El Congreso español ha aprobado con el único voto a favor del PSOE y gracias a las abstenciones del PNV y CIU el proyecto de ley de reforma laboral.
Llama la atención que mientras que el objetivo formal de la reforma debería de haber sido la creación de empleo y la estabilidad del mismo, el centro del debate se ha situado en el coste del despido; esto es, en cómo y quién financia la destrucción de empleo.
Así, se generaliza el despido objetivo por causas económicas con indemnización de 20 días por año trabajado; las empresas podrán despedir con solo justificar «la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a la viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo».
Además, se generaliza el contrato de 33 días de indemnización y parte de las indemnizaciones se pagarán a través de FOGASA, es decir, una parte de lo que deberían pagar los empresarios se financiará con dinero público.
Por otra parte, se ataca frontalmente a la negociación colectiva dando todo tipo de facilidades a las empresas para desvincularse de lo pactado en convenio tanto en salarios como en condiciones laborales.
Cuando convocamos la huelga general del 29 de junio ya predijimos que la reforma laboral aprobada por el Gobierno era nefasta para los intereses de las y los trabajadores, pero que el trámite parlamentario lo podía empeorar aun más, y los hechos nos han dado la razón; se han aprobado 70 enmiendas que endurecen aún más el texto original.
En la exitosa huelga general del 29 de junio quedó patente que la inmensa mayoría de la sociedad vasca está en contra de la reforma laboral y de las medidas que se están tomando en contra de la clase trabajadora, por lo que no podemos calificar más que de inadmisible la actitud del PNV en Madrid, que no sólo ha facilitado la aprobación de esta reforma laboral, sino que además puso la condición de que el Gobierno español se comprometiese a reformar también la negociación colectiva cuando ya sabemos que eso va en contra del marco propio de negociación colectiva (desaparición de los convenios provinciales y autonómicos, …).
Cada día que pasa queda más de manifiesto que las trabajadoras y trabajadores de Euskal Herria tenemos que disponer de instrumentos que materialicen nuestro derecho a decidir sobre las políticas sociales y económicas que se apliquen en Euskal Herria. Esta es la única manera de defender no sólo nuestros derechos laborales, sino también de poder materializar un cambio social que permita que sean las personas y no el capital el centro y eje de la política económica. Esta es la única forma de superar de una vez por todas este esquema de «Madrid decide y a Euskal Herria se le impone», esquema al que, por otra parte, contribuyen a que siga siendo así fuerzas regionalistas como el PNV.
Exigimos a las instituciones vascas que, por respeto a la mayoría sindical y social de Hego Euskal Herria y a los miles de trabajadoras y trabajadores que salieron a la huelga general del día 29 de junio, se opongan a las reformas y cambien de una vez sus políticas económicas y sociolaborales que sólo benefician a los mas ricos.
Euskal Herria, setiembre de 2010