Por Julio C. Gambina,RedEco, Resumen Latinoamericano, 13 de julio de 2021.
Entre los muchos interrogantes que recibo a diario se anotan los relativos a qué ocurre de especial en la Argentina que no logra estabilidad de largo aliento, sea en el crecimiento económico como en materia de precios. La comparación es con los países vecinos y otros en el mundo. Los interrogantes remiten al secular estancamiento económico y a la elevada y recurrente inflación, que en su conjunto explican el deterioro de los indicadores sociales, a contramano de un potencial histórico del país para atender las más amplias necesidades de la sociedad.
No resulta simple responder a los interrogantes, los que pueden pensarse analizando los condicionantes del corto plazo, menos de un año, o los de más larga trayectoria, los que pueden abarcar décadas.
Existen problemas estructurales para el funcionamiento de la economía local, sea por el condicionante que impone el endeudamiento externo, demandante de divisas que el país no obtiene con facilidad, como por el carácter de subordinación a una lógica global de acumulación que define el capital hegemónico en el país.
La deuda demanda divisas que no se obtienen en general por el comercio exterior, convocando a nuevas rondas de endeudamiento. La inserción internacional de la Argentina en el proceso productivo global la hace dependiente de insumos estratégicos que no permite regularizar un saldo comercial positivo.
El país está subordinado a una lógica mundial de precios de las “commodities” exportadas, soja, maíz, trigo, carne, oro, otros minerales, o hidrocarburos. Estos oscilan al alza o a la baja y condicionan el conjunto de la economía local.
La dependencia local al funcionamiento del mercado mundial condiciona y subordina los resultados locales. La suba o baja de los precios del comercio externo explica las demandas y presiones de los grandes exportadores en la apropiación de la renta y del ingreso.
El alza de precios de la producción exportable que también se consume en el mercado interno (carne o trigo, por ejemplo) se constituye en argumento de los propietarios inversores en esos sectores para el alza de los precios, que redunda en inflación y deteriora la calidad de vida de la población empobrecida.
A su vez, el alza de los precios de importación interviene en el costo de producción de bienes que se colocan en el mercado mundial o local, caso de la industria automotriz, reciclando el carácter dependiente de la economía local.
La subordinación del capitalismo local al mundial se explica desde las lógicas inversoras en el país, las que definen el destino del excedente económico.
En rigor, es lo común a cualquier sociedad capitalista, ya que el capitalismo se funda en el objeto de la producción y acumulación de ganancias, favoreciendo un proceso global de reproducción ampliada sustentado desde el consenso social.
Resulta definitorio discutir entonces la especificidad local del fenómeno, que tiene más que ver con la inestabilidad política en el comando del proceso local de producción y reproducción.
Es un fenómeno que explica las idas y vueltas entre gobiernos dictatoriales y constitucionales entre 1930 y 1976, con una funcionalidad de las dictaduras por “restaurar” el poder histórico del bloque de clases dominantes en la consolidación del capitalismo local hacia 1880, con hegemonía del capital externo y la burguesía gran propietaria de tierras.
La realidad de gobiernos constitucionales desde 1916 y la organización y resistencia social del movimiento obrero y popular desafiaron esa realidad en el ámbito electoral, tanto como en el espacio de las luchas que se manifestaron como el Grito de Alcorta, la “reforma universitaria” o las crecientes luchas obreras con epicentro de acumulación de poder popular en el centenario de 1910.
Remito a una acumulación de poder popular que tuvo el cenit hacia 1975⁄76, con lo antecedentes de las grandes movilizaciones identificadas en el ciclo de las luchas del Cordobazo o los rosariazos de 1969.
El golpe de 1976 generó las condiciones de restauración del poder histórico con el propósito de desmantelar el entramado institucional derivado del modelo productivo de industrialización y distribución del ingreso gestado desde comienzos del Siglo XX.
La industrialización en la Argentina se construyó en el cambio del Siglo XIX y XX con nuevos capitales externos, especialmente estadounidenses, en disputa con los precedentes (ingleses), y nuevas camadas de capitales surgidos al amparo del desarrollo industrial local y del mercado interno. En este caso, una burguesía local, pequeña, mediana y grande, resultado de la lógica de acumulación local que también disputaba el excedente.
En esa dinámica de acumulación se fortaleció la capacidad de lucha por el ingreso de las clases subalternas, ya que trabajadoras y trabajadores fueron organizando sus instrumentos para la disputa, con diversas formas de organizaciones sociales, sindicales, económicas, culturales y políticas para intervenir en la distribución del ingreso, cuyos máximos logros se aprecian hacia los cincuenta y mediados de los setentas con una apropiación del 50% de la renta nacional.
