Resumen Latinoamericano, 28 de julio de 2021.
En los últimos días la violencia policial cobró relevancia a partir del disparo que efectuó un policía de la bonaerense contra el músico Santiago Moreno Charpentier, más conocido como «Chano» y ex líder de la banda Tan Biónica, en medio de un episodio de excitación psicomotriz. Violencia, detención, muerte bajo custodia: recopilamos otros casos donde la policía también actúa sin respetar protocolos de protección de la salud mental e integridad de las personas. La historia de una política represiva de gatillo fácil contra las personas con padecimientos mentales.
“La atención inmediata del equipo de salud es la primera estrategia de mayor utilidad y prioridad en estas situaciones de urgencia, particularmente cuando la evaluación inicial permite sospechar que se está frente a un riesgo inminente para sí o para terceros por intoxicación o abstinencia de sustancias, o bien la presencia de otros padecimientos físicos o mentales”, dice el Anexo de la resolución 506⁄2013 sobre “Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad. Pautas de Intervención para determinadas situaciones”, que rige en Buenos Aires. Esto nunca se aplicó donde corresponde, ni en otros territorios. Al contrario, como veremos en los siguientes casos el modus operandi policial se aplica de la misma manera, criminalizando y provocando mayor padecimiento en las personas con padecimientos mentales, en algunos casos asociados al consumo problemático de sustancias ilegalizadas.
“Legítima defensa”. La policía de la Provincia de Buenos Aires llegó a la casa de Chano Charpentier ubicada en el barrio privado en Exaltación de la Cruz. Uno de los efectivos disparó contra el músico ex líder de la banda de rock Tan Biónica cuando estaba atravesando una crisis de salud mental acompañado de su madre y personal de salud. Tuvo que ser hospitalizado y sometido a operaciones quirúrgicas debido a las consecuencias en órganos vitales.
Mientras su madre aclara al medio TN y C5N que “En ningún momento atacó ni intentó agredir a nadie, menos a una mujer. Fue todo mentira: un policía de menos de 20 años le disparó a mi hijo sin motivo”; esos medios de comunicación social y otros zanjaban el episodio con que la policía actuó en legítima defensa. Hoy el policía Facundo Nahuel Amendolara quedó imputado en la causa que investiga el episodio
Por su parte el ministro de seguridad provincial Sergio Berni no criticó el accionar policial, sino que sostuvo que “se podría haber evitado con el uso de las pistolas taser”. El foco está en la peligrosidad de una persona que atraviesa y sufre una crisis de salud mental y no en la responsabilidad del sistema represivo estatal.
La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) argumentó que las taser son armas de tortura y destacó: «Estos hechos son utilizados, en especial en períodos pre-electorales como el actual, para insistir en “alternativas” al arma de fuego, como las pistolas Taser. Sistemáticamente, estas situaciones, que debieran impulsar el debate sobre las formas correctas de actuación estatal para preservar la vida e integridad física de todas las personas, son utilizadas para promover el falso debate entre un disparo de 9 milímetros y una descarga eléctrica paralizante».
Una nota de esta organización anti represiva recuerda el extenso archivo de personas asesinadas por el aparato represivo estatal que registra casos de quienes padecieron algún tipo de trastorno, como cuadros de excitación psicomotriz, brotes psicóticos, estados confusionales y similares por causas diversas, que terminaron en su detención y muerte bajo custodia.
A continuación recordamos casos donde las fuerzas de seguridad actuaron durante la pandemia de coronavirus a través del gatillo fácil fuera de la provincia de Buenos Aires.
“Muerte dudosa”. El miércoles 21 de julio en Paraná Victoria Nuñez una travesti de 27 años tuvo una crisis emocional. Ante una llamada al 911 seis policías llegaron al domicilio y su familia presente en ese momento relatan que los seis agentes se le subieron en la espalda para reducirla. La mamá empieza a decir que la suelten y cuando la dejan, Victoria estaba muerta.
Por su parte, tras el intento de gatillo fácil contra Chano, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió: “estos casos en los que los policías parecen no tener otro recurso que el uso de la fuerza letal evidencian déficits importantes en la formación policial y en las intervenciones en casos de salud mental”.
En el mismo mes de julio como informó Cosecha Roja la Policía de Salta retuvo en el Parque San Martín de la ciudad salteña a Matías Nicolás Ruiz, un peluquero tucumano de 27 años que estaba desnudo en la vía pública. Cuando llegó la ambulancia después el personal de salud constató que el hombre estaba sin vida, con marcas de moretones y borcegos en su cuerpo. La fiscal del caso imputó a cuatro policías y a cuatro operadores del Samec. Las cámaras de seguridad muestran que Matías estuvo todo el tiempo esposado y pidió porfavor que no le hagan nada.
Hace dos meses, Martín Alejandro John, conocido como Tino en la comarca andina de Chubut, paraje las golondrinas fue asesinado de un tiro en la cabeza. Un grupo de tareas GEOP entró para hacer un allanamiento a su casa y detenerlo porque la policía había recibido un llamado de disparos de esa chacra. Tino era bipolar y desde los incendios que afectaron su chacra había incrementado sus colapsos nerviosos. El grupo de fuerzas armadas ingresó a su domicilio, lanzaron gases y le dispararon en la cabeza. Su pareja había sido maniatada a una silla para impedir que lo defendiera. «Cuando el ministro de Seguridad, Federico Massoni, dice que se agotaron todas las instancias hasta llegar a entrar a la casa, eso también es dudoso porque según lo que hay relatado en la causa entre que entró la policía a la chacra desde la tranquera y el final de todo lo que pasó hubo nueve minutos. Son un montón de dudas que empiezan a aflorar ahora porque ha habido mucho hermetismo por parte de la justicia”, denunció Nelson Ávalos, de la APDH local en diálogo con la periodista Luciana Rosende.
Otro caso paradigmático que expone Correpi es el de Jorge Javier “Tito” Ortega, de 33 años, que el 11 de noviembre de 2013, en Olavarría, decidió ir al arroyo Tapalqué para quitarse la vida con la vieja pistola heredada del padre, en pleno ataque de angustia porque había perdido su trabajo y lo estaban desalojando. Los vecinos llamaron a la policía, que “neutralizó” la tentativa de suicidio pegándole un tiro.
La lista sigue, y causa estupor. En tiempos electorales la sociedad podrá analizar las perspectivas de cada candidatura en cuanto a las políticas represivas y de cuidado de la salud mental.
“Solo pido que hagan algo por la Ley de Salud Mental porque estamos todos los padres de los enfermos de adiciones. La adicción es una enfermedad y nadie nos da respuestas. Las mamás de todos los ‘Chanos’ que sufren adicción que piden ayuda y no tienen respuesta”, dijo la mamá de Chano Charpentier en referencia a la Ley de Salud Mental 26.657.
“Está demostrado que la pobreza es un factor de riesgo para la salud mental” sostiene Hugo Cohen, Jefe del Departamento de Salud Mental de Río Negro entre 1985 y 2000 y ex-asesor subregional en salud mental para Sudamérica de la OPS/OMS y actual colaborador del equipo regional de salud mental en desastres.
Entrevistado por Melina Michniuk, en cuanto a qué hacer frente a la pandemia de coronavirus, el médico psiquiatra refirió que la población con mayores problemas de salud mental es la carenciada económicamente e indicó que lo primero que hay que hacer es brindar agua, abrigo y alimento. Aquellas personas que no reciben eso, es muy probable que entren un proceso de afectación y deterioro de su salud mental; lo cual claramente sostiene, debe ser acompañado por el sistema de salud. En cuanto a las políticas de seguridad planteó que deben ser tomadas con la condición de que se respeten los derechos humanos de las personas.
Fuente: ANRed