alimentos.
La acción fue reconocida y aplaudida por organismos internacionales como Naciones Unidas, la Cruz Roja, La Media Luna Roja, la Organización de Estados Americanos, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyos representantes asistieron en el mes de junio a una reunión en Caracas con el Vicepresidente Ejecutivo de la República, Elías Jaua, y el canciller venezolano, Nicolás Maduro, para conocer el estado de salud de Brito.
«Nunca había visto a un Estado tan preocupado por la defensa de los derechos de un solo hombre como ha sido con el caso de Franklin Brito», fue la consideración que hizo el coordinador residente de Naciones Unidas en Venezuela, Alfredo Missair, al salir del encuentro con Jaua y Maduro.
Sin embargo, durante la jornada de este martes, los medios locales como El Nacional y El Universal, dan mayor espacio a noticias de voceros de la oposición que intentan atribuir la responsabilidad de la muerte de Brito al Estado venezolano, como otra bandera de su campaña electoral.
Es así como se leen titulares como «Brito fue víctima de las políticas agrarias del Gobierno»; «A Franklin Brito se le garantizó su muerte»; «Estado privó a Franklin Brito ilegalmente de su libertad» o «Muerte de Brito refleja inacción del Estado en DDHH».
