Manuel Robles Sosa /Resumen Latinoamericano, 5 de septiembre de 2021
Un proyecto impulsado por la oposición y que ayudaría a la destitución del presidente Pedro Castillo, se encuentra hoy en el centro de un debate jurídico y político que tiende a intensificarse en Perú.
El proyecto pretende recortar la facultad discrecional de los jefes de Estado, de disolver el Parlamento, ante la posibilidad, constante, de que el presidente no tenga mayoría en el Congreso y quienes lo adversan formen allí fácilmente una coalición obstruccionista.
La comisión de Constitución tomó el tema como prioritario, mientras más de un legislador derechista ha dicho que la idea es impedir que, ante el obstruccionismo, Castillo provoque la censura parlamentaria de dos gabinetes ministeriales y pueda disolver el Congreso y convocar nuevas elecciones legislativas.
La norma constitucional faculta al Ejecutivo a pedir la confianza del Gabinete en cualquier momento y forma, según dictaminó el Tribunal Constitucional al descartar cualquier modificación que afectaría la esencia del equilibrio de poderes, pues el Parlamento tiene potestad para destituir al mandatario.
Ambos extremos ya se hicieron realidad en medio de la crisis política que vive el país desde 2016, etapa en la cual el país tuvo cuatro presidentes, y el expresidente Martín Vizcarra disolvió un Congreso obstruccionista dominado por el fujimorismo y otras versiones derechistas, y el nuevo Parlamento lo defenestró a él.
Ante el dictamen del Tribunal Constitucional, los opositores pretenden aprobar una ‘ley de interpretación auténtica’ de la carta magna para limitar la llamada cuestión de confianza solo a situaciones en las que estén en juego políticas esenciales del Ejecutivo.
El ministro de Justicia, Aníbal Torres, y el jurista Omar Cairo, señalan que modificar los términos del pedido de confianza requiere de una reforma de la Carta Magna, vía que la oposición elude porque el procedimiento lleva tiempo y demanda una mayoría congresal de dos tercios, que no tiene.
Torres señaló que el proyecto intenta aplicar cambios que ‘podrían afectar indirectamente los principios y derechos que, de modificarse, introducirían desorganización e incoherencia’.
‘Las reformas constitucionales tienen que analizarse también a la luz de los principios que orientan la interpretación de la Constitución, los cuales han sido definidos por el Tribunal Constitucional’, explicó.
La presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, sostiene a su vez que el proyecto busca subsanar una situación de ‘desequilibrio de poderes’ a través de la interpretación del artículo 132 de la Constitución y niega objetivos políticos a la propuesta.
Sin embargo, paralelamente el Parlamento pretende apurar el nombramiento de los reemplazantes de la mayoría de miembros del Tribunal Constitucional, que tienen sus mandatos vencidos y que aprobaron el dictamen anterior.
La idea, señalan fuentes parlamentarias, es escoger a magistrados que den luz verde a la ‘interpretación auténtica’.
El anteproyecto en discusión, para el constitucionalista Omar Cairo, es contrario a la carta magna y afecta el equilibrio Ejecutivo-Legislativo y contradice al dictamen del TC que sienta jurisprudencia.
El texto en discusión establece que el Gobierno no podrá pedir la confianza en casos en los que la ate a un proyecto de reforma constitucional o a cualquier tema que el Parlamento considere que corresponde a sus fueros.
‘Con ello, este proyecto o predictamen no restablece el equilibrio de poderes, sino que lo afecta’, apuntó Cairo, recordando el fallo anterior que no pone límites a los pedidos de confianza.
‘Lo que quieren hacer es suprimir lo señalado por el intérprete supremo de la Constitución, quieren interpretar al máximo intérprete’, aseveró en una redundancia adrede.
De prosperar el proyecto, el Parlamento podrá negar su confianza discrecionalmente a los gabinetes ministeriales, lo cual sería un arma de desestabilización constante y, según Cairo, dejaría indefenso al Gobierno ante la potestad del Congreso de destituir al presidente por la vaga causa de ‘incapacidad moral permanente’.
Quienes tienen la certeza de que el objetivo de la derecha es dar un ‘golpe blando’, refieren que uno de los primeros proyectos de ese sector fue declarar ‘inmoral’ la designación del primer ministro, Guido Bellido, intento que fracasó pero delató afanes que muchos consideran golpistas.
FUENTE: Prensa Latina
