Héctor Llaitul, uno de los 32 comuneros mapuche que se encuentra en huelga de hambre tuvo que ser trasladado este jueves de manera urgente al Hospital Regional de Concepción
Uno de los 32 mapuche que realizan en la cárcel un ayuno voluntario para exigir un juicio justo y que no se les aplique la Ley Antiterrorista, Hector Llaitul, fue trasladado este jueves al Hospital Regional de Concepción, al sur de Chile, debido a una descompensación general tras cumplir 53 días en huelga de hambre.
Llaitul es uno de los mapuche que se encuentra en prisión en la cárcel El Manzano (sur) por supuesta asociación ilícita a grupos terroristas, y además se le acusó de participar, junto a José Huenuche, Luís Menares, Ramón Llanquileo, César Parra, Víctor Llanquileo y Jonathan Huillital, en un ataque a una caravana en que resultaron lesionados el fiscal Mario Elgueta y varios de sus colaboradores.
La condena aplicada para Lalitul por el tribunal estatal, según la Ley Antiterrorista vigente desde la última dictadura, es de 103 años de prisión.
Su abogado defensor, Pablo Ortega indicó a teleSUR que este jueves Llaitul fue trasladado al Hospital Regional de Concepción por los daños físicos provocados por los 53 días que lleva sin alimentación.
«Tanto él como otros comuneros a esta altura ya están produciéndose descompensaciones que obligan la intervención de los médicos», señaló.
El letrado recalcó además que aunque la intervención es necesaria, los huelguistas la rechazan por temor a que se realicen exámenes corporales a la fuerza y que con ellos se manipule la evidencia en su contra.
«En Chile se utilizan las muestras de sangre y de ADN como para inculpar a los mapuche (…) por eso es que los comuneros son tan renuentes a aplicarse exámenes médicos», dijo.
De hecho este miércoles Jorge Huenchullán, hermano de Felipe Huenchullán, cuarto preso político mapuche que tuvo de ser internado por problemas de salud, denunció que a su pariente se le tomaron pruebas de sangre a la fuerza y calificó la acción como inaceptable.
«Porque eso no lo aceptamos de ninguna manera», manifestó.
Felipe Hunchullán es el cuarto huelguista hospitalizado por descompensación. El pasado martes fue llevado al hospital de Concepción (sur) el preso Jonathan Huillical Méndez y el pasado viernes ocurrió lo mismo, en la ciudad de Temuco (centro), con los comuneros Elvis Millán y Huaikilaf Cadín, quienes también presentaron un cuadro de descomposición y se negaron a la toma de muestras de sangre, tras argumentar que pueden ser usadas «para otros fines».
Problema histórico
Para Ortega, la complicación de esta situación radica no solamente en lo que sucede actualmenete con la Ley Antiterrorista y la incapacidad de diálogo entre el pueblo mapuche y el Gobierno chileno, sino que existe «una historia completa» de irrespetos por parte del Ejecutivo a los acuerdos con los originarios.
«El Gobierno de Piñera ha mostrado una actitud un poco más abierta, pero si no da avances concretos y adecúa la Ley Antiterrorista a un contexto democrático, esta situación podría agravarse y ocasionar problemas fatales para los comuneros que están en huelga de hambre», manifestó.
De igual forma, Ortega especificó una segunda complejidad que hace referencia al sistema judicial aplicado en Chile.
«Aquí se vive un situación anómala en la que los mapuche deben enfrentar los mismos cargos en tribunales civiles y militares (…) la paradoja es que en el caso de Héctor Llitul, el tribunal democrático exige una condena de 103 años, mientras que la justicia militar, lo condenó a sólo 25 años».
Enfatizó que «esto es fruto de que en Chile se vive una dictadura encubierta» y reiteró que para que la situación se resuelva, debe concretarse un proyecto de ley que respete los derechos de las comunidades indígenas.
«De concretarse el proyecto sería un avance no sólo para los presos que están en huelga de hambre sino para todo el pueblo mapuche y muchos ciudadanos también que han sido condenados por la justicia militar», expresó el abogado defensor.
En el marco de la aplicación de la Ley Antiterrorista, 32 indígenas fueron puestos a la orden de la justicia chilena, después de que los originarios manifestaran por el reconocimiento de sus tierras ancestrales, en manos de empresas forestales privadas.
Desde el 2009, la región mapuche permanece militarizada, situación que es rechazada por los indígenas chilenos. Los originarios demandan un proceso judicial justo y rechazan la ley la instituida durante la dictadura de Augusto Pinochet.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) le aconsejaron a Chile que revise la cuestionada legislación, por considerar que persigue «a miembros de las comunidades indígenas, en particular la mapuche».
Actualmente, las protestas en defensa del pueblo mapuche y en contra de la Ley Antiterrorista son apoyadas por diversos sectores de la población.
Resumen Latinoamericano/Telesur