Resumen Latinoamericano, 22 de septiembre de 2021.
Los recursos serán distribuidos en naciones como Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Otra partida se irá a ONG y «actores democráticos» en Venezuela, vinculados con el ala radical de la oposición.
El Gobierno de EE.UU. informó este miércoles que aprobó un presupuesto de 336 millones de dólares, bajo el concepto de «asistencia humanitaria» para Venezuela, que serán entregados a distintos países suramericanos y a una diversidad de «actores democráticos«.
En un comunicado divulgado por la USAID, se informa que 247 millones de dólares serán para la «asistencia humanitaria» a las personas «afectadas por la crisis regional de Venezuela», y que otros 89 millones se destinarán a los «fondos de desarrollo adicionales para la integración económica y el apoyo a la democracia», sin dar mayores detalles sobre quiénes serán los receptores directos.
Según la oficina estadounidense, que asegura haber proporcionado desde 2017 más de 1.900 millones de dólares «dentro de Venezuela y en toda la región», el financiamiento irá a países como Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, ya que acogen a parte de la migración venezolana.
A lo interno de Venezuela, la USAID afirma que prestará asistencia «alimentaria y nutricional» y destinará dinero para «rehabilitar la infraestructura de agua y saneamiento en las instalaciones de salud», así como para asistir a «comunidades afectadas por el covid-19».
El organismo añade que sus «fondos de desarrollo» continuarán «apoyando a los actores democráticos, incluidos los defensores de los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación independientes y la supervisión electoral», todos manejados por el ala radical de la oposición.
La «ayuda» de la agencia estadounidense se produce en medio del férreo bloqueo comercial y financiero que EE.UU. le aplica a Caracas, y que se ejecuta a través de la imposición de medidas coercitivas unilaterales, que han causado pérdidas superiores a los 102.000 millones de dólares por el boicot contra PDVSA, el asalto a bienes y empresas en el extranjero como CITGO y Monómeros; el cierre de todos los flujos de financiamiento externo, y la retención en el exterior de 5.000 millones de dólares para la compra de medicinas y alimentos.