Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano, 18 de septiembre de 2021.
México se encuentra actualmente en el centro del proyecto para relanzar la integración regional. Precisamente hoy, 18 de septiembre, se reúne allí la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (Celac). En el momento de su fundación en 2011, el organismo estaba integrado por 33 países de América excepto Estados Unidos y Canadá. El bloque regional más grande, que comprendía más del 8,5% de la población global y representaba aproximadamente el 7,5% del PIB mundial. Números afectados por el abandono, el año pasado, del Brasil de Bolsonaro, la mayor economía de la región después de México.
Sin temor al ridículo, el gobierno brasileño acusó a la Celac de haberse convertido en «un escenario para gobiernos autoritarios como Venezuela, Cuba y Nicaragua». Bajo el impulso de Fidel Castro y Hugo Chávez, la Celac entró en vigencia hace diez años a partir de la Cumbre de Caracas, con el objetivo de promover el diálogo y el proceso de integración en los ámbitos político, social y económico orientados al desarrollo de los países miembros.
Objetivos que se propone relanzar ahora que la presidencia pro tempore toca a México, que ha vuelto a la izquierda con el presidente Manuel López Obrador. También es importante la presencia de Argentina que, a pesar del «voto de bronca» en las elecciones de mediano plazo y el sello moderado de su gobierno, está haciendo su parte y plantea resueltamente el tema de la deuda y la asfixia de las grandes instituciones internacionales. En la reunión de julio pasado, Obrador dijo: «Tenemos que construir algo parecido a la Unión Europea», pero proporcionado al contexto, la historia y la realidad de la región.
La realidad de la región necesita la recuperación de la economía, fuertemente golpeada por la pandemia, y la independencia del exterior para la producción de vacunas, que estarán en el centro de la cumbre. También sobre la mesa está la propuesta de dejar a la Organización de Estados Americanos (OEA), subordinada a los objetivos hegemónicos de Estados Unidos sobre la región.
Un debate espinoso, considerando la presencia de países vasallos de EE.UU. como Colombia que, como otros gobiernos neoliberales, contribuye al altísimo nivel de desigualdad en el continente, aún más descarado con el enriquecimiento de pocos en la pandemia. Según el cálculo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en 2021 el número de multimillonarios en América Latina pasó de 76 a 107 y su fortuna total pasó de 284.000 millones de dólares a 480.000 millones. Como si dijera que el número de superricos ha aumentado en un 41% y su riqueza se ha disparado al 69%.
En 2014, la fuerza impulsora de los gobiernos de izquierda en la región silenció los objetivos de los defensores de la economía de guerra y, en la cumbre de La Habana de 2014, Celac fue declarada «zona de paz» y libre de armas nucleares. Esto es lo opuesto al de la UE, cuyos países han seguido aumentando el presupuesto de gasto militar dentro de la OTAN, como deseaba Estados Unidos. Cifras exhibidas descaradamente incluso en tiempos de pandemia, ante la escasez de instalaciones de salud, reducidas a la mitad en diez años de privatización.
En los 27 países de la UE, el gasto militar es alrededor de 185 mil millones de dólares al año en comparación con los 778 mil millones en los EE. UU. Según un informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri), durante la pandemia, el gasto militar en el planeta siguió creciendo (+2,6), mientras que el PIB mundial cayó un 4,4%. Este ha sido el mayor aumento anual desde la crisis «financiera» de 2008 – 2009.
El año pasado, 12 países de la OTAN gastaron al menos el 2% de su PIB en sus fuerzas armadas, el objetivo establecido por la organización norteamericana. Una sola fragata de clase FREMM cuesta $ 936 millones: es igual al promedio anual salario de 10.662 médicos en un país de la OCDE. Estos buques de guerra están en servicio en Italia y Francia, pero Estados Unidos está negociando su compra por un monto equivalente a más de mil millones de dólares. El nuevo tanque Leopard 2, fabricado en Alemania, cuesta once millones de dólares, hasta 440 sistemas de ventilación pulmonar. Un solo cartucho vale $ 3,200, como 90 pruebas para Covid. El presupuesto anual de armas nucleares, a nivel mundial, es diez veces mayor que la suma de los presupuestos de la ONU y la OMS.
Si bien el Covid ha destacado la ineficacia del modelo capitalista, la idea de «seguridad» sigue siendo impuesta por el complejo militar-industrial. Y ahora la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen ha anunciado el nacimiento del ejército europeo. Una «fuerza de expedición» que permite a la UE intervenir en los teatros de la guerra teniendo alrededor de 5.000 efectivos a su disposición bajo las órdenes de un mando general en Bruselas: pero «en armonía» con la OTAN, con la que se discutirá el próximo año, durante la presidencia francesa. Francia, una potencia nuclear, de hecho tiene problemas para poner en común sus arsenales y aspira a comandar el nuevo ejército. Obviamente, un proyecto de este tipo requiere un aumento de los gastos, especialmente en los sectores de la «guerra cibernética» y de la economía espacial, un negocio de un billón de dólares para 2029.nY, mientras tanto, las cosas se complican para el lanzamiento de la OTAN en el Pacífico entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia.
En la Celac, el eje de países socialistas quiere seguir marcando un rumbo diferente. A México también llegó el presidente venezolano Nicolás Maduro. Es el primer viaje oficial desde que, en marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos llegó a poner una recompensa de $ 15 millones por su cabeza y la de otros dirigentes chavistas: por cargos de «narcoterrorismo, narcotráfico y posesión de armas».
México es también escenario de negociaciones entre el gobierno bolivariano y la oposición golpista, encabezada por el autoproclamado Juan Guaidó. Para hacer que sus intereses pesen sobre el proceso de diálogo, que ha sentado buenas bases, el presidente colombiano Iván Duque y Guaidó, apoyados por los halcones del Pentágono, están tratando de retener los bienes del pueblo venezolano que se encuentran en el exterior, y que mantienen incautados, con la complicidad de Estados Unidos y de los gobiernos que los siguieron en la imposición de medidas coercitivas unilaterales. Este es un punto fundamental, entre los puestos sobre la mesa por el gobierno bolivariano. La línea expresada por el prófugo de la justicia venezolana Julio Borges y Guaidó es, en cambio, entregar el botín a quienes consideran “autoridades neutrales”, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.
Para ello, Duque intenta confiscar fraudulentamente a la empresa venezolana Monómeros, que se encuentra ubicada en Barranquilla y que produce y comercializa diversos petroquímicos, incluidos fertilizantes. Según Guaidó, Duque confiscó a Monómeros «para defender los intereses del pueblo venezolano», del que dijo ser «un gran aliado». Los activos venezolanos ‑agregó el autoproclamado- «a partir de 2019 están y seguirán protegidos para que la dictadura no los siga saqueando». El gobierno bolivariano ha denunciado públicamente la maniobra y la Fiscalia venezolana ha abierto otro caso contra Guaidó por robo agravado de propiedad pública y alta traición. Veremos que hará el gobierno colombiano en la cumbre.
También ha llegado a México el presidente peruano, Pedro Castillo, que luego se trasladará a Estados Unidos. Será una ocasión importante para aclarar qué posición asumirá el Perú a nivel internacional: si realmente mantiene la decisión anunciada por el excanciller Héctor Béjar, obligado a renunciar, a dejar el Grupo de Lima, o si cederá ante chantaje por parte de los Estados Unidos.
La oligarquía peruana está en pie de guerra más que nunca y la muerte del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, quien fallció en prisión a los 86 años, ha reabierto otras heridas y fracturas, en las que la derecha ha logrado una sádica victoria. El gobierno aprobó un decreto para incinerar el cuerpo de Guzmán sin entregárselo a su familia, es decir, a otra presa política, designada por su esposa Elena Iparraguirre, ex guerrillera detenida. Las otras presas están en huelga de hambre.
