Por Gabriela Lizarzaburo, Resumen Latinoamericano, 20 de agosto de 2021.
Durante la audiencia para tramitar el recurso de Hábeas Corpus, el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, aseguró que es víctima de una persecución política, a causa del informe de la Comisión de la Verdad sobre las protestas de Octubre del 2019.
“Cuando entregué el informe de la Comisión de la Verdad presenté una denuncia por lesa humanidad contra un presidente de la República todavía en funciones. La presenté contra una ministra de Gobierno en funciones, contra un ministro de Defensa en funciones y contra la cúpula policial en funciones. Cuando se dieron estos hechos, el 16 de mayo, Moreno aún no había entregado el poder. Se ha dado una persecución política”, aseguró.
Indicó que a partir de ese momento, llegaron amenazas directas contra él y su familia. Incluso, aseguró, tuvo que entrar al sistema de protección de víctimas y testigos y presentar medidas cautelares a la CIDH.
Dijo que era culpable de haber asistido al domicilio y aceptado una copa de licor, pero no de los hechos que lo acusan. Cuestionó a la justicia por callar y no indagar respecto a 47.000 dólares en efectivo, encontrados en manos del exministro Falconí y la supuesta víctima.
“A mí, señor juez, me podrán acusar de cualquier tipo de delito, pero jamás de corrupción. De haberme llevado un solo centavo del pueblo ecuatoriano. Por eso estoy aquí, porque me atreví a desafiar al Estado. A un poder que se mantenía cuando se dieron estos hechos”, aseveró.
También argumentó que, a nivel del proceso penal, existen una seria de contradicciones e irregularidades. Por ejemplo, dijo, hay videos cortados y manipulados que aparecen en redes sociales, sobre los cuáles no se ha pronunciado la Fiscalía. Sin embargo, ratifica que, desde la misma Fiscalía, se intentó silenciar a su esposa.
“Intentan quitarme el cargo de Defensor del Pueblo, quieren anularme como persona, deshumanizarme al meterme en una prisión, donde se me quitan todos los derechos. Donde se pretende silenciar lo que sucedió. Donde hay intereses políticos de por medio. Cuando yo he manifestado que quieren quitarme el cargo es justamente porque, en estos momentos, se están repartiendo la Defensoría”, dijo.
Asimismo, declaró que no goza del supuesto de inocencia. “Tengo que demostrar mi inocencia, no son ellos los que tienen que demostrar mi culpabilidad. Todo el proceso ha estado parcializado. No hay sustentos legales ni constitucionales que respalden la prisión preventiva”, manifestó.
Fuente: Radiolacalle.