Así, el excedente económico era disputado por el poder tradicional histórico asociado a una lógica de país exportador de bienes primarios; otros asociados a una dinámica más compleja de inserción exportadora y al mismo tiempo de abastecimiento del mercado local, sustentado en ingresos para el consumo de una masa importante de la población trabajadora; los que a su vez disputaban por ampliar ingresos y derechos asumidos por el Estado, educación y salud, entre otros.
Esa disputa generó los desequilibrios por medio siglo entre 1930 y fin de siglo, los que se hicieron evidente hacia fines el 2001, especialmente entre quienes sustentaban el modelo de inserción exportadora subordinada, mediada por el peso de los acreedores externos más vinculados a una lógica reproductiva de la especulación financiera; y el sector que pretendía mantener una dinámica productiva para abastecer el mercado mundial y al local.
A ello se sumó la demanda de millones de personas desplazadas del mercado de la fuerza de trabajo, proceso desarrollado por medios violentos en tiempos dictatoriales y consolidados con cambios estructurales del modelo productivo desde 1975, con nuevas relaciones entre el capital y el trabajo, favorables al primero; nueva funcionalidad del aparato estatal e institucional al servicio de la iniciativa privada local y global, privatizaciones mediante, y una lógica para facilitar la libre circulación de capitales con innumerables mecanismos sometidos al “libre comercio”, vía tratados de libre comercio y/o en defensa bilateral de las inversiones.
Por eso, en la encrucijada del 2001⁄02 la disputa en el poder era entre dolarizar la economía o devaluar. La primera era la opción requerida por el poder histórico, asociado a las privatizadas de servicios públicos y al dominio del comercio de exportación de bienes primarios en su nueva lógica del agro negocio dirigido por las transnacionales de la alimentación y la biotecnología, proceso que incluía a todo el complejo agroindustrial. La segunda estaba asociada a la producción destinada al abastecimiento local y a la competencia por una mayor inserción mundial vía exportaciones. Para las clases subalternas, esa contradicción no resolvía las demandas de fondo, aunque la segunda, la devaluación, suponía la recuperación de la producción local y del empleo, aún irregular y de bajos ingresos, algo que ocurrió en el repunte desde el 2002.
La restauración del poder tradicional operó por vía electoral en 2015, acontecimiento único en la historia constitucional del país. Por primera vez, no había restauración por vía de las armas, aunque el terreno desde el punto de vista estructural había sido preparado por los gobiernos de los partidos tradicionales en la década del noventa del siglo pasado. Los partidos tradicionales dejaron ser expresión de las clases sociales locales en la disputa de la cúpula del poder, para ser vehículo de expresión de esos intereses, aun en pugna.
El límite a la disputa del poder fue el 2001 mediante una pueblada que expresaba el descontento social y la demanda por un nuevo orden. Es el momento de surgimiento de nuevas disputas políticas en el gobierno del capitalismo local.
Si durante el Siglo XX la dinámica fue bipartidista con interludios dictatoriales, el Siglo XXI trajo al ruedo la conformación de un bi-coalicionismo que discute el gobierno del capitalismo local, con un condicionante de fondo que remite al destino del excedente económico.
Más allá´ de programas electorales, discursos propagandísticos o políticas económicas enunciadas desde los gobiernos luego del 2002, lo que está en discusión es el modelo productivo y de desarrollo.
¿Qué hacer con el excedente económico? Hace décadas que el mismo se esteriliza en cancelaciones de deuda, remisión de utilidades al exterior e inversiones de residentes locales en activos externos, propiedades inmuebles o títulos públicos o privados, depósitos e inversiones diversas.
La inflación actúa como un mecanismo de redistribución regresiva del ingreso, lo que favorece la desigualdad social existente y consolida la concentración de la propiedad y del poder.
A su vez, la salida del excedente económico del circuito local no favorece procesos de crecimiento local, más allá del debate sobre el tipo de crecimiento y acumulación, como de la distribución que generaría.
Por todo ello es que para terminar con la elevada inflación y la ausencia de un crecimiento que redistribuya ingresos y riqueza se requiere un sustancial cambio del modelo productivo y de desarrollo que elimine la subordinación a la dinámica del capitalismo mundial y a las disputas internas del poder local. Un nuevo poder requiere la construcción de alternativa política de los sectores sociales subalternos en un marco más general de cambio regional y mundial.
*Julio Gambina es Doctor en Ciencias Sociales, UBA. Profesor de Economía Política en la UNR. Integrante de la Junta Directiva de la SEPLA. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP
